En Obra 170 - Febrero 2018

LABORAL
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Asimismo, el Decreto Nº 125/996, reglamentario
de la Ley Nº 16.713, en sus artículos 42 y
44 hace referencia al caso de los trabajadores
no dependientes, replicando el contenido de los
artículos 77 y 86 de la Ley N° 16.713 en materia
de servicios e historia laboral. Así el artículo
44 establece que “En el caso de los trabajadores
no dependientes sólo se registrarán aquellos
servicios y asignaciones computables por los que
se haya cotizado dentro del plazo que corresponda
para su pago o en relación a los cuales
se haya presentado la declaración a que refiere
el artículo 87 de la Ley que se reglamenta y se
haya efectuado el pago de los tributos adeudados
con las multas y recargos que correspondan
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la
presentación de dicha declaración.”
Además de las normas referidas, existen
otras que impiden reconocer a los efectos
prestacionales de la seguridad social, períodos
respecto de los cuales no se haya cotizado. A
modo de ejemplo, están las Leyes Nº 15.840,
que regula las pasividades para el caso de los
trabajadores no dependientes y el régimen
de cancelación de adeudo; y la Nº 11.237, que
regula las pensiones y jubilaciones, el régimen
de aportes y la compensación de deuda.
Por su parte el Directorio del BPS dictó la
Resolución RD Nº 23-38/2004, en la que insistió
con la necesidad de cumplir con el requisito de
aportación efectiva para el cómputo de servicios
y asignaciones de trabajadores no dependientes;
no admitiéndose expresamente otros modos
de extinción de las obligaciones tributarias, en
especial la prescripción extintiva.
Con respecto a esta Resolución, numerosos
fallos del TCA hicieron notar su ilegalidad,
por entender, entre otros fundamentos, que la
misma carece de valor y fuerza para limitar el
ámbito de aplicación de la prescripción como
modo de extinción de obligaciones fiscales
regulado en el Código Tributario.
Ante estos fallos, se buscó legalizar la solución
de la Resolución mediante el dictado de la
Ley Nº 19.185, la que en su artículo 4º dispuso
que: “A los efectos del registro de servicios y
asignaciones computables previsto en el literal
B) del Artículo 86 de la Ley Nº 16.713, de 3 de
setiembre de 1995, y en el Artículo 13 de la Ley
Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006, declárase
que la cotización efectiva, la cancelación de
adeudos o la aportación regular no comprenden
a la prescripción prevista en el artículo 38 del
Código Tributario”.
Esto supone, en definitiva, que en caso de
trabajadores no dependientes, a efectos del reconocimiento
de servicios y computabilidad de
asignaciones con fines jubilatorios, no será aplicable
la prescripción como modo de extinción
de la obligación tributaria respectiva.
Ahora bien, debe señalarse que la referida
ley si bien se auto atribuye un carácter “declarativo”
en verdad innova respecto al marco jurídico
legal anterior, consagrando una solución que
resulta más perjudicial para los derechos de
quienes pretendan jubilarse, por lo que a pesar
de su pretendida naturaleza declarativa, la
misma no puede aplicarse en forma retroactiva,
como oportunamente lo ha señalado el TCA.
La norma en cuestión parece estar consagrando
una verdadera imprescriptibilidad de
los adeudos por aportes jubilatorios de los trabajadores
no dependientes con el BPS. En efecto,
al establecer que no será válida la prescripción
como modo de extinción de la obligación
tributaria, pudiendo sólo hacerse valer a tales
efectos la cotización efectiva, la cancelación
de adeudos o la aportación regular, establece
una situación de imprescriptibilidad de dichos
adeudos tributarios.
Frente a ello, debe señalarse que en primer
lugar, la señalada imprescriptibilidad contradice
la naturaleza perecedera que en nuestro
derecho deben tener todas las obligaciones y
derechos personales.
En segundo lugar, también contradice el
principio constitucional de seguridad jurídica,
del que se deriva que no pueda aceptarse
la existencia de obligaciones tributarias que
permanezcan ligando de por vida a un acreedor
y un deudor, y es por eso que el instituto de
la prescripción se conecta con el principio constitucional
de seguridad jurídica garantizando
el mencionado carácter perecedero de las obligaciones
y derechos personales, sancionando la
inacción del acreedor.
En tercer lugar, podría afectar el principio
constitucional de igualdad, ya que se trata de
un régimen de imprescriptibilidad sólo para
trabajadores independientes, por aportes de
la misma naturaleza que los que realizan los
trabajadores dependientes, a quienes parecería
que sí alcanza el instituto de la prescripción,
distinción que carece de razonabilidad.
En cuarto lugar, y aun aplicando una ley de
dudosa constitucionalidad, debe afirmarse que
aquellas obligaciones prescriptas bajo el régimen
jurídico anterior a la entrada en vigencia
de la Ley N° 19.185 que –como señalamos- carece
de efecto retroactivo, no pueden “renacer”
en virtud de la misma, por lo cual se trata de
obligaciones extinguidas por prescripciones
consumadas que no pueden exigirse por el
organismo fiscal.
No obstante, como señalamos, entendemos
que se trata de una imprescriptibilidad reñida
con la Constitución, pudiendo, por lo tanto,
dar lugar a la acción de inconstitucionalidad
correspondiente.