el sistema mexicano de justicia electoral - Tribunal Electoral del ...

EL SISTEMA
MEXICANO
DE JUSTICIA
ELECTORAL
PROCESO ELECTORAL
FEDERAL
2002-2003
La elaboración de esta obra estuvo a cargo de Carlos Arenas Bátiz,
Raúl Ávila Ortiz, José de Jesús Orozco Henríquez y Juan Carlos Silva Adaya
INDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN

342.07
T837s
Primera Edición 2003
D.R. conforme a la ley
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Carlota Armero Núm. 5000 Col. CTM Culhuacán C.P. 04480
México D.F., Tels.: 5728-2300 y 5728-2400
http://www.trife.org.mx
Edición: Coordinación de Documentación y Apoyo Técnico
Diseño de portada: Lic. Pablo Barrón Salazar
ISBN: 970-671-154-6
Impreso en México
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México).
El sistema mexicano de justicia electoral : proceso electoral
federal 2002-2003. / la elaboración de esta obra estuvo a cargo
de Carlos Arenas Bátiz, Raúl Ávila Ortiz, José de Jesús Orozco
Henríquez y Juan Carlos Silva Adaya.— México : El Tribunal, 2003.
183 p.
ISBN: 970-671-154-6
1. Derecho Electoral. 2. Justicia Electoral. 3. Administración de
Justicia. 4. Elecciones - México. 5. Proceso Electoral - México.
6. Medios de Impugnación. 7. Calificación de elecciones - México.
8. Jurisprudencia Electoral - México. 9. Control Jurisdiccional - México.
l. tít.

INDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN 7
Régimen político electoral mexicano 11
Organización de las elecciones 15
Panorama del sistema mexicano
de justicia electoral 17
Proceso electoral federal 2002-2003 23
EL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER J UDICIAL DE LA F EDERACIÓN 31
Naturaleza y evolución del sistema
de solución de conflictos electorales 32
Estructura e integración 39
Atribuciones jurídicas 43
Calificación de la elección presidencial 48
GARANTÍAS DEL S ISTEMA MEXICANO
DE JUSTICIA ELECTORAL 60
Sistema de justicia electoral garante
de la vigencia del estado
democrático de derecho 57

Garantías judiciales orgánicas 60
Garantías judiciales procesales 76
SISTEMA DE M EDIOS DE IMPUGNACIÓN
EN MATERIA ELECTORAL F EDERAL 95
Objeto del sistema y tipos
de medios de impugnación 96
Competencia 98
Procedencia 100
Plazos y términos 103
Requisitos relativos al escrito
de demanda y el recurso 105
Partes, legitimación y personería 112
Pruebas 120
Notificaciones 123
Procedimiento 124
Resoluciones y sentencias 128
CRITERIOS R ELEVANTES DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER J UDICIAL
DE LA F EDERACIÓN 133
Introducción 134

Derecho a la Impartición de justicia
electoral completa y efectiva 137
Protección amplia de los Derechos
político-electorales del ciudadano 149
Fortalecimiento del sistema de partidos
políticos 152
Democracia interna de los partidos
políticos 157
Control efectivo de la regularidad
constitucional y legal en materia electoral 162
ESTADÍSTICA JUDICIAL ELECTORAL 169

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
INTRODUCCIÓN
El sistema mexicano de justicia electo
ral tiene por objeto garantizar la vi
gencia del Estado democrático de derecho
que postula la celebración de elecciones
libres, auténticas y periódicas, estrictamente
apegadas a la Constitución y la ley.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) es la institución central
del nuevo sistema de justicia electoral,
surgido a partir de 1996, el cual, a través de
un conjunto de medios de impugnación en
esta materia, garantiza que todos los actos
de las autoridades electorales se sujeten
invariablemente a los principios de
constitucionalidad y legalidad, anulando,
corrigiendo o remediando jurídicamente
cualquier eventual irregularidad que se produzca
durante el desarrollo de los comicios,
así como protegiendo los derechos políticoelectorales
de los ciudadanos de votar, ser
votados y de asociación.
Sistema de
justicia
electoral
Garantía de
constitucionalidad y
legalidad electoral
7

Tribunal
Electoral
fortalecido
Calificación
de la elección
presidencial
Protección jurídica
de la democracia
electoral
TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Aunque México siempre ha contado con leyes
electorales, las elecciones federales legislativas
del año 2003, además de las elecciones
presidenciales que tuvieron lugar en
el año 2000, son las primeras en nuestra
historia institucional reguladas, en su totalidad,
por un derecho electoral íntegramente
respaldado por un Tribunal Electoral
fortalecido, con jurisdicción suficiente
para resolver todas las controversias resultantes
de tales comicios –incluidos los de
Presidente de la República en el 2000– y
salvaguardar la efectiva y plena aplicación
de las normas constitucionales y legales en
materia electoral.
Como se sabe, por primera vez en el año 2000,
con motivo del proceso electoral federal, no
fue un órgano político (como ocurría con la
Cámara de Diputados antes del año 2000) sino
uno de naturaleza jurisdiccional (como es la
Sala Superior del TEPJF) al que le correspondió
la elevada responsabilidad de realizar el
cómputo final de la elección presidencial, una
vez resueltas las impugnaciones interpuestas;
calificar y declarar la validez de dicha elección,
así como hacer la declaratoria de Presidente
Electo respecto del candidato que obtuvo
el mayor número de votos.
Es así como el Tribunal Electoral de Poder
Judicial de la Federación –junto con otras
instituciones y mecanismos a los que se hace
referencia en este documento– participa de
8

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
manera decisiva en la construcción del aparato
de protección jurídica de la democracia
electoral mexicana, a fin de asegurar que se
respete la voluntad popular y que ésta se
refleje –con fidelidad y transparencia, esto
es, sin falsificaciones– en los resultados electorales.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación –en tanto jurisdicción independiente,
autónoma, imparcial, profesional
y especializada– se constituye en la garantía
última de la autenticidad, libertad y legalidad
de las elecciones contribuyendo a la
integración democrática y legítima del poder
público y a la estabilidad política indispensable
para el desarrollo económico, social
y cultural de la nación.
Sesión pública de la Sala Superior
Garantía de
autenticidad y
legalidad electoral
9

Contenidos
de la obra
TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
El Sistema Mexicano de Justicia Electoral
se encuentra conformado por seis apartados.
(documentos que, para facilitar su eventual
manejo autónomo, en la presente edición se
incorporan como fascículos). En la INTRO-
DUCCIÓN se hace referencia a la estructura
y características básicas del régimen político-electoral
mexicano, las diversas autoridades
electorales, la organización de las
elecciones, el panorama del sistema mexicano
de la justicia electoral, así como las
elecciones federales que tendrán lugar en el
año 2003. En el segundo apartado se analizan
la naturaleza y evolución del sistema de
solución de conflictos electorales en México,
así como la naturaleza, estructura, integración
y principales atribuciones jurídicas
del TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, además
de la calificación presidencial. El tercer
apartado, denominado Garantías del sistema
mexicano de justicia electoral, estudia
tanto el sistema de justicia electoral, garante
de la vigencia del estado democrático de
derecho, como de las garantías judiciales
orgánicas y procesales. En el cuarto capítulo
se aborda el Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral Federal, se
hace un detallado análisis del objeto del mismo
y los tipos de medios de impugnación, la
competencia, la procedencia, los plazos y
términos, los requisitos relativos al escrito
de demanda y recurso, las partes, la legitimación
y personería, las pruebas, las notifi-
10

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
caciones, el procedimiento y las resoluciones
y sentencias. El quinto apartado se concentra
en los criterios de jurisprudencia
emitidos por el Tribunal Electoral. Finalmente,
en el sexto apartado se hace referencia a
la ESTADÍSTICA JUDICIAL ELECTORAL
destacando algunos datos de este género
sobre el desempeño jurisdiccional del propio
Tribunal Electoral.
RÉGIMEN POLÍTICO
ELECTORAL MEXICANO
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
voluntad del pueblo mexicano constituirse en
una República representativa, democrática y
federal, bajo la forma de gobierno de un sistema
presidencial. La Federación mexicana se integra
con 31 Estados libres y soberanos, en todo lo
concerniente a su régimen interior, y por el Distrito
Federal, sede de los Poderes de la Unión y
capital de los Estados Unidos Mexicanos.
Para su ejercicio, el poder público de la Federación
y el de cada una de las 32 entidades
federativas se divide en legislativo, ejecutivo y
judicial. En todos los casos, la renovación de
los órganos legislativo y ejecutivo se realiza,
por mandato constitucional, a través de elecciones
libres, auténticas y periódicas, mediante
sufragio universal, libre, secreto y directo
de los ciudadanos.
República
representativa,
democrática
y federal
División
de poderes
11

Poder Ejecutivo
Federal
Poder Legislativo
Federal
Cámara de
Diputados
TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
El Poder Ejecutivo Federal tiene un carácter
unipersonal, es decir, su titularidad y
ejercicio le corresponden exclusivamente al
Presidente de la República, quien es electo
en forma directa cada seis años estando expresamente
prohibida la reelección en el
cargo para quien lo haya detentado previamente.
El Poder Legislativo Federal tiene una composición
bicameral: una Cámara de Diputados y
una Cámara de Senadores que, en conjunto, integran
el Congreso de la Unión.
La Cámara de Diputados se conforma por un
total de 500 diputados, 300 electos por el
principio de mayoría relativa en un número
equivalente de distritos uninominales y 200
por el principio de representación proporcional,
mediante el sistema de listas regionales
votadas en cinco circunscripciones
plurinominales. Todos los diputados son electos
para un periodo de tres años y se permite
la reelección después de transcurrido un periodo
intermedio.
Las 300 diputaciones federales de mayoría
relativa se distribuyen entre las 32 entidades
federativas en función del porcentaje de
población del total nacional que reside en
cada una de ellas, pero por mandato constitucional
ninguna entidad puede contar con
menos de dos diputaciones federales de
mayoría relativa.
12

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
La Cámara de Senadores se integra por un
total de 128 miembros. En cada una de las
entidades federativas se eligen tres senadores:
dos le corresponden al partido político
que haya obtenido la mayor votación
en la entidad y el tercero al que se haya
situado en la segunda posición por su número
de votos. Los 32 escaños restantes se
asignan por el principio de representación
proporcional mediante el sistema de listas
votadas en una sola circunscripción
plurinominal nacional. Todos los senadores
son electos para un periodo de seis años
y, al igual que los diputados federales, se
permite la reelección después de un periodo
intermedio.
Cada uno de los 31 Estados cuenta con un
Gobernador electo en forma directa cada
seis años estando prohibida la reelección
en el cargo para quien lo haya detentado
previamente por elección popular. Las legislaturas
de los Estados se integran con
diputados elegidos según los principios de
mayoría relativa y representación proporcional;
en ningún caso, el número de diputados
de cada legislatura puede ser
menor de siete; los diputados locales tampoco
pueden ser reelectos para el periodo
inmediato y la renovación de la legislatura
se realiza conforme se prevea en la
constitución local, la cual generalmente
ocurre cada tres años.
Cámara de
Senadores
Gobierno de
los Estados
13

Gobierno
municipal
Gobierno del
Distrito Federal
TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Asimismo, la base de la división territorial y
de la organización política y administrativa de
cada Estado es el Municipio Libre, el cual es
gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, que se renueva, generalmente,
cada tres años atendiendo a los principios
de mayoría relativa y representación proporcional.
Los presidentes municipales, regidores
y síndicos de los ayuntamientos electos popularmente,
no pueden ser reelectos para el periodo
inmediato.
Cabe mencionar que, de acuerdo con lo dispuesto
en algunas Constituciones y leyes electorales
locales, los municipios conformados predominantemente
por comunidades indígenas eligen a sus
respectivos ayuntamientos atendiendo a sus
usos y costumbres. Actualmente, la República
Mexicana cuenta con 2430 municipios, más 16
delegaciones político administrativas en el Distrito
Federal.
Por lo que se refiere al Distrito Federal, el
Ejecutivo en la entidad recae en una sola persona,
que es el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, elegido por votación universal, libre,
secreta y directa cada seis años (con la salvedad
del elegido por primera vez en 1997, cuyo
periodo por única ocasión fue de tres años).
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal
se integra con 66 diputados electos cada tres
años también por voto universal, libre, secreto
y directo; 40 de ellos son electos según el
principio de mayoría relativa en un número
14

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
equivalente de distritos uninominales y 26
según el principio de representación proporcional,
mediante el sistema de listas votadas
en una circunscripción plurinominal; los
diputados a la Asamblea Legislativa tampoco
pueden ser reelectos para el periodo inmediato.
Finalmente, cabe señalar que la Administración
Pública del Distrito Federal cuenta con un órgano
político-administrativo desconcentrado, denominado
Delegación, en cada una de las 16 demarcaciones
territoriales en que se divide, mismas
que por primera vez y como resultado del
proceso electoral del 2000 estuvieron a cargo de
un Jefe Delegacional elegido en forma universal,
libre, secreta y directa, por un periodo de
tres años.
ORGANIZACIÓN DE LAS
ELECCIONES
El IFE es el organismo público autónomo,
responsable de cumplir con la función estatal
de organizar las elecciones federales, es
decir, las relacionadas con la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
y de los Diputados y Senadores que integran
el Congreso de la Unión, con base en
las facultades que le confiere la Constitución
federal en su artículo 41, fracción III.
Instituto Federal
Electoral
(IFE)
15

Certeza
Legalidad
Independencia
TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Una vez constituido formalmente, empezó a
funcionar el 11 de octubre de 1990, como resultado
de una serie de reformas a la Constitución
Política, aprobadas en 1989, y de la expedición
de una nueva legislación reglamentaria en
materia electoral: el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales (COFIPE)
en agosto de 1990.
Conforme con el artículo 41 de la Constitución
Política, la función de organizar las elecciones
está regida por los siguientes principios:
El principio de certeza alude a la necesidad de
que todas las acciones que desempeñe el IFE
estén dotadas de veracidad, certidumbre y
apego a los hechos, esto es, que los resultados
de sus actividades sean completamente
verificables, fidedignos y confiables.
El principio de legalidad implica que, en todo
momento y en cualquier circunstancia, en el
ejercicio de las atribuciones y el desempeño de
las funciones que tiene encomendadas el IFE,
se debe observar, escrupulosamente, el mandato
constitucional que las delimita y las disposiciones
legales que las reglamentan.
El principio de independencia hace referencia
a las garantías y atributos de que disponen
los órganos y autoridades que conforman la
institución para que sus procesos de deliberación
y toma de decisiones se den con absoluta
libertad y respondan única y exclu-
16

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
sivamente al imperio de la ley, afirmándose
su total independencia respecto de cualquier
poder establecido.
El principio de imparcialidad significa que,
en el desarrollo de sus actividades, todos los
integrantes del IFE deben reconocer y velar
permanentemente por el interés de la sociedad
y por los valores fundamentales de la democracia
supeditando a estos, de manera
irrestricta, cualquier interés personal o preferencia
política.
El principio de objetividad implica un quehacer
institucional y personal fundado en el reconocimiento
global, coherente y razonado de la realidad
sobre la que se actúa y, consecuentemente,
la obligación de percibir e interpretar los hechos
por encima de las visiones y opiniones parciales
o unilaterales, máxime si estas pueden
alterar la expresión o consecuencia del quehacer
institucional.
PANORAMA DEL SISTEMA
MEXICANO DE JUSTICIA
ELECTORAL
En México, son dos las principales autoridades
electorales federales: el Instituto Federal
Electoral, encargado de organizar las
elecciones federales, y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que tie-
Imparcialidad
Objetividad
Principales
autoridades
electorales
17

Instituto
Federal
Electoral
TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ne a su cargo resolver jurisdiccionalmente
las controversias, esto es, los medios de impugnación
que se interpongan con motivo de
los comicios, y asegurar que los actos y resoluciones
de las autoridades electorales se
ajusten a los principios de constitucionalidad
y legalidad.
El Instituto Federal Electoral (IFE) es un organismo
público autónomo, de carácter permanente,
que tiene a su cargo la función estatal
y responsabilidad de organizar y administrar
las elecciones federales (para Presidente
de la República, así como senadores y
diputados al Congreso de la Unión). El IFE se
creó formalmente el 11 de octubre de 1990;
esta autoridad electoral es independiente en
sus decisiones y funcionamiento, así como profesional
en el desempeño de sus actividades,
para lo cual cuenta con un cuerpo de funcionarios
seleccionados, capacitados y evaluados
sistemáticamente, a través de un servicio civil
de carrera, denominado Servicio Profesional
Electoral.
Por mandato constitucional, todas las actividades
que desarrolla el IFE deben regirse por los
referidos principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad. El IFE
cuenta en su estructura con órganos de dirección,
ejecutivos, técnicos y de vigilancia siendo
el Consejo General su órgano superior de dirección;
desde el punto de vista territorial, cuenta
con diversos órganos centrales, incluyendo al
18

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
referido Consejo General, así como con órganos
delegacionales en cada una de las 32 entidades
federativas y órganos distritales en cada uno
de los 300 distritos electorales uninominales.
Para mayor información sobre el IFE, sus relevantes
funciones y las elecciones federales del
2003, se sugiere consultar, entre otros, el documento
denominado Régimen electoral mexicano
y proceso electoral federal 2003, México,
2003, publicado por el propio Instituto Federal
Electoral.
El Tribunal Electoral (TEPJF) es, con la salvedad
de la acción de inconstitucionalidad contra
leyes electorales, que es competencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, la máxima
autoridad jurisdiccional en la materia y
órgano especializado del Poder Judicial de la
Federación.
Las sentencias del TEPJF, recaídas a los medios
de impugnación contra actos y resoluciones
electorales, tienen el carácter de definitivas
e inatacables, por lo que no pueden ser
revisadas ni mucho menos modificadas por
órgano alguno. La naturaleza jurídica, estructura
y principales atribuciones del
TEPJF se analizan en el siguiente apartado
de este documento.
A diferencia de otros países, que no cuentan
con organismos electorales especializados y
permanentes, o bien, en los que se reúnen
en un mismo tribunal, corte, jurado o conse-
Tribunal Electoral
del Poder Judicial
de la Federación
Control interorgánico
para asegurar la
legalidad electoral
19

Suprema
Corte de Justicia
de la Nación
TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
jo supremo electoral (como ocurre frecuentemente
en América Latina) tanto las funciones
administrativas de organización de las
elecciones como las jurisdiccionales de resolución
de las controversias electorales, en
México se ha optado por conferir tales funciones
a instituciones distintas, como son el
IFE y el TEPJF, que tienen el carácter de
permanentes, especializadas y con autonomía
funcional. Esto representa una garantía
electoral más, de acuerdo con la tendencia
contemporánea en el derecho comparado
hacia la «judicialización» de los procedimientos
contenciosos electorales, y permite un
control interorgánico adicional para asegurar
la autenticidad y legalidad electoral. Lo
anterior también atiende el derecho a un recurso
efectivo público ante un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial,
establecido con anticipación en la ley con las
debidas garantías, tal como lo prescriben los
instrumentos internacionales de protección
de los derechos humanos.
Además del IFE y el TEPJF, es importante mencionar
la relevante función que le corresponde al
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al conocer y resolver las acciones de
inconstitucionalidad que, a partir de 1996, los
partidos políticos, las minorías parlamentarias
y otros sujetos legitimados pueden promover para
plantear la posible contradicción entre una ley o
norma general de carácter electoral y la Constitución
(cabe advertir que las reformas a las le-
20

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
yes electorales deberán promulgarse y
publicarse noventa días antes de que inicie el
proceso electoral en que vayan a aplicarse);
en caso de que la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se apruebe
por una mayoría de cuando menos ocho votos
(de los once miembros que la integran),
se podrá declarar la invalidez de las normas
impugnadas. Como un indicador de la trascendencia
de esta vía de control jurisdiccional de la
constitucionalidad de las leyes, es pertinente precisar
que más de dos terceras partes de las acciones
de inconstitucionalidad de que ha conocido el
más alto Tribunal del país han versado sobre cuestiones
electorales.
AUTORIDADES ELECTORALES FEDERALES
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Instituto Federal Electoral
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales
de la Procuraduría General
21

Fiscalía Especializada
para la Atención de
Delitos Electorales
Institutos y
tribunales
electorales locales
TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Además de lo descrito en los párrafos que anteceden
respecto del IFE, el TEPJF y la SCJN,
esta Fiscalía Especializada, dependiente de la
Procuraduría General de la República, está encargada
de la persecución e investigación de los
delitos electorales en el ámbito federal, regulados
en el título XXIV del Código Penal Federal.
Ahora bien, fincar la responsabilidad y, en su
caso, imponer la pena respectiva, es competencia
de los tribunales penales federales (vgr. Juzgados
de distrito y tribunales unitarios de circuito).
Finalmente, por la naturaleza federal del sistema
jurídico político mexicano, y dentro del marco
de autonomía del que disfrutan respecto de su
régimen interior, los 31 Estados y, con su especificidad,
el Distrito Federal, regulan sus propios
procesos electorales, es decir, los relativos a la
renovación de sus órganos ejecutivo y legislativo
locales, así como de sus ayuntamientos o delegaciones.
Cada Entidad Federativa asume las atribuciones
relacionadas con la organización y calificación de
las elecciones de sus autoridades locales, así como
la resolución de los correspondientes medios de
impugnación, a través de organismos administrativos
y jurisdiccionales locales en materia electoral
(con frecuencia denominados, respectivamente,
institutos y tribunales electorales de la
entidad). Las autoridades electorales locales son
autónomas en su funcionamiento e independientes
en sus decisiones, en el entendido de que las
22

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
resoluciones de los órganos electorales locales correspondientes
pueden ser impugnadas ante la
Sala Superior del TEPJF por razones de
constitucionalidad, siempre y cuando sean determinantes
para el desarrollo del proceso electoral
o el resultado final de las elecciones.
Es así como el sistema mexicano de justicia
electoral prevé un control integral, pleno, efectivo
y eficiente de la constitucionalidad de toda
ley, así como de la constitucionalidad y, en su
caso, legalidad de todo acto o resolución de
naturaleza electoral, a través de los medios
de impugnación que conocen la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, el TEPJF y el IFE,
según se explica más adelante.
PROCESO ELECTORAL
FEDERAL 2002-2003
Conforme con las disposiciones legales aplicables,
el proceso electoral federal ordinario
2002-2003 se inició el 3 de octubre de 2002,
con la sesión que a tal efecto celebró el Consejo
General del Instituto Federal Electoral,
y concluirá una vez que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación haya
resuelto el último de los medios de impugnación
que se hubieren interpuesto o cuando
se tenga la constancia de que no se presentó
ninguno.
Control integral de la
constitucionalidad y
legalidad
Proceso
electoral
federal
23

Número de
electores y
de casillas
Partidos
políticos
nacionales
TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
La jornada electoral tendrá verificativo el domingo
6 de julio de 2003, con un padrón de 65’337,047
millones de electores, quienes acudirán a sufragar
en las 121,362 casillas que se instalarán en el territorio
nacional, con el objeto de renovar los 500 cargos
de representación popular que integran la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión.
Actualmente, cuentan con registro legal los siguientes
11 partidos políticos nacionales:
24

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Partido Acción Nacional (PAN)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Partido del Trabajo (PT)
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Convergencia Partido Político Nacional (C)
Partido Liberal Mexicano (PLM)
Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN)
Partido Alianza Social (PAS)
Partido México Posible (PMP)
Partido Fuerza Ciudadana (PFC)
Para las elecciones federales del 6 de julio,
los partidos han registrado 10,618 candidatos
y a más de dos millones y medio de representantes
partidistas en las casillas.
Cabe anotar que en las elecciones del año 2000
se conformaron dos coaliciones para la totalidad
de los cargos federales en disputa y
sólo contendieron los candidatos postulados
por las siguientes seis fuerzas políticas:
Agrupaciones
políticas
nacionales
25

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Alianza por el Cambio, conformada por el PAN
y el PVEM
PRI
Alianza por México, conformada por el PRD,
PT, Convergencia por la Democracia, PSN y
PAS
Partido del Centro Democrático
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
Democracia Social
A los anteriores cabe agregar las 36 agrupaciones
políticas nacionales que en su momento
contaban con registro y (además de
recibir financiamiento público para el apoyo
de sus actividades editoriales, educación
y capacitación política e investigación socioeconómica
y política) estaban facultadas
para intervenir en dicho proceso electoral
sólo mediante acuerdos de participación con
alguno de los referidos partidos políticos.
Para el proceso electoral federal 2003 obtuvieron
su registro 41 agrupaciones políticas nacionales
adicionales, de tal suerte que ahora contamos
con un total de 77 organizaciones de ese tipo.
26

TRIBUNAL E LECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Es conveniente hacer notar que el día previsto
para la jornada electoral federal, es decir, el
domingo 6 de julio, también se celebrarán elecciones
locales en 10 entidades federativas que,
como se ha indicado, son reguladas por su propia
legislación, así como organizadas, calificadas
y juzgadas por sus propios organismos y
tribunales electorales (en el entendido, según
se ha hecho notar, de que, por razones de
constitucionalidad, las resoluciones respectivas
pueden impugnarse ante la Sala Superior del
TEPJF).
Las entidades y cargos a elegir son:
Elecciones
locales
Campeche: Gubernatura, 35 diputaciones y 11 ayuntamientos
Colima: Gubernatura, 25 diputaciones y 10 ayuntamientos
Distrito Federal: 66 diputaciones y 16 jefaturas de delegación
Guanajuato: 36 diputaciones y 46 ayuntamientos
Jalisco: 40 diputaciones y 124 ayuntamientos
Morelos: 30 diputaciones y 33 ayuntamientos
Nuevo León: Gobernador, 42 diputaciones y 51 ayuntamientos
Querétaro: Gobernador, 25 diputaciones y 18 ayuntamientos
San Luis Potosí: Gobernatura y 27 diputaciones
Sonora: Gobernador, 36 diputaciones y 72 ayuntamientos
27

EL SISTEMA
MEXICANO
DE JUSTICIA
ELECTORAL
PROCESO ELECTORAL
FEDERAL
2002-2003
EL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN
Como resultado de su propia evolución
histórica y después de un amplio con
senso entre las principales fuerzas
políticas, las bases del sistema de justicia
electoral vigente en México se establecieron
por reforma constitucional de 1996 (misma
que se aprobó por la unanimidad de los
miembros del Congreso de la Unión y, en su
oportunidad, por las correspondientes legislaturas
locales) teniendo al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación como
eje fundamental.
Amplio concenso
en el nuevo sistema
de justicia electoral
29

Contencioso
político
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
NATURALEZA Y EVOLUCIÓN
DEL SISTEMA DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
ELECTORALES
El sistema de solución de conflictos electorales
en México ha transitado de una naturaleza
predominantemente política a otra
plenamente jurisdiccional pudiéndose distinguir
tres etapas:
ETAPA DEL CONTENCIOSO POLÍTICO
(1824-1987)
Desde la Constitución Federal de 1824, hasta
la reforma electoral de 1987, se mantuvo
vigente en el país –con algunas variantes–
el sistema contencioso electoral de carácter
político (conocido como autocalificación), que
se caracterizaba por reservar a un órgano
político, como las respectivas Cámaras del
Congreso o una parte de sus miembros (los
llamados Colegios Electorales) la facultad de
calificar la elección de los diputados o senadores
y resolver las impugnaciones o conflictos
que sobre las mismas se planteaban.
Por otra parte, se confería al propio Congreso
o, por lo general, a su Cámara de Diputados,
la facultad de calificar la elección presidencial,
en lo que era un sistema de
heterocalificación política.
30

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
El sistema descrito permaneció inalterado
durante ese periodo y, en ocasiones, presentó
algunas variantes, como la modalidad
consagrada en 1977, conforme con la cual
existía un recurso de reclamación ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
para impugnar la resolución del Colegio
Electoral de la Cámara de Diputados respecto
de la elección de alguno de sus miembros,
pero la resolución de la Suprema Corte
no tenía que ser obedecida forzosamente
por la Cámara de Diputados, la cual emitía
una decisión final inatacable, por lo que se
seguía tratando de un contencioso electoral
político.
ETAPA DEL CONTENCIOSO MIXTO:
JURISDICCIONAL Y POLÍTICO
(1987-1996)
En 1987, se crea el primer Tribunal Electoral
en nuestro país, al que se le denominó
Tribunal de lo Contencioso Electoral y se le
concibió legalmente como órgano autónomo
de carácter administrativo con competencia
para resolver los medios de impugnación
en contra de las elecciones de diputados,
senadores y la presidencial.
La naturaleza mixta del sistema en este periodo
residía en que las resoluciones del
Tribunal de lo Contencioso Electoral recaídas
a los recursos presentados contra los
resultados electorales podían ser modifica-
Contencioso
mixto
Tribunal de lo
contencioso
electoral
31

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Tribunal
Federal
Electoral
das libremente por los colegios electorales
de las cámaras legislativas y sólo ellos estaban
facultados para declarar la nulidad de
alguna elección, es decir, la decisión final
continuaba en manos de las fracciones de
los partidos políticos en el Congreso.
El Tribunal de lo Contencioso Electoral se
integraba con siete magistrados numerarios
y supernumerarios, designados por el
Congreso de la Unión, o bien, su Comisión
Permanente durante los recesos de
aquél, a propuesta de los partidos políticos
que conformaban los diversos grupos
parlamentarios, y tenía un carácter temporal
pues sólo funcionaba durante el proceso
electoral federal.
En 1990 se creó el Tribunal Federal Electoral
como órgano jurisdiccional autónomo,
dotado de competencia para conocer,
entre otros, del recurso para objetar los
resultados electorales; sin embargo, la
naturaleza mixta del sistema prevalecía
puesto que las resoluciones recaídas a dicho
recurso eran susceptibles de ser revisadas
y, en caso de que “hubiese violaciones
a las reglas de admisión o valoración
de pruebas, en la motivación del fallo o
cuando éste fuese contrario a derecho”,
podían ser modificadas por el voto de las
dos terceras partes de los miembros presentes
del Colegio Electoral de la Cámara
respectiva.
32

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Originalmente, el Tribunal Federal Electoral
se estructuró con una Sala Central de
carácter permanente, integrada con cinco
magistrados, y cuatro Salas Regionales de
carácter temporal, pues sólo funcionaban
durante el proceso electoral, conformadas
por tres magistrados cada una. Los magistrados
eran designados por las dos terceras
partes de los miembros presentes en la Cámara
de Diputados, de entre los propuestos
por el Ejecutivo federal.
En 1993, se fortaleció al Tribunal Federal Electoral
pues se le definió constitucionalmente como
“máxima autoridad jurisdiccional en materia
electoral” y desapareció el llamado sistema de
autocalificación al ser eliminados los Colegios
Electorales de las Cámaras de Diputados y Senadores
del Congreso de la Unión. No obstante,
la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos seguía siendo calificada por la Cámara
de Diputados, erigida en Colegio Electoral.
Al efecto, también en 1993 se creó una Sala de
Segunda Instancia, integrada por el Presidente
del Tribunal Federal Electoral, quien la presidía,
y cuatro miembros procedentes del Poder
Judicial de la Federación, designados estos últimos
por las dos terceras partes de la Cámara
de Diputados o, en su caso, por la Comisión
Permanente, a propuesta del Pleno de la Suprema
Corte. Esta Sala sólo conocía del recurso
de reconsideración que se interponía en contra
de las resoluciones recaídas a los recursos con-
Desaparición del
sistema de
autocalificación
33

Contencioso
jurisdiccional
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
tra los resultados electorales; así como para
impugnar la asignación de diputados por representación
proporcional, otorgándose a sus resoluciones
efectos definitivos e inatacables.
El sistema contencioso electoral mixto, jurisdiccional
y político, se mantuvo en vigor hasta
1993, tratándose de las elecciones de diputados
y senadores, y hasta 1996, por lo que se refiere
a la elección presidencial.
ETAPA DEL CONTENCIOSO PLENAMENTE
JURISDICCIONAL
(1996 A LA FECHA)
Finalmente, en 1996 se crea el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación,
en cuyo favor se confirmó la atribución de
resolver, en forma definitiva e inatacable,
las impugnaciones contra los resultados de
las elecciones de diputados y senadores, a
la vez que se le confirió a su Sala Superior
la facultad de resolver las impugnaciones en
contra de los resultados de la elección presidencial
que se hubieran presentado, así
como del cómputo final de la elección de Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos,
para formular, posteriormente, la declaración
de validez de la elección y de Presidente
Electo.
Es así como el sistema mexicano de justicia
electoral es ahora de naturaleza plenamente
jurisdiccional, y la decisión última sobre
34

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
todo conflicto electoral, así como la calificación
de la elección presidencial, han dejado
de ser facultad de órganos políticos para
quedar a cargo de órganos jurisdiccionales.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución,
el nuevo Tribunal Electoral es el órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación
y máxima autoridad jurisdiccional
en la materia electoral, con la única salvedad
de la acción de inconstitucionalidad en
contra de leyes electorales, cuya resolución
es competencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
A diferencia de lo que ocurre con la mayoría
de los organismos electorales especializados
latinoamericanos, que son constitucionalmente
autónomos respecto de los tres
órganos del poder público clásicos —tal y
como se concebía al antiguo Tribunal Federal
Electoral—, el nuevo Tribunal Electoral
pertenece al Poder Judicial de la Federación
(de manera similar a lo que ocurre
con la Cámara Nacional Electoral de Argentina,
el Tribunal Superior Electoral de
Brasil y el Tribunal Superior de Justicia
Electoral de Paraguay).
La transición de un sistema de carácter político,
que prevaleció durante más de 175
años, a otro de naturaleza jurisdiccional (con
poco más de diez años, a partir del establecimiento
del primer Tribunal Electoral), ha
Naturaleza jurídica
del nuevo Tribunal
Electoral
Cambio de cultura
Jurídica y política
35

Principios de
constitucionalidad
y legalidad
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
implicado un cambio en la cultura jurídica y
política cuya consolidación ha avanzado rápidamente,
permitiendo la conformación de
un auténtico sistema de justicia electoral que
garantiza la celebración de elecciones libres,
auténticas y periódicas, estrictamente apegadas
a la Constitución y la ley.
En el derecho comparado son múltiples los casos
de países que, como México, han evolucionado
hacia un sistema contencioso electoral jurisdiccional
en el que las impugnaciones ya no
se resuelven conforme al criterio de la oportunidad
y la negociación política (de acuerdo con
los intereses del grupo o partido político que
conformaba la mayoría parlamentaria en determinado
momento, ante quienes se ejercían
presiones políticas para intentar una decisión
favorable, llegándose a dar el caso de que se
asignara alguna curul a candidatos de partidos
políticos sin tener derecho a la misma), sino
que en la actualidad se resuelven por un tribunal
independiente y preestablecido, tercero imparcial,
ajustándose a lo que establece el derecho,
esto es, a los principios de constitucionalidad
y legalidad (tal es el caso, por ejemplo, de Gran
Bretaña a partir de 1869; Uruguay, 1924; Chile,
1925; Costa Rica, 1949; Alemania, 1949, con
su antecedente de 1919; Francia, 1958, y España,
1978, con su antecedente de 1907).
36

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ESTRUCTURA E
INTEGRACIÓN
Para el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales,
el Tribunal Electoral funciona con
una Sala Superior y, en forma desconcentrada,
cinco Salas Regionales. La mayoría de los
asuntos los resuelve en forma uni-instancial
y sólo algunos de los medios de impugnación
que pueden interponerse contra los resultados
electorales se resuelven biinstancialmente.
La Sala Superior se integra con siete magistrados
electos para un periodo de diez años
improrrogables y es la única de carácter permanente,
cuya sede es el Distrito Federal. Elige
a su propio presidente, de entre sus miembros,
para un periodo de cuatro años, quien
es también Presidente del Tribunal Electoral.
Para sesionar válidamente requiere un
quórum de cuatro magistrados, salvo para
hacer la declaración de validez y de Presidente
Electo de los Estados Unidos Mexicanos,
que exige la presencia de seis miembros. Para
resolver los asuntos que se presentan, basta
el voto de la mayoría simple de sus integrantes
(en caso de empate, el presidente tiene voto
de calidad), salvo que legalmente se prevea
una mayoría calificada (v.g., para interrumpir
una jurisprudencia y que deje de tener
carácter obligatorio se exige, cuando menos,
cinco votos).
Estructura del
Tribunal Electoral
Integración y sede
de la Sala Superior
37

Integración
y sede de las
Salas Regionales
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Las Salas Regionales se integran con tres magistrados
electos para un período de ocho años
improrrogables, salvo que sean promovidos a
cargos superiores, y sólo funcionan
jurisdiccionalmente durante el proceso electoral
federal. Su sede es la ciudad designada
como cabecera de cada una de las cinco
circunscripciones plurinominales en que se
divide el país (Guadalajara, en el caso de la
primera circunscripción; Monterrey, en la
segunda; en la tercera, Xalapa; Distrito Federal,
en la cuarta, y Toluca, en la quinta).
Cada Sala Regional elige a su presidente,
de entre sus miembros, para cada proceso
electoral en que deban funcionar.
Para sesionar se requiere la presencia de
los tres magistrados (la ausencia temporal
de alguno, no mayor de treinta días, se suple
por el Secretario General o, en su caso,
el secretario de mayor antigüedad).
38

PRIMERA
Guadalajara, Jal
Baja California
Baja California Sur
Colima
Guanajuato
Jalisco
Nayarit
Sinaloa
Sonora
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDA
Monterrey, N.L.
Aguascalientes
Coahuila
Chihuahua
Durango
Nuevo León
Querétaro
San Luis Potosí
Tamaulipas
Zacatecas
CIRCUNSCRIPCIONES
PLURINOMINALES
TERCERA
Xalapa, Ver.
Campeche
Chiapas
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
QUINTA
CUARTA
México, D.F.
Distrito Federal
Hidalgo
Morelos
Puebla
Tlaxcala
QUINTA
Toluca, Edo. de Mex.
Estado de México
Guerrero
Michoacán
39

Procedimiento de
designación de los
magistrados
Requisitos para ser
magistrado
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Tanto los magistrados de la Sala Superior
como los de las Salas Regionales son elegidos
por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes de la Cámara de Senadores
o, en sus recesos, la Comisión Permanente,
a propuesta en terna del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De este modo, se eliminó la intervención que
se le confería a los distintos partidos políticos
(a través de sus respectivos grupos parlamentarios)
o al Presidente de la República
para proponer a los magistrados, como ocurría,
respectivamente, en los entonces Tribunal
de lo Contencioso Electoral y Tribunal
Federal Electoral, constituyéndose en el
procedimiento más complejo y difícil de designación
que cualquiera de los previstos
constitucionalmente. Para la elección de los
primeros y actuales magistrados del Tribunal
Electoral, se estableció que sería necesario
el voto de las tres cuartas partes de la
Cámara de Senadores (a fin de requerir el
consenso de diversos partidos políticos), si
bien en la práctica todos fueron elegidos por
unanimidad.
Además de los requisitos relativos a su idoneidad
e imparcialidad, los magistrados electorales
integrantes de la Sala Superior deben
satisfacer, cuando menos, los mismos
requisitos exigidos para ser ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
tanto que los magistrados electorales de las
Salas Regionales deben satisfacer, al menos,
40

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
los requisitos que se exigen para ser nombrado
magistrado de Tribunal Colegiado de
Circuito.
Por otra parte, la administración, vigilancia,
disciplina y vigilancia del Tribunal Electoral
se encuentran a cargo de su Comisión de Administración,
la cual se integra con el Presidente
del Tribunal Electoral, quien la preside, un
magistrado de la Sala Superior designado al
azar, así como tres miembros del Consejo de la
Judicatura Federal.
ATRIBUCIONES
JURÍDICAS
Las atribuciones jurídicas del TEPJF pueden
clasificarse en jurisdiccionales, administrativas
y normativas:
El Tribunal Electoral cuenta con atribuciones
jurisdiccionales para resolver, en forma
definitiva e inatacable, en los términos de la
Constitución y según lo disponga la ley, los
siguientes medios de impugnación (en el entendido
de que resuelve en única instancia
o en forma bi-instancial, dependiendo del
tipo de asunto):
• Las impugnaciones relativas a las elecciones
federales de diputados y senadores,
a través del juicio de inconformidad ante las
Salas Regionales, cuyas resoluciones pueden
Comisión de
Administración
Atribuciones
Jurisdiccionales
41

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ser impugnadas ante la Sala Superior mediante
el recurso de reconsideración;
• Las impugnaciones que se presenten sobre
la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, que son resueltas en única
instancia por la Sala Superior a través del juicio
de inconformidad respectivo;
• Cabe mencionar que, una vez resueltas
las impugnaciones que se hubieren interpuesto
contra los resultados de la elección
de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, la propia Sala Superior realiza
el cómputo final y procede a formular la declaración
de validez de la elección y de Presidente
Electo para el candidato que hubiese
obtenido el mayor número de votos;
• Las impugnaciones respecto de los demás
actos y resoluciones de los órganos del
Instituto Federal Electoral, distintos a los
señalados en los dos puntos anteriores, que
violen normas constitucionales o legales, a
través del recurso de apelación que es resuelto
en única instancia –según la distribución
de competencias prevista legalmente–
por la Sala Superior o la Sala Regional correspondiente;
• Las impugnaciones de actos o resoluciones
definitivos y firmes de las autoridades
de las entidades federativas competentes
para organizar y calificar los comicios o
42

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
resolver las controversias que surjan durante
los mismos, que puedan resultar determinantes
para el desarrollo del proceso respectivo
o el resultado final de las elecciones (de gobernadores,
jefe de gobierno del Distrito Federal,
diputados locales, diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
ayuntamientos o titulares de los órganos político-administrativos
del Distrito Federal),
a través del juicio de revisión constitucional
electoral que la Sala Superior resuelve en
única instancia (estas impugnaciones sólo
proceden cuando, habiéndose agotado en
tiempo y forma todos los recursos o medios
de defensa establecidos en las leyes locales,
la reparación solicitada es material y jurídicamente
posible dentro de los plazos electorales,
y resulta factible antes de la fecha constitucional
o legalmente fijada para la instalación
de los órganos o la toma de posesión
de los funcionarios elegidos);
• Las impugnaciones de actos y resoluciones
(de autoridades federales y locales, previo
agotamiento, en su caso, de las instancias ordinarias)
que violen los derechos político-electorales
de los ciudadanos: votar, ser votado y
de asociación (incluyendo la afiliación) libre,
individual y pacífica para tomar parte en los
asuntos políticos del país, a través del llamado
juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, que corresponde
resolver en única instancia –de acuerdo con la
distribución de competencias prevista por la
43

Atribuciones
Administrativas y
Normativas
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ley– a la Sala Superior o a determinada Sala
Regional;
• Los conflictos o diferencias laborales entre
el Instituto Federal Electoral o el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y
sus respectivos servidores, cuya resolución es
competencia en única instancia de la Sala Superior,
y
• Las impugnaciones en contra de la determinación
e imposición de sanciones en
materia electoral federal.
Entre el primer tipo de atribuciones se encuentran
las relativas a la administración, vigilancia
y disciplina en el Tribunal Electoral, lo cual se
realiza a través de la Comisión de Administración,
así como la elaboración y presentación del
proyecto de presupuesto al Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para
su inclusión en el proyecto de presupuesto del
Poder Judicial de la Federación.
Como un apoyo en la permanente búsqueda
de justicia electoral efectiva y eficiente, es
oportuno mencionar que el Tribunal Electoral,
a través de su Centro de Capacitación Judicial
Electoral, ha desarrollado importantes
programas, no sólo para la selección y constante
superación profesional de su personal,
sino para hacerlo extensivo a diversos interesados,
como partidos políticos, agrupaciones
políticas, observadores nacionales de eleccio-
44

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
nes, instituciones académicas e, incluso, colaboradores
de medios de comunicación. Asimismo,
su Centro de Documentación cuenta con
el acervo normativo y bibliohemerográfico especializado
en materia electoral más importante
que hay en América Latina.
En cuanto a las atribuciones normativas, cabe
mencionar no sólo la facultad para expedir su
reglamento interno y los acuerdos generales para
su adecuado funcionamiento sino para establecer
jurisprudencia a través de la Sala Superior
y sus Salas Regionales. En el primer caso, cuando
en tres sentencias, no interrumpidas por otra
en contrario, se sostenga el mismo criterio de
aplicación, interpretación o integración de una
norma; en el segundo, cuando en cinco sentencias,
no interrumpidas por otra en contrario,
sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación
o integración de una norma y la
Sala Superior lo ratifique (a estos dos tipos de
jurisprudencia se les denomina «jurisprudencia
por reiteración»). Asimismo, cuando la Sala
Superior resuelva una contradicción de criterios
sostenidos entre dos o más Salas Regionales
o entre éstas y la propia Sala Superior (a
este tipo de jurisprudencia se le denomina «jurisprudencia
por unificación»). También se establece
jurisprudencia «por declaración», cuando
la Sala Superior realiza la declaración formal
de algún criterio de jurisprudencia emitido
por el entonces Tribunal Federal Electoral
en la primera o segunda épocas.
Formas de
establecer
jurisprudencia
45

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Cabe destacar que la jurisprudencia del Tribunal
Electoral es obligatoria para las salas (si bien la
Sala Superior puede interrumpirla mediante pronunciamiento
en contrario por mayoría, al menos,
de cinco votos de sus miembros) y para el
Instituto Federal Electoral, así como para las
autoridades electorales locales.
CALIFICACIÓN
PRESIDENCIAL
La culminación de la tendencia iniciada en
1993, se hizo patente dentro del margen de
la reforma constitucional del 21 de agosto
de 1996, puesto que entre otros grandes
cambios en la materia, se confió al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
la facultad expresa de realizar el cómputo
final y la declaración de validez de la
elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, y de forma implícita, la de
calificar dicha elección, además de resolver
en forma definitiva e inatacable las
impugnaciones sobre las elecciones de diputados
y senadores.
Aún cuando las próximas elecciones presidenciales
se llevarán a cabo en el año 2006,
vista su importancia y con el objeto de dar
un panorama completo de lo antes descrito;
a continuación se hace una breve referencia
al dictamen emitido por el Tribunal Electoral,
derivado de la elección presidencial del
46

Sesión Pública de resolución
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
año 2000. Desde luego, es oportuno precisar que
en las elecciones del 2003, se elegirán a los
miembros de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.
Así, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 99 párrafo cuarto, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unios
Mexicanos, así como 186, fracción II, y 189,
fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación conoció y resolvió,
en única instancia, las impugnaciones presentadas
sobre la elección de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos; y habiéndose
cumplido el procedimiento legal respectivo,
hizo la declaratoria de validez de las
elecciones.
Fundamento
Jurídico
47

Breve referencia al
dictamen hecho por
la Sala Superior del
Tribunal Electoral
en la elección
presidencial
de 2000
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
El dos de agosto del año dos mil, la Comisión
Dictaminadora emitió el dictamen relativo al
cómputo final de la elección de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, a la declaración
de validez de la elección y a la de Presidente
Electo, con base en lo siguiente:
• El IFE inicia el 7 de octubre de 1999, el
proceso electoral ordinario 1999-2000.
• En diciembre 17 de 1999, el Consejo
General del mismo Instituto otorga los registros
de coalición a los diferentes partidos
políticos que los solicitaron; entre ellos
el de Acción Nacional y el Verde Ecologista
de México. Las resoluciones fueron publicadas
el 30 de ese mismo mes.
• Del 1° al 15 de enero de 2000, los partidos
políticos y coaliciones presentaron las
solicitudes de registro de candidatos para
la elección de Presidente de Estados Unidos
Mexicanos; al haber cumplido los requisitos
formales, se registraron las candidaturas
el 18 de enero de 2000; y se publicó el
26 del mismo mes en el Diario Oficial de la
Federación.
• El 13 de junio de 2000, uno de los candidatos
(Porfirio Muñoz) renunció a su
postulación, por lo que se canceló su registro
como candidato y se procedió en consecuencia
a la publicación del acuerdo.
48

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
• Los partidos políticos y coaliciones interpusieron
41 recursos de apelación vinculados
con la elección presidencial, además
de otros recursos promovidos por diversas
causas; mismos que fueron resueltos por las
Salas Superior y Regionales en el ámbito de
sus respectivas competencias.
• Al haberse clausurado las casillas y
cumplido con el proceso correspondiente se
hicieron los cómputos distritales de la elección
para Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
• Del 13 al 20 de julio de 2000, se remitió
a la Sala Superior: expedientes de los cómputos
distritales de la elección de Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos; las correspondientes
actas de las casillas ubicadas en
los 300 distritos electorales uninominales; el
acta de cómputo distrital; copia certificada del
acta circunstanciada de la sesión de cómputo,
y copia del informe de los propios presidentes
sobre el desarrollo del proceso electoral en
sus respectivos distritos, así como, en su caso,
la constancia de que no se presentó medio de
impugnación en contra de la elección de Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos.
• El 25 de julio de 2000, la Sala Superior
emitió acuerdo general: a) tiene por recibida
la documentación antes referida; b) requerir
la documentación presentada por los partidos
políticos y las coaliciones para el registro
49

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
de sus candidatos a la elección citada, y c) se
comisionó a dos de los Magistrados para formular
el dictamen en forma de resolución.
• El 26 de julio del mismo año, el Presidente
del Tribunal Electoral requirió al Secretario
General del Consejo General del
IFE, la documentación relacionada con los
candidatos que contendieron en la elección
presidencial, y a ciertos presidentes de los
consejos distritales electorales federales,
diversa documentación relativa a los expedientes
de los cómputos distritales.
• El 27 de julio la Sala Superior resolvió
los juicios de inconformidad presentados
en contra de los resultados consignados
en las actas de cómputo distrital de la elección
presidencial.
• Al concluir la sesión pública en la que
se resolvieron los citados medios de impugnación,
dio inicio la etapa de dictamen
y declaraciones de validez de la elección
de Presidente Electo de los Estados Unidos
Mexicanos.
• El primero de agosto de 2000, el presidente
de la Sala Superior dictó proveído
por el que tuvo por cumplidos oportunamente
los requerimientos respecto de
la documentación relacionada con los candidatos
que contendieron en la elección
presidencial.
50

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
• Con los fundamentos constitucional
y legales antes mencionados, la Sala Superior
procedió a realizar el cómputo final
de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
• Del cómputo supracitado resultó que
el ciudadano Vicente Fox Quesada, postulado
por la coalición Alianza por el Cambio,
integrada por los partidos políticos Acción
Nacional y Verde Ecologista de México, obtuvo
quince millones novecientos ochenta y
ocho mil quinientos cuarenta y cinco votos,
que representaron la mayor votación.
• Al haber considerado que con la resolución,
en tiempo y forma de la totalidad de
los medios de impugnación se garantizó la
legalidad del proceso, concluyó la
definitividad de las etapas previas a la de
dictamen y declaraciones de validez de la
elección y de Presidente Electo de los Estados
Unidos Mexicanos. Con lo anterior, se
declaró válida la elección de Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos.
• Al haberse cumplimentado los requisitos
establecidos en el artículo 82 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, según se desprendió del análisis
de los documentos solicitados a las diversas
por el Presidente del Tribunal, se concluyó
que el ciudadano Vicente Fox Quesada satisfizo
los requisitos para ser Presidente de
51

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
los Estados Unidos Mexicanos y, por lo tanto,
es elegible para desempeñar el cargo de referencia,
por lo que se determinó:
• En conclusión, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
declaró:
♦ Válida la elección de Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada
el 2 de julio de 2000.
♦ De acuerdo con el cómputo final
de la elección, el ciudadano Vicente
Fox Quesada es el candidato que
obtuvo el mayor número de votos en
la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
♦ En consecuencia, el ciudadano
Vicente Fox Quesada, fue declarado
Presidente Electo de los Estados Unidos
Mexicanos, para el período comprendido
del primero de diciembre de
dos mil al treinta de noviembre del año
dos mil seis.
52

EL SISTEMA
MEXICANO
DE JUSTICIA
ELECTORAL
PROCESO ELECTORAL
FEDERAL
2002-2003
GARANTÍAS DEL SISTEMA MEXICANO
DE JUSTICIA ELECTORAL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
GARANTÍAS DEL
SISTEMA MEXICANO DE
JUSTICIA ELECTORAL
SISTEMA DE JUSTICIA
ELECTORAL GARANTE DE
LA VIGENCIA DEL ESTADO
DEMOCRÁTICO DE
DERECHO
Ciudadanos, candidatos, partidos políticos,
autoridades y demás sujetos electorales,
por lo regular cumplen de manera espontánea
y voluntaria las leyes electorales. Sin embargo,
para enfrentar aquellos casos en que la
ley es transgredida, el propio orden jurídico establece
y regula un sistema de justicia electoral
con el cual puede asegurarse la real observancia
de todas las normas del derecho electoral.
Garantías de
cumplimiento de las
normas electorales
54

Rasgos
escenciales
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación y los juzgadores que lo integran,
así como la jurisdicción y los procesos
judiciales, componen en conjunto el sistema
mexicano de justicia electoral federal, a
través del cual se conocen y resuelven los
conflictos que, con motivo de las elecciones,
surgen por desobediencia o desconocimiento
de la ley. El sistema de justicia electoral
es respaldo indispensable para que el derecho
electoral se convierta en cauce cierto y
objetivo con apego al cual se desarrollen los
procesos electorales.
En el derecho electoral vigente, el sistema mexicano
de justicia electoral tiene los siguientes
rasgos esenciales:
• Es jurídico, debido a que su finalidad
es garantizar la vigencia del Derecho. Cualquier
conflicto surgido por inobservancia de
las normas jurídico electorales, debe ser resuelto,
no por la vía de construir para cada
caso una solución política negociada, sino imponiendo
siempre la auténtica obediencia del
derecho electoral preestablecido. El carácter
jurídico del sistema de justicia electoral se
destaca en el artículo 41, fracción IV, constitucional,
en el cual se dispone que el sistema
de medios de impugnación en materia
electoral se establece para “garantizar los
principios de constitucionalidad y legalidad
de los actos y resoluciones electorales”, y
55

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
• Es efectivo y eficiente ya que está disponible
y es accesible para que todo actor
electoral, con independencia de la fuerza política
que tenga, pueda solicitar y obtener el
pleno respeto de sus derechos.
Ahora bien, para que los referidos rasgos
esenciales que caracterizan al sistema mexicano
de justicia electoral, efectivamente se
actualicen en los términos previstos en el
derecho electoral, en éste mismo se incluyen
y regulan diversas “garantías judiciales”.
En el ámbito del derecho, el término “garantías”
denomina cualquier medio o instrumento
jurídico por el cual se aseguran, afianzan,
protegen, respaldan, defienden, salvaguardan
o apoyan determinados derechos o instituciones
estatuidos en favor de los gobernados.
Y en este sentido cabe afirmar que las
“garantías judiciales” aseguran la vigencia
del sistema de justicia electoral, el cual, a
su vez, constituye la gran garantía de vigencia
del Estado democrático de derecho.
Las principales garantías judiciales del sistema
de justicia electoral federal se dividen
en dos grupos: las orgánicas (relacionadas
con el Tribunal y los juzgadores electorales)
y las procesales (relativas básicamente a la
jurisdicción y al proceso judicial electorales).
Definición y tipos
de garantías
judiciales
56

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
GARANTÍAS JUDICIALES
ORGÁNICAS
Las garantías judiciales orgánicas están
básicamente orientadas a asegurar el carácter
jurídico del sistema mexicano de
justicia electoral.
Para que el sistema de justicia electoral
sea jurídico se requiere que el órgano a
cargo del mismo (el tribunal como el elemento
orgánico institucional, y también
los juzgadores como elemento orgánico
subjetivo o personal) sea capaz de:
• Identificar con rigor técnico el sentido
preciso del mandato de la ley, conforme
a la cual deberá resolverse el respectivo
conflicto comicial, y
• Aplicar lo que ordena el derecho, con
absoluta fidelidad y al margen de cualquier
consideración ajena a lo jurídico.
Y para lograr lo anterior, en el derecho
electoral se establecen como “garantías
judiciales orgánicas”, que el
Tribunal Electoral sea especializado y
autónomo, y que los juzgadores electorales
sean independientes, imparciales,
profesionales y sujetos a un régimen de
responsabilidades.
57

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TRIBUNAL ELECTORAL ESPECIALIZADO Y
AUTÓNOMO
El Tribunal Electoral es un órgano especializado
no sólo en la función jurisdiccional,
sino que además, dentro de esta función, se
especializa en la materia jurídico electoral,
lo cual promueve niveles crecientes de eficacia
y eficiencia en el desempeño de sus
funciones.
Todavía en 1988, los partidos políticos concentraban
sin contrapeso las funciones legislativa,
ejecutiva y judicial en materia
electoral federal. Eran ellos los que elaboraban
la ley por conducto de sus fracciones
parlamentarias en el Congreso de la Unión;
los que aplicaban la ley por medio de sus
representantes que mayoritariamente integraban
al órgano administrativo encargado
de organizar las elecciones (y que en aquel
entonces sí tenían derecho de voto), así como
los que, a través de sus legisladores constituidos
en colegios electorales, en última y
definitiva instancia calificaban las elecciones
y resolvían los conflictos suscitados en
ellas.
En contraste con lo anterior, en la actualidad
las funciones electorales federales las
realizan por separado autoridades y poderes
orgánica y funcionalmente autónomos
entre sí, los cuales se complementan y controlan
de manera recíproca.
Separación de las
funciones legislativa,
administrativa y
jurisdiccional
en materia electoral
58

No concentración ni
abuso de poder
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
• La elaboración de las leyes electorales
corresponde al Poder Legislativo Federal, en el
que las fracciones partidistas forjan la voluntad
política que habrá de convertirse en mandato
imperativo de la ley;
• La tarea administrativa de proveer las
condiciones materiales necesarias para que
las elecciones federales se verifiquen en los
términos previstos en el derecho electoral,
está a cargo del Instituto Federal Electoral,
que es un organismo constitucionalmente
autónomo y dentro del cual el Poder Legislativo
(a través de un representante por cada
grupo parlamentario) y los partidos políticos
tienen voz pero no voto y en el que no
tienen participación alguna los Poderes Ejecutivo
y Judicial;
• Finalmente, la labor de declarar el derecho
aplicable para resolver los conflictos
que se presenten con motivo de los comicios
está a cargo del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el que ni
los partidos políticos ni ninguna otra autoridad
o poder tienen representación o injerencia.
Distribuir al poder público en ramas o poderes
orgánicamente diversos que separadamente
realizan las funciones jurisdiccional, legislativa
y administrativa en materia electoral, permite
garantizar: a) el ejercicio republicano del
poder público evitando que una sola instan-
59

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
cia lo concentre con el riesgo de abusar de
él y, b) que las citadas funciones se realicen
de manera especializada, atendiendo sólo a
los principios propios de cada una.
Y en correspondencia con lo anterior, el artículo
99 constitucional vigente establece que
el Tribunal Electoral es “la máxima autoridad
jurisdiccional en la materia (con excepción
de la acción de inconstitucionalidad contra
leyes electorales que es competencia de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación)
y órgano especializado del Poder Judicial de
la Federación”.
Sesión pública de la Sala Superior
Máxima autoridad
jurisdiccional
electoral
60

Autonomía
funcional, normativa
y administrativa
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Adicionalmente, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación goza de autonomía funcional,
normativa y administrativa.
• El Tribunal Electoral tiene autonomía
funcional ya que actúa sin subordinación
institucional a órgano alguno. Es autónomo
respecto de la autoridad electoral administrativa,
de los poderes Ejecutivo y Legislativo,
así como de los partidos, organizaciones
políticas y demás partes que acuden a
su potestad para recibir justicia. El hecho
de que el Tribunal pertenezca al Poder Judicial
y se encuentre inscrito en su estructura,
de ninguna manera supone relaciones
de subordinación, pues la función jurisdiccional
sólo se subordina y debe obediencia a
la ley. Ni siquiera los órganos jurisdiccionales
cuyas determinaciones son fiscalizadas
por tribunales diversos, pueden considerarse
subordinados a éstos, pues cada órgano
juzgador, en el ámbito de su específica competencia,
declara lo ordenado por la ley, y
es ésta la que manda sobre todas las autoridades
públicas, incluyendo las jurisdiccionales.
Además cabe destacar que de acuerdo
con la Constitución, ninguna autoridad jurisdiccional,
legislativa o administrativa, tiene
competencia para revocar o modificar las
resoluciones del Tribunal Electoral, pues
éste es la última instancia en la materia y
sus resoluciones o sentencias son definitivas
e inatacables, lo cual subraya su autonomía
funcional.
61

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
• El Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación tiene “autonomía normativa”
en razón de que la Constitución lo
faculta para dictar él mismo las normas generales
que reglamentan su funcionamiento
interno. La facultad reglamentaria ordinariamente
corresponde al Poder Ejecutivo,
sin embargo, el poder legislativo ha considerado
conveniente que sean los propios órganos
jurisdiccionales los que dicten sus normas
reglamentarias internas, a efecto de
garantizar su independencia respecto del
Ejecutivo. En el artículo 99 constitucional
se consigna la autonomía normativa del Tribunal
Electoral, con fundamento en la cual
éste ha expedido su Reglamento Interno y
diversos acuerdos generales para su adecuado
funcionamiento.
• El Tribunal Electoral goza, adicionalmente,
de “autonomía administrativa” en
razón de que le corresponde, con exclusividad,
la atribución de manejar su patrimonio
libremente, determinando a qué programas
y prioridades comprendidos dentro de su competencia,
deberán aplicarse los recursos humanos,
materiales y financieros a su disposición.
Administrar las finanzas, el personal
y los bienes del Tribunal Electoral no
distraen su trabajo jurisdiccional, debido a
que tales labores están encargadas a la Comisión
de Administración, que es una instancia
especializada encabezada por el Presidente
del propio Tribunal y que se integra
62

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
mayoritariamente con miembros del Consejo
de la Judicatura Federal. Corresponde al
Tribunal Electoral proponer su presupuesto
al Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación a efecto de que lo incluya en
el proyecto de presupuesto del Poder Judicial
de la Federación que anualmente es sometido
a la consideración y libre decisión de
la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.
No se omite mencionar que de acuerdo con el
artículo 99 constitucional, los conflictos o diferencias
laborales que se presenten entre el Tribunal
Electoral y sus servidores, serán resueltos
en forma definitiva e inatacable por el propio
Tribunal, y no por cualquiera otro tribunal
o junta de conciliación en materia laboral.
Jurisdicción laboral que se le otorgó al
Tribunal Electoral precisamente para consolidar
aún más su autonomía respecto de
cualquiera otro poder.
JUZGADORES ELECTORALES
INDEPENDIENTES, IMPARCIALES,
PROFESIONALES Y RESPONSABLES
Para que la impartición de justicia electoral
se realice con absoluta fidelidad al mandato
de la ley, no basta que el derecho declare
imperativamente la juridicidad de la
función jurisdiccional electoral, ni que los
63

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
órganos judiciales gocen de autonomía orgánica
y funcional; complementariamente se
requiere también que los juzgadores electorales
actúen con absoluta independencia,
imparcialidad y profesionalismo, sin reconocer
subordinación a interés o voluntad
diversos a los que la propia ley expresa.
La independencia, imparcialidad y profesionalismo
de los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
dentro del marco jurídico del derecho electoral,
se garantizan:
• Estableciendo requisitos de idoneidad
para ser designado magistrado electoral;
• Regulando un procedimiento de designación
de magistrados que asegura que
no queden vinculados con deudas de gratitud
o fidelidad respecto de individuo o grupo
alguno;
• Determinando que los magistrados
electorales estarán impedidos para intervenir
en la resolución de aquellos casos concretos
en los que existan causas que pueden
motivar un interés personal en el asunto o
que pueden poner en entredicho la objetividad
e imparcialidad del juzgador;
• Asegurando a los juzgadores que la duración
de su cargo y el monto de su salario,
en los plazos y términos predeterminados
Garantías de
independencia,
imparcialidad y
profesionalismo
64

Requisitos para ser
magistrado
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
en la ley, no serán variados por la voluntad de
persona o grupo alguno, sino sólo por reforma
de la propia ley, y
• Regulando un régimen de responsabilidades
en virtud del cual puede sancionarse
a los juzgadores que abusen del poder público
que ejercen.
Por cuanto hace a los requisitos que garantizan
la designación de juzgadores idóneos,
éstos se establecen tanto en la Constitución
como en la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación. Así, para ocupar el cargo
de magistrado de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
se requiere:
• Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
mayor de treinta y cinco años, haber residido
en el país durante los dos años previos
a la designación, contar con credencial
para votar, gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por la comisión de
delito. Esto es, para ser magistrado electoral
se exige arraigo en México y madurez
personal.
• Ser licenciado en derecho con una experiencia
profesional mínima de diez años
y, preferentemente, tener conocimientos en
la materia electoral. La experiencia y el conocimiento
son fundamento básico de aptitud
técnica, objetividad e independencia.
65

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
• No desempeñar ni haber desempeñado
cargo partidista de dirección nacional,
estatal, distrital o municipal, ni haber sido
registrado como candidato a cargo de elección
popular, en seis años inmediatos anteriores
a la designación, así como tampoco
haber sido secretario de estado, procurador,
diputado, senador ni gobernador durante el
año previo a la designación. Los magistrados
electorales no deben tener subordinación ideológica
ni quedar incluidos en la disciplina
institucional de partido político alguno.
Los requisitos necesarios para ocupar el cargo
de magistrado electoral de las Salas Regionales
del Tribunal Electoral, prácticamente
son iguales a los arriba descritos, exceptuando
la residencia en el país los dos años previos
a la designación y el mínimo de práctica
profesional que, en este caso, es sólo de cinco
años.
El procedimiento previsto para designar y cubrir
las ausencias definitivas de los magistrados del
Tribunal Electoral, es el siguiente:
• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación aprueba por mayoría una
terna de candidatos para ocupar cada una
de las plazas vacantes de magistrado;
• La Cámara de Senadores o, en los recesos
de ésta, la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, por el voto de las dos
Procedimiento
de designación
66

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
terceras partes de sus miembros presentes, elige,
de entre la terna propuesta, al magistrado
que ocupará el cargo;
• Si ninguno de los candidatos de la terna
obtiene en el Senado una mayoría calificada
de dos terceras partes, la Suprema
Corte deberá presentar al Senado una nueva
terna.
Como se advierte, en el procedimiento de designación
de los magistrados electorales, desde 1996
se eliminó cualquier tipo de intervención del
Presidente de la República. Y para evitar la
posibilidad de que los juzgadores electorales
adquieran compromisos de gratitud o fidelidad
con las personas que intervienen en
su designación, el derecho ha establecido
como garantía de imparcialidad e independencia
de los juzgadores electorales federales,
el que éstos sean designados con la intervención
sucesiva de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y una mayoría calificada
de la Cámara de Senadores, autoridades
federales de integración colegiada que, al
tomar sus determinaciones, provocan que el
juzgador seleccionado por ellos adquiera un
deber de fidelidad, pero no frente a un individuo
o grupo particular, sino frente a la
Constitución, la ley y, en general, frente a
todo el sistema republicano que intervino en
su designación, ya que dichos órganos colegiados
certifican la capacidad jurídica, la imparcialidad
política y la desvinculación par-
67

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
tidista de los designados. Los interesados
en conocer los antecedentes e historial profesional
y académico de los magistrados que
actualmente integran el Tribunal Electoral,
pueden consultarlos en la página web http:/
/www.trife.org.mx.
Sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
68

Impedimentos para
actuar en casos
específicos
Independencia y
estabilidad
en el cargo
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
También para garantizar que los juzgadores
electorales actúen siempre con imparcialidad,
al margen de cualquier interés, no sólo
ajeno, sino, incluso, propio pero diverso a
los intereses que orientan al derecho electoral,
la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación establece diecisiete ejemplos
de causas que, al actualizarse respecto de
un caso concreto, motivan que el magistrado
electoral se encuentre impedido para conocer
del asunto. Entre esas causas están
las siguientes:
• Tener parentesco, por afinidad o
consaguinidad, o amistad o enemistad manifiesta,
o ser deudor o acreedor, respecto
de alguno de los interesados o de su representante;
• Tener interés personal en el asunto o
tenerlo su cónyuge o sus parientes;
• Haber aceptado presentes, servicios
o convites costeados por los interesados o
sus representantes, y
• Haber hecho promesas que impliquen
parcialidad a favor o en contra de alguno de
los interesados.
Para garantizar que los juzgadores electorales
se conserven independientes durante el desempeño
de su cargo, en la legislación se prevén
diversos medios jurídicos orientados a evitar que
69

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
puedan ser presionados con sanciones, represalias
o, incluso, aparentes recompensas por parte
de quienes obtengan sentencias judiciales
contrarias o, en su caso, coincidentes con sus
intereses. Entre tales salvaguardas jurídicas
están las siguientes:
• Estabilidad en el cargo. Las leyes establecen
para los cargos judiciales períodos
predeterminados de duración que no pueden
ser reducidos o prolongados sino por
disposición de la propia ley. Este derecho
consolida la actuación independiente de
los juzgadores, quienes no podrán ser
despedidos o removidos por haber dictado
resoluciones que no resulten del agrado
o de la conveniencia de determinadas
personas, sino sólo por las causas específicas
de responsabilidad que la Constitución
y la ley señalen. En el artículo 99
constitucional se prevé para el cargo de
magistrado electoral federal de la Sala
Superior una duración de diez años
improrrogables y para el de magistrado
electoral federal de Sala Regional una duración
de ocho años.
• Estabilidad económica. Complementario
a la estabilidad en el cargo y también
orientado a apuntalar la autonomía e
independencia del juzgador, está su derecho
de percibir como salario la remuneración
que la ley determina, y ésta no podrá
ser disminuida durante el desempeño de
70

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
su encargo. La Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, en el artículo segundo
transitorio de la reforma de 1996,
dispone que los magistrados de la Sala
Superior percibirán un salario igual al de
los ministros de la Suprema Corte, mientras
que el salario de los magistrados de
las Salas Regionales se homologará al de
los magistrados de Circuito.
• Dedicación exclusiva a la función. Los
magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral, no podrán aceptar ni desempeñar
empleo o encargo diverso, salvo los
no remunerados en asociaciones científicas,
docentes, literarias o de beneficencia, con
el propósito de que tales juzgadores se mantengan
sin subordinación a cualquier persona
u organización, ya que solamente deben
atender al mandato de la Constitución y la
ley, y también para evitar todo tipo de dependencia
económica que pueda servir de
vía para sancionar o recompensar su actuación
en los asuntos exclusivos de competencia
jurisdiccional del Tribunal.
Como se infiere de lo anterior, los magistrados
electorales son independientes pues no
están ligados a la norma individual de ningún
superior. Sin embargo, sí lo están a las
normas generales de la ley. Las garantías
de independencia de los juzgadores no protegen
los intereses particulares de éstos, sino,
exclusivamente, a la función jurisdiccional
71

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
que debe ser desarrollada por personas independientes
e imparciales. Las garantías de
independencia de los magistrados del Tribunal
Electoral, ni autorizan ni les dan impunidad
para actuar en exceso de su competencia;
estos juzgadores federales, lo mismo que
cualquier autoridad republicana, tienen a su
cargo un poder público que deben ejercer estrictamente
dentro de los límites establecidos
en la ley.
En consecuencia, y como garantía en favor de
los gobernados destinatarios de la función jurisdiccional,
la Constitución también establece
un régimen de responsabilidades políticas, penales
y administrativas, aplicables a los magistrados
del Tribunal Electoral que, ante el
eventual abuso de la potestad pública que ejercen
y de las garantías de independencia que en
la ley se les otorga, excedieran los límites de
sus atribuciones legales en perjuicio de la función
jurisdiccional y de la sociedad a la que sirven.
Es atribución de cualquier ciudadano formular
la denuncia correspondiente.
• La responsabilidad política de los magistrados
del Tribunal Electoral, tiene su fundamento
en los artículos 110 y 111 constitucionales,
en los que se establece que aquéllos podrán
ser sujetos de juicio político cuando, en el desempeño
de sus funciones, incurran en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses
públicos o de su buen despacho;
Régimen de
responsabilidades
de los magistrados
72

Efectividad y
eficiencia de la
justicia electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
• Los magistrados electorales federales
también serán responsables por los delitos
que cometan, aunque para proceder
penalmente en su contra se requiere de la
aprobación de la Cámara de Diputados si se
trata de un magistrado de la Sala Superior,
o de la Comisión de Administración del propio
Tribunal Electoral si se trata de un magistrado
regional, y
• En materia de responsabilidades administrativas,
debe apuntarse que los magistrados
de las Salas Regionales son responsables
ante la Comisión de Administración del
Tribunal Electoral, por las faltas administrativas
graves en que incurran, pudiendo
incluso ser suspendidos o destituidos del cargo.
Los magistrados electorales están obligados
a presentar anualmente una declaración
pormenorizada de su situación patrimonial.
GARANTÍAS JUDICIALES
PROCESALES
Las garantías judiciales procesales básicamente
aseguran que el sistema mexicano de
justicia electoral sea efectivo y eficiente.
• El sistema de justicia electoral se
considera efectivo en tanto logra estar
73

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
a disposición de todo aquel (según el caso,
ciudadano, candidato, partido político o
agrupación política) cuyos derechos electorales
son agraviados y proporciona una solución
oportuna al conflicto planteado.
• El sistema de justicia electoral se estima
eficiente toda vez que guarda razonable
correspondencia con la naturaleza y
los propósitos de las normas sustantivas
cuya vigencia tutela, esto es, constituye un
instrumento a la medida del derecho electoral
sustantivo y capaz de proteger y, en
su caso, restituir auténticamente la vigencia
de éste, así como capaz de consolidar con
definitividad los diversos actos electorales
y etapas del proceso comicial.
Y para que el sistema de justicia electoral
sea efectivo y eficiente, en el derecho se establecen
las siguientes garantías judiciales
procesales (procesales por incidir en la
jurisdicción y en las reglas de los procesos
judiciales en materia electoral): que la jurisdicción
electoral sea integral, federalista
y plena, y que los procesos judiciales
electorales sean accesibles, oportunos, apegados
a las formalidades esenciales de todo
procedimiento judicial, y correspondientes
con la naturaleza del derecho electoral cuya
vigencia tutelan.
74

Características
de la jurisdicción
electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JURISDICCIÓN ELECTORAL INTEGRAL,
FEDERALISTA Y PLENA
La jurisdicción electoral es la potestad por la
que el Tribunal Electoral conoce de los conflictos
que, con motivo de las elecciones, surgen
por desobediencia o desconocimiento de la ley;
hace comparecer a las partes involucradas en
ellos, declara lo que la ley ordena para cada caso
concreto y, cuando así se requiera, ordena a la
autoridad administrativa que corresponda hacer
uso de la fuerza pública para lograr el total
cumplimiento de las resoluciones dictadas por
el propio Tribunal.
La jurisdicción electoral es:
• Integral respecto de los actos y resoluciones
electorales relativos a los comicios
federales, ya que ante la jurisdicción del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
pueden impugnarse todos y cada
uno de tales actos o resoluciones electorales
del ámbito federal, y no sólo cuando sean
ilegales, sino también cuando sean inconstitucionales;
• Federalista, en cambio, en cuanto a sus
alcances para fiscalizar lo actuado por las
autoridades electorales locales. La jurisdicción
electoral en este rubro es acotada y respetuosa
de la soberanía de los estados, pues
ella incluye atribuciones para revisar, no
75

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
todos, sino sólo determinados actos y resoluciones
de las autoridades encargadas de
organizar los comicios e impartir justicia
electoral en las entidades federativas, y
• Plena porque incluye todas las facultades
necesarias para lograr la plena salvaguarda
de los derechos electorales que tutela.
Sobre el carácter integral de la jurisdicción
electoral, cabe abundar que hasta antes
de la reforma constitucional de agosto
de 1996, en México teníamos un sistema
de justicia electoral que sólo garantizaba
que las autoridades electorales federales
actuaran obedeciendo lo dispuesto en la
ley, pero no lo establecido en la Constitución.
No existía vía jurisdiccional para impugnar
la actuación inconstitucional de la
autoridad electoral. Ahora en cambio, en la
Constitución expresamente se dispone que el
sistema de justicia electoral es garante de los
principios de constitucionalidad y legalidad de
los actos y resoluciones de la autoridad electoral,
así como garante de los derechos
político-electorales de los ciudadanos, de
votar, ser votado y de asociación. Además,
el atributo de integral que corresponde a
la jurisdicción electoral, también se debe a
que cualquier acto o resolución electoral
relativo a los comicios federales, básicamente
los que dicta el Instituto Federal Electoral,
podrá ser impugnado ante la jurisdicción
del Tribunal Electoral del Poder
Jurisdicción
electoral integral
76

Jurisdicción
electoral
federalista
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Judicial de la Federación, a través de los siguientes
juicios y recursos:
• Mediante el juicio de inconformidad
y del recurso de reconsideración, cuando
se trate de resultados electorales viciados
por inelegibilidad o irregularidades determinantes
ocurridas durante los cómputos
electorales, la jornada electoral o
incluso en ciertos casos durante la preparación
de los comicios;
• Mediante el juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano,
cuando se trata de un acto o resolución
electoral que agravie los derechos
político-electorales del ciudadano, de votar,
ser votado o de asociación y afiliación
libre, individual y pacífica, para tomar
parte en los asuntos políticos del país, o
bien
• A través del recurso de apelación,
cuando se trate de los actos y resoluciones
que la autoridad electoral federal dicta
durante la etapa de preparación de las
elecciones, así como cualquier otro acto o
resolución electoral que no sea impugnable
por otra vía y que cause perjuicio a un
partido o agrupación política.
En relación con el alcance federalista de la
jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, puede desta-
77

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
carse lo siguiente. La constitucionalidad de
los actos y resoluciones dictados por las autoridades
locales con competencia para intervenir
en la organización y calificación de
las elecciones de gobernador, diputados locales
y ayuntamientos de las diversas entidades
federativas, básicamente puede
impugnarse a través del Juicio de Revisión
Constitucional Electoral. Sin embargo, éste
juicio sólo procede respecto de actos o resoluciones
que sean definitivos y firmes, y siempre
y cuando puedan resultar determinantes
para el desarrollo del proceso respectivo
o para el resultado final de las elecciones.
Consecuentemente hay actos y resoluciones
electorales del ámbito local, y particularmente
ciertas sentencias dictadas por los tribunales
electorales locales, que no son
impugnables ante el Tribunal Electoral federal,
sino que se consolidan jurídicamente
en los términos en que fueron dictados por
la autoridad local. Y la jurisdicción a cargo
del Tribunal Electoral, es precisamente federalista
en la medida en que no traspasa
los ámbitos competenciales que exclusivamente
corresponden a las autoridades locales
electorales, en los términos definidos por
la Constitución.
Ahora bien, la tan amplia extensión que para
fiscalizar la juridicidad de cualquier acto o
resolución de autoridad electoral, corresponde
a la jurisdicción del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en
Jurisdicción
electoral plena
78

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
razón de sus atributos de integral y federal, es
complementada por la profundidad que la citada
jurisdicción tiene en virtud de su atributo
de plenitud. Esta jurisdicción es plena porque
incluye todas las facultades necesarias para lograr
la completa salvaguarda de los derechos
que tutela, entre otras las siguientes:
• Atribución para revocar todo acto o resolución
jurídicamente irregular, ya sea por
ilegal –contrario a la ley electoral- o por inconstitucional
–contrario o desapegado a la
Constitución-;
• Atribución para proveer lo que resulte
necesario para restituir en sus derechos
al agraviado con la actuación irregular de
la autoridad, y en general para devolver el
proceso electoral respectivo al cauce de la
juridicidad, así como para asegurar la oportuna
consolidación definitiva de los diversos
actos electorales y etapas del proceso
comicial, e
• Incluso facultades para dictar un nuevo
acto o resolución que sustituya al que
hubiere sido revocado, aunque esto implique
que, para este sólo efecto, el Tribunal
Electoral federal sustituya a la autoridad
responsable -federal o local, administrativa
o jurisdiccional-, que emitió el acto o resolución
original.
79

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PROCESO JUDICIAL ELECTORAL ACCESIBLE,
OPORTUNO, APEGADO A LAS DEBIDAS
FORMALIDADES ESENCIALES DEL
PROCEDIMIENTO, Y ACORDE AL DERECHO
QUE TUTELA
El proceso es el conjunto de actos, trámites
o procedimientos vinculados entre sí, por los
cuales se presenta el litigio ante el órgano
de justicia y se obtiene de éste una resolución
que pone fin al citado conflicto.
Las garantías del proceso judicial electoral
accesible, oportuno, apegado a las formalidades
procesales esenciales, y acorde
al derecho que tutela, se comentan a continuación.
El proceso judicial de los distintos juicios y
recursos en materia electoral, es accesible
para los ciudadanos, partidos y agrupaciones
políticas, agraviados en sus derechos político-electorales,
debido a que el derecho
procesal electoral incluye diversas reglas que
hacen posible que la gran mayoría de los litigios
concluyan con sentencias en las que
se resuelve sobre el fondo del conflicto planteado.
Esto es, son excepcionales los casos
en que el Tribunal Electoral desecha una
impugnación antes de dictar una sentencia
final de fondo. Entre las reglas que favorecen
el acceso al proceso judicial electoral,
podemos referir las siguientes:
Características del
proceso judicial
electoral
Accesible
80

Protección de
intereses difusos o
colectivos
Principio de
contradicción
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Gratuidad
Los partidos políticos tienen acceso al proceso
judicial electoral, no sólo para defender
sus intereses directamente agraviados,
sino, incluso, para defender en general la
constitucionalidad y la legalidad de los procesos
electorales, así como los derechos difusos
de comunidades cuyos miembros no
están individualmente identificados. Esto
toda vez que el Tribunal Electoral ha determinado
que los partidos políticos no sólo actúan
como titulares de su acervo jurídico
propio, sino como entidades de interés público
que pueden deducir o ejercer cierto tipo
de acciones procesales que gozan en buena
medida de las características reconocidas a
las llamadas acciones de interés público o
colectivas, a través de las cuales se tutelan
los derechos difusos de las comunidades que
tienen en común cierta situación jurídica.
El acceso al proceso judicial electoral está garantizado
no sólo para el actor o demandante,
sino también para quien sostiene un interés
contrario a aquél -como es el caso del tercero
interesado-, a efecto de que a éste se le
otorgue la garantía de audiencia y se cumpla
así el principio de contradicción o bilateralidad
de la instancia, en atención al cual todas las
partes deben poder ocurrir al proceso con
oportunidades iguales para instar.
La justicia electoral es gratuita, ya que no se
establece la necesidad de caucionar u otorgar
garantía alguna para acudir ante la autori-
81

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
dad jurisdiccional e iniciar y tramitar ante ésta
un proceso judicial. En México los servicios
que prestan las autoridades jurisdiccionales
no tienen precio alguno para las partes o sus
representantes, pues en nuestro país están
prohibidas las costas judiciales.
Los medios de impugnación electorales tienen
una tramitación sencilla para las partes,
puesto que es suficiente la presentación
del escrito de demanda ante la autoridad
responsable, para que ella misma dé inicio
al procedimiento, integre el expediente respectivo
y, posteriormente, lo haga llegar a
la autoridad decisoria que corresponda, de
suerte que los promoventes no tienen necesidad
de desplazarse de sus lugares de residencia
para tramitar un medio de impugnación
electoral.
A pesar de que existen siete medios de impugnación
distintos previstos en la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral -recurso de revisión; recurso
de apelación; juicio de inconformidad;
recurso de reconsideración; juicio para la protección
de los derechos político electorales del
ciudadano; juicio de revisión constitucional
electoral, y juicio para dirimir los conflictos
o diferencias laborales entre el Instituto Federal
Electoral y sus servidores-, esta misma
variedad no se ha convertido en un obstáculo
para el acceso a la justicia en materia
electoral, ya que el Tribunal ha establecido
Sencillez
Facilidad
de acceso
82

Ausencia de
formulismos
para el acceso
Suplencia
de la queja
Oportunidad
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
el criterio de jurisprudencia de que el error
en la designación de la vía no determina necesariamente
su improcedencia, porque al
escrito respectivo se le debe dar el trámite
adecuado al medio de impugnación realmente
procedente.
También contribuye a facilitar el acceso a los
procesos judiciales electorales, el criterio del
Tribunal Electoral en el sentido de que en los
medios de impugnación no se debe exigir el cumplimiento
de alguna formalidad o solemnidad,
siendo suficiente que se exponga un argumento
o razonamiento que esté dirigido a demostrar
la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto
de autoridad para que se entre al estudio del
asunto.
Finalmente, debe destacarse que en todos
los medios de impugnación en materia electoral
existe la suplencia de la omisión o cita
equivocada del derecho, y en cinco de dichos
medios la suplencia se extiende a la
deficiente expresión de los agravios, siempre
que éstos puedan deducirse claramente
de los hechos expuestos en la demanda.
Los procesos judiciales electorales tienen también
el atributo de la oportunidad, básicamente
debido a que en ellos las determinaciones se dictan
sin dilación injustificada, buscando siempre
que la resolución se produzca antes de que
el agravio sea irreparable; además, la sentencia
debe dictarse antes de que se instale el
83

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
órgano de gobierno o que tome posesión el
funcionario electo respectivo. El Tribunal
Electoral trabaja sin rezago judicial.
El proceso judicial electoral además se caracteriza
por cumplir con las formalidades
esenciales aplicables a todo procedimiento
judicial, lo cual puede ilustrarse reiterando
lo siguiente:
• Todos los juicios electorales se siguen
ante una autoridad jurisdiccional predeterminada
por la ley, independiente e imparcial;
• No son injustificadas ni desproporcionadas
las reglas de acceso a la jurisdicción y al proceso
judicial;
• En los procesos judiciales electorales se
respeta la garantía de audiencia y el principio
de contradicción o bilateralidad de la instancia;
• Los juicios y recursos electorales se
tramitan con expeditez y publicidad;
• Las determinaciones judiciales en materia
electoral se expresan en resoluciones
motivadas y fundadas;
• Las sentencias electorales se dictan
de acuerdo con los hechos que se hubieren
probado en el proceso –así se cumple con el
principio de congruencia– y se refieren a
todas y cada una de las pretensiones de las
Debido proceso
legal electoral
84

Tutela judicial
electoral adecuada
y efectiva
Modalidades
específicas
del proceso
Principio de
calendarización
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
partes –así se cumple con el principio de
exhaustividad–.
El proceso judicial en materia electoral,
como ya vimos, coincide con los procesos de
otros sistemas de justicia en la observancia
de principios y garantías universales. Sin
embargo, el proceso judicial electoral también
incluye ciertas reglas propias que lo convierten
en una armadura especialmente adecuada
al cuerpo de normas que protege. De
aquí el atributo de los procesos judiciales
electorales, de ser acordes con el derecho que
tutelan.
Como ejemplos de modalidades específicas propias
del proceso judicial electoral, y que le permiten
a éste ser una salvaguarda ad hoc para
el derecho electoral, podemos citar los siguientes:
En primer lugar convienen referir que en el
derecho electoral sustantivo rige el principio
de calendarización, conforme al cual los procesos
electorales deben entenderse conformados
con actos y etapas electorales sucesivos,
cada uno de los cuales para su realización requiere
de que el acto o etapa previo haya quedado
consolidado de manera definitiva. Y en
correspondencia con esto, en el derecho procesal
electoral rige el principio de definitividad
o inimpugnabilidad de todos aquellos actos y
resoluciones de la autoridad electoral que no
hubieren sido oportunamente impugnados en
85

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
los plazos legales. Y esta imposibilidad de impugnar
un acto irregular de autoridad electoral,
fuera de los plazos que la ley establece
para interponer el respectivo medio de impugnación,
más que un defecto del sistema de
justicia electoral, es una institución procesal
que corresponde a la naturaleza del derecho
tutelado;
En los medios de impugnación a través de los
cuales se tutela directamente el desarrollo cabal
y jurídico de la función pública del cuerpo
electoral –órgano colegiado integrado por la
suma de los ciudadanos—, consistente en elegir
a quienes integrarán a las autoridades públicas
representativas, la acción judicial o derecho
de impugnar se otorga a los partidos
políticos, considerados éstos como representantes
del interés público o general. En aquellos
medios de impugnación que, en cambio,
tutelan los derechos político-electorales del
ciudadano individual, de pertenecer al cuerpo
electoral y, como integrante de éste, votar,
ser votado y asociarse o afiliarse libre e individualmente
con fines políticos, la acción judicial
o derecho de impugnar se otorga a cada
ciudadano, considerado como titular de un
interés propio.
Las pruebas que pueden aportarse al proceso
judicial electoral son, fundamentalmente,
documentales que no requieren de preparación
para su desahogo, y esto a fin de
compactar la etapa probatoria y así lograr
Legitimación para
impugnar
Medios de prueba y
diligencias judiciales
para mejor proveer
86

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
que los proceso judiciales se instruyan o sustancien
y resuelvan definitivamente los litigios
derivados de las elecciones, con la celeridad
necesaria para que, llegada la fecha
de instalación o toma de posesión de las autoridades
electas, haya certeza respecto de
quienes son los representantes populares
que habrán de ejercer el gobierno democrático.
Lo anterior sin perjuicio de que, bajo
ciertas reglas, se admitan otras pruebas y,
cuando el tiempo disponible lo permita, el
Tribunal puede ordenar la práctica de todas
aquellas diligencias para mejor proveer
que estime convenientes.
Video aportado como medio de prueba en un proceso judicial electoral
87

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Diligencia
de apertura
de paquetes
electorales
88

Facultades
directivas del
juzgador electoral
Publicidad y
transparencia de la
actuación del
Tribunal Electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
También propias del juicio comicial y correspondientes
con la finalidad de éste, serían las
reglas procesales que autorizan la suplencia de
la deficiente expresión de agravios o las que
promueven el acceso de las partes al proceso,
así como las específicas atribuciones que la ley
otorga al juzgador electoral para dirigir el curso
del juicio, habida cuenta de que el interés
público subyacente en la materia impide dejar
el proceso judicial a disposición exclusiva de las
partes.
La publicidad no sólo de las resoluciones judiciales
electorales, sino incluso de las sesiones
en las que aquéllas se decretan, es otro rasgo
que también corresponde a la naturaleza
netamente pública de la materia comicial. Asimismo,
por acuerdo de la Sala Superior, una
vez resuelto cualquier asunto, todo ciudadano
interesado puede consultar el expediente en el
archivo judicial público del Tribunal, además
de que sus sentencias relevantes también pueden
ser consultadas a través de la página web
http://www.trife.org.mx en los días inmediatos
a su emisión.
En suma, el sistema mexicano de justicia electoral
tiene una configuración constitucional y
legal que le permite lograr la finalidad última
que lo justifica: garantizar el respeto de la voluntad
popular, la protección del voto ciudadano
y la plena vigencia del Estado democrático
de derecho.
89

EL SISTEMA
MEXICANO
DE JUSTICIA
ELECTORAL
PROCESO ELECTORAL
FEDERAL
2002-2003
SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
EN MATERIA ELECTORAL FEDERAL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SISTEMA DE MEDIOS
DE IMPUGNACIÓN EN
MATERIA ELECTORAL
FEDERAL
En el presente apartado se abordan los
medios de impugnación previstos en
la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral,
a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) y el Instituto
Federal Electoral (IFE). Lo anterior, sin
olvidar la relevante acción de inconstitucionalidad
que corresponde conocer a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y que
procede en contra de leyes y normas generales,
incluida la materia electoral, la cual,
aunada a los juicios y recursos que toca resolver
al Tribunal Electoral y al IFE, llevan
a asegurar que en el sistema mexicano de
justicia electoral existe un control integral
de todas las leyes y los actos electorales.
Control integral de
leyes y actos
electorales
91

Objeto
del Sistema
Clases
de medios
de impugnación
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
OBJETO DEL SISTEMA Y
TIPOS DE MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN
El sistema de medios de impugnación en materia
electoral tiene por objeto garantizar: a)
Que todos los actos y resoluciones de las autoridades
electorales se sujeten invariablemente
a los principios de constitucionalidad
y legalidad, y b) La definitividad de los distintos
actos y etapas de los procesos electorales.
El sistema de medios de impugnación está
integrado por:
• Recurso de revisión en contra de los
actos y resoluciones del Secretario Ejecutivo,
así como de los órganos colegiados del
IFE a nivel distrital y local que no sean de
vigilancia (juntas y consejos distritales, así
como las juntas y consejos locales).
• Recurso de apelación en contra de
las resoluciones que recaigan al recurso de
revisión; los actos de los órganos del IFE
que no sean susceptibles de impugnarse a
través del recurso de revisión; los actos y
resoluciones de los órganos centrales del
IFE (Consejo General, Consejero Presidente
y Junta General Ejecutiva); el informe que
rinda la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores a la Comisión Nacio-
92

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
nal de Vigilancia y al Consejo General del
IFE, así como la determinación y aplicación
de sanciones.
• Juicio de inconformidad en contra
de las determinaciones de las autoridades
electorales federales relativas a los resultados
en las elecciones de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, así como diputados
y senadores al Congreso de la Unión.
• Recurso de reconsideración en contra
de las sentencias de fondo recaídas en
los juicios de inconformidad relativos a las
elecciones de diputados y senadores, así
como contra las asignaciones por el principio
de representación proporcional que efectúe
el Consejo General en dichas elecciones.
• Juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano
en contra de las violaciones a los derechos
del ciudadano de votar, ser votado,
asociación para tomar parte en los asuntos
políticos y afiliación libre e individual a los
partidos políticos.
• Juicio de revisión constitucional
electoral en contra de actos, resoluciones
o sentencias definitivos y firmes de las autoridades
de los Estados y el Distrito Federal
competentes para organizar y calificar
los comicios locales o resolver las controversias
que surjan durante los mismos, siem-
93

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Órganos
del IFE
pre que la violación sea determinante para
el desarrollo del proceso electoral respectivo
o el resultado final de las elecciones.
• Juicio para dirimir los conflictos
o diferencias laborales entre el Instituto
Federal Electoral y sus servidores
cuando estos últimos hubieren sido sancionados
o destituidos de su cargo o que consideren
haber sido afectados en su derechos
y prestaciones laborales.
COMPETENCIA
La determinación del órgano competente
(Sala Superior o alguna de las cinco Salas
Regionales del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, o bien, alguno de
los órganos del Instituto Federal Electoral)
para resolver cada medio de impugnación
está dada en función del tipo de acto, resolución
o sentencia combatido, así como la
etapa del proceso electoral en que se presente
o interponga el juicio o recurso.
En este sentido, corresponde resolver a:
a) La Junta Ejecutiva y, en su caso, el
Consejo del Instituto Federal Electoral
jerárquicamente superior al órgano que haya
dictado el acto o resolución impugnado, el
recurso de revisión;
94

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
b) La Sala Superior del TEPJF, los medios
de impugnación que se presenten durante
el periodo que transcurre entre dos
procesos electorales federales ordinarios y
en los procesos electorales extraordinarios
(salvo el caso que se destaca más adelante);
los recursos de apelación en contra de los
actos o resoluciones de los órganos centrales
del Instituto Federal Electoral y en contra
del informe de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores del IFE; los
juicios para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano y los juicios
de revisión constitucional electoral que
ocurren en contra de los actos, resoluciones
y sentencias de las autoridades electorales
de las entidades federativas; el juicio de inconformidad
en contra de la elección presidencial;
el recurso de reconsideración y el
juicio para dirimir los conflictos o diferencias
entre el Instituto Federal Electoral y
sus servidores, y
c) Las Salas Regionales del TEPJF, las
impugnaciones en contra de actos de autoridades
electorales federales que ocurren
durante la etapa de preparación de la jornada
electoral, siempre que ejerzan jurisdicción
en el ámbito territorial en que se
haya realizado el acto o dictado la resolución
impugnada; asimismo, violaciones a los
derechos de votar que provengan de autoridades
electorales federales y estén relacionados
con la credencial para votar con foto-
Sala Superior
del TEPJF
Sala Regionales
del TEPJF
95

Variedad
de vías
para impugnar
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
grafía y la lista nominal de electores, así
como los juicios de inconformidad contra los
resultados en las elecciones de diputados y
senadores al Congreso de la Unión, inclusive
cuando existan elecciones extraordinarias
a dichos cargos.
PROCEDENCIA
Órganos competentes
para resolver los
medios de impugnación
La determinación de la vía idónea o la procedencia
de los distintos recursos o juicios,
previstos en la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral
(recurso de revisión, recurso de apelación,
juicio de inconformidad, recurso de
reconsideración, juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano,
juicio de revisión constitucional electoral
y juicio para dirimir los conflictos o
diferencias entre el Instituto Federal Elec-
96

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
toral y sus servidores), básicamente, dependerá
de la naturaleza del acto de autoridad
que sea materia del juicio o recurso (administrativo
o contencioso); la etapa del proceso
electoral federal en que se podría
presentar o interponer (entre dos procesos
electorales federales, o bien, durante el
proceso electoral federal y, en este último
caso, ya sea que ocurra en la etapa de preparación
de la elección, la de resultados y
declaración de validez, etcétera) o bien, el
ámbito competencial al que corresponda la
autoridad responsable (es decir, si pertenece
al ámbito federal fundamentalmente sería
el Instituto Federal Electoral, y si es estatal
o del Distrito Federal se trataría de
los organismos responsables de preparar las
elecciones locales y aquellos a quienes compete
resolver las controversias que en dichos
ámbitos surjan, así como, en su caso,
las autoridades municipales).
La referida variedad en la vía o procedencia
de los medios de impugnación en materia
electoral federal no se ha convertido en un
obstáculo para el acceso a la justicia en la
materia, ya que el Tribunal Electoral ha establecido
el criterio de jurisprudencia en el
sentido de que el error en la elección o designación
de la vía no determina necesariamente
su improcedencia, porque al escrito
respectivo debe dársele el trámite que corresponda
al medio de impugnación que en
realidad proceda si, entre otras condiciones,
Facilidades para
acceder a la justicia
electoral
97

Causas de
improcedencia
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
se identifica en forma patente el acto, resolución
o sentencia que se impugna y aparece
manifestada con claridad la voluntad del
inconforme de oponerse a dicho acto y no
aceptarlo.
En la ley, se prevén en forma taxativa las
causas de improcedencia que dan lugar al
desechamiento de los recursos o demandas,
o bien, al sobreseimiento en los juicios o recursos.
Sobre dichas causas de improcedencia,
el Tribunal Electoral ha considerado que
deben efectuarse interpretaciones restrictivas
y ha estimado que deben estar plenamente
acreditadas, a fin de facilitar el acceso
a la justicia electoral.
Así, en vía demostrativa, cabe aludir a ciertas
causales de improcedencia que son aplicables
en todos los medios de impugnación,
las cuales se actualizan cuando el acto o resolución
se ha consentido expresamente, a
través de manifestaciones de voluntad que
entrañen ese consentimiento; no se haya interpuesto
el medio de impugnación dentro
del plazo legal correspondiente; no se hayan
agotado las instancias previas establecidas
en la ley para combatir los actos o resoluciones
electorales y en virtud de los cuales
se pudieran haber modificado, revocado
o anulado.
Igualmente, cabe destacar que entre las causas
que dan lugar al sobreseimiento está la
98

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
que se origina cuando el ciudadano fallece o
es suspendido de sus derechos político electorales.
En algunos medios de impugnación -como
se verá más adelante- existen requisitos especiales
de procedencia cuya exigencia se
justifica por el tipo de actos de autoridad
que son objeto del correspondiente medio
de impugnación, o bien, por el momento del
proceso electoral en que se interponen o
presentan, a fin de garantizar su oportuna
resolución.
PLAZOS Y TÉRMINOS
El plazo general para la presentación o interposición
de los medios de impugnación
es de cuatro días contados a partir del día
siguiente a aquel en que se tenga conocimiento
del acto, resolución o sentencia impugnado.
Sin embargo, en el caso de ciertos medios
de impugnación, como sucede con el juicio
de inconformidad, el plazo que sigue siendo
de cuatro días comienza a correr a partir
del día siguiente a la conclusión del cómputo
respectivo; en el recurso de
reconsideración, es de tres días contados
desde la notificación de la sentencia de fondo
impugnada o de cuarenta y ocho horas,
Plazo genérico
para impugnar
Plazos específicos
para impugnar
99

Cómputo
de los plazos
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Brevedad
de plazos
y términos
las cuales se computan, en este último supuesto,
desde la conclusión de la sesión en
la que el Consejo General haya realizado la
asignación de diputados o senadores por el
principio de representación proporcional; finalmente,
en el juicio para dirimir los conflictos
o diferencias laborales de los servidores
del Instituto Federal Electoral, es de
quince días hábiles siguientes a aquel en
que se notifique la determinación del Instituto
Federal Electoral al interesado.
En virtud de que existe un principio de
definitividad de las etapas del proceso electoral
federal o, en su caso, local, durante
dicho proceso electoral todos los días y horas
son hábiles, para el efecto de la tramitación,
sustanciación y resolución o sentencia
de los medios de impugnación, así como, en
su caso, ejecución de las sentencias o resoluciones.
El establecimiento de esta regla
para el cómputo de los plazos, permite la
oportuna decisión de los juicios o recursos
electorales con la antelación suficiente a la
instalación de los órganos representativos
de gobierno o la toma de posesión de los representantes
de elección popular, así como
el que los medios de impugnación se tramiten
en forma pronta y la administración o
impartición de justicia sea expedita.
Sin embargo, cuando los medios de impugnación
que no se interponen durante el desarrollo
de un proceso electoral federal o
100

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
local, para efectos del cómputo de los plazos,
sólo se consideran los días hábiles; es
decir, se cuentan todos los días, hecha excepción
de los sábados, domingos y días festivos.
Los medios de impugnación en materia electoral
tienen una tramitación, sustanciación
y resolución o sentencia pronta y expedita,
puesto que sus plazos y términos son sumamente
breves, ya que la gran mayoría de los
recursos o juicios escasamente duran tres
semanas, considerando el momento en que
se interpone el recurso o presenta la demanda
hasta aquel otro en que se dicta la sentencia
por la sala respectiva.
REQUISITOS RELATIVOS AL
ESCRITO DE DEMANDA Y EL
RECURSO
La mayoría de los escritos de demanda o
recursos en materia electoral deben presentarse
ante la autoridad responsable, como
sucede con el recurso de revisión, el recurso
de apelación, el juicio de inconformidad,
el recurso de reconsideración, el juicio para
la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano y el juicio de revisión
constitucional electoral, salvo que se trate
del juicio para dirimir los conflictos o diferencias
laborales de los servidores del Ins-
Autoridad ante
quien se presenta
la demanda o
recurso
101

Requisitos formales
del escrito de
demanda o recurso
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
tituto Federal Electoral, ya que, en este último
caso, la demanda debe presentarse ante el órgano
jurisdiccional competente para resolver
(Sala Superior).
Existen ciertos requisitos de carácter formal
relativos al contenido del escrito de demanda
por el cual se presentan los medios
de impugnación que son:
• Nombre del actor;
• Domicilio para recibir notificaciones;
• En su caso, la persona autorizada para
oír y recibir notificaciones;
• Documentos que sean necesarios para
acreditar la personería del promovente;
• Identificación del acto, resolución o
sentencia impugnado y de la autoridad responsable;
• Mención clara y expresa de los hechos
en que se basa la impugnación, los agravios
que cause el acto, resolución o sentencia
impugnado y los preceptos violados;
• Ofrecimiento y aportación de pruebas,
y
• Nombre y firma autógrafa del
promovente.
102

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Si bien se establecen en la ley dichos requisitos
formales relativos al contenido del
escrito de demanda, lo cierto es que el incumplimiento
no necesariamente acarrea
la improcedencia del medio de impugnación
(salvo la falta de firma), ya que, por
ejemplo, cuando no se señala domicilio
para oír y recibir notificaciones o éste no
resulta cierto, ello sólo provoca que se
requiera al promovente para que lo señale
y que el domicilio se ubique en el lugar
en que tenga su sede la sala competente
para resolver y, si aquél omite cumplir con
el requerimiento, las notificaciones se hacen
por estrados. Similar situación ocurre
cuando no se autoriza a cierta persona
para recibir notificaciones, ya que las
notificaciones personales se pueden hacer
con la persona que se encuentre presente
en el domicilio respectivo.
Ahora bien, el Tribunal Electoral ha sostenido
un criterio en el sentido de que, si no
se acompaña el documento para acreditar
la personería, la autoridad jurisdiccional
competente debe formular un requerimiento
para que el promovente exhiba la documentación
respectiva y sólo ante su incumplimiento
se puede hacer efectivo el
apercibimiento legal respectivo para que se
tenga por no presentada la demanda, sin
embargo, aun ante el incumplimiento de dicho
requerimiento, se puede tener por acreditada
la personería si en el expediente exis-
Prevenciones a las
partes para
acreditar ciertos
requisitos
103

Suplencia del
derecho y de la
deficiencia de
agravios
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ten otros medios legales por los cuales quede
demostrado que se está autorizado para
actuar en el proceso, sin importar que dichos
elementos provengan de los demás sujetos
del proceso, en observancia del principio
procesal de adquisición procesal. En este
mismo sentido, también hay tesis de jurisprudencia
de la Sala Superior, por la cual
se ha admitido que la persona designada
para oír y recibir notificaciones puede presentar
las promociones necesarias para cumplir
los requerimientos relativos al
acreditamiento de la personería del
promovente, con la misma finalidad de facilitar
el cumplimiento de formalidades ad
probationem.
En todos los medios de impugnación en materia
electoral existe la suplencia de la omisión
o cita equivocada del derecho, y en cinco de
dichos medios la suplencia se extiende a la
deficiencia u omisión en los agravios, siempre
que éstos puedan deducirse claramente
de los hechos expuestos en la demanda o recurso.
Asimismo, el Tribunal Electoral ha
reiterado el criterio relevante de que en
los medios de impugnación no se debe exigir
el cumplimiento de alguna formalidad o solemnidad,
pues es suficiente con que se exponga
un argumento o razonamiento que esté
dirigido a demostrar la ilegalidad o
inconstitucionalidad del acto de autoridad
para que se entre al estudio del asunto.
104

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
En este mismo sentido, se ha aprobado jurisprudencia
de acuerdo con la cual el juzgador
debe interpretar los escritos obscuros, deficientes
o equívocos, leyéndolos detenida y cuidadosamente
para determinar con exactitud la intención
del promovente y realizar su correcta
comprensión.
De acuerdo con lo anterior, si el promovente
no identifica adecuadamente el acto de autoridad
o a la responsable, es dable que a
través de la suplencia respectiva y, de acuerdo
con los hechos que se expongan en la demanda
o medio de impugnación, se identifique
por la autoridad jurisdiccional dicho acto
y a la responsable, sin que haya lugar a la
improcedencia del medio de impugnación.
En cuanto a la aportación de pruebas, en la
ley se establece que si la violación reclamada
versa exclusivamente sobre puntos de
derecho, desde luego no es necesario exhibir
alguna probanza. Además, se pueden
aportar las pruebas durante todo el plazo
que se tiene para presentar el medio de impugnación,
si es el caso de que se hubiere
interpuesto con antelación la demanda o recurso.
Igualmente, las pruebas pueden
requerirse cuando el promovente justifique
que oportunamente las solicitó por escrito
al órgano competente, y no le hubieren sido
entregadas. Lo anterior, con independencia
de las obligaciones y cargas procesales que
se establecen por parte de la autoridad res-
Ofrecimiento y
aportación de
pruebas
105

Otros requisitos
específicos de
los medios
de impugnación
Facilidades
para acceder a
la justicia electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ponsable y las facultades directivas de que está
investido el Tribunal Electoral.
Además de los requisitos ya mencionados,
se establecen algunos otros que van en función
del medio de impugnación y los actos
que son materia de decisión o del proceso;
por ejemplo, en el juicio de inconformidad
existen requisitos relativos a la precisión
de la elección que se impugna; la mención
del acta de cómputo respectiva que se impugna;
en su caso, las mención de las casillas
cuya votación se solicita anular y la
causal correspondiente, o bien, si se impugna
por error aritmético, así como la
conexidad con otro medio, y la presentación
de un solo escrito cuando se impugne la
elección de diputados o senadores por ambos
principios, mayoría relativa y representación
proporcional.
Empero, la previsión de estos requisitos relativos
al juicio de inconformidad no es un formulismo
que impida el acceso a la justicia,
ya que, por ejemplo, el Tribunal Electoral ha
establecido criterios relevantes que evitan interpretaciones
rígidas a normas
instrumentales, por los cuales se facilita el
acceso a la justicia, aun y cuando se impugne
más de una elección fuera de los casos en que
así se establece en la ley, si del análisis integral
del escrito se desprende con claridad la
voluntad manifiesta sobre cuál es la elección
que se impugna, o bien, si ello no es posible
106

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
debe requerirse al promovente para que la
identifique, y sólo ante la imposibilidad de que
se desprenda dicha voluntad o de que se requiera
al promovente, el órgano jurisdiccional
de oficio debe determinar cuál es la elección
que se impugna, para dictar una sentencia
de fondo.
También en el recurso de reconsideración
se prevén legalmente ciertos requisitos específicos
para el escrito, los cuales van sobre
todo en función de su carácter de medio
de impugnación bi-instancial, pero, dada la
naturaleza formal de dichos requisitos, para
tenerlos por cumplidos o actualizados basta
con su simple mención por el promovente.
Sin perjuicio de lo destacado en los párrafos
precedentes, es importante referirse a un criterio
de jurisprudencia que se estableció con
motivo de distintos juicios de revisión constitucional
electoral, relacionados con asuntos
en que se desechó el medio de impugnación
local, en virtud de que no se había satisfecho
cierto requisito de procedibilidad. En
cuanto a la exigencia de requisitos legales
que pueden llegar a dificultar el acceso a la
tutela jurisdiccional, el Tribunal Electoral
ha establecido jurisprudencia por la cual ha
considerado la inaplicación de ciertas disposiciones
legales que pueden llegar a tener ese
efecto, por estimarlas violatorias de la Constitución;
por ejemplo, cuando se ha previsto
legalmente al llamado escrito de protesta
107

Partes
procesales
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
como requisito de procedibilidad de los medios
de impugnación en materia electoral, el
Tribunal Electoral aprobó un criterio de jurisprudencia
en el sentido de inaplicar la disposición
legal respectiva por tratarse de una
indebida limitación al ejercicio del derecho
constitucional de acceder a la administración
de justicia y traducirse de manera evidente
en un obstáculo a dicha tutela y no responder
a la naturaleza que identifica a los procesos
jurisdiccionales electorales ni a las finalidades
que lo inspiran, ya que éstos tienen
por objeto que mediante una decisión
jurisdiccional definitiva y firme se controle
la constitucionalidad y legalidad de los actos,
resoluciones o sentencias en la materia,
a través de un actuar expedito, pronto, completo
e imparcial de los órganos jurisdiccionales.
PARTES, LEGITIMACIÓN Y
PERSONERÍA
La relación procesal en materia contencioso
electoral federal está articulada básicamente
por el actor (quien está legitimado para
presentar o interponer el medio de impugnación,
por sí o a través de su legítimo representante);
la autoridad responsable (la
cual es la que emite el acto, resolución o sentencia
impugnado) y, en su caso, el tercero
interesado (aquel sujeto que tiene un interés
legítimo en la causa derivado de un derecho
108

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
incompatible con el que pretende el actor), así
como el órgano de decisión del medio de impugnación
(el órgano competente del Instituto Federal
Electoral o alguna sala del Tribunal Electoral).
A los anteriores sujetos procesales, cabe
agregar al coadyuvante que es el candidato
que puede intervenir en el medio de impugnación
que hubiere sido promovido por el
partido político que lo registró; en estos
casos, el candidato coadyuvante interviene
en forma adicional a aquellos supuestos
en que puede actuar por sí mismo como
promovente.
Existe un amplio acceso a la protección judicial
en la materia electoral, ya que, en el
sistema jurídico mexicano, a un numeroso
grupo de sujetos se les ha reconocido un interés
legítimo para promover o presentar
las demandas; es decir, para figurar en el
proceso como actores, por tener el reconocimiento
legal suficiente para deducir una
acción en materia contencioso electoral ante
los órganos de decisión (ya sea los del Instituto
Federal Electoral, las salas del Tribunal
Electoral y la Suprema Corte de Justicia
de la Nación).
Efectivamente, en los términos que se establecen
en la Constitución federal y las demás
leyes, están legitimados para presentar
o interponer los medios de impugnación
Legitimación para
impugnar
109

Protección de los
intereses difusos
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
en contra de los actos, resoluciones o sentencias
electorales, según el caso, los siguientes
sujetos:
• Partidos políticos;
• Agrupaciones políticas;
• Ciudadanos;
• Candidatos;
• Organizaciones de ciudadanos;
• Aquellas personas físicas o morales
que hubieren sido sancionadas;
• Servidores electorales del Instituto
Federal Electoral, y
• Servidores electorales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Tribunal Electoral, mediante criterios reiterados
en múltiples ocasiones, ha determinado
que los partidos políticos, por su carácter
de entidades de interés público, pueden
deducir o ejercer cierto tipo de acciones procesales
que gozan de las características de las
de interés público o colectivas, o bien, de clase
o de grupo, por las cuales se tutelan los
derechos difusos de las comunidades indeterminadas
y amorfas, y se ejercen en favor de los
integrantes de cierto grupo, clase o sociedad.
110

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
También es importante destacar que, en la
ley adjetiva federal de la materia, se prevé
el derecho de comparecer en juicio o al proceso
al tercero interesado, es decir, aquel
sujeto que tenga interés legítimo en la causa
derivado de un derecho incompatible con
el que pretende el actor.
De esta misma manera, si en las leyes estatales
electorales no se prevé la intervención
en el juicio de lo que tradicionalmente sería
un tercero interesado (como aquel que tenga
un interés legítimo derivado de un derecho
incompatible con el del actor), el Tribunal
Electoral ha dispuesto, a través de sus
criterios, que se le debe dar la oportunidad
de comparecer y alegar en el juicio, atendiendo
a la garantía de audiencia o principio
contradictorio.
En el recurso de revisión, el recurso de apelación,
el juicio de inconformidad y el recurso
de reconsideración, se reconoce la posibilidad
de que los candidatos participen como
coadyuvantes del partido político que los
registró, aunque en el juicio de inconformidad
se le reconoce una capacidad procesal
plena para presentarlo, siempre que se trate
de motivos de inelegibilidad, así como
igualmente ocurre en el caso del recurso de
reconsideración. La misma situación se da
en el juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano, ya
que también se reconoce legitimación pro-
Tercero
interesado
Candidatos
111

Igualdad en el
acceso a la justicia
electoral
Gratuidad de la
jurisdicción
electoral
Personería o
representación
procesal
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
cesal a los candidatos cuando se aduzcan
motivos de inelegibilidad en los procesos
electorales de los Estados o del Distrito
Federal, luego de que agoten las instancias
locales, sin que exista esta obligación
cuando no se le confiera algún medio de
impugnación jurisdiccional en la legislación
de la entidad federativa respectiva.
El acceso a la justicia electoral, como en
el resto de las materias y según se ha visto,
es igual para toda persona, ya que no
se establecen tratamientos privilegiados
para los sujetos que están legitimados legalmente
para promover los recursos o
presentar las demandas; es decir, no existen
discriminaciones.
Además, el acceso a la justicia es gratuito,
ya que no se establece la necesidad de
otorgar garantía alguna para acudir ante
las autoridades jurisdiccionales, y sus servicios
no tienen costo para las partes o
sus representantes, ya que en México están
prohibidas las costas judiciales.
Los requisitos legales relativos a la
personería o representación procesal en
el sistema de medios de impugnación electoral
federal, reconocen una amplía gama
de posibilidades para los partidos políticos,
ya que pueden promover, en su nombre,
sus propios representantes ante el
órgano electoral responsable que hubiere
112

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
dictado el acto, resolución o sentencia
impugnado, así como los integrantes de
los órganos directivos a nivel nacional,
estatal, distrital o municipal, y aquellos
que tengan facultades de representación
conforme con los estatutos del partido
político o como mandatarios; mientras que
los ciudadanos y los candidatos deben actuar
por sí mismos, y las organizaciones y
agrupaciones políticas o de ciudadanos a
través de sus representantes legítimos, de
acuerdo con sus estatutos o en términos
de lo dispuesto en la legislación electoral
o civil aplicable. En el caso de coaliciones,
la representación será ostentada por aquella
persona que designen los partidos políticos
coaligados en el convenio respectivo.
Además de las reglas generales en materia
de personería, en la ley se establecen
disposiciones específicas para el recurso
de reconsideración y el juicio de revisión
constitucional electoral. Por ejemplo, en
el primer caso, en nombre de un partido
político nacional deben interponer el recurso
de reconsideración, a través de cualquiera
de los siguientes sujetos: a) El representante
que hubiere interpuesto el
juicio de inconformidad cuya sentencia se
impugne; b) El representante que hubiere
comparecido como tercero interesado en
el juicio de inconformidad cuya sentencia
se impugne; c) Los representantes ante
los consejos locales del Instituto Federal
Jurisdicción
electoral integral
113

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Electoral que correspondan a la sede de la
Sala Regional cuya sentencia se impugna, y
d) Los representantes ante el Consejo General
del Instituto Federal Electoral, para
impugnar las asignación de diputados y senadores
según el principio de representación
proporcional.
Por lo que atañe al juicio de revisión constitucional
electoral, debe presentarse a través
de cualquiera de los siguientes representantes
de un partido político: a) Los registrados
formalmente ante el órgano electoral responsable
que hubiere dictado el acto o resolución
impugnado; b) Los que hayan interpuesto el
medio de impugnación jurisdiccional al que
le hubiere recaído la resolución impugnada;
c) Los que hubieren comparecido con el carácter
de tercero interesado en el medio de
impugnación jurisdiccional al que le hubiere
recaído la resolución impugnada, y d) Los que
tengan facultades de representación, de acuerdo
con los estatutos del partido político respectivo.
Asimismo, relacionado con la personería o
representación, la Sala Superior ha establecido
diversos criterios que están dirigidos
a facilitar el acceso a la jurisdicción del
Estado. Por ejemplo, si en un mismo escrito
dos o más promoventes se ostentan como representantes
de un mismo partido político,
basta con que uno de ellos acredite fehaciente,
legal e idóneamente su personería, para
114

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
que se considere debidamente satisfecho el requisito
respectivo. En otros casos, igualmente
con el propósito de dar eficacia al control jurisdiccional
de la constitucionalidad de actos y resoluciones
electorales y no restringir el acceso a
la tutela jurisdiccional, mediante una interpretación
extensiva, se ha considerado que
cuando el candidato presenta un medio de
impugnación en el Estado y está facultado
en la ley local para hacerlo en representación
del partido político que lo registró, si
posteriormente promueve el juicio de revisión
constitucional electoral, opera la presunción
iuris tantum (salvo prueba en contrario) de
que impugna en representación del partido
político que lo postuló.
Adicionalmente, la Sala Superior ha considerado
que tienen personería para
presentar el juicio de revisión constitucional
electoral no solamente la persona
física que signó el escrito que originó
el medio ordinario de impugnación,
sino las personas que sucedieron a
aquélla en la realización de los actos y
promociones en el proceso respectivo
si dentro de éste les fue reconocida
personería como representantes del partido
político impugnante. Es decir, la
Sala Superior ha efectuado interpretaciones
legales que finalmente facilitan
el acceso a la tutela judicial.
115

Facultades
directivas del
juzgador electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRUEBAS
El catálogo de pruebas que pueden ser ofrecidas
y admitidas en los medios de impugnación
es amplio, ya que figuran las documentales
públicas, las documentales privadas,
las técnicas (en general, todo elemento aportado
por los descubrimientos de la ciencia),
las presuncionales legales y humanas, y la
instrumental de actuaciones. Además, bajo
ciertos requisitos, las confesionales y las testimoniales,
así como la pericial. Todas las
pruebas se deben ofrecer en los plazos legales
para la presentación o interposición del
medio de impugnación, salvo las pruebas
supervenientes.
Además, legalmente se han reconocido ciertas
facultades directivas en favor del Tribunal
Electoral para que, bajo ciertas condiciones,
requiera cualquier informe o documento
a las autoridades, partidos políticos,
agrupaciones u organizaciones políticas o de
particulares, siempre que éste sea necesario
para la sustanciación o resolución de los
expedientes u ordenar que se realice alguna
diligencia para mejor proveer, o bien, se desahogue
o perfeccione alguna prueba, como
son el reconocimiento o inspecciones judiciales,
así como la pericial.
116

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Diligencia
de apertura
de paquetes
electorales
117

Diligencias para
mejor proveer
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
De dichas atribuciones se ha hecho un uso
frecuente por el órgano jurisdiccional cuando
existen dudas razonables en cuanto a la
verdad material de los hechos objeto del proceso
impugnativo; así ha ocurrido, por ejemplo,
en ciertos casos en que en el expediente
no se cuenta con elementos suficientemente
ilustrativos para dirimir la contienda, por
lo que la autoridad jurisdiccional ha dictado
diligencias para mejor proveer, a fin de
recabar aquellos documentos que la autoridad
que figure como responsable omita allegar
al proceso y pudieran ministrar información
que amplíe el campo de análisis de
los hechos controvertidos (encartes, actas de
los consejos en que se hubieren designado
los integrantes de las mesas directivas de
casilla, paquetes electorales relacionados con
las casillas cuya votación se cuestiona, etcétera);
igualmente, en dichas diligencias
para mejor proveer se ha procedido a verificar
la votación en la casilla conducente, entre
otras soluciones posibles, si es el caso de
que en las actas de escrutinio y cómputo
aparecen datos en blanco, ilegibles o discordancia
entre otros apartados que deberían
consignar las mismas cantidades, en aras
de privilegiar la recepción de la votación
emitida y la conservación de los actos de las
autoridades electorales válidamente celebrados,
o bien, determinar si se acredita la causa
de nulidad de la votación recibida en la
casilla respectiva.
118

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
El sistema de valoración es mixto, ya que, si
bien las pruebas tienen valores tasados, finalmente
lo que prevalece es que el órgano de decisión
debe valorar las probanzas atendiendo a
las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia,
en el que se consideren los demás elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones
de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guarden entre sí
las probanzas.
NOTIFICACIONES
Las notificaciones en los procesos relativos
a los medios de impugnación electoral, a
más tardar deben hacerse al día siguiente
de que se emitió el acto o dictó la resolución
o sentencia, y pueden hacerse en cualquier
día y hora, a fin de garantizar la oportuna
comunicación de los actos y determinaciones
judiciales. Además, los mismos pueden
hacerse personalmente, por estrados, oficio,
correo certificado o telegrama, e inclusive
por fax, según se requiera para la eficacia
del acto, resolución o sentencia a notificar.
Si bien en la legislación electoral federal se
establece el contenido de las notificaciones
que se hacen por estrados, el Tribunal Electoral,
en asuntos relacionados con leyes electorales
de los Estados, ha considerado la necesidad
de que se fije copia o se transcriba
Sistema de
valoración
de pruebas
119

Tramitación
del medio
de impugnación
Sustanciación
del medio
de impugnación
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
la resolución que se debe notificar, de acuerdo
con los principios de certeza y seguridad
jurídica, para que la parte interesada tenga
la percepción real y verdadera de la determinación
judicial que se le comunica y
esté en aptitud legal de proceder a la defensa
de sus derechos, en la forma y términos
pertinentes.
PROCEDIMIENTO
La tramitación de un medio de impugnación
ante la autoridad electoral responsable, legalmente
tiene por objeto que se integre el
expediente con los elementos que ella
posea y considere necesarios para resolver
el asunto, así como para que se dé publicidad
al escrito de demanda por el que inicia
el juicio. Esta etapa de tramitación, en términos
de ley, cuando más comprende noventa
y seis horas, contadas desde el momento
en que se presente la demanda hasta
que se remite al órgano competente para
resolverlo.
La fase de sustanciación o instrucción, tiene
lugar ante el órgano resolutor del IFE o
la sala competente del TEPJF. Esta etapa
comienza cuando el expediente remitido por
la autoridad responsable es recibido por dicho
órgano o sala y concluye con el total desahogo
de las pruebas correspondientes.
120

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Posteriormente a la sustanciación, se da paso
a la fase de resolución en que se dicta la resolución
o sentencia por el órgano superior jerárquico
del IFE que corresponda o los magistrados
integrantes de la sala competente.
En los medios de impugnación electoral relacionados
con elecciones de las autoridades
de las entidades federativas, la Sala
Superior del Tribunal Electoral debe dictar
sentencia antes de que se instale el órgano
colegiado de gobierno o que tome posesión
el funcionario respectivo, mientras que en
el resto de los juicios se deben respetar las
fechas límite para resolver cada medio de
impugnación, de acuerdo con las distintas
etapas de los procesos electorales, por lo que
constitucional y legalmente no se puede prolongar
indefinidamente la decisión de un
medio de impugnación.
En general, puede decirse que los medios
de impugnación en materia electoral, para
las partes (los partidos políticos, agrupaciones
políticas, ciudadanos, candidatos, organizaciones
de ciudadanos, servidores electorales,
o bien, aquellas personas físicas o
morales que hubieren sido sancionados), tienen
una tramitación sencilla, ya que es suficiente
con la presentación del recurso o demanda
ante la autoridad responsable, para
que esta misma dé inicio al procedimiento e integre
el expediente respectivo, haciéndolo llegar
a la autoridad decisoria correspondiente.
Sentencia
Características
del proceso
judicial electoral
121

Debido proceso
legal electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Ciertamente, bajo su responsabilidad y en forma
inmediata, la autoridad responsable debe
remitir el medio de impugnación a la sala competente
que deba resolverlo; publicar la presentación
de dicho medio; remitir copia del acto,
resolución o sentencia impugnada y la documentación
relacionada y pertinente que obre
en su poder, los escritos de los terceros interesados
y los coadyuvantes, así como, en su caso,
el expediente completo de la elección, su informe
circunstanciado y cualquier otro documento
que sea necesario para resolver el asunto. Es
decir, la autoridad responsable prácticamente
es la encargada de integrar debidamente el expediente
con el que se deberá resolver el medio
de impugnación, lo que libera a los justiciables
de la necesidad de desplazarse de sus lugares
de residencia o erogar alguna cantidad de dinero
para acudir a la sede de la autoridad jurisdiccional
competente.
Desde el momento en que se recibe el expediente
en la sala del Tribunal Electoral que deba
resolver el medio de impugnación hasta que se
dicta sentencia, sólo de manera excepcional se
llega a requerir alguna documentación al actor
o promovente, o imponer alguna otra carga procesal.
En los medios de impugnación en materia electoral
a cargo del Tribunal Electoral, en términos
de lo dispuesto en la Constitución federal y
la ley, se ha establecido un proceso jurisdiccional
ante un tribunal independiente e imparcial,
122

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
previamente establecido en la ley, en el cual se
respetan las formalidades esenciales de todo
debido proceso jurisdiccional (emplazamiento,
posibilidad de ofrecer pruebas y que éstas se
desahoguen; formular alegatos, etcétera).
Como ocurre con todo acto de autoridad, los
autos, resoluciones y sentencias que dicte el Tribunal
Electoral deben estar fundados y motivados,
resolviendo de acuerdo con los hechos que
se hubieren probado en el proceso jurisdiccional
(principio de congruencia) y estar referidos
a todos y cada uno de los planteamientos que
formulen las partes (principio de exhaustividad).
Lo anterior implica que la decisión debe estar
apoyada en la normativa vigente y su interpretación
gramatical, sistemática o funcional, en
el entendido de que, a falta de disposición expresamente
aplicable, puede fundarse en los
principios generales del derecho.
Salón de sesiones de la Sala Superior
Debida
fundamentación y
motivación
123

Publicidad
de la actuación del
Tribunal Electoral
Tribunal de plena
jurisdicción
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
En los procesos jurisdiccionales electorales
existe un claro principio de publicidad porque,
por ejemplo: a) Existe la obligación legal
a cargo de la autoridad responsable para
que dé una amplia publicidad a la simple
presentación de la demanda o interposición
del recurso, a fin de que comparezcan al proceso
aquellos que tuvieren un legítimo interés
en la causa; b) De todo auto, acuerdo o
sentencia que se dicte en los procesos jurisdiccionales
electorales se fija una copia en
los estrados del Tribunal Electoral para efectos
de mera publicidad, independientemente
de que se hubiere notificado personalmente,
por correo, telégrafo, oficio o fax a las
partes; c) Todas las sesiones de resolución
de las distintas salas del Tribunal Electoral
son públicas, y d) Cualquier persona que
tenga interés puede consultar los expedientes
resueltos por las salas del Tribunal Electoral
o solicitar copia de los mismos, de
acuerdo con lo que se prevé en el Reglamento
Interno.
RESOLUCIONES
Y SENTENCIAS
En virtud del carácter de máxima autoridad
jurisdiccional en la materia que se establece
en favor del Tribunal Electoral y la
especialización que se le reconoce como in-
124

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
tegrante del Poder Judicial de la Federación
para el control de la constitucionalidad y legalidad
de los actos, resoluciones y sentencias en
esa materia, es que el Tribunal Electoral debe
disponer lo necesario para garantizar la plena
ejecución de sus resoluciones.
Dicha naturaleza jurídica se ha traducido en
que los asuntos que se someten a la decisión
del Tribunal Electoral se pueden resolver con
plenitud de jurisdicción, ya sea modificando,
revocando o inclusive confirmando el acto
de autoridad impugnado, en forma definitiva
e inatacable, ya que, tratándose de todos
los medios que se presentan ante la Sala Superior,
ésta constituye la última instancia
(respecto de aquéllos que admiten dos instancias)
o la instancia única, situación esta
última que igualmente ocurre en ciertos casos
con las salas regionales del Tribunal
Electoral.
Esto implica que el Tribunal Electoral, inclusive,
puede sustituir a la autoridad responsable
para reparar la violación constitucional
alegada e igualmente posee atribuciones
para disponer cualquier medida que
sea necesaria a fin de garantizar el disfrute
de los derechos político electorales de los ciudadanos,
candidatos, organizaciones de ciudadanos,
agrupaciones políticas y partidos
políticos.
125

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Por último, es importante destacar que la Sala
Superior ha establecido jurisprudencia por la
cual se sostiene que para la anulación de la votación
recibida en casillas debe atenderse al
principio de conservación de los actos públicos
válidamente celebrados, para que la nulidad
correspondiente solamente se decrete en aquellos
asuntos en que se hayan acreditado plenamente
los extremos de una causal de nulidad
de las previstas taxativamente en la ley y siempre
que sea determinante en el resultado de la
votación o elección, sin que se puedan extender
sus efectos a otras votaciones, cómputos o elecciones
no impugnadas, en tiempo y forma.
De acuerdo con lo que antecede, cabe sostener
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en el ejercicio de las atribuciones
conferidas a sus respectivas salas, contribuye
a la prevención y resolución institucional
de los conflictos electorales, así como a la
impartición de justicia electoral en México, garantizando,
a través del sistema federal de medios
de impugnación, que todos y cada uno de
los actos y resoluciones de las autoridades electorales
se sujeten invariablemente a los principios
de constitucionalidad y legalidad, característica
primordial de todo Estado democrático
de derecho.
126

EL SISTEMA
MEXICANO
DE JUSTICIA
ELECTORAL
PROCESO ELECTORAL
FEDERAL
2002-2003
CRITERIOS RELEVANTES
DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CRITERIOS
RELEVANTES DEL
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SUMARIO: Introducción; 1. Derecho a la
impartición de justicia electoral completa y
efectiva, 2. Protección amplia de los derechos
político-electorales del ciudadano, 3.
Fortalecimiento del sistema de partidos políticos,
4. Democracia interna de los partidos
políticos, y 5. Control efectivo de la regularidad
constitucional y legal en materia
electoral
Sumario
128

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
INTRODUCCIÓN
El propósito del presente apartado es proporcionar
un panorama sobre las tesis jurisprudenciales y
aisladas más relevantes del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en su tarea de
impartir justicia electoral en México, destacando
al efecto la función garantista y antiformalista que
ha venido desempeñando el citado órgano jurisdiccional,
en beneficio de los derechos fundamentales
político-electorales de los ciudadanos y de los principios
de constitucionalidad y legalidad a los que
deben sujetarse invariablemente los actos de las
autoridades electorales federales y locales.
Como se sabe, el régimen electoral vigente en
México es producto de una trascendente reforma
constitucional aprobada en 1996 mediante
el consenso de todas las fuerzas políticas con
representación en las cámaras legislativas. Uno
de los rasgos principales de la citada reforma
constitucional en materia de justicia electoral
fue el establecimiento de instrumentos procesales
de control judicial de la constitucionalidad
de leyes y actos electorales (incluida la calificación
de la elección presidencial), con lo que se
modificó una tendencia de más de un siglo que
había propiciado que tanto las leyes como los
procedimientos comiciales en nuestro país estuvieran
sustraídos a dicho control.
En efecto, la citada reforma constitucional y la consecuente
legal se caracterizó, entre otros aspectos,
por el establecimiento de un sistema de justicia
129

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
electoral plenamente judicial, en cuya cúspide se
encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y en el que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en tanto máxima autoridad
jurisdiccional en la materia -con la salvedad
de la acción de inconstitucionalidad contra leyes
electorales bajo la competencia de la citada Suprema
Corte- y órgano terminal en cuanto al control
de la constitucionalidad de actos y resoluciones en
materia electoral, ocupa un lugar central; al efecto,
se crearon diversos instrumentos procesales para
el control judicial de la constitucionalidad de leyes
y actos o resoluciones electorales federales y locales,
es decir, se incorporaron auténticas garantías
constitucionales electorales.
En términos de lo dispuesto en el artículo 41,
párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema
federal de medios de impugnación en materia
electoral 1 tiene por objeto garantizar que
todos los actos de las autoridades electorales se
ajusten invariablemente a los principios de
constitucionalidad y legalidad, así como asegurar
la protección de los derechos fundamentales
político-electorales de los ciudadanos de votar y
ser votados, así como de asociación y afiliación
en dicho ámbito. En este sentido, el sistema
mexicano de justicia electoral (conformado por
1 La ley reglamentaria del citado sistema federal es la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, la cual encomienda a diversos órganos -según el
caso- del Instituto Federal Electoral la competencia para
130

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
el conjunto de medios de impugnación en esta
materia) tiene por objeto garantizar la vigencia
del Estado constitucional democrático de derecho,
el cual exige la celebración de elecciones libres,
auténticas y periódicas, estrictamente apegadas
a la Constitución y a la ley.
En general, los diversos criterios relevantes y
tesis jurisprudenciales del Tribunal Electoral del
resolver el llamado recurso de revisión (de naturaleza
administrativa) y a las distintas salas (Superior o Regionales,
según su competencia) del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación para conocer y resolver los restantes medios
de impugnación (de naturaleza jurisdiccional), en el entendido
de que a través del juicio de revisión constitucional electoral y
en ciertos supuestos del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, la Sala Superior puede
conocer de impugnaciones –por razones, básicamente, de
constitucionalidad- contra actos de autoridades electorales de
131

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Poder Judicial de la Federación 2 pueden
clasificarse según se refieran al derecho a acceder
a la justicia electoral y a que ésta se imparta
de manera completa y efectiva; la protección amplia
de los derechos político-electorales del ciudadano;
el fortalecimiento del sistema de partidos
políticos; la democracia interna de los partidos
políticos, y el control efectivo de la regularidad
constitucional y legal en materia electoral.
1. DERECHO A LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
ELECTORAL COMPLETA Y
EFECTIVA
i) El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha demostrado una vocación
garantista y antiformalista, que se manifiesta,
por ejemplo, en que basta que el actor exprese en
su demanda con claridad la causa petendi, precisando
la lesión o agravio que le causa el acto o
resolución impugnado, los motivos que originaron
ese agravio y su pretensión, para que el Tribunal
se ocupe de su estudio, sin necesidad de
las entidades federativas, relacionados con elecciones locales.
Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116,
fracción IV, inciso d), de la propia Constitución federal, cada
Estado -en ejercicio de su autonomía- establece su propio
sistema local de medios de impugnación en materia electoral,
así como los órganos administrativos y jurisdiccionales
encargados de su sustanciación y resolución.
2 Sin desconocer las significativas contribuciones de las
Salas Regionales del citado Tribunal Electoral del Poder
Vocación garantista
y antiformalista
132

Error en la vía
impugnativa o en la
competencia
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
sujetarse a determinados formulismos o solemnidades;
3 incluso, los agravios pueden encontrarse
en cualquier parte del escrito de demanda y no
necesariamente en algún capítulo particular, 4
además de que el juez debe interpretar el ocurso
por el cual se interpone un medio de impugnación
para determinar la verdadera intención del
actor. 5
ii) El error en la elección o designación de la vía
impugnativa no determina necesariamente su
improcedencia, debiéndosele dar al ocurso el
Judicial de la Federación y de los tribunales electorales de
las diversas entidades federativas e, incluso, de diversos
órganos del Instituto Federal Electoral e institutos
electorales locales, muchos de cuyos criterios la Sala
Superior del referido órgano jurisdiccional -cuando ha
conocido de impugnaciones respecto de sus actos o
resoluciones- se ha concretado a confirmarlos y hacerlos
suyos.
3 El texto de la jurisprudencia puede consultarse bajo el
rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE
CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, en Jurisprudencia.
Tesis Relevantes 1997-2002. Compilación Oficial, Volumen
Jurisprudencia, México, TEPJF, 2003, pp. 11-12.
4 Vid., tesis de jurisprudencia bajo el rubro: AGRAVIOS.
PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL
ESCRITO INICIAL, en Jurisprudencia ..., ibidem, pp. 12-13.
5 Vid., tesis de Jurisprudencia de la Sala Superior con el
rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR
LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, en Jurisprudencia,
ibidem, pp. 131-132.
133

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
trámite que corresponde si es manifiesta la voluntad
del inconforme de oponerse a determinado
acto. 6
Asimismo, dicho Tribunal ha resuelto que el
citado criterio debe hacerse extensivo para cubrir
no sólo los casos en que los actores equivoquen
la vía idónea de entre los distintos juicios
o recursos previstos en la ley adjetiva federal
sino también aquellos en que el error sea producto
de la confusión derivada de intentar un
medio impugnativo federal cuando lo correcto
sea incoar uno de los previstos en las leyes estatales
respectivas. 7 De este modo, a la vez que
se hace una interpretación extensiva del derecho
fundamental a la justicia, consagrado en el
artículo 17 de la Constitución federal, se observa
cabalmente el sistema de distribución
competencial entre la federación y las entidades
federativas en materia jurisdiccional
electoral, en concordancia con la estructura
federal del Estado mexicano. 8
6 Vid., tesis de Jurisprudencia de la Sala Superior con el
rubro: MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO
DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA,
en Juris-prudencia ..., ibidem, pp. 125-126.
7 Vid., tesis relevante con el rubro: MEDIO DE
IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD
DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA,
en Jurisprudencia ..., op. cit., Volumen Tesis Relevantes,
pp. 555-557.
8 En efecto, aun cuando en el artículo 99, fracciones IV y V, de
la Constitución federal, se haga referencia expresa a que la
134

Los indígenas
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
iii) La propia Sala Superior ha establecido que
las normas procesales, especialmente aquellas
por las que se imponen cargas, deben
interpretarse de la forma que resulten más favorables
para las comunidades indígenas, atendiendo
al carácter tuitivo o tutelar de los medios
procesales encaminados a la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano y
para garantizar a tales comunidades el acceso
efectivo a la jurisdicción del Estado.
Sala Superior del Tribunal Electoral puede conocer de
impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de
las autoridades competentes de las entidades federativas para
organizar y calificar los comicios, o bien, que la segunda de
las fracciones citadas no haga mención alguna sobre el
particular, debe atenderse al carácter extraordinario de tales
medios impugnativos electorales, acorde con lo dispuesto en
los artículos 17; 40; 41, primer párrafo; 116, fracción IV,
incisos c) y d), y 124 constitucionales, ya que el funcionamiento
óptimo del sistema de medios impugnativos en materia electoral
reclama que haya una vía local ordinaria de control
jurisdiccional de la legalidad electoral, por lo que debe
privilegiarse toda interpretación que conduzca a tal conclusión,
de modo que, conforme con el sistema de distribución
competencial entre la federación y las entidades federativas en
el sistema federal mexicano, si de la interpretación de la ley
electoral estatal, encuadrada en los principios constitucionales
invocados, se deduce la procedencia de un medio impugnativo
para que un tribunal electoral local decida sobre una
controversia electoral, debe reconocerse el derecho a los
justiciables para que ocurran ordinariamente a la instancia
jurisdiccional estatal que ejerza jurisdicción en el lugar en que
acontecieron los hechos o actos reclamados (cfr., la sentencia
recaída en el expediente SUP-JDC-041/2002, aprobada el
siete de mayo de dos mil dos).
135

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
iv) Ha sido una preocupación constante para la
Sala Superior el realizar interpretaciones amplias
para facilitar el cumplimiento de requisitos
procesales por parte de los ciudadanos, partidos
políticos y organizaciones de ciudadanos,
a fin de favorecer el acceso a la administración
de justicia (interpretaciones favor acti). Esta
labor se ha complementado cuando la misma
Sala Superior ha considerado reiteradamente
que las causas de improcedencia (tanto para
desechar como para sobreseer algún medio de
impugnación) deben aplicarse de manera estricta
y estar plenamente acreditadas.
v) En la mayoría de los medios de impugnación
electoral, se contempla legalmente la institución
de la suplencia de la deficiencia en la argumentación
de los agravios, siempre que éstos
puedan deducirse claramente de los hechos expuestos
en la demanda, en beneficio del acceso
a la justicia y la tutela judicial efectiva, en el
entendido de que cabría ponderar si sería conveniente
que dicha institución se ampliara a la
totalidad de los respectivos medios de impugnación,
teniendo en cuenta que su objetivo es
salvaguardar los principios de
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, así como la naturaleza
de orden público de las normas que tutela.
vi) Los partidos políticos tienen la capacidad
para actuar en los medios de impugnación no
sólo para la defensa de su acervo jurídico propio
sino, por su naturaleza de entidades de interés
Fácil acceso a la
justicia electoral
Suplencia en la
argumentación
Tutela de intereses
difusos
136

Acciones
declarativas
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
público, tienen derecho a ejercer cierto tipo de
acciones procesales que gozan de las características
de las de interés público o colectivas,
por las cuales se tutelan los intereses difusos
de comunidades indeterminadas o amorfas, y
se ejercen en favor de los integrantes de cierto
grupo, clase (como la ciudadanía) o sociedad. 9
Incluso, dada su naturaleza de entidades de interés
público, así como la legitimación procesal
y las funciones que el orden jurídico les confiere,
algunos magistrados de la Sala Superior han
estimado que los partidos políticos cuentan con
un interés en beneficio de la ley, con el objeto de
garantizar, a través de los medios de impugnación
que tienen derecho a promover, que los actos
y resoluciones de las autoridades electorales se
ajusten invariablemente a los principios de
constitucionalidad y legalidad.
vii) La Sala Superior ha considerado procedentes
las acciones declarativas en materia electoral,
esto es, aquellas que únicamente persiguen
una declaración judicial sobre determinada situación
jurídica. 10
9 Vid., tesis de jurisprudencia bajo el rubro: PARTIDOS
POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR
ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS
CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS
ELECCIONES, en Jurisprudencia ..., op. cit., Volumen
Jurisprudencia, pp. 155-157.
10 Véase sentencia del expediente SUP-JDC-002/2003,
resuelto el veintidós de enero de dos mil tres.
137

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
viii) Las omisiones en materia electoral también
se han considerado impugnables, en virtud
de que si bien la ley se refiere expresamente
a actos y resoluciones como los susceptibles
de ser impugnados, el primero de esos términos
debe entenderse en un sentido más amplio,
es decir, como toda situación fáctica o jurídica
que tenga una suficiencia tal que la haga capaz
de alterar el orden constitucional y legal, ya
sea que provenga de un hacer (acto en sentido
estricto) o un no hacer (omisión propiamente
dicha), siempre que, en este último supuesto,
exista una norma jurídica que imponga ese deber
jurídico de hacer a la autoridad a la que se
imputa la omisión. Asimismo, tratándose de omisiones,
esta Sala Superior ha estimado que, por
tratarse de un hecho de tracto sucesivo, el plazo
para presentar el medio de impugnación no fenece
mientras subsista la omisión en el cumplimiento
de la obligación de que se trate.
ix) La misma Sala Superior, para favorecer el
acceso a la administración de justicia, ha establecido
tesis de jurisprudencia por la cual prescribe
que cuando el escrito mediante el cual se
ejerce un derecho en un procedimiento cumple
con los requisitos esenciales, pero se omite alguna
formalidad o elemento de menor entidad
que puede traer como consecuencia el rechazo
de la petición, la autoridad electoral, antes de
emitir su resolución, debe formular y notificar
una prevención al promovente, concediéndole
un plazo perentorio, para que éste manifieste lo
que convenga a su interés respecto de los requi-
Omisiones, actos y
resoluciones
impugnables
Notificación por
omisión de formalidad
o elemento de menor
entidad
138

Hechos
supervenientes
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
sitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos
irregularmente, así como para probar, en
su caso, que su solicitud sí reúne los requisitos
exigidos legalmente, o bien, para que complete
o exhiba las constancias omitidas, aun cuando
en la ley en que se regule el procedimiento de
que se trate no se contemple expresamente esa
posibilidad.
x) La Sala Superior ha considerado que, en principio,
la demanda no es susceptible de ser ampliada
en razón de que los principios de
definitividad y preclusión lo impiden. Sin embargo,
en virtud de que el derecho a la tutela
judicial y el derecho de defensa y audiencia
implican que los justiciables conozcan los hechos
en que se funden los actos afectatorios de
sus intereses, para que puedan asumir una
actitud determinada frente a los mismos y estén
en posibilidad de aportar las pruebas que
estimen necesarias para justificar sus pretensiones,
cuando en fecha posterior a la interposición
de una demanda surgen nuevos hechos
estrechamente relacionados con aquellos en los
que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen
hechos anteriores que se ignoraban, se
debe admitir la necesidad de que la autoridad
jurisdiccional del conocimiento le dé oportunidad
de defensa respecto de los hechos novedosos
o desconocidos, como ocurre cuando, por ejemplo,
la autoridad responsable, al rendir su informe
circunstanciado, hace mención de tales
hechos, lo cual justifica, en este supuesto, la
ampliación de la demanda.
139

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
xi) Por otra parte, en aras de evitar que ciertos
actos de autoridades electorales que puedan vulnerar
lo previsto en la Constitución federal y la
ley sean inmunes al control jurisdiccional, la
Sala Superior, por ejemplo, ha considerado que
los actos y resoluciones de las comisiones del
Consejo General del Instituto Federal Electoral
son susceptibles del impugnarse ante ella misma,
a través del recurso de apelación.
xii) Aun cuando algunas leyes estatales no prevean
en forma explícita la intervención en algún
tipo de juicio o recurso de quien tradicionalmente
se ha considerado tercero interesado
por tener un interés incompatible con el del actor,
de cualquier modo la Sala Superior ha considerado
que se le debe dar la oportunidad de
comparecer y alegar en juicio, con base en una
aplicación directa de los artículos 14 y 17, en
relación con el 41, fracción III, y 116, fracción
IV, inciso b), de la Constitución federal, que
establecen la garantía de audiencia o principio
contradictorio. 11
xiii) La Sala Superior del Tribunal Electoral
llegó a revocar diversas resoluciones judiciales
que, con pretendida base en alguna disposición
legal, consideraban que la presentación de los
11 Vid., tesis relevante con el rubro: TERCEROS
INTERESADOS. DEBE ADMITIRSE SU INTERVENCIÓN
AUN CUANDO NO LO ESTABLEZCA LA LEY
(LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES), Jurisprudencia
..., op. cit., Volumen Tesis Relevantes, p. 772.
Amplio control
jurisdiccional
Tercero interesado
Menos requisitos de
procedibilidad
140

Publicidad de actos
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
escritos de protesta ante el órgano electoral administrativo
es un requisito de procedibilidad
para un medio de impugnación judicial, por
estimar que ello constituía un obstáculo para
el acceso a la justicia electoral y una violación
al derecho constitucional a la impartición de
justicia por los tribunales 12 (en el entendido de
que, de acuerdo con lo establecido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la resolución
de contradicción de tesis 2/2000, en el
sentido de que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación carece de atribuciones
para inaplicar en casos concretos disposiciones
legales que estime inconstitucionales,
la tesis de jurisprudencia que llegó a sustentar
lo anterior dejó de surtir efectos jurídicos
hacia el futuro, tal y como la Sala Superior del
propio Tribunal Electoral lo ha reconocido en
posteriores ejecutorias).
xiv) En varios asuntos, la Sala Superior ha estimado
que es necesaria la publicación de los
convenios entre los institutos electorales federal
y los de las distintas entidades federativas,
por los que se fijen plazos para presentar la so-
12 Vid., tesis de jurisprudencia con el rubro: ESCRITO DE
PROTESTA. SU EXIGIBILIDAD COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
EN MATERIA ELECTORAL, ES VIOLATORIO DEL
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en Justicia Electoral. Revista
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
suplemento núm. 3, pp. 14-15.
141

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
licitud de expedición de la credencial para votar
con fotografía, a fin de que sean obligatorios
para los ciudadanos. Igualmente, dicho órgano
jurisdiccional federal ha concluido que es necesario
notificar de manera personal ciertos actos
de los órganos legislativos locales que estén
referidos a una comunidad en concreto o de las
respectivas autoridades electorales dirigidos a
alguna(s) persona(s) específica(s), a pesar de que
hubieren sido publicados en el periódico oficial
del Estado. En tales casos, se ha procurado garantizar
la existencia de condiciones que no
dejen en estado de indefensión a los justiciables
y por las cuales se tenga certeza de que oportunamente
conocieron los términos del acto que
les agravia.
xv) El ejercicio prudente y frecuente de facultades
directivas por parte del Tribunal Electoral,
a través de la práctica de diligencias para mejor
proveer, como los casos de apertura de paquetes
electorales con el objeto de esclarecer la
verdad material y establecer si se actualiza o
no alguna causa de nulidad de la votación recibida
en cierta casilla o, en su caso, verificar un
nuevo escrutinio y cómputo de la votación respectiva,
también ha contribuido a asegurar una
justicia electoral efectiva.
xvi) Los actos de designación de los integrantes
del órgano superior de dirección responsable de
la organización de las elecciones en cada entidad
federativa, así como de los integrantes de
los tribunales electorales locales, por parte de
Facultades
directivas del TEPJF
Designación de
altos funcionarios
electorales
142

Plena jurisdicción
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
las legislaturas locales o, en su caso, por los
tribunales superiores de justicia estatales, son
actos materialmente administrativos de organización
o calificación de los comicios locales,
razón por la cual son impugnables ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
13 Cabe precisar que, entre otros, los tres
partidos políticos con mayor fuerza electoral en
el país han impugnado ante la Sala Superior la
designación de consejeros electorales y/o magistrados
electorales cuando, en su opinión, tales
designaciones no se realizan de acuerdo con la
normativa aplicable, habiendo obtenido todos y
cada uno de ellos sentencia estimatoria en los
casos en que les ha asistido la razón.
xvii) La Sala Superior del Tribunal Electoral
ha establecido que, con base en el principio de
plena ejecución de las sentencias, recogido en
el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución
federal, tiene facultades para exigir el cumplimiento
de todas sus resoluciones e, incluso, sustituir
al efecto a la autoridad responsable cuando ésta
injustificadamente rehúse ejecutarlas, dando lugar
a una aplicación directa de la Constitución y la
integración normativa con base en principios
13 Vid., tesis de jurisprudencia de la Sala Superior con el rubro:
ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE
ORGANIZACIÓN O CALIFICACIÓN DE COMICIOS
LOCALES. SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,
en Jurisprudencia ..., op. cit., Volumen Jurisprudencia, pp. 10-11.
143

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
generales del derecho, aun en el supuesto de
que legalmente no se encuentre previsto en forma
explícita.
Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que
las diversas autoridades están obligadas a
acatar sus sentencias, independientemente
de que no tengan el carácter de responsables,
cuando por sus funciones deban realizar
actos para su cumplimiento.
2. PROTECCIÓN AMPLIA
DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO
i) Reiteradamente y dentro del marco constitucional,
el Tribunal Electoral ha protegido y expandido
los derechos fundamentales de carácter
político-electoral de los ciudadanos, rechazando
posiciones reduccionistas acerca de los derechos
fundamentales y, en su lugar, favoreciendo interpretaciones
de las normas que potencien el
alcance y disfrute de tales derechos.
Parafraseando a Ricardo Guastini, 14 cabe sostener
que mientras las disposiciones constitucionales
que confieren poderes a los órganos del
Estado deben ser objeto de una interpretación
14 Cfr., Ricardo Guastini, Estudios sobre la interpretación jurídica,
México, UNAM-Porrúa, p. 121.
Interpretación
extensiva de los
derechos políticos
electorales
144

Usos y costumbres
Interés legal de los
candidatos
independientes
Juicio para la
protección de
los derechos
político-electorales
del ciudadano
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
restrictiva, las disposiciones constitucionales
que consagran derechos fundamentales deben
ser objeto de una interpretación extensiva.
ii) El Tribunal Electoral ha conferido legitimación
a cualquier ciudadano miembro de alguna
comunidad indígena para promover algún medio
de impugnación para controlar la regularidad
de comicios bajo el sistema tradicional de
usos y costumbres, como ocurrió en el caso de
Tlacolulita, Oaxaca. 15
iii) Asimismo, el propio órgano jurisdiccional ha
reconocido legitimación a los ciudadanos que
hayan figurado como candidatos independientes
o no partidistas en las elecciones donde legalmente
se encuentra permitido, para impugnar
las resoluciones electorales no sólo por razones
de elegibilidad sino también los resultados
correspondientes. 16
iv) El juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano no sólo se ha
considerado procedente cuando se alegan presuntas
violaciones directas a los derechos de
votar y ser votado, así como de asociación política
y afiliación político-electoral, sino cuando
se aducen presuntas violaciones a otros derechos
fundamentales que se encuentren estre-
15 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-037/
99, aprobada el diez de febrero de dos mil.
16 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-007/
2002, aprobada el trece de enero de dos mil dos.
145

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
chamente vinculados con el ejercicio de los mencionados
derechos político-electorales, como podrían
ser los derechos de petición, de información,
de reunión o de libre expresión de las ideas,
cuya protección sea indispensable a fin de no
hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos
político-electorales, garantizando así el derecho
constitucional a la impartición de justicia completa
y a la tutela judicial efectiva.
v) Asimismo, el Tribunal Electoral ha resuelto
que en los comicios que se lleven a cabo por
usos, costumbres o derecho consuetudinario,
para la renovación de los representantes de los
pueblos y comunidades indígenas, aunque no
resultan exactamente aplicables los principios
rectores de corte constitucional que rigen a toda
elección, para que se les reconozca validez a los
procedimientos o prácticas que se sigan, éstos
no deben ser incompatibles con los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos ni con
los derechos humanos contenidos en los instrumentos
internacionales suscritos y ratificados
por México.
En particular, el reconocimiento constitucional
de las elecciones por el sistema de usos y costumbres
no implica convalidar situaciones o conductas
tendentes a perpetuar o reinstaurar viejas
desigualdades que tradicionalmente han perjudicado
a individuos (en particular, a las mujeres)
o minorías pertenecientes a los conglomerados
indígenas, por ser irreconciliables con los valo-
Usos y costumbres
vs. Derechos
fundamentales
146

Competencia local
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
res, principios y reglas de un Estado constitucional
democrático de derecho. 17
vi) La Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha tendido a
interpretar la normativa electoral de las diversas
entidades federativas de forma tal que, conforme
con la Constitución federal, existan también
medios de impugnación ordinarios locales
para la defensa de los derechos político-electorales
del ciudadano, de manera que no sólo sea
la instancia federal la que tutele tales derechos,
sino también los órganos jurisdiccionales estatales
y del Distrito Federal, 18 en pleno acatamiento
de un federalismo judicial electoral.
3. FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE PARTIDOS
POLÍTICOS
Resultan numerosas las sentencias en las que
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha asumido posiciones
jurídicas que tienden al fortalecimiento
del sistema de partidos políticos. Sobre el particular,
cabe destacar las siguientes:
17 Vid., ejecutoria recaída en el expediente SUP-JDC-013/2002,
aprobada el cinco de junio de dos mil dos.
18 Vid., sentencias recaídas en los expedientes SUP-JDC-
772/2002 y SUP-JRC-020/2003, aprobadas el dieciséis de
agosto de dos mil dos y el doce de marzo de dos mil
tres,respectivamente.
147

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
i) Los partidos políticos nacionales y estatales con
registro tienen derecho fundamental al
financiamiento público, por lo que, en una primera
etapa, el Tribunal llegó a inaplicar, en casos
concretos, disposiciones legales de las entidades
federativas que contravenían la Constitución federal,
al no prever la entrega de dicha prerrogativa
para los partidos políticos que hubieren obtenido
recientemente su registro 19 (si bien, como se
apuntó, debido a la resolución de contradicción de
tesis 2/2001 de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con posterioridad el Tribunal Electoral
se ha abstenido de inaplicar disposición legal alguna
al carecer de atribuciones para analizar su
constitucionalidad en casos concretos). En otros
supuestos y siempre que sea jurídicamente viable,
la Sala Superior del propio Tribunal Electoral
ha venido realizando una interpretación conforme
con la Constitución federal, que permita
que todos los partidos políticos, incluso los de nueva
creación, cuenten con recursos públicos para
realizar sus actividades ordinarias permanentes,
así como para la búsqueda de los sufragios. 20
19 Al respecto, puede verse la tesis publicada bajo el rubro
FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL, LOS PARTIDOS
POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN TIENEN DERECHO
A RECIBIRLO (Legislación del Estado de Colima), en
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, año 2001, suplemento 4, p. 15.
20 Véase la tesis publicada bajo el rubro FINANCIAMIENTO
PÚBLICO LOCAL. EL DERECHO A RECIBIRLO ES
DIFERENTE PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS
PARTICIPANTES EN UNA ELECCIÓN ANJTERIOR QUE
NO DEMOSTRARON CIERTA FUERZA ELECTORAL,
Financiamiento
público
148

Boletas electorales
Candidaturas
Independientes
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ii) Las boletas electorales sólo deben contener el
color o combinación de colores y el emblema del
partido o coalición respectiva, así como el nombre
del candidato y cargo para el que se postula, por lo
que resulta inválida la inclusión de un elemento
distinto y alusivo a los candidatos en el emblema,
ya que ello iría en detrimento del sistema de partidos
políticos constitucionalmente previsto y teniendo
en cuenta que el contenido que la ley prevé para
las boletas tiene un carácter limitativo. 21
iii) La mayoría de la Sala Superior, al confirmar
la negativa de registro como candidato independiente
a un ciudadano en la elección para gobernador
del Estado de Michoacán, estableció el criterio
de que el derecho político-electoral fundamental de
ser votado es de base constitucional y configuración
legal, por lo que no tiene un carácter absoluto,
y si bien la Constitución federal no prevé el
monopolio de los partidos políticos para la
postulación de candidatos, razón por la cual el
legislador ordinario tiene atribuciones para establecer
la posibilidad de candidaturas independientes
o no partidistas (como ocurre, por ejemplo,
con las candidaturas para presidencias municipales
auxiliares de Tlaxcala), igualmente, no es
necesariamente inconstitucional ni violatorio de
RESPECTO DE LOS DE RECIENTE CREACIÓN, en
Jurisprudencia ..., op. cit, Volumen Jurisprudencia, pp. 97-98.
21 Véase la tesis publicada con el rubro BOLETAS
ELECTORALES. NO DEBEN CONTENER ELEMENTOS
DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN LA LEY, en Jurisprudencia
..., op. cit., Volumen Tesis Relevantes, pp. 285-286.
149

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
los instrumentos internacionales de derechos humanos
que el legislador ordinario (federal o local)
prevea que los partidos políticos son los únicos
que pueden presentar solicitudes para registrar
candidatos, en ejercicio de su potestad de regular
legalmente las calidades, requisitos, circunstancias
y condiciones para el ejercicio del citado derecho
en aras del interés general y en atención a las
particularidades del desarrollo político y social de
la respectiva entidad federativa, salvaguardando
el sistema plural de partidos políticos y los demás
derechos, fines, principios y valores constitucionales
involucrados, máxime que se estima accesible
a la ciudadanía formar un nuevo partido
político en el Estado de Michoacán pues, al efecto,
entre otros requisitos razonables, basta la voluntad
de tan sólo el 0.45% del padrón electoral. 22
iv) Asimismo, el Tribunal Electoral ha determinado
que los topes a los gastos de campaña se
deben fijar para todos los partidos políticos respecto
de cada elección, mas no de manera individual
a cada uno de los partidos políticos contendientes.
Ello implica que el límite a las erogaciones
de los partidos políticos, coaliciones y sus candidatos
se debe entender en función del total de lo
que éstos pueden gastar en cada tipo de elección,
independientemente del financiamiento público
que cada uno reciba, el cual se determina según
la fuerza electoral que posea. Al respecto, el propio
órgano jurisdiccional ha considerado que el
22 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-037/
2001, aprobada el 25 de octubre de dos mil uno.
Jurisdicción
electoral integral
Tope de gastos
igualitario
150

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Afiliación
múltiple
tope de gastos de campaña, además de estar fijado
en función de cada elección, lo equitativo y legal
es que el mismo sea determinado con base en
elementos objetivos y en forma igualitaria para
todos los partidos políticos contendientes, para que
así se cumpla con la finalidad de propiciar transparencia
e igualdad de oportunidades en la contienda
electoral. 23
v) En algunas sentencias la Sala Superior ha
interpretado que la denominada “afiliación múltiple”
a diversos partidos políticos no está permitida,
toda vez que considerar lo contrario implicaría
generar una ficción para cumplir con el
requisito relativo al número de afiliados (que no
se atendería en términos reales), provocando que
no se lograran los objetivos perseguidos con la
norma que establece dicho requisito, esto es, iría
en detrimento del desarrollo de la vida democrática
del país y de la participación política de los
ciudadanos, lo que finalmente se traduciría en
la ineficacia de las agrupaciones y partidos políticos,
puesto que, a pesar de que existieran muchos
de ellos con registros distintos, en última
instancia, se trataría de las mismas personas y
los beneficios u objetivos de promoción del desarrollo
de la vida democrática y la cultura política
se verían limitados a un número relativo de
ciudadanos y no real en términos absolutos. 24
23 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-096/
2002, aprobada el nueve de mayo de dos mil dos.
24 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-055/
2002, aprobada el once de junio de dos mil dos.
151

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
4. DEMOCRACIA INTERNA
DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
i) La unanimidad de la Sala Superior ha sostenido
que el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano es un
medio indirecto idóneo para promover la democracia
interna de los partidos políticos, a través
de la tutela de los derechos de los ciudadanos a
votar y ser votados en las elecciones, así como
de asociarse y afiliarse libre e individualmente
a los partidos políticos, como ha ocurrido con
motivo de la impugnación de los actos de las
autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones.
ii) El Tribunal Electoral ha considerado procedente
el mencionado juicio de protección cuando
algún afiliado de un partido político impugne el
acto de registro de uno o varios candidatos por
parte de la autoridad electoral, en el entendido
de que si se demuestra que los mismos no fueron
elegidos o seleccionados conforme con el procedimiento
estatutario interno de su partido, el
respectivo acto de la autoridad electoral debe
revocarse por ser producto de un error propiciado
por la solicitud del representante partidario.
iii) A fin de asegurar que se dé efectividad a los
procedimientos internos para la designación de
dirigencias de los partidos políticos, así como
garantizar el cumplimiento de la normativa
Democracia interna
de los partidos
políticos
Registro de
candidaturas
Designación de
dirigentes
152

Transparencia y
derecho a la
información en
materia electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
partidaria interna, la Sala Superior ha considerado
que la autoridad electoral encargada del
registro de los integrantes de los órganos directivos
de los partidos políticos, posee atribuciones
también para verificar previamente que el
partido político interesado haya dado cumplimiento
al procedimiento establecido en sus estatutos
para llevar a cabo la designación de sus
dirigentes, a fin de que, una vez realizado esto,
se proceda al registro en los libros respectivos y
no se convierta en una mera registradora de
actos, contando los afiliados del propio partido
con legitimación e interés jurídico para impugnar
el acto registral respectivo.
iv) Los integrantes de la Sala Superior determinaron
que los registros a cargo de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Federal Electoral relativos
a los documentos básicos y cuadros dirigentes
de los partidos políticos, así como a los procedimientos
que sustenten su designación o elección,
tienen el carácter de públicos, por lo que
el acceso a los mismos debe estar abierto a los
ciudadanos peticionarios (en general y no sólo a
los afiliados del respectivo partido), en virtud
de que la información anotada está relacionada
con entidades de interés público y el registro lo
lleva un organismo público autónomo sin que
legalmente se prevea que la respectiva información
tenga carácter confidencial. Ello debe
ser así no sólo para garantizar el derecho constitucional
a la información del ciudadano
sino para que éste se encuentre en aptitud
153

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
de ejercer libremente su derecho político-electoral
de asociación en su vertiente de afiliación. 25
Es importante resaltar también que el citado
criterio garante del derecho de información política-electoral,
se estableció pioneramente por
la Sala Superior antes de la expedición de la
reciente Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Gubernamental y en aplicación
directa del artículo 6ª constitucional.
v) La mayoría del propio órgano jurisdiccional
electoral federal, a fines de febrero de 2003,
estableció que el medio idóneo para impugnar
una resolución del Consejo General del Instituto
Federal Electoral recaída en un procedimiento
administrativo sancionador electoral
instaurado con motivo de una queja planteada
por un ciudadano afiliado al partido político en
contra del cual se siga dicho procedimiento, es
el recurso de apelación mas no el juicio para la
protección de los derechos político-electorales
del ciudadano. 26
Lo anterior implicó, por una parte, que se abandonara
el criterio anterior de una mayoría distinta
de la Sala Superior en el que se sostenía
que el procedimiento administrativo sancionador
electoral previsto en el artículo 270 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos
25 Vid., sentencias recaídas en los expedientes SUP-JDC-
117/2001, SUP-JDC-127/2001 y SUP-JDC-128/2001.
26 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-805/
2002, resuelta el veintisiete de febrero de dos mil tres.
Impugnaciones
de un procedimiento
administrativo
sancionador
154

Juicio para
la protección
de los derechos
político-electorales
del ciudadano para
actos de partidos
políticos violatorios
de derechos
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Electorales podría tener como uno de sus efectos
restituir al ciudadano quejoso en sus derechos
político-electorales violados (en tanto que el mismo,
según se estableció en el nuevo criterio, se
debe circunscribir a determinar si se acredita o
no la comisión de una infracción administrativa
y, en su caso, imponer la sanción correspondiente)
27 y, por la otra, que se anunciara que el juicio
para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano podría ser procedente para
combatir directamente ciertos actos de partidos
políticos, cuando algún afiliado a determinado
partido pretendiese ser restituido en el goce o
ejercicio de su derecho político-electoral fundamental
supuestamente violado a través de la
posible infracción legal o estatutaria cometida
por el propio partido político.
vi) En una ejecutoria más reciente, 28 la mayoría
de la Sala Superior, al revalorar los elementos
existentes en la legislación aplicable del sistema
de medios de impugnación en materia
electoral y sostener que, según una interpretación
preponderantemente sistemática y funcional,
así como conforme con la Constitución federal,
de acuerdo con el artículo 12, párrafo 1,
inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, los
partidos políticos pueden ser sujetos pasivos o
27 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-021/
2000, resuelta el treinta de enero de dos mil uno.
28 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-084/
2003, resuelta el veintiocho de marzo de dos mil tres.
155

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
parte demandada en el juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano,
por lo que éste es jurídicamente procedente
contra actos o resoluciones definitivos de los partidos
políticos que sean susceptibles de vulnerar
irreparablemente los derechos político-electorales
de sus afiliados, cuando no existan otros
medios específicos para conseguir la restitución
oportuna y directa de esos derechos, estableció
un nuevo criterio, interrumpiendo la jurisprudencia
anterior y dando origen a la nueva, bajo
el rubro “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA AC-
TOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS”.
vii) En otra tesis jurisprudencial, se estableció
la exigencia legal de que los estatutos de los
partidos políticos prevean medios internos de
defensa de los derechos político-electorales de
sus afiliados, antes de acudir a una instancia
administrativa o jurisdiccional en busca de desagravio,
el afiliado presuntamente afectado debiera
agotar las instancias internas partidarias,
en la inteligencia de que si pretendiera tanto la
imposición de una sanción como la restitución
en el goce de su derecho político-electoral, una
vez agotadas tales instancias internas, primero
debe promover el juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano
en busca de su restitución y, una vez resuelto
este último, incoar el respectivo procedimiento
administrativo sancionador electoral.
Principio de
exhaustividad
156

Control efectivo
de la regularidad
constitucional y legal
en materia electoral
Respeto a los
principios
constitucionales
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
5. CONTROL EFECTIVO
DE LA REGULARIDAD
CONSTITUCIONAL Y LEGAL
EN MATERIA ELECTORAL
i) En los medios impugnativos que conoce y
resuelve el Tribunal Electoral, la interpretación
de la ley siempre se hace a la luz de la
Constitución, con el objeto de garantizar la regularidad
constitucional y legal en materia
electoral.
ii) Relacionado con lo anterior, el Tribunal Electoral
aplica reglas y principios constitucionales;
interpreta las normas aplicables, usando
los criterios gramatical, sistemático y funcional;
asimismo, en casos necesarios, integra la
ley en conformidad con los principios generales
del derecho.
La invocación de principios constitucionales
por parte del Tribunal Electoral ha sido recurrente
para restablecer el orden constitucional
violado. Así, a la luz de principios constitucionales,
por ejemplo, se ha establecido que,
no obstante que ciertas acciones o conductas
consideradas en sí mismas prima facie lícitas,
resulta que, al hacer una evaluación integral
de las normas y principios involucrados,
devienen ilícitas, al contravenir normas de
principio, configurando hechos que califican
como “fraude a la ley” o “abuso del derecho”,
157

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
como ocurre con la “afiliación o asociación político-electoral
múltiple”. 29
iii) El Tribunal Electoral ha identificado diversos
principios fundamentales del derecho electoral
mexicano (como el de que las elecciones
deben ser libres, auténticas y periódicas; el sufragio
debe ser universal, libre, secreto y directo;
en el financiamiento público de los partidos
políticos y sus campañas electorales debe prevalecer
el principio de equidad; la organización
de las elecciones debe realizarse a través de un
organismo público y autónomo; la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad
constituyen principios rectores del proceso
electoral; en todo proceso electoral deben estar
establecidas condiciones de equidad para el
acceso de los partidos políticos a los medios de
comunicación, y en los procesos electorales debe
haber un sistema de medios de impugnación
para el control de la constitucionalidad y legalidad
de los actos y resoluciones electorales), como
se estableció por primera vez en la ejecutoria
relacionada con la elección de gobernador de
Tabasco en el año 2000. 30
iv) La conculcación de los principios constitucionales
rectores de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad u objetividad, por parte
29 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-055/
2002, resuelta el once de junio de dos mil dos.
30 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-487/
2000 y su acumulado SUP-JRC-489/2000.
Principios
fundamentales del
derecho electoral
mexicano
Inobservancia
de los principios
rectores
158

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Símbolos
religiosos
de las propias autoridades encargadas de preparar,
desarrollar y vigilar los comicios, o bien,
la indebida intervención de una autoridad gubernamental
para favorecer facciosamente a un
partido político, equivalen a una violación sustancial
que puede ser determinante para el resultado
de la elección y dar lugar a decretar la
nulidad de la misma, como ocurrió con la elección
municipal de Santa Catarina, San Luis
Potosí, en 1997; la elección de gobernador de
Tabasco en el 2000, y la elección municipal de
Ciudad Juárez en el año 2001. 31
v) La utilización de propaganda con símbolos
religiosos por parte de un partido político o su
candidato durante una campaña electoral, también
constituye una violación sustancial que,
de darse en forma generalizada y ser determinante
para el resultado de la elección, podría
acarrear la nulidad de la elección correspondiente,
como ocurrió, por ejemplo, con la elección de
miembros del ayuntamiento del municipio de
Tepotzotlán, Estado de México, en 2003; 32 previamente,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo
271 del Código Electoral del Estado de
Tlaxcala, la propia Sala Superior confirmó la
nulidad de la elección de ayuntamiento del municipio
de Muñoz de Sotelo, Tlaxcala, al haberse
acreditado la realización de propaganda en
favor del candidato que obtuvo la constancia de
31 Sobre esta última elección, vid., la sentencia recaída en el
expediente SUP-JRC-196/2001.
32 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-069/2003.
159

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
mayoría, a través de agrupaciones o instituciones
religiosas. 33
vi) Los principios constitucionales de autonomía
en el funcionamiento de los organismos electorales
e independencia de sus decisiones, exigen que
la designación de los integrantes de su órgano superior
de dirección se realice, en su caso, por mayoría
calificada del respectivo órgano legislativo a
fin de propiciar el mayor consenso posible entre
las distintas fuerzas políticas y evitar que un solo
partido político, por sí mismo, adopte tal decisión,
como ocurrió en el llamado caso Yucatán con
motivo del proceso electoral 2000-2001.
vii) La Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha considerado
obligatorio el criterio de jurisprudencia sustentado
por la Sala Central del entonces Tribunal
Federal Electoral que permite preservar los
actos de autoridad que resulten válidos aun
cuando adolezcan de algunas irregularidades,
con el objeto de impedir que la votación de los
electores sea anulada, siempre y cuando aquéllas
se traten de vicios o irregularidades menores
que sean insuficientes para invalidar tales
actos de autoridad (utile per inutile non vitiatur). 34
33 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-05/2002.
34 Vid., tesis de Jurisprudencia con el rubro: PRINCIPIO DE
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS, SU APLICACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN, en Jurisprudencia
..., op. cit. Volumen Jurisprudencia, pp. 170-172.
Autonomía e
independencia de
los organismos
electorales
Irregularidades
que no afectan
160

Autoridad
hacendaria federal
Impugnación
de estatutos
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
viii) En una muy difundida resolución, la Sala
Superior decidió que el Instituto Federal Electoral
sí tiene atribuciones para acceder a la información
protegida por los secretos bancario,
fiduciario y fiscal, en términos del artículo 117
de la Ley General de Instituciones de Crédito,
toda vez que, al realizar funciones de control,
vigilancia y sanción respecto del origen y destino
de los recursos que reciben los partidos políticos,
actúa como autoridad hacendaria federal
para fines fiscales. 35
ix) A fin de garantizar el control efectivo de la
regularidad constitucional y legal en materia
electoral, la Sala Superior ha establecido jurisprudencia
en el sentido de que existen distintos
momentos o hipótesis en que se pueden impugnar
los estatutos de un partido político o una
coalición. En efecto, una primera ocurre al
momento en que el Consejo General del Instituto
Federal Electoral otorga el registro a una
organización de ciudadanos como partido político
o a dos o más partidos políticos como coalición;
uno segundo, cuando se realizan modificaciones
posteriores a los estatutos y el mismo
Consejo General declara la procedencia constitucional
y legal de la modificación, así como un
tercer supuesto se presenta cuando la autoridad
electoral emite un acto o resolución electoral,
cuyo contenido o sentido reconozca, como
base fundamental de sustentación, a las nor-
35 Vid., sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-050/
2001, aprobada el siete de mayo de dos mil dos.
161

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
mas estatutarias que se consideran inconstitucionales
o ilegales, o fueren efectos o consecuencias
directos de ellas.
Pues bien, como se mencionó al inicio de este
trabajo, con la reforma constitucional y legal
de 1996 se modificó sustancialmente el sistema
que durante más de una centuria sustrajo los
conflictos electorales del control judicial en cuanto
a su constitucionalidad y legalidad, lo cual
implicaba que tales conflictos electorales se resolvieran
por órganos de naturaleza política -
como las cámaras de los congresos-, con base
en criterios propiamente políticos (como la imposición
de quien conformaba la mayoría legislativa
o la negociación), lo cual explica en gran
medida la ausencia durante ese periodo de una
jurisprudencia y doctrina científica acerca del
derecho electoral en nuestro país, situación que
sólo se empezó a superar con el establecimiento
del primer tribunal electoral hace poco más de
quince años y, de manera particular, hace poco
más de seis años con el actual Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, por lo
que se espera que la academia, por su parte,
preste cada vez mayor atención a la función
jurisdiccional electoral para contribuir al desarrollo
científico del derecho electoral y el perfeccionamiento
de nuestras instituciones.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, por su parte y según se ha procurado
mostrar, está consciente del reto y compromiso
con la justicia electoral y la vigencia
162

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
del Estado constitucional democrático de derecho,
con el objeto de garantizar la celebración
de elecciones libres, auténticas y periódicas; el
acceso a la justicia electoral y a su impartición
en forma completa y efectiva; el pleno respeto a
los derechos político-electorales fundamentales
de los ciudadanos; el fortalecimiento del sistema
de partidos políticos; la democracia interna
de los partidos políticos, así como la sujeción de
todos los actos de las autoridades electorales a
los principios de constitucionalidad y legalidad.
163

EL SISTEMA
MEXICANO
DE JUSTICIA
ELECTORAL
PROCESO ELECTORAL
FEDERAL
2002-2003
ESTADÍSTICA JUDICIAL
ELECTORAL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ESTADÍSTICA JUDICIAL
ELECTORAL
Con el objeto de proporcionar elemen
tos que permitan apreciar el desem
peño institucional e ilustrar cómo el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
ha garantizado que los actos de las
autoridades electorales se ajusten invariablemente
a la Constitución y la ley, así como
protegido los derechos político-electorales de
los ciudadanos de votar, ser votados y de
asociación, en beneficio de la justicia electoral,
a continuación se hace referencia a
ciertos datos estadísticos relevantes, relacionados
con la actuación jurisdiccional de
las diversas Salas del Tribunal Electoral.
165

Relatividad
de los datos
estadísticos
Transparencia del
Tribunal Electoral
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Al respecto, es importante tener presente la
relatividad de los datos estadísticos, en particular
si se trata de evaluar el desempeño
de un tribunal, ya que cada caso tiene sus
propias características y debe juzgarse en
sus respectivos méritos (atendiendo a si el
acto de la autoridad electoral impugnado
efectivamente se ajustó o no al marco constitucional
y legal; si el medio de impugnación
fue promovido o no por quien tenía interés
legítimo y si satisfizo o no los requisitos
generales y específicos de procedencia; si los
agravios formulados y las pruebas aportadas
fueron o no suficientes y eficaces para
acreditar la violación reclamada, y si en el
medio de impugnación utilizado operaba o no
la suplencia de la deficiencia en la argumentación
de los agravios, entre otros aspectos),
por lo que, estrictamente, toda opinión fundada
sobre el funcionamiento del Tribunal
Electoral debe basarse en el estudio y análisis
técnico, objetivo y profesional de las razones
jurídicas expuestas por el órgano jurisdiccional
para sustentar cada una de sus
sentencias, mismas que pueden ser consultadas
por cualquier interesado en el Archivo
Judicial del propio Tribunal Electoral.
No obstante lo anterior, atendiendo también al
principio de publicidad y la transparencia que
ha caracterizado la actuación de este órgano jurisdiccional,
se estima pertinente proporcionar
la información estadística respectiva a fin de
aportar nuevos elementos de análisis a los inte-
166

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
resados en el fortalecimiento de las instituciones
y el desarrollo democrático de México.
Los datos que se ofrecen han sido elaborados
con base en el Sistema de Información y Estadística
Judicial del propio Tribunal Electoral,
comprendiendo el periodo que va de noviembre
de 1996, en que se instalaron las respectivas
Salas y dicho órgano jurisdiccional se incorporó
al Poder Judicial de la Federación, hasta el
31 de marzo de 2003, en el entendido de que
mayor información del referido sistema puede
ser consultada en la página web http://
www.trife.gob.mx
Durante el periodo, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a través de sus
diversas Salas, ha conocido de 13,695 medios
de impugnación (sin considerar otro tipo de
asuntos, 123 en total, incluidos aquellos en que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
requerido la opinión de la Sala Superior del propio
Tribunal Electoral con motivo de acciones
de inconstitucionalidad en contra de las leyes
electorales), de los cuales ha resuelto 13,632;
esto es, se ha resuelto el 99.54% de los asuntos
y se encuentran en sustanciación aproximadamente
sólo el 0.46%.
Del total de medios de impugnación resueltos,
9,655 fueron declarados fundados o parcialmente
fundados, en tanto que 1,783 infundados,
1914 desechados, 102 sobreseídos y
179 tuvieron un final distinto, por ejemplo,
Periodo que
se informa
Inexistencia de
rezago judicial
Se ha dado la
razón a más del
70% de los actores
167

Impugnaciones
según juicio
o recurso
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
fueron improcedentes, se tuvieron por no presentados
o concluyeron por convenio judicial
tratándose de juicios laborales. Esto significa
que, con el objeto de garantizar que todos los
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente
a la Constitución y la ley, así
como protege, en su caso, los derechos políticoelectorales
de los ciudadanos, las Salas del Tribunal
Electoral han revocado o modificado el
70.83% de los respectivos actos o resoluciones
impugnados, provenientes de autoridades electorales
federales o locales, ya fuesen administrativas
o jurisdiccionales.
El medio de impugnación más frecuente ha sido
el juicio para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano con 10,583 incidencias,
equivalente al 77.28%, seguido del juicio
de revisión constitucional electoral con 2,056,
que equivale al 15.01% y el recurso de apelación
con 342 ( a los que hay que agregar 28
casos de recursos de revisión que, por estar vinculados
con algún otro medio de impugnación
competencia de alguna de las Salas del propio
Tribunal Electoral, fueron resueltos por estas
últimas), correspondiéndole el 2.70%. Asimismo,
con motivo de los procesos electorales de
1997 y 2000, se resolvieron 306 juicios de inconformidad
y 117 recursos de reconsideración,
que equivalen a 5.002%. A los anteriores hay
que agregar 262 juicios para dirimir los conflictos
o diferencias entre el Instituto Federal
Electoral y sus servidores y una contradicción
de criterios, que equivale al 0.007%.
168

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Por lo que se refiere a quiénes han promovido
los respectivos medios de impugnación, cabe
mencionar que el 77.28% corresponde a ciudadanos
(incluidos, en su caso, candidatos), mientras
que el 20.81% a partidos políticos, coaliciones
y otras organizaciones políticas, además de
que el 1.91% se trata de servidores del Instituto
Federal Electoral con motivo de algún conflicto
laboral.
Por otra parte y atendiendo a la autoridad
responsable en los diversos medios de impugnación
(en el entendido de que, en ocasione,
en tales medios de impugnación se señala
más de una autoridad como responsable y
sin aludir aquí a los asuntos laborales en que
el Instituto Federal Electoral aparece como
parte demandada), la mayor incidencia corresponde
a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, a través de sus
vocalías en los diversos órganos distritales y
locales, con 8, 894 casos, seguida de tribunales,
institutos y otros órganos electorales
de las diversas entidades federativas con 3,
506; asimismo, el Consejo General, algunas
de sus comisiones, la Junta General Ejecutiva
y otras direcciones ejecutivas del Instituto
Federal Electoral (excluyendo la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores
del IFE) aparecen como responsables
en 501 casos, mientras los consejos y juntas
locales y distritales del mismo IFE en 432;
finalmente, en 113 ocasiones las diversas Salas
Regionales y la Sala Superior del propio
Impugnaciones
según actor
Impugnaciones
según autoridad
responsable
169

Impugnaciones
según Sala
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Tribunal Electoral han figurado como autoridades
responsables.
En cuanto a los medios de impugnación recibidos
hasta el 31 de marzo de 2003 en el Tribunal Electoral,
4,640 corresponden a la Sala Superior (estando
pendientes de resolver 41), en tanto que 9,055 corresponden
a las cinco Salas Regionales y quedan
pendientes de resolverse 22.
A continuación se hace un análisis de la manera
como han resuelto las diversas Salas del Tribunal
Electoral el universo de medios de impugnación
promovido por los partidos políticos nacionales
que actualmente cuentan con registro:
En primer lugar, es oportuno hacer referencia
a los partidos políticos que conservaron su registro
con posterioridad al proceso electoral federal
de 2000 (y, por tanto, cuentan actualmente
con representación, al menos, en alguna de
las Cámaras del Congreso de la Unión, como es
el caso del Partido Acción Nacional, PAN; el Partido
Revolucionario Institucional, PRI; el Partido
de la Revolución Democrática, PRD; el Partido
del Trabajo, PT; el Partido Verde Ecologista
de México, PVEM; el Partido Alianza Social, PAS;
el Partido de la Sociedad Nacionalista, PSN; y
Convergencia, Partido Político Nacional,
CDPPN).
También se hace referencia a los partidos
políticos nacionales de reciente creación en
el año 2002, Partido México Posible, Partido
170

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana Partido
Político Nacional, quienes aun cuando
no tienen representación en las Cámaras del
Congreso, si han promovido diversos recursos
ante el TEPJF.
SALA SUPERIOR Y SALAS REGIONALES
DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ASUNTOS POR ACTOR
Y SENTIDO EN QUE FUERON RESUELTOS
(noviembre 1996 – marzo 2003)
(Exclusivamente partidos políticos nacionales
que conservaron su registro en 2000)
171

Ocaciones en que
se ha dado la razón
a cada partido
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Al respecto, atendiendo a los tres partidos
políticos nacionales con mayor fuerza electoral
(PAN, PRI y PRD), es posible advertir
que todos ellos presentan un porcentaje similar
en cuanto al número de veces en que
las Salas del Tribunal les han dado la razón
a cada uno en forma total o parcial (esto es,
cuando sus respectivos medios de impugnación
han sido declarados fundados o parcialmente
fundados). En efecto, los partidos que
siendo actores han obtenido mayor número
de veces una sentencia favorable son el PRI
y el PRD con 188 cada uno, si bien son los
que más veces han promovido impugnaciones
(704 y 700 respectivamente); en cambio, si
se opta no por un criterio absoluto sino relativo,
es decir, el porcentaje de veces que a
un específico partido se le ha dado la razón
atendiendo al número de impugnaciones que
el propio partido ha promovido, cabe apreciar
que es el PAN el más beneficiado con el
27.04%, seguido por el PRD CON 26.86% y
el PRI con el 26.70%. Por su parte, aun cuando
han promovido un número de
impugnaciones significativamente menor, es
pertinente mencionar que el PAS ha obtenido,
en su carácter de actor, un 39.13% de
sentencias favorables, en tanto que el PSN
un 29.55%.
Ahora bien, respecto de los 4,599, medios de
impugnación resueltos por la Sala Superior, 2079
han sido promovidos por los 11 partidos políticos
nacionales que actualmente cuentan con un
172

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
registro (además del PAN, PRI, PRD, PT Y
PVEM, en junio de 1999 obtuvieron su registro
Convergencia Partido Político Nacional, CPPN;
Partido de la Sociedad Nacionalista, PSN; Partido
Alianza Social, PAS, asimismo, Fuerza
Ciudadana Partido Político Nacional FCPPN,
Partido Liberal Mexicano PLM y Partido México
Posible PMP, que obtuvieron su registro en el
año 2002), cuyo sentido de las sentencias respectivas
se expone a continuación:
Aun cuando el porcentaje de asuntos con sentencia
favorable para el respectivo partido político
actor se reduce en cuanto a los fallos emitidos
por la Sala Superior del Tribunal Electoral,
nuevamente dicho porcentaje es muy similar
entre los tres partidos políticos con mayor fuerza
electoral el PAN nuevamente es el partido
que mejor porcentaje obtiene, con el 22.69% seguido
en esta ocasión por el PRD, con el 25.68%
y el PRI, con el 22.59%. A los anteriores convie-
Casos en que
la Sala Superior
ha otorgado la razón
a cada partido
173

Revocación y
reasignación
de cargos de
elección popular
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ne agregar, aunque hayan promovido menos
impugnaciones, al PT, 23.45%; PVEM,
26.58%; CDPPN, 22.73%; PSN, 29.55%; y
PAS, 39.13%.
Por lo que se refiere a los medios de impugnación
contra los resultados electorales federales
de 1997, la Sala Superior del Tribunal
Electoral, en forma definitiva e inatacable,
resolvió revocar en un caso la constancia de
mayoría originalmente obtenida por el PAN
para otorgársela al PRI, en tanto que en
otro revocó la sentencia de la Sala Regional
que había otorgado el triunfo a la formula
de candidatos del PRI y, en su lugar, ordenó
la confirmación del cómputo original que
beneficiaba a la fórmula del PRD. Por su
parte, tratándose de juicios de revisión constitucional
electoral relacionados con los resultados
de elecciones legislativas locales o
municipales, es importante mencionar que
la Sala Superior ha determinado revocar en
44 casos las constancias de mayoría o asignación
de algún cargo de elección popular,
por cambio de ganador, de los cuales en 23
asuntos el partido que originalmente obtuvo
la constancia fue el PRI, en 7 el PAN y
en el PRD; por su parte, el partido político
al que la Sala Superior le otorgó la nueva
constancia fue el PRD en 12 asuntos en que
la autoridad electoral local se había abstenido
de asignar cargos de representación
proporcional en diversos ayuntamientos, la
Sala Superior, con plenitud de jurisdicción,
174

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
resolvió asignar las regidurías correspondientes
a favor de los candidatos del PRD,
en siete casos, y de una coalición local, en
otros cinco.
Asimismo, la Sala Superior ha resuelto en 4
ocasiones la nulidad de la elección, 3 casos en
diferentes municipios
De los estados de San Luis Potosí, Sonora y
Oaxaca, en tanto que en el otro asunto respecto
de la elección de diputados en el estado de
Chiapas; de esos cuatro casos, dos veces fueron
a solicitud del PRD una del PAN y otra de una
Coalición PRD-PVEM; cabe hacer mención de
que, en todos estos casos, el partido político que
originalmente había obtenido el triunfo fue el
PRI. Igualmente, en cuatro asuntos la Sala
Superior ha revocado la nulidad de una elección
previamente decretada por una Sala Regional
o un tribunal electoral local, habiendo
promovido la impugnación respectiva en dos
casos el PRI y en otros dos los ciudadanos candidatos
electos (estos dos últimos casos corresponden
a las llamadas presidencias municipales
auxiliares en Tlaxcala, que admiten
candidaturas postuladas por ciudadanos)
, quines originalmente habían obtenido
la constancia de mayoría.
En cuanto a las impugnaciones relacionadas
con la elección federal de diputados por el principio
de mayoría relativa, de 1997, cabe señalar
que el total de la votación anulada tan-
Casos de Nulidad
de Elecciones
Anulación de votos
en elección federal
de diputados
175

Impacto de las
sentencias del TEPJF
en la integración
de la Cámara de
Diputados
Anulación de votos
en elecciónes locales
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
to por la Sala Superior como por las Salas Regionales
fue de 1.16% de la votación nacional
emitida, misma que alcanzó 30,080.639
sufragios. La votación anulada los tres partidos
políticos con mayor fuerza electoral
tuvo las siguientes proporciones: al PAN,
78,310 votos anulados, lo que representa el
0.26%; al PRI 142,699 votos anulados, lo que
significa el 0.47%, y al PRD 90,083 votos anulados,
esto es, el 0.3%.
Es conveniente mencionar que, como resultado
de la calificación de las elecciones de diputados
por el principio de mayoría relativa y por el principio
de representación proporcional, por parte
de los órganos competentes del Instituto Federal
Electoral, y las sentencias recaídas a las
impugnaciones que, en su caso, se promovieron
contra las declaraciones de validez y otorgamiento
de constancias de mayoría y asignación
respectivas, la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión quedó conformada de
tal manera que ninguna de las fuerzas políticas
representadas alcanzó la mayoría absoluta
por sí misma, ya que el PRI obtuvo 239
curules; el PRD, 125; el PAN, 121; el PVEM,
8, y PT, 7.
Por otra parte, hay que hacer mención que, con
motivo de los juicios de revisión constitucional
electoral relacionados con elecciones locales, se
han anulado en total 129,879 votos, de los cuales
49,082 correspondían al Partido Revolucionario
Institucional (PRI); 35,134 al Partido
176

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Acción Nacional (PAN) y 19,084 al Partido de
la Revolución Democrática (PRD).
Finalmente, teniendo en cuenta que, cuando no
se relaciona con los resultados electorales, los
actos y resoluciones del Consejo General del
Instituto Federal Electoral (IFE) pueden ser
impugnados por los partidos o agrupaciones
políticas ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral, a través del recurso de apelación o,
en su caso, juicio de protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, es posible
advertir que en más de cuatro quintas partes
del total de este tipo de impugnaciones, dicha
Sala Superior ha encontrado la actuación del
Consejo General del IFE apegada al marco constitucional
y legal. En efecto de las 153 sentencias
que sobre estos asuntos han dictado, tan
sólo 29 de ellos se ha considerado fundado o parcialmente
fundado el respectivo medio de impugnación
y, en consecuencia, se ha ordenado
la revocación o modificación del acto o
resolución impugnado.
Impugnación de actos
del Consejo General
del IFE
177

Directorio
Sala Superior
Magdo. J. Fernando Ojesto Martínez Porcayo
Presidente
Magdo. Leonel Castillo González
Magdo. José Luis De la Peza
Magdo. Eloy Fuentes Cerda
Magda. Alfonsina Berta Navarro Hidalgo
Magdo. J. Jesús Orozco Henríquez
Magdo. Mauro Miguel Reyes Zapata
Dr. Flavio Galván Rivera
Secretario General de Acuerdos
Lic. Antonio Martínez y Blanco
Secretario Administrativo
Lic. Mario Torres López
Subsecretario General de Acuerdos
Lic. José S. Antonio Tiro Sánchez
Coordinador General de Apoyo Técnico de la Presidencia
Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo
Directora de la Escuela Judicial Electoral
Dr. José Dávalos Morales
Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral
Lic. Lorena Angélica Taboada Pacheco
Coordinadora de Jurisprudencia y Estadística Judicial

Lic. Guillermo E. López Romero
Coordinador de Relaciones con Organismos Electorales
Lic. Jorge Tlatelpa Meléndez
Coordinador de Documentación y Apoyo Técnico
Lic. José Jacinto Díaz Careaga
Coordinador de Comunicación Social
Dr. Raúl Ávila Ortiz
Coordinador de la Unidad de Asuntos Internacionales
Comisión de Administración
Magdo. J. Fernando Ojesto Martínez Porcayo
Presidente
Magda. Alfonsina Berta Navarro Hidalgo
Magdo. Adolfo O. Aragón Mendía
Lic. Manuel Barquín Álvarez
Lic. Sergio Armando Valls Hernández
Comisionados
Lic. Antonio Martínez y Blanco
Secretario
Salas Regionales
1a. Circunscripción Plurinominal
Sala Regional Guadalajara
Magdo. José Luis Rebollo Fernández
Presidente
Magdo. Arturo Barraza
Magdo. Gabriel Gallo Álvarez
Lic. Manuel Ríos Gutiérrez
Secretario General

2a. Circunscripción Plurinominal
Sala Regional Monterrey
Magdo. Maximiliano Toral Pérez
Presidente
Magdo. Francisco Bello Corona
Magdo. Carlos Emilio Arenas Bátiz
Lic. Georgina Reyes Escalera
Secretaria General
3a. Circunscripción Plurinominal
Sala Regional Xalapa
Magdo. José Luis Carrillo Rodríguez
Presidente
Magdo. Héctor Solorio Almazán
Magdo. David Cetina Menchi
Lic. María Esther Cruz Morato
Secretaria General
4a. Circunscripción Plurinominal
Sala Regional Distrito Federal
Magda. María Silvia Ortega Aguilar de Ortega
Presidenta
Magdo. Fco. Javier Barreiro Perera
Magdo. Javier Aguayo Silva
Lic. Gerardo Suárez González
Secretario General

5a. Circunscripción Plurinominal
Sala Regional Toluca
Magdo. Carlos Ortiz Martínez
Presidente
Magdo. Ángel Rafael Díaz Ortiz
Magda. Ma. Macarita Elizondo Gasperín
Lic. René Casoluengo Méndez
Secretario General

El Sistema Mexicano de Justicia Electoral es una publicación
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
a través de la Coordinación de la Unidad de Asuntos Internacionales.
Se terminó de imprimir en julio de 2003
en DIGRAF y Comunicación, S. de R.L. de C.V.
y su tiraje fue de 250 ejemplares.