Revista Intangibles Tarapacá Edición Especial

Prueba de esto son el “Informe de la Comisión Especial Investigadora” ordenado en el año 2008 por la Cámara de Diputados para dar cuenta del
estado del sistema de cárceles concesionadas y el Informe Nº 291/09 de la Contraloría General de la República realizado a través de la División
de Auditoria Administrativa Àrea Administraciòn General y Defensa Nacional Pùblica con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas
establecidas para la explotación de las cárceles de los Grupos 1 y 3. Los resultados de ambos informes son categóricos al indicar que la supuesta
eficiencia, aumento de los estándares de servicios penitenciarios e innovación que introduce la construcción y operación de cárceles privadas
en el despliegue punitivo de los gobiernos que optaron por otorgar más participación de agentes privados (lógica neoliberal) en oposición
a las políticas públicas del Estado de Bienestar no estaba logrando los resultados en los estándares esperados. Los informes denuncian una “promesa
incumplida” en los estándares de los servicios penitenciarios, no obstante, la precarización más evidente dice relación con la infraestructura. Los informes
advierten de filtraciones, grietas en los muros y malas terminaciones en el pavimento de las cárceles del Grupo 1 principalmente en la de Alto Hospicio.
Los servicios penitenciarios de alimentación, aseo y control de plagas también son puestos en tela de juicio debido a “malas pràcticas operacionales”.
Problemas con los horarios en la entrega de la alimentación son denunciados por funcionarios de Gendarmería de Chile y por los internos siendo los
más graves los de la Cárcel de Santiago 1 en la cual se denuncian fermentación de alimentos, mala preparación, porcionamiento inadecuado e incluso
ausencia del servicio en algunos módulos. Algunos de estas problemáticas son denunciadas nuevamente en el año 2016 en el “Informe de la Comisión
de Visita a las Cárceles de la Corte de Apelaciones de Santiago” el cual es categórico al sostener que en la cárcel de Santiago 1 perteneciente al grupo Nº
3 de cárceles concesionadas se observan condiciones inhumanas. Otra de las problemáticas advertidas por los estudiosos y detractores del modelo de
cárceles concesionadas dice relación con el pago sobrecostos por parte del MOP a la Sociedad Concesionaria debido a obras no contempladas. Isabel
Arriagada ironiza con la frase “Lo barato cuesta caro” afirmando que:
“Hasta el año 2010, el pago de costos no previstos constituyó uno de los principales problemas para el Ministerio de Obras Públicas, organismo
sujeto a la obligación de consignar enormes montos a las entidades concesionarias por concepto de obras adicionales. Esto, pese a las prevenciones
normativas que limitaban el monto de las inversiones sobrevinientes en un máximo de 15% y que imputaban a la concesionaria a su costo y riesgo de
ejecución de las obras requeridas para obtener los niveles de servicio exigidos. En general, la forma en que se han establecido dichos pagos ha sido vía
renegociaciones bilaterales, suscritas mediante convenios complementarios, o a través de condenas dictadas en procesos arbitrales” (Arriagada, 2012,
p.154)
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