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injustificadamente a más de 5 millones de pensionistas, rompiendo de paso uno de
los logros mayores de nuestra democracia: el Pacto de Toledo.
Conviene recordar que dicho Pacto de Estado se alcanzó en 1995 entre todos los
Grupos Parlamentarios, y mereció el respaldo de los sindicatos en 1996 mediante el
Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de pensiones.
Estos acuerdos, fruto de un amplio y responsable diálogo político y social,
sacaron a nuestra Seguridad Social de la incertidumbre económica y
garantizaron un sólido compromiso de todos para hacer viable y sostenible
nuestra Seguridad Social.
500.000 millones de pesetas de déficit, inseguridad de poder cobrar las
pensiones e incertidumbre de los pensionistas para mantener su poder
adquisitivo fueron, entre otras, razones para que todos los partidos asumieran el
Pacto de Toledo y sus recomendaciones.
La Ley 24/1997, de 16 de julio, de consolidación y racionalización de la
Seguridad, fue resultado directo del Pacto de Toledo, cuyo cumplimiento se quiso
garantizar con la participación de todos los Grupos Parlamentarios, constituyendo al
efecto una Comisión en el Congreso de los Diputados. Esta Comisión ha ido evaluando
el cumplimiento de compromisos y recomendaciones desde entonces y lo ha hecho
con eficacia y con rigor bajo diversos gobiernos.
En la actualidad está examinando un documento de fecha 29 de enero de 2010, enviado
por el Gobierno para examen y debate, de modo que los acuerdos que pudieran
alcanzarse dieran lugar a aquellas reformas y modificaciones legales pactadas entre
todos los grupos políticos, sin olvidar la participación de los agentes sociales en el
proceso de diálogo social actualmente abierto.
El anuncio de recortes en los derechos de los pensionistas, principalmente el derecho a
la revalorización en función del IPC (artículo 11 de la Ley 24/1997, de 16 de julio),
viene a romper el Pacto de Toledo, una de las más importantes conquistas de nuestra
democracia. Estos recortes privan de derechos a más de cinco millones de pensionistas
y nos hace retroceder a los tiempos en los que el Gobierno, según criterios de
oportunidad y de conveniencia política, daba o negaba la revalorización de las
pensiones y, por tanto, daba o quitaba poder adquisitivo a las debilitadas economías de
los pensionistas.
Se producirían otros efectos adicionales e indeseables de empobrecimiento para los
pensionistas al bloquear "sirte die" la base sobre la que se actualizarían las pensiones
tras el bloqueo de su cuantía que plantea ahora el Gobierno.