Informe Raxen

I. Acción Internacional contra el Racismo,
la Xenofobia y la Intolerancia
Consciente también de la necesidad de respetar plenamente
la independencia editorial y la autonomía de los medios de
comunicación,
Recomienda que los gobiernos de los Estados miembros:
1. adoptar las medidas adecuadas para combatir la incitación
al odio sobre la base de los principios de esta Recomendación;
2. velar por que esas medidas formen parte de un enfoque
global del fenómeno, que apunte también a sus causas sociales,
económicas, políticas, culturales y de otra índole;
3. si no lo han hecho, firmar, ratificar y aplicar efectivamente
en la legislación nacional la Convención de las Naciones
Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, y la Resolución (68) 30 del Comité de
Ministros sobre las medidas que deben adoptarse contra la
incitación al odio racial, nacional y religioso;
4. revisar su legislación y práctica nacionales para asegurarse
de que cumplen con los principios que figuran en el apéndice
de esta recomendación.
Apéndice de la Recomendación N° R (97) 20
Alcance
Los principios expuestos a continuación se aplican al discurso
de odio, en particular el discurso de odio difundido a
través de los medios de comunicación.
A los efectos de la aplicación de estos principios, se entenderá
por “discurso de odio” todas las formas de expresión que
difundan, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la
xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas
en la intolerancia, incluyendo la intolerancia expresada por el
nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y
la hostilidad contra las minorías, los migrantes y las personas de
origen inmigrante.
Principio 1
Los gobiernos de los Estados miembros, las autoridades
públicas y las instituciones públicas a nivel nacional, regional
y local, así como los funcionarios, tienen la responsabilidad
especial de abstenerse de declaraciones, en particular
a los medios de comunicación, que razonablemente pueden
entenderse como discurso de odio, o como discurso susceptible
de producir el efecto de legitimar, difundir o promover el odio
racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de discriminación
u odio basado en la intolerancia. Dichas declaraciones
deben ser prohibidas y públicamente rechazadas siempre que
ocurran.
Principio 2
Los gobiernos de los Estados miembros deben establecer o
mantener un marco jurídico sólido que contenga disposiciones
de derecho civil, penal y administrativo sobre el discurso
de odio que permitan a las autoridades administrativas y
judiciales reconciliar en cada caso el respeto a la libertad de
expresión con respeto a la dignidad humana y la protección
de la reputación o los derechos de otros.
Con este fin, los gobiernos de los Estados miembros deben
examinar las formas y maneras de:
• estimular y coordinar la investigación sobre la eficacia
de la legislación y la práctica jurídica vigentes;
• revisar el marco jurídico existente para garantizar que se
aplique de manera adecuada a la diversidad de nuevos
medios y servicios y redes de comunicaciones;
• elaborar una política coordinada de enjuiciamiento
basada en directrices nacionales que respeten los principios
enunciados en la presente recomendación;
• añadir órdenes de servicio comunitario a la gama de
posibles sanciones penales;
• potenciar las posibilidades de combatir la incitación al odio
a través del derecho civil, permitiendo, por ejemplo, a las
organizaciones no gubernamentales interesadas interponer
acciones de derecho civil, indemnizar a las víctimas del
odio y prever la posibilidad de dictar órdenes judiciales que
permitan a las víctimas un derecho de respuesta u ordenar
retracción;
• proporcionar al público ya los profesionales de los
medios de comunicación información sobre las disposiciones
legales que se aplican al discurso de incitación
al odio.
Principio 3
Los gobiernos de los Estados miembros deben velar por que
en el marco jurídico a que se hace referencia en el Principio
2, las interferencias con la libertad de expresión estén circunscritas
y aplicadas de manera lícita y no arbitraria sobre
la base de criterios objetivos. Además, de conformidad con
el requisito fundamental del Estado de derecho, toda limitación
o interferencia con la libertad de expresión debe estar
sujeta a un control judicial independiente. Este requisito es
particularmente importante en los casos en que la libertad
de expresión debe conciliarse con el respeto de la dignidad
humana y la protección de la reputación o los derechos de
los demás.
Principio 4
La legislación y la práctica nacionales deberían permitir a los
tribunales tener en cuenta que los casos concretos de discurso
de odio pueden ser tan insultantes para individuos o grupos
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