Sistemas Judiciales

Desafíos y perspectivas
para la Defensoría Pública
en el Ecuador
Ernesto Pazmiño Granizo
Doctor en Jurisprudencia por la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
profesor universitario, abogado penalista,
actual Director de la Unidad Transitoria
de Gestión de la Defensoría Pública Penal.
ernesto.pazmi@hotmail.com
“En este lugar maldito no se sanciona el delito,
se castiga la pobreza”.
Grafiti en la Penitenciaría.
Sumario
1. Introducción. 2. Sin defensa pública se limita
el acceso a la justicia. 3. Necesidad de institucionalizar
la defensa pública en el Ecuador. 4. La defensa
pública y su papel estratégico. 5. Consagración
constitucional y legal de la defensoría pública penal
y del derecho a la defensa. 6. Principales desafíos
para adoptar un “modelo institucional” de la defensoría
pública en el Ecuador: 6.1. La persistencia
de modelos burocráticos de defensa pública. 6.2.
El papel de la defensa pública dentro del sistema
de justicia penal. 6.3. La defensa pública como un
“servicio público”. 6.4. Prestar un servicio de calidad.
6.5. El problema de la prisión preventiva y los
“presos sin sentencia”. 6.6. La gratuidad del servicio.
6.7. Las relaciones entre la Defensoría Pública
y el mercado privado de servicios legales. 6.8. El
servicio de Defensoría Pública es para todas las materias
e instancias. 6.9. Orientación de la defensa a
los intereses del defendido. 6.10. El derecho a un
defensor de confianza. 6.11. La Defensoría Pública
incide en el funcionamiento de la justicia penal.
6.12. Actuar en igualdad de armas con la fiscalía.
6.13. Un servicio basado en los estándares de calidad
y eficiencia y evaluaciones permanentes. 6.14.
Orientación, asistencia y asesoría jurídica en todas
las materias. Reflexiones finales.
1. Introducción
En días anteriores, como feliz coincidencia, entró
en vigencia el Código Orgánico de la Función
Judicial que crea por primera vez en el Ecuador la
Defensoría Pública y la incorpora como un órgano
autónomo de la Función Judicial en condiciones
similares a la Fiscalía General del Estado, y también
entraron en vigencia las reformas al Código
de Procedimiento Penal que contempla cambios
sustanciales al proceso penal al regular y exigir el
procedimiento oral para todo tipo de diligencias y
actuaciones judiciales; establecer procedimientos
especiales y alternativos al proceso penal ordinario
tales como los acuerdos de reparación, la suspensión
condicional del procedimiento, la desestimación, el
archivo provisional y definitivo, la aplicación del
principio de oportunidad en la actuación del fiscal
y el procedimiento simplificado; incorporar una
serie de medidas cautelares de carácter personal alternativas
a la prisión preventiva que se convierte en
la última razón del sistema para ordenarla. Las reformas
fortalecen definitivamente el modelo adversarial,
como un sistema garantista de los derechos
de las partes, abandonando algunas disposiciones y
prácticas del viejo sistema inquisitorial que aún se
mantenían.
En nuestro país, sin embargo, no puede existir
ninguna discusión seria sobre el respeto de las
garantías o el significado final del garantismo si no
se considera como un tema de vital importancia la
implementación, funciones y el desarrollo de la Defensoría
Pública.
Es urgente superar previamente la concepción
tradicional que indica que la defensa pública es
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