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se cumple la pena privativa de libertad, de los traslados de centro de reclusión, de las sanciones administrativas impuestas a los penados, de las internaciones hospitalarias, solicitudes de los penados por salidas transitorias tanto laborales como domiciliarias. 3. Algunas consideraciones finales Hemos pretendido en este espacio, hacer una “presentación” de la propuesta de reforma para mi país. Cada uno de los ítems expuestos requeriría de un trabajo de similar extensión o más para su completa comprensión en particular de su instrumentación en el texto. Es por ello que puntualizaremos algunos temas directamente vinculados a la reforma. En primer lugar debemos destacar que la Comisión -en este caso por unanimidad- considera imprescindible para la viabilidad de la reforma, la reubicación institucional del Ministerio Público fuera del Poder Ejecutivo. Hoy el instituto se ubica dentro de la órbita administrativa del Ministerio de Educación y Cultura, quien dispone de los recursos financieros y materiales, y termina siendo quien propone al Parlamento Nacional los nombres de los técnicos para los que se solicita venia para su designación, aun cuando lo hace a instancias del fiscal de Corte, jerarca máximo del Ministerio Público, pero igualmente sometido a la decisión del ministro de turno. Eso no afecta a la independencia técnica del Ministerio Público, reconocida reiteradamente en textos legales, y cuidada y practicada con vehemencia por parte de quienes se desempeñan en tal función. En segundo lugar, hemos acordado por unanimidad una denominación de los tribunales, tal como la conocemos hoy; serán “jueces letrados de primera instancia en lo penal”, sin distinción, que en otros textos legales han sido denominados de garantía, o de juicio oral o de control. La diferencia de hasta dónde llega su competencia la determina, como lo expresáramos, la decisión de imponer o no alguna medida limitatativa a la libertad ambulatoria. En tercer lugar, a la hora de pensar la estructura del proceso extraordinario se tuvo en cuenta particularmente la realidad de los hechos delictivos que se investigan y someten a juicio hoy. En un altísimo porcentaje con la misma prueba recabada por el magistrado en las primeras 24 horas desde la detención del imputado, es la misma prueba que valora el Ministerio Público meses o años después para sostener su acusación y es con la misma que el magistrado dicta sentencia de condena. Entonces desde esa realidad se acordó este proceso que tiene como límite la imperiosa necesidad de respetar los plazos constituciones, esto es que en no más de 48 horas contadas desde la detención el magistrado deberá resolver sobre su situación, por lo que de tramitar por la vía del proceso extraordinario, aun cuando la audiencia se diligencie en 48 horas, el magistrado podrá mantener la situación del imputado, en calidad de detenido, cumplir con el diligenciamiento de la prueba ofrecida por las partes y dictar sentencia de condena o absolutoria en ese plazo. Esta misma situación fue la que nos convenció de que era imprescindible como garantía en el proceso, la habilitación de ofrecimiento y diligenciamiento de prueba en segunda instancia. En cuarto lugar, deberá tenerse especialmente en cuenta la necesidad de nuevos técnicos, tanto desde el ámbito del Poder Judicial en relación a jueces y defensores públicos y especialmente al Ministerio Público. Una reforma como la que se propone con la cantidad de técnicos actuales, y especialmente por la organización administrativa en la que se desempeñan, es absolutamente inviable. En ese mismo sentido es impensable no incorporar tecnología, por ejemplo para la recepción de las audiencias, para la coordinación con los organismos involucrados en tecnología para recabar prueba, soportes informáticos de respaldo de todo el material involucrado, para eliminar el expediente en “hoja” enorme e innecesario. En quinto lugar, se requiere en forma imprescindible de un proceso de capacitación formal, continuo y sustentable. Personalmente estoy convencida de que además de la capacitación en esta nueva forma de litigar, se requiere un “cambio de cabezas”, la convicción de que el cambio es posible y disposición para el compromiso con el mismo cualquiera sea el cargo que se desempeñe -y de este cambio no quedan excluidos los funcionarios judiciales, administrativos y técnicos, en quienes recaerá el soporte administrativo del proceso-. En sexto lugar, al momento de la presentación del anteproyecto ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores, hemos planteado que sería oportuna la entrada en vigencia del texto en forma progresiva, para lo cual explicitamos los ejemplos de Chile y Perú, entre otros. Esta posibilidad permitiría no solo escalonar los costos de la reforma, sino también una vigilancia estrecha de su puesta en funcionamiento y eventualmente corregir por vía legislativa aquellas situaciones en las que resulte imposible su puesta en práctica o que el propio texto no resulte claro. 169
Proceso de reforma del Código Procesal Penal en la República Oriental del Uruguay Adriana Berezán Y por último, pero no por ello de menor importancia, hemos sido insistentes en destacar que la reforma procesal penal no será una solución al sistema penitenciario, hoy totalmente desbordado y sufriendo la vergüenza de ser uno de los que tiene mayor hacinamiento carcelario según estándares internacionales, reconocido por las autoridades, quienes buscan alternativas para su solución. En todo caso cambiará las características de los privados de libertad, pasando a un número mayor de condenados en relación a procesados, y eso mismo exige una puesta en funcionamiento de programas para la formación del recluso, quien al ingreso al sistema penitenciario sabrá con exactitud cuánto será el mínimo de tiempo que deberá permanecer recluido antes de tener la posibilidad de ejercer su derecho a solicitar su libertad anticipada. O sea que en este sentido, también al jerarca de los centros de reclusión, la reforma procesal penal le impondrá la necesidad de introducir cambios, para dar cumplimiento a las normas legales vigentes que exigen un tratamiento adecuado para las personas privadas de libertad. 170
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