MEMORANDO DE ADVERTENCIA - Contraloría Municipal de Neiva

MEMORANDO DE ADVERTENCIA
financiero aplicable al caso concreto, de tal suerte que el término de ejecución de todo
contrato de concesión debe estar diseñado para que al finalizar, el concesionario haya
obtenido el ingreso esperado.
No en vano el inciso final del artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 prohibió tajantemente
las prórrogas automáticas en los contratos de concesión. De esta manera, contratos
como el firmado en 1997 por el municipio de Neiva con la Unión Temporal DISELECSA
LTDA – I.S.M. S.A., con un plazo de veinte (20) años, deben en lo posible ejecutarse
dentro de dicho término, ya que toda prórroga supone la restricción del derecho al
acceso en igualdad de oportunidades a los procesos de contratación del Estado y de
libre competencia de oferentes, según lo preceptuado en los artículos 13 y 333 de la
Constitución Política, produciendo en los demás ciudadanos interesados un sacrificio
desproporcionado de estos derechos constitucionales.
Y es que estamos ante un contrato de concesión que comprende como pocos un
servicio público entregado a un particular, cuya fin (alumbrado público), tiene un alto
impacto social en la comunidad, pues comprende “la iluminación de los bienes de uso
público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro
del perímetro urbano y rural de un municipio” (artículo 2º, Decreto No. 2424 de 2006).
Por lo mismo, una prórroga del contrato de concesión No. 001 de 1997 en principio
violaría el artículo 209 de la Carta Política, puesto que podría entenderse como colocar
la función administrativa al servicio de intereses particulares, haciendo inviable la
aplicación del principio de igualdad, que consiste en abrir la posibilidad a todos los
oferentes que estén en capacidad de prestar el mismo servicio contratado.
Además, no sobra advertir que el contrato de concesión No. 001 de 1997 conlleva un
interés general para la comunidad, pues se trata de la prestación del servicio de
alumbrado público, el cual tiene unas implicaciones que tocan los intereses de todos los
habitantes, como quiera que una efectiva iluminación de los bienes de uso público y
demás vías de circulación, mejora o afecta la calidad de vida de los neivanos. Así lo
expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-250 de 1996, al expresar:
“El contrato de concesión es un contrato del Estado cuya finalidad es el uso de un bien
público o la prestación de servicios públicos, que en principio, como así lo dispone el
estatuto superior, le corresponde prestar al Estado. Su objeto está directamente
relacionado por tanto, con el interés general, el cual está representado en una
eficiente y contínua prestación de los servicios y en la más oportuna y productiva
explotación de los bienes estatales” (Subrayado fuera de texto).
“Por un Control Fiscal Técnico y Oportuno” 4
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GD-F-03/V2/21-07-2009