Contralínea 454

SOCIAL
ANÁLISIS
a combatir el proyecto que difundió el Congreso
y que no era el que habían acordado
diputados, el Ejecutivo y los periodistas promotores.
Tenía varios y severos cambios.
Eso mismo sirvió para que en el mismo
sentido descalificador del proyecto de ley,
dos sitios de periodistas blogueros editorializaran
también sus textos y señalaran a los
periodistas promotores como “paleros”,
“entregados”, “personeros”. La revista Luces
del Siglo (a la que la CDP ha defendido
en varias ocasiones al igual que lo ha hecho
Graciela) acusó, en falso, a la periodista
promotora principal de la ley de usufructuar
terrenos cedidos en comodato por el
gobierno del estado. Graciela le respondió
con información cierta, pero sus antes cercanos
colegas no le publicaron la réplica.
Ambiente envenenado por venganzas políticas.
La organización internacional Artículo
19, aprovechando la atmósfera del conflicto
de algunos medios y periodistas contra el
gobernador, no intentó saber la opinión de
los periodistas promotores de la ley e hizo
una valoración del proyecto del Congreso
para acusar que era una farsa, entre otras
razones, porque el proyecto decía que la libertad
de expresión era una prerrogativa y
no un derecho consagrado, que se quería
controlar a periodistas al exponer que sus
organizaciones debían registrarse, que se
limitaba el acceso a los actos públicos porque
se pedía un registro previo y otras cosas.
Demandó más tiempo y más foros para
que los periodistas independientes y otros
sectores pudieran opinar sobre el proyecto.
En los primeros dos foros convocados
por el Congreso participaron los periodistas
promotores y señalaron que a su proyecto
les habían escamoteado varias precisiones
y propuestas. Ante las quejas, el Congreso
amplió el tiempo de consulta y se hicieron
otros dos foros, como lo pedían Artículo 19
y los promotores. Los periodistas más enconados
no asistieron a ninguno de los cuatro
foros, no proponían alternativas pero sí
continuaron con sus señalamientos. A ellos
se les sumaron aliados políticos en la Ciudad
de México y un portal informativo que
consiguió que otros, también sin equilibrio
informativo o consultas con los periodistas
promotores, replicaran textualmente las
críticas e interpretaciones de Artículo 19.
Ése fue el otro escamoteo.
En ese ambiente, sin embargo, la ley se
aprobó el 3 de agosto de 2015. Y, sin publicidad,
el Ejecutivo local la publicó en el
periódico oficial al día siguiente con cambios
y agregados logrados por las críticas
de los periodistas confrontados y los periodistas
promotores. Pero faltaron varias propuestas
que estos últimos habían hecho en
su proyecto original y en los cuatro foros,
como agregar otros derechos para ejercer
el periodismo, implantar bases para políticas
públicas, dar transparencia y cauce a un
porcentaje del gasto público en publicidad
y eliminar otras restricciones.
El lugar de la ley
Un mes después de aquel episodio se
puede valorar el lugar que ocupa la ley en
Quintana Roo, sus contenidos y alcances.
Un comparativo entre las 55 normas, leyes
e iniciativas existentes hasta agosto de 2015
indica que la ley en Quintana Roo no es la
primera de su tipo que se aprueba, fue la 19
de las 20 similares que existen en otros estados,
pero tiene ventajas singulares.
Con excepción de Baja California Sur y
Tamaulipas, en todo el país se registra una
tendencia consolidada por la creación de
leyes estatales de protección al ejercicio del
periodismo. Un dato relevante es que buena
parte de las 20 aprobadas o promulgadas
han sido por el impulso de periodistas, igual
que en la mayoría de las 29 iniciativas que
esperan ser dictaminadas o descongeladas.
Artículo 19
acusó que el
proyecto de ley
era una farsa,
porque decía
que la libertad
de expresión
era una
prerrogativa y
no un derecho
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