LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

ARTICULO
La noción de servicio público está
vinculada a las tendencias jurisprudenciales, la
cual ha precedido incluso la labor legislativa.
Ciertamente, ha sido la apreciación del juez,
desde el célebre arrèt Blanco, del 08 de febrero
de 1873, en Francia, la que ha encaminado el
servicio público hacia una concepción sustantiva
y adjetiva.
Pese a los cambios jurisprudenciales
que ha provocado el descubrimiento de esa
noción, lo que está claro es con independencia
del sujeto que lleve a cabo la actividad, la nota
distintiva se encontrará en el fin último de la
actividad; de forma tal que si ella persigue la
satisfacción de necesidades colectivas, esto es,
de servicios considerados por un grupo como
indispensables para su subsistencia, se estará
en presencia de un servicio público, bien en
sentido estricto, esto es, cuando la actividad es
realizada por la Administración o un
concesionario; o bien en sentido amplio, cuando
por tratarse de actividades liberalizadas, su
ejercicio se encuentre en manos de particulares.
No obstante, la jurisprudencia ha dejado
claro que en estos casos la Administración no
desaparece, antes por el contrario, participa pero
bajo una nueva función, en la que ejerce claras
potestades normativas y contraloras sobre los
particulares que prestan el servicio. Su razón no
es otra que la de garantizar en los términos que
propugna el artículo 117 de la Constitución, la
continuidad, permanencia, regularidad, igualdad,
obligatoriedad, onerosidad, mutabilidad,
transparencia y proporcionalidad del servicio.
De allí que la jurisprudencia se haya
encargado primero de ampliar, y luego de
deslidar, los medios de impugnación previstos
tanto constitucional como legalmente, para
garantizar los parámetros que supone una
adecuada prestación del servicio. Así, en
garantía de los artículos 27, 140 y 259 de la
Constitución, la jurisprudencia no sólo ha
admitido los medios utilizados incluso bajo la
vigencia de la Constitución del 61, tales como la
demanda por responsabilidad extracontratual
de la Administración y el amparo constitucional,
para lograr el restablecimiento de los derechos
constitucionales de los usuarios, sino que
además coexisten con otros introducidos por la
propia Constitución.
Así ante un ampliado artículo 259 de la
Constitución, se reconoce no sólo una
jurisdicción especial dentro del contencioso
administrativo, como lo es la relativa a los
servicios públicos, sino además, se deriva una
acción de reclamo por las infracciones
derivadas de su prestación. Además, la Sala
Constitucional invocando su potestad
normativa, entiende que el artículo 26 de la
Constitución confiere un claro derecho de
acción para tutelar los intereses colectivos y
difusos, vulnerados con ocasión al servicio
público.
Es evidente entonces que ha sido la
jurisprudencia y no el ordenamiento jurídico, el
que ha afianzado la noción de servicio público,
el cual surgió aún en ausencia de disposición
normativa alguna.
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