TC-0484-16

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8.5.18. En ambas leyes se establece que los titulares de los datos quedan
habilitados para accionar cuando venzan los plazos previstos por el legislador.
Hasta aquí, los precedentes constitucionales son aplicables en la especie. Solo
faltaría por determinar si el agotamiento del procedimiento es obligatorio en ambas
leyes.
8.5.19. Respecto de esta última cuestión, en el artículo 27 de la referida ley núm.
288-05, se establecía lo siguiente: “El cliente o consumidor que se considere
afectado por una información contenida en un reporte proveniente de un BIC, tiene
un plazo de un mes a partir de haber agotado el procedimiento de reclamación
estipulado en la presente ley, para iniciar su acción por ante los tribunales
ordinarios”.
8.5.20. El contenido del texto anteriormente transcrito no deja dudas del carácter
preceptivo del agotamiento previo del procedimiento administrativo. En efecto, en
dicho texto se establece que el agotamiento del procedimiento administrativo es de
orden público. En este orden, se prohíbe, de manera categórica, al Ministerio
Publico, las cortes, los tribunales y los juzgados de la República darle curso a
acciones dirigidas contra los aportantes de datos o los buros de intermediación
crediticia (BICS), “(…) sin que antes los consumidores hayan cumplido con el
procedimiento de reclamación antes señalado y que su caso se haya corregido”.
8.5.21. En la Ley núm. 172-13, el legislador se limitó a establecer el punto de
partida del plazo que tenía el titular de los datos para accionar ante los tribunales.
De manera que no contempla privación respecto del carácter ampliatorio o
facultativo del agotamiento del procedimiento administrativo. En este sentido,
pudiera decirse que sobre la materia se plante un estado de indefinición, que se
constituye en un verdadero problema para los tribunales, en la medida que no
disponen de una orientación legislativa que les permita decidir si declaran
Expediente núm. TC-01-2014-0010, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Namphi A.
Rodríguez, por sí y por la Fundación Prensa y Derecho Inc., Domingo Porfirio Rojas Nina, por sí y por el Consejo Dominicano
de Derechos Humanos (CODEH), y Gregorio Cabrera, por sí y por la Alianza Ciudadana para los Derechos Fundamentales
contra los artículos 4, párrafo segundo, 5, numeral 6, literal C, 8, párrafo tercero, 10, párrafo cuarto, 25, numeral 13, 29, 40 y 88
de la Ley núm. 172-13, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, del quince (15) diciembre de dos mil trece (2013).
Página 46 de 55