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El uso de datos cuantitativos para entender la violencia sexual relacionada con el conflicto armado colombiano: retos y oportunidades
Mediante el auto 092 de 2008, la Corte Constitucional
resaltó la importancia de “proteger los derechos
fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento
forzado causado por el conflicto armado
interno” y reconoce el impacto desproporcionado del
desplazamiento forzado en las mujeres. Lo que es
más importante para fines del presente estudio, la
Corte declaró que “la violencia sexual, la explotación
sexual o el abuso sexual en el contexto del conflicto
armado” presentan un serio riesgo para las mujeres
desplazadas. Remitió 183 casos para investigación a
la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría
General de la Nación 9 . El fallo de la Corte generó un
interés renovado entre las organizaciones de la sociedad
civil por estudiar la violencia sexual y su relación con
el conflicto armado interno.
Como se describe en mayor detalle en el capítulo 4, en
Colombia los datos oficiales sobre la violencia sexual se
ven ampliamente afectados por este marco legal, tanto
porque privilegia la recolección de información con fines
jurídicos, como porque esta finalidad legal desanima a
las víctimas y a los testigos, quienes a menudo prefieren
no involucrarse en procesos judiciales. La información
sobre el aborto es un ejemplo de la compleja relación
que existe entre las preocupaciones legales y los temas
de la recolección de datos. A raíz de una decisión de la
Corte Constitucional de 2006, las víctimas de violación
pueden hacerse practicar un aborto legal siempre y
cuando hayan presentado una denuncia ante la Policía
o la Fiscalía 10 . Algunos profesionales de la salud exigen
a las mujeres, además, un informe del INML, aunque
no está claro si es este un requisito legal. Es de suponer
que, como consecuencia de esta práctica, algunas
mujeres se abstienen de solicitar el aborto. Son pocas
las interrupciones voluntarias del embarazo legalmente
practicadas en el país. Recientemente la Procuraduría
General de la Nación reportó que, entre 2007 y 2009,
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Benetech Programa de Derechos Humanos
sólo 125 abortos fueron legalmente realizados a
mujeres víctimas de violación, de un total de 461
abortos legales (Procuraduría General de la Nación,
2010: 177). Este enfoque jurídico es comprensible. No
obstante, los mandatos legales pueden influir poco
sobre las conductas si no se acompañan de recursos
prácticos. La mayoría de los mecanismos legales que
buscan proteger a las personas de la violencia sexual
son inoperantes. Por ejemplo, muchos entrevistados
enfatizaron que, a menudo, los médicos no incluyen
información sobre violencia sexual en sus reportes
porque temen más verse involucrados en procesos
jurídicos que ser sancionados por no reportar (sanciones
en la práctica inexistentes).
Las iniciativas oficiales que podrían fortalecer la
implementación ���������de las medidas de protección
������� carecen de un adecuado financiamiento y están
fragmentadas, contradiciendo las audaces declaraciones
de las leyes, las políticas y los fallos. En 2010, la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos informó que “a pesar de que la
Fiscalía ha hecho esfuerzos significativos por capacitar
a sus funcionarios y crear unidades especializadas
de investigación en este tema, la impunidad de los
hechos de violencia sexual sigue siendo generalizada”
(OHCHR, 2010). Vistos desde esta perspectiva, los
esfuerzos por reducir la violencia sexual en Colombia
por medio del sistema jurídico no parecen destinados a
tener mayor éxito a corto plazo. Más importante aún,
aplicar definiciones y prioridades legales a iniciativas
más generales de documentación resulta riesgoso
desde el punto de vista analítico. Los datos que se
obtienen al codificar reportes legales necesariamente
se ven limitados por categorías y objetivos definidos
jurídicamente. Además, el enfoque legal –especialmente
penal– a menudo privilegia una mirada casuística de la
violencia sexual, en detrimento de una comprensión
más amplia de este fenómeno social.
9 El texto del fallo se encuentra en línea: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6321.pdf
10 Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto en casos extremos (entre ellos cuando el embarazo es el resultado de una
violación); ver http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21540