Enriquecimiento sin justa causa

Se trata de aquellos escenarios en los que –en el ejercicio legítimo y lícito– de una cláusula
excepcional el contrato termina impactado en su ecuación financiera, circunstancia por la que
es imperativo que se reequilibre, toda vez que el contratista no se encuentra compelido u
obligado a soportar ese hecho.
Si bien los contratos – incluidos los contratos estatales– parten de la aplicación del principio
pacta sunt servada, según el cual lo pactado es obligatorio, lo cierto es que la propia ley 80 de
1993, marco normativo del contrato estatal, ha sostenido la aplicación implícita o tácita de la
máxima del rebus sic stantibus, es decir, “estando así las cosas”, lo que implica que una
modificación significativa de las condiciones primigenias del contrato puede generar dos
consecuencias jurídicas: i) la imposibilidad de cumplimiento en virtud de una fuerza mayor o
caso fortuito y, por lo tanto, la exculpación, o, ii) el desequilibrio financiero o económico del
contrato que suponga una revisión del mismo.