Sistemas Judiciales

Desafíos y perspectivas para la Defensoría Pública en el Ecuador
Ernesto Pazmiño Granizo
CAUSAS GESTIONADAS Y ASESORADAS POR LA UNIDAD
DE DEFENSORÍA PÚBLICA
PERIODO 01-Diciembre-07 a 25-Noviembre-09
1. Causas asignadas a centros legales. 7250
2. Causas patrocinadas por defensores públicos de
planta (75 a nivel nacional)
3. Asistencia a audiencias orales por defensores de
planta
4. Indultos gestionados por abogados UTGDPP Quito
y Provincias
3505
9526
1618
5. Prelibertades, deportaciones y otros 228
Subtotal 22127
CAUSAS GESTIONADAS DE OFICIO Y ASESORÍAS LEGALES
6. Causas asignadas de oficio por defensores de
planta
7. Asesorías (acompañamiento versiones -primera
declaración en el proceso- y atención al cliente)
4350
2652
Subtotal 7002
TOTAL CAUSAS GESTIONADAS POR LA UNIDAD 29129
CAUSAS RESUELTAS POR LA UNIDAD DE DEFENSORÍA
PÚBLICA
PERÍODO 01-Diciembre- 07 a 25-Noviembre-09
1. Juicios resueltos 5969
2. Libertades en audiencias orales (flagrancia e
investigación)
3679
3. Libertades por indultos 1153
TOTAL CAUSAS RESUELTAS POR LA UNIDAD 10801
En el mes de octubre de este año no existen más
del 15% de personas privadas de la libertad que aún
no tengan sentencia y con eso hemos solucionado el
requerimiento de defensa penal y podemos iniciar
el plan de implementación de la Defensoría Pública
ampliando su cobertura a otras materias; desde
enero de 2010 iniciaremos con niñez y adolescencia
en el área de alimentos, para luego, hacerlo a materia
laboral y en agosto de 2010 a violencia intrafamiliar
y las demás materias que se requieran.
El Código Orgánico establece que para ampliar
la cobertura a otras materias puede contratarse
temporalmente con organizaciones especializadas
que trabajan en estas áreas. En razón de que
este cuerpo legal concede a la Defensoría Pública
la potestad para acreditar y evaluar a los servicios
de defensa y asesoría jurídica gratuita que organicen
las universidades del país y las organizaciones
de la sociedad civil, creo que es una buena oportunidad
de diseñar con ellos un sistema adecuado
y técnico para que, inicialmente, esos centros jurídicos
brinden a la ciudadanía pobre el servicio de
defensoría en otras materias y que el área penal sea
asumida exclusivamente por la Unidad Transitoria
y la futura Defensoría Pública. Con los egresados
de derecho que deben realizar las prácticas pre profesionales
puede organizarse programas de servicio
comunitario que permita, sobre todo en los sectores
rurales, comunidades y barrios pobres, el acceso a
patrocinio y asesoría legal especializada y capacitada,
que eleve el respeto a los Derechos Humanos
y derechos ciudadanos y al ejercicio efectivo de los
mecanismo jurídicos.
Adicionalmente no debemos olvidar que los
cambios sociales han puesto sobre el tapete nuevos
temas y nuevos sectores sociales con preocupaciones
distintas que tradicionalmente no han sido de
la preocupación principal de las defensas públicas.
Los casos de defensa del consumidor, las estrategias
de acciones colectivas, los discapacitados, el tema
de las poblaciones indígenas, el problema en general
de las poblaciones migrantes, las nuevas exigencias
de las minorías, las nuevas formas de violencia, la
defensa del medio ambiente, los recursos constitucionales
por violación de garantías fundamentales,
etc., plantean nuevos problemas y nuevas tensiones,
que sumadas a la necesidad de no abandonar los
temas principales y tradicionales de la defensa pública,
obligan a pensar nuevas formas de asignación
de recursos y modelos organizacionales, así como
una redefinición del perfil tradicional del defensor.
El servicio de defensa no debe concentrarse en
las grandes ciudades, sino que debe asumir la obligación
de desplegarse territorialmente, dotando de
recursos a las zonas rurales muchas veces olvidadas
por el Estado y abandonadas a su propia suerte. El
Código Orgánico exige que el servicio debe prestarse
desconcentradamente mediante oficinas con
competencia en regiones, provincias, cantones y
distritos metropolitanos. En síntesis, los problemas
reseñados precedentemente nos muestran no sólo
los grandes desafíos a los que debe enfrentarse la
defensa pública sino la importancia y la necesidad
de construir un modelo institucional que responda
a estos desafíos.
La complejidad de problemas que giran alrededor
de la defensa pública y la magnitud de las tareas
que tiene por delante nos impone superar las visiones
moralistas o burocráticas que podrán ser tranquilizadoras
para quienes en lo individual ejercen
sus cargos con responsabilidad pero que son notoriamente
insuficientes para construir nuevos sistemas
de defensa pública que verdaderamente sean
fundamentos de una política eficaz de protección
de los Derechos Humanos fundamentales.
Para poder responder a este reto es necesario
asumir desafíos de gestión que permitan implementar
un diseño orgánico institucional moderno,
que establezca una estructura técnica por procesos
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