TC-0484-16

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
notificación de la reclamación y que, una vez vencido, el reclamante insatisfecho
queda habilitado para accionar ante el tribunal de primera instancia.
8.5.5. En el último de los textos cuestionados, el artículo 25.13, se establece que
el titular de los datos que se considere afectado por una información crediticia
contenida en un reporte proveniente de una Sociedad de Información Crediticia
(SIC) tiene un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se
agotó el procedimiento previsto. El procedimiento que se prevé en los ordinales
anteriores del texto cuestionado, puede sintetizarse en la forma que indicamos en el
párrafo siguiente.
8.5.6. Con la finalidad de que se comprenda mejor el indicado procedimiento,
conviene explicar que los reportes relativos a los datos almacenados los ofrecen las
sociedades de información crediticia, las cuales se nutren de las informaciones que
les suministran las empresas que eventualmente demandan dichos servicios. De lo
anterior resulta que el origen de los errores o inexactitudes de que adolecen los
referidos informes puede estar en las informaciones que alimentan el banco de
datos.
8.5.7. Lo anterior es lo que explica que cuando el titular hace una reclamación a
la Sociedad de Información Crediticia, en la cual le manifiesta que no está de
acuerdo con el contenido de determinado reporte, el legislador establezca en el
artículo 25, ordinales 1 y 2, de la referida ley, que dicha sociedad debe entregar la
reclamación a la empresa aportante de datos en un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir de la fecha en que la recibió. El indicado texto también establece
que esta última empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para responder.
8.5.8. Como se observa, el procedimiento que debe agotar el titular de las
informaciones que no está de acuerdo con un reporte suministrado por la Sociedad
de Información Crediticia consiste en lo siguiente: a) reclamar a la Sociedad de
Expediente núm. TC-01-2014-0010, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Namphi A.
Rodríguez, por sí y por la Fundación Prensa y Derecho Inc., Domingo Porfirio Rojas Nina, por sí y por el Consejo Dominicano
de Derechos Humanos (CODEH), y Gregorio Cabrera, por sí y por la Alianza Ciudadana para los Derechos Fundamentales
contra los artículos 4, párrafo segundo, 5, numeral 6, literal C, 8, párrafo tercero, 10, párrafo cuarto, 25, numeral 13, 29, 40 y 88
de la Ley núm. 172-13, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, del quince (15) diciembre de dos mil trece (2013).
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