Ideas 20180923

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8 Domingo 23 de septiembre de 2 018 Página SIETE
Descalificar o morir
“Mal intencionado”,“sin sust
e n t o”, “p a rc i a l i z a d o”, fueron
los términos utilizados por las
autoridades gubernamentales
que reaccionaron al estudio que
realicé junto al Centro de Estudios
para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA), sobre un análisis
del desempeño financiero
de las empresas públicas, receta
que ya es harto conocida en estos
12 años de gobierno del denominado
proceso de cambio.
En términos similares, se refirió
el especialista financiero
(también parte del Gobierno central)
que escribió el artículo: “El
arcoíris y el ruido de las empresas
públicas” –en este mismo suplemento
del periódico–dedicando
varios párrafos a criticar esta investigación,
señalando que es
tendenciosa y confusa.
No extrañan estas reacciones,
que aparentan defender más la
posición política que el aspecto
técnico; sin embargo, al CEDLA
y a este servidor, satisface que se
haya logrado el objetivo: generar
un debate necesario, que considere
los resultados de la administración
de millonarios recursos
públicos, lo cual por supuesto
merece ser transparentado y
conocido por la ciudadanía.
Gobierno cerrado y
d e s c o n o c i m i e n to
El artículo hace mención a las
diferencias de la información
proporcionada por el texto publicado
y la que tiene el Servicio
de Servicio de Desarrollo de Empresas
(SEDEM), siguiendo así
la línea de la directora de este ente
estatal, que en conferencia de
prensa comentó que “jamás se
nos ha pedido información alguna,
ponen fuentes de páginas
web del Ministerio de Economía,
pero la fuente primera somos
nosotros…”.
Es pertinente aclarar que la investigación
tomó como fuente
primaria los datos del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas
(MEFP), que, según la Ley
1178, es el Órgano Rector del Sistema
de Contabilidad Integrada
(NB-SCI); único medio válido de
contabilidad del registro de las
operaciones fiscales y financieras
del sector público.
El sistema que contabiliza estos
datos es el SIGEP Móvil, el cual se
constituye en el instrumento de
gestión de uso obligatorio para todas
las entidades del sector público,
las cuales están obligadas a
mostrar sus estados financieros y
situación presupuestaria; siendo
el Viceministerio de Presupuesto
y Contaduría el supervisor.
Como debería ser de conocimiento
de la directora del SE-
DEM, esta unidad cuenta con un
sito web en el que se visualizan
las finanzas de cada una de las
entidades públicas existentes y
contempladas en el Presupuesto
General del Estado (PGE), siendo
esta la fuente primaria y única
del Estado.
Me entenderán los “descalifi-
cados”analistas, cuando expreso
mi serio pedido a derrotar al
oscurantismo en el que hacemos
Empresas públicas
Viviendo bajo
el arcoíris
l El autor responde a las críticas de autoridades del Gobierno por su
artículo “El arcoíris y el ruido de las empresas públicas”, publicado en Ideas.
Julio Linares
Calderón
Economista y
Consultor del
CEDL A
“Es pert
i n e n te
aclarar que
la investigación
tomó
como
fuente primaria
los
datos del
M i n i s te r i o
de Economía
y Finanzas
Públicas,
Órgano
Rector
del Sistema
de
Contabili -
dad Integ
ra d a ”.
i nv e s t i g a c i o n e s .
En el caso de cualquier análisis
financiero estatal, la ley nos obliga
a acudir al MEFP; imagínese
estimado lector, lo complicado
que sería acudir a cada ministerio,
dirección o empresa para obtener
información.
Esta, por supuesto, es la ruta
que se siguió en el estudio, encontrando
serios vacíos de información,
pues no se cuenta con
datos actualizados de varias empresas
en algunos casos, y en
otros son prácticamente inexistentes;
por lo cual se analizaron
las que contaban con datos consolidados,
sin ninguna motivación
de elegir “intencionalmen -
te las que tienen problemas”, como
se mencionó.
Como ejemplo preocupante, la
directora de la flamante Oficina
Técnica para el Fortalecimiento
de la Empresa (OFEP), comunicó
que la investigación “sólo midió a
11 de 65 empresas estatales existentes”.
Debe saber el ciudadano
que el SEGIP Móvil y el PGE sólo
contabilizan alrededor de 50 empresas;
preguntamos entonces a
las autoridades, ¿dónde esconden
alrededor de una decena de instituciones
del Estado?
De ganancias y pérdidas
Por otro lado, “el autor del artículo
pretende mostrar la verdad
Archivo Página Siete
de las empresas públicas (en
contraste de lo que dice el texto
del CEDLA), manifestando que
las empresas generaron entre
2006 y 2016, más de 41.000 millones
de bolivianos de utilidades
(incluida YPFB); y que, sin el desempeño
de la empresa petrolera,
ganaron 3.838 millones de boliv
ianos”.
Este comentario es bastante sesgado
y me anima a realizar la siguiente
pregunta, si a esos 3.838
millones, restamos las utilidades
de ENDE, Comibol y BOA, ¿cuánto
quedaría?, ¿las otras más de 25
empresas tuvieron utilidades?, y si
las tuvieron, ¿fueron suficientes
para cumplir el objetivo de reinversión
social?
El estudio, así lo aceptamos,
no analizó ningún escenario de
desarrollo empresarial, fue al
número frío, pero no utilizó erróneamente
los datos ni mucho
menos como dice el autor del artículo.
Simplemente se hizo el
análisis de los estados financieros
oficiales de 11 empresas, particularmente
de los estados de
recursos y gastos corrientes, que
según la norma muestran: “… el
resultado de la gestión por las
operaciones de recursos y gastos
corrientes, realizados en el ejercicio
fiscal”, es decir, lo que se
conoce como “estado de resultados”,
que muestra si las empresas
tuvieron ganancias o pérdidas,
así de simple.
Y en ese juego perverso de sumas
y restas, lo que se determinó,
es que durante la vida que operaron
estas 11 empresas, perdieron
alrededor de 2.000 millones de
bolivianos; que esperamos, como
dicen sus defensores, puedan ser
recuperados cuando éstas se consoliden,
si no, será un costo de
oportunidad de inversión demasiado
caro para el país.
Debatir o dormir
bajo el arcoíris
El debate técnico está abierto y
como se dijo, el CEDLA sólo tuvo
ese objetivo, pues no toma posición
política y menos cree que
una empresa pública es deficiente
per se. Más bien, creemos que
existen grandes oportunidades
para que el Gobierno pueda hacerlas
robustas; no en vano,
cuentan con dos direcciones
(SEDEM y OFDI) y una unidad
en el MEFP, que hacen seguimiento
y apoyan a las empresas.
De acuerdo al PGE 2018, los salarios
que se pagan a los técnicos
de estas unidades públicas (sumadas
las tres unidades), superan
los 70 millones de bolivianos
en el año. En manos de ellos está
que estos recursos se dirijan de
manera eficiente.