TC-0484-16

República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8.6. Alegada violación de los principios de efectividad de los derechos
fundamentales previstos en los artículos 8 y 68 de la Constitución
8.6.1. Los accionantes alegan que el artículo 29 de la referida ley núm. 172-13
viola el principio de eficacia previsto en los artículos 8 y 68 de la Constitución.
Según se establece en el texto cuestionado, la Superintendencia de Bancos tiene la
responsabilidad de inspeccionar y vigilar los archivos, registros de bancos de datos
destinados a promover informaciones crediticias. Por otra parte, la referida
institución tiene la obligación de asistir o asesorar a las personas físicas acerca de
los alcances de los derechos que consagra la ley que rige la materia. Esta
institución tiene la potestad, además, de aplicar sanciones administrativas, en caso
de violaciones a la ley.
8.6.2. Mientras, los textos constitucionales violados, según los accionantes,
consagran el principio de eficacia de los derechos fundamentales. En efecto, en el
artículo 8 de la Constitución, se establece que una de las funciones esenciales del
Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas. En cambio, en el
artículo 68 de la Constitución se establece que garantiza la efectiva protección de
los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y protección.
8.6.3. A juicio de los accionantes, la Superintendencia de Bancos no es la
institución idónea para garantizar la protección efectiva de los derechos
fundamentales, en razón, según los accionantes, de que la labor que se le está
asignando es ajena a las funciones que la Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera
pone a su cargo. A modo de conclusión, los accionantes sostienen que “(…) en
aras de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas
afectadas por las bases de dato, tanto de naturaleza pública como privada, se hace
necesario que el organismo de control reúna los elementos de idoneidad y
competencia funcional, más allá de la mera competencia atribuida mediante la ley
para alcanzar así la coherencia con nuestro orden constitucional”.
Expediente núm. TC-01-2014-0010, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Namphi A.
Rodríguez, por sí y por la Fundación Prensa y Derecho Inc., Domingo Porfirio Rojas Nina, por sí y por el Consejo Dominicano
de Derechos Humanos (CODEH), y Gregorio Cabrera, por sí y por la Alianza Ciudadana para los Derechos Fundamentales
contra los artículos 4, párrafo segundo, 5, numeral 6, literal C, 8, párrafo tercero, 10, párrafo cuarto, 25, numeral 13, 29, 40 y 88
de la Ley núm. 172-13, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, del quince (15) diciembre de dos mil trece (2013).
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