Sistemas Judiciales

Desafíos y perspectivas para la Defensoría Pública en el Ecuador
Ernesto Pazmiño Granizo
los cargos e imputaciones que le hacen al sindicado;
oportunidad para efectuar descargos; presentar
prueba; confrontar la prueba desde el primer
momento que se le imputa un delito; el patrocinio
y asesoría legal gratuita; el derecho a audiencia; impugnación
de las decisiones judiciales, etc. En íntima
relación con lo dicho es que se han desarrollado
las garantías del debido proceso, en donde la defensa
y los defensores públicos juegan el papel más importante
y decisivo.
El derecho natural de la defensa es un derivado
del derecho de acceso a la justicia, con la finalidad
de evitar el estado de indefensión en que se halla
o se podría lamentablemente encontrar cualquier
persona ante una imputación. Consideramos que la
indefensión es la negación al resguardo del derecho
fundamental de la defensa y se origina en la imposibilidad
de una persona para hacer valer sus derechos
fundamentales en el procedimiento penal, en
relación con la actuación de la pretensión punitiva.
Esta situación es extensiva a las otras áreas y materias
del derecho.
No me cansaré de decir que la intervención de
un defensor público contribuye a la transparencia del
proceso, provoca mayor debate, genera juicios más
técnicos y oportunos, disminuye la posibilidad de
error judicial, y permite construir y consolidar una
sociedad más justa y democrática donde la justicia,
al generar un verdadero acceso, se hace más creíble.
Finalmente el Código de Procedimiento Penal
garantiza también el derecho a la defensa del
imputado cuando dispone:
“Art.11.- Inviolabilidad de la defensa.- La defensa del
imputado es inviolable. El imputado tiene derecho a intervenir
en todos los actos del proceso que incorporen
elementos de prueba y a formular todas las peticiones y
observaciones que considere oportunas.
Art.12.- Información de los derechos del imputado.-
Toda autoridad que intervenga en el proceso debe velar
para que el imputado conozca, inmediatamente, los
derechos que la Constitución Política de la República
y este Código le reconocen. El imputado tiene derecho
a designar un defensor. Si no lo hace, el juez debe designarlo
de oficio, antes de que se produzca su primera
declaración. El juez o tribunal pueden autorizar que
el imputado se defienda por sí mismo. En este caso el
defensor se debe limitar a controlar la eficacia de la defensa
técnica.”
6. Principales desafíos para adoptar
un “modelo institucional” de la
Defensoría Pública en el Ecuador
Expresaremos algunos problemas y los desafíos
principales que debe enfrentar la Defensa Pública
en su proceso de formación:
6.1. La persistencia de modelos
burocratizados de defensa pública
Cuando no se desarrollan modelos de trabajo
dentro de la defensa pública se manifiestan altos
niveles de burocratización. Defensores sin vocación
que no trabajan en equipo, que no sienten que pertenecen
a un misma organización, que “no se ponen
la camiseta”, que piensan su trabajo más como
un paso dentro de su carrera judicial que como un
servicio específico con su propia carrera, lealtad al
sistema judicial, a la búsqueda de la verdad, antes
que a su cliente, falta de políticas de desarrollo organizacional
e institucional, etc. Este modelo de
organización, que debemos atacar y terminar completamente,
es la función que cumplía la defensa
pública dentro de los sistemas de tipo inquisitorial
en la cual el defensor era fundamentalmente un
auxiliar de la justicia. En algunos casos, los defensores
oficiales han copiado el modelo de organización
jerárquica y piramidal de los jueces, propios de
un sistema inquisitivo, que tiene por objetivo sujetarla
a contribuir al esclarecimiento de la verdad
real, con la consecuencia necesaria -para cumplir
dicho objetivo- que los imputados confiesen, lo que
distorsiona el derecho de defensa.
Frente a las defensas burocratizadas y los defensores
más preocupados por defender sus cargos, su
estabilidad y sus rutinas que por mejorar permanentemente
el sistema, hay que oponerle un nuevo
modelo de defensa pública orientado a la lealtad a
su cliente, al interés superior del imputado, como
más adelante veremos, con una organización moderna,
basada en estructuras orgánicas sólidas, con
capacidad crítica frente al sistema judicial, preparada
para utilizar al máximo los recursos que el sistema
judicial pone a su disposición y que asuma la
carrera judicial como una carrera en sí misma que
reclama especialización y tiempo.
6.2. El papel de la defensa pública dentro
del sistema de justicia penal
La Constitución reconoce a la Defensoría Pública
como un órgano autónomo de la Función Judicial;
además, el defensor público general forma
parte del Consejo Consultivo del Consejo de la
Judicatura. Por lo tanto debemos plantearnos seriamente
el reto y el problema de la defensa pública
136