En Obra - Lavado de activos: Inspecciones y relevamientos de información a los sujetos obligados del sector construcción: aspectos de interés

REVISTA OFICIAL DE APPCU / OCTUBRE 2018
Editorial
APUNTES PARA UNA POLITICA HABITACIONAL
POR ANÍBAL DURÁN
AÑO 23
174
Reclamos y
Propuestas
DE LA CONFEDERACIÓN
DE CÁMARAS EMPRESARIALES
Análisis
DE LOS ESPECIALISTAS
MEDIDAS SINDICALES
POR DRA. MARIANA FERNÁNDEZ FASCIOLO Y
DRA. CECILIA DE MARCO
DE POSADAS, POSADAS & VECINO
PRODUCTIVIDAD
POR DR. JOHN MILES
DE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
FLEXIBILIDAD LABORAL
POR DR. JUAN MANUEL MORA,
DE KPMG

OBLIGACIONES
Lavado de activos
INSPECCIONES Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN
A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN: ASPECTOS DE INTERÉS
Por Dr. Leonardo Costa Franco y Dr. Juan Diana Romero
Brum Costa Abogados
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MESES ATRÁS LA SECRETARÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO
DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (“SENACLAFT”) RETOMÓ
LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INSPECTIVOS Y RELEVAMIENTOS DE
INFORMACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN.
Tales actuaciones reúnen algunos
aspectos importantes que son de interés
para los sujetos obligados del referido
sector de actividad (quienes en definitiva
son los inspeccionados o relevados), cuyos
comentarios realizaremos seguidamente.
Potestades inspectivas de la
SENACLAFT
Conforme a lo dispuesto por el artículo
4 de la Ley N°19.574, del 20 de diciembre
de 2017, “Ley Integral Contra el Lavado de
Activos” (en adelante la “Ley Integral”), la
SENACLAFT tiene como cometido -entre
otros- el “control del cumplimiento de
las normas de prevención de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo
por parte de los sujetos obligados por
el artículo 13 de la presente ley (sujetos
obligados del sector no financiero)”.
A tales fines el citado artículo dispone
que la SENACLAFT dispondrá de las
más amplias facultades de investigación
y fiscalización, y -entre otras facultades
específicas tendientes al cumplimiento
del cometido antes mencionado-, podrá
“exigir a los sujetos obligados (...) la
exhibición de todo tipo de documentos,
propios o ajenos, y requerir su comparecencia
ante la autoridad administrativa
para proporcionar la información que esta
solicite, así como “practicar inspecciones
en bienes muebles o inmuebles detentados
u ocupados, a cualquier título, por los
sujetos obligados (...)”.
Es dentro de dicho marco jurídico de
actuación que la SENACLAFT ha ejecutado
los procedimientos inspectivos y de
relevamiento de información objeto del
presente, cuyas diferencias mencionaremos
a continuación.
Diferencias entre el procedimiento
inspectivo y el procedimiento de
relevamiento de información
Si bien en cuanto a la forma en que se
llevan a cabo ambos procedimientos éstos
no revisten mayores diferencias, desde
el punto de vista sustancial un procedi-

OBLIGACIONES
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miento inspectivo y un procedimiento de
relevamiento de información, pueden diferenciarse
básicamente en dos aspectos:
(i) la finalidad buscada por la SENA-
CLAFT con su realización; y
(ii) las consecuencias que pueden aparejar
para el sujeto obligado.
Primeramente, el procedimiento inspectivo
tiene como objetivo principal
1) indagar respecto de una o varias
operaciones concretas en las que
haya intervenido el sujeto obligado,
presuntamente vinculadas a
maniobras de lavado de activos
y/o financiamiento del terrorismo
(previa identificación por parte de
la SENACLAFT, ya sea en conjunto
con otras autoridades jurisdiccionales
competentes y/o a raíz de
fuentes confiables de información
pública), o bien
2) controlar que el sujeto obligado
esté aplicando correctamente los
procedimientos de debida diligencia
a sus clientes, tal lo dispuesto
por el marco normativo aplicable al
sector no financiero.
En cuanto a las consecuencias que
este procedimiento puede aparejar para el
sujeto obligado (y si bien desde el punto
de vista legal el espectro es más amplio
que lo que se dirá en este artículo), caben
destacarse los apercibimientos, las observaciones
y las multas. Todo ello, sin perjuicio
de las consecuencias penales que
pueda tener la constatación de omisiones
graves o incumplimientos que impliquen
la asistencia del sujeto obligado en maniobras
delictivas de sus clientes, en cuyo
caso la SENACLAFT -además de imponer
las más graves sanciones- dará cuenta a la
justicia penal competente.
En cuanto a los apercibimientos,
consisten en leves llamados de atención o
advertencias que el organismo de contralor
realiza al sujeto obligado, de forma tal
de ponerlo al tanto de situaciones que, de
mantenerse, le aparejarán la aplicación de
una sanción más grave.
Respecto de las observaciones,
consisten en advertencias o puntualizaciones
concretas ante la constatación de
uno o varios incumplimientos de mayor
gravedad por parte del sujeto obligado, y
representan el paso previo a la imposición
de sanciones pecuniarias. Las observaciones
más comunes suelen vincularse a
la falta de información o documentación
importante sobre clientes, en cuyo caso
el sujeto obligado deberá obtenerla dentro
del plazo indicado por el organismo
inspectivo.
Las multas, por su parte, implican
sanciones de tipo pecuniarias impuestas
al sujeto obligado, en virtud de la
constatación de graves y reiterados
incumplimientos a la normativa a juicio
de la SENACLAFT, de conformidad con
los criterios establecidos en la Resolución
Nro. 016/2017, de fecha 24 de octubre de
2017 (“Pautas para la aplicación de sanciones”).
Uno de los principales factores
que determina la aplicación de este tipo
de sanciones es la reincidencia del sujeto
obligado, la cual de acuerdo a la resolución
que se viene de citar se configura
cuando se le hubieren impuesto otras
sanciones en los últimos 5 años.
Por su parte, el procedimiento de
relevamiento de información tiene como
finalidad lograr un mayor acercamiento
de la SENACLAFT con la realidad operativa
del sector bajo supervisión (para el
caso el sector construcción/inmobiliario),
recabando de esta manera una serie de
datos e informaciones que resultan útiles
para el organismo fiscalizador a la hora
de conocer y evaluar diversos aspectos,
tales como los volúmenes operados, las
modalidades -jurídicas y operativas- utilizadas
por los sujetos obligados en la
prestación de sus servicios, la heterogeneidad
(u homogeneidad) del sector, el
nivel de capacitación de los responsables
de las empresas, entre otros. Dichas informaciones
implican insumos importantes
a ser utilizados por la SENACLAFT a la
hora de diseñar políticas y procedimientos
de supervisión, así como también al
momento de tomar decisiones en cuanto
a la creación o revisación de la normativa
vigente.
En comparación con las inspecciones,
las consecuencias que este tipo de
procedimientos puede traer a los sujetos
obligados son mínimas. En este sentido
la SENACLAFT podrá requerir algún
tipo de aclaración o ampliación de la
información brindada, pero siempre a los
fines meramente informativos y de forma
genérica, tal lo analizado anteriormente.
Aspectos prácticos: los temas
mayormente abordados en ambos tipos
de procedimientos
Sin perjuicio de las diferencias antes
expuestas entre los procedimientos bajo
análisis, es posible identificar -en líneas
generales-, los temas que comúnmente
son abordados en el desarrollo de ambas
clases de procedimientos.
En este sentido, en primera instancia
cabe destacar la detección en el sujeto
obligado acerca de la existencia de una estructura
de prevención de LA/FT dentro
de la empresa. La misma debe ser lo más
especializada y autónoma posible, y su estructura
debe ser proporcional al tamaño
de la empresa y a los volúmenes operados.
Esta estructura implica la designación
de un Oficial de Cumplimiento encargado
de llevar adelante todo el sistema de
prevención.
Seguidamente, merece mención la
existencia de procedimientos formales
(preferentemente documentados y difundidos
internamente) en materia de prevención
de LA/FT, que se encuentren en
línea con los requerimientos normativos.
Es de especial interés de la SENACLAFT
el conocimiento (y constatación de la
existencia) de las políticas y procedimientos
con los cuales el sujeto obligado cuenta,
a los efectos de prevenir ser utilizado
en maniobras tendientes a la legitimación
de activos de origen ilícito. Se espera que
el sujeto obligado cuente con politicas y
procedimientos contenidos en un Manual
de Prevención de LA/FT, debidamente
difundido entre los empleados de la empresa,
entre otras obligaciones.
Por su parte, otro de los temas abordados
es la efectiva implementación de las
políticas y procedimientos que se vienen
de mencionar, ya que la mera existencia
de estas -por sí sola- no logra el objetivo
que se plantea la normativa vigente en la
materia, esto es, la efectiva prevención y
control del LA/FT.
Finalmente, otro de los temas que recurrentemente
abordan los procedimientos
analizados es el adecuado conocimiento
de los clientes, del origen de los fondos
instrumentados en las operaciones y del
motivo de la realización de las mismas.
Esto implica no solo el cabal conocimiento
de los tres elementos mencionados (lo cual
en la mayoría de los casos no resulta ser
el problema principal), sino el adecuado
respaldo documental de los mismos, todo
lo cual presupone la puesta en marcha y
funcionamiento de los anteriores aspectos
que se vienen de analizar.
Estos son, en consecuencia, los principales
aspectos de interés que los sujetos
obligados vinculados al sector de la construcción
deberían tener en cuenta (tal y
como es el caso de los promotores miembros
de la APPCU), principalmente de
cara a futuros procedimientos inspectivos
y de relevamiento de información que
realice la SENACLAFT en sus respectivas
empresas.