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Contralínea 454

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ANÁLISIS SOCIAL para

ANÁLISIS SOCIAL para unas 200 personas se llenó; hubo presencia de dirigentes de organismos no gubernamentales, pero mayoritariamente periodistas. Sorprendieron las integrantes de la asociación de mujeres, todas vestidas de blanco con pañoleta azul caribe y muchas más que las fundadoras originales; otra presencia trascendente lograda por los periodistas promotores fue de Yoisi Moguel, de Yucatán; Sara Estela Tamés, de Campeche; Candelaria Rodríguez, de Chiapas; Patricia Hernández Goñi, de Tabasco; Soledad Jarquín, de Oaxaca; Dora Villalobos, de Chihuahua; Judith Calderón Gómez, del Distrito Federal, presidenta de la CDP. Todas destacadas en sus entidades no sólo como periodistas, sino también como defensoras de la equidad de género. También estuvimos Daniel Robles, periodista consultor de derechos humanos, y este reportero, quien ha brindado asesoría gratuita a Graciela Machuca y a otros periodistas durante casi 4 años, algunos por agravios, pero especialmente para su proyecto de ley. En general, el acto alcanzó los objetivos: CECILIA MARTÍNEZ Y 123RF el gobernador recibió el proyecto, informó que con acuerdo del Congreso se harían dos foros para que otros periodistas y más personas interesadas lo discutieran y tomó protesta a las integrantes de la asociación de mujeres periodistas. También hablaron a la concurrencia el alcalde Paul Carrillo y los representantes de los organismos. Graciela no habló y se sentó abajo, con sus colegas. Las repercusiones en medios de prensa locales, en general, le dieron la importancia prevista al acto y al sujeto principal, es decir, a las y los periodistas. A mi juicio, la mejor nota en prensa fue de la colega corresponsal de El Universal Adriana Varillas, que en poco espacio informó sin filias ni fobias ni comentarios personales, ubicó bien el acto, sus significados, su contexto y al protagonista de la acción: “un trío de organizaciones de periodistas entregó al gobernador del estado su propuesta de ley…” Y entonces vino el primer escamoteo a los periodistas promotores, a las virtudes que podría alcanzar la ley, todo para golpear mediáticamente al gobernador. Por ejemplo, en contraste con la nota de El Universal, aunque reprodujo el boletín de gobierno, el periódico digital Noticaribe dio como entrada de la nota informativa lo siguiente: “Arropado por tres asociaciones de comunicadores, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, dio este miércoles un paso más para sacar adelante una polémica iniciativa de ley para, supuestamente, garantizar la protección de periodistas en el estado, donde precisamente bajo su administración se han registrado varios sonados casos de amenazas, persecución y hostigamiento de reporteros críticos y medios independientes en el que están involucrados él mismo, así como varios de sus colaboradores.” Medios y periodistas opositores no publicaron los contenidos que propusieron sus colegas promotores de la ley. Comenzaron 50 14 de septiembre de 2015

SOCIAL ANÁLISIS a combatir el proyecto que difundió el Congreso y que no era el que habían acordado diputados, el Ejecutivo y los periodistas promotores. Tenía varios y severos cambios. Eso mismo sirvió para que en el mismo sentido descalificador del proyecto de ley, dos sitios de periodistas blogueros editorializaran también sus textos y señalaran a los periodistas promotores como “paleros”, “entregados”, “personeros”. La revista Luces del Siglo (a la que la CDP ha defendido en varias ocasiones al igual que lo ha hecho Graciela) acusó, en falso, a la periodista promotora principal de la ley de usufructuar terrenos cedidos en comodato por el gobierno del estado. Graciela le respondió con información cierta, pero sus antes cercanos colegas no le publicaron la réplica. Ambiente envenenado por venganzas políticas. La organización internacional Artículo 19, aprovechando la atmósfera del conflicto de algunos medios y periodistas contra el gobernador, no intentó saber la opinión de los periodistas promotores de la ley e hizo una valoración del proyecto del Congreso para acusar que era una farsa, entre otras razones, porque el proyecto decía que la libertad de expresión era una prerrogativa y no un derecho consagrado, que se quería controlar a periodistas al exponer que sus organizaciones debían registrarse, que se limitaba el acceso a los actos públicos porque se pedía un registro previo y otras cosas. Demandó más tiempo y más foros para que los periodistas independientes y otros sectores pudieran opinar sobre el proyecto. En los primeros dos foros convocados por el Congreso participaron los periodistas promotores y señalaron que a su proyecto les habían escamoteado varias precisiones y propuestas. Ante las quejas, el Congreso amplió el tiempo de consulta y se hicieron otros dos foros, como lo pedían Artículo 19 y los promotores. Los periodistas más enconados no asistieron a ninguno de los cuatro foros, no proponían alternativas pero sí continuaron con sus señalamientos. A ellos se les sumaron aliados políticos en la Ciudad de México y un portal informativo que consiguió que otros, también sin equilibrio informativo o consultas con los periodistas promotores, replicaran textualmente las críticas e interpretaciones de Artículo 19. Ése fue el otro escamoteo. En ese ambiente, sin embargo, la ley se aprobó el 3 de agosto de 2015. Y, sin publicidad, el Ejecutivo local la publicó en el periódico oficial al día siguiente con cambios y agregados logrados por las críticas de los periodistas confrontados y los periodistas promotores. Pero faltaron varias propuestas que estos últimos habían hecho en su proyecto original y en los cuatro foros, como agregar otros derechos para ejercer el periodismo, implantar bases para políticas públicas, dar transparencia y cauce a un porcentaje del gasto público en publicidad y eliminar otras restricciones. El lugar de la ley Un mes después de aquel episodio se puede valorar el lugar que ocupa la ley en Quintana Roo, sus contenidos y alcances. Un comparativo entre las 55 normas, leyes e iniciativas existentes hasta agosto de 2015 indica que la ley en Quintana Roo no es la primera de su tipo que se aprueba, fue la 19 de las 20 similares que existen en otros estados, pero tiene ventajas singulares. Con excepción de Baja California Sur y Tamaulipas, en todo el país se registra una tendencia consolidada por la creación de leyes estatales de protección al ejercicio del periodismo. Un dato relevante es que buena parte de las 20 aprobadas o promulgadas han sido por el impulso de periodistas, igual que en la mayoría de las 29 iniciativas que esperan ser dictaminadas o descongeladas. Artículo 19 acusó que el proyecto de ley era una farsa, porque decía que la libertad de expresión era una prerrogativa y no un derecho www.contralinea.com.mx 51

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