MÁS CICLISTAS MÁS SEGUROS

Regulación en torno a la movilidad ciclista / 25
4.1. Regulación nacional
A nivel nacional, se establece en el artículo 73 de la
Constitución la facultad del Gobierno Federal para
dictar leyes sobre las vías generales de comunicación,
es decir, las vías federales que se manejan a través
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal. Dicho artículo también faculta al Congreso
para dictar leyes sobre “la salubridad general de la
República”, que incluye la responsabilidad de reducir
las lesiones y muertes por causa externa, en donde se
contemplan las causadas por hechos viales, para lo
cual se expidió la Ley General de Salud. De acuerdo
con esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y la Secretaria de Salud serían los organismos
encargados de garantizar la seguridad vial.
Sin embargo, hasta este momento, no se contempla
directamente a la movilidad urbana, movilidad
sustentable, o movilidad ciclista en la Constitución,
ni las leyes y reglamentos federales que se derivan
de ella. Con base en el artículo 27 de la Constitución,
que establece que la nación tendrá el derecho de actuar
para garantizar el desarrollo equilibrado del país,
así como el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población, se podrían dictar medidas necesarias
para que los centros de población se desarrollen adecuadamente,
a partir de la correcta infraestructura
que necesitan. Desafortunadamente, la ley que surgió
de esta facultad en 1976, la Ley General de Asentamientos
Humanos, no contempla la infraestructura
de movilidad ni la seguridad vial. Adicionalmente, el
artículo 115 fracción III de la Constitución establece
la atribución de los municipios para encargarse de su
seguridad pública y tránsito, sin que quede claro el
alcance de esta disposición.
El hecho de que no se reconozca explícitamente
dentro de la Constitución a la movilidad y a la seguridad
vial puede originar que la responsabilidad de
éstas sea difusa y difícil de interpretar. La responsabilidad
de la política nacional de la seguridad vial
correspondería a la Secretaría de Salud; la de movilidad
y seguridad vial en vías generales (federales) de
comunicación a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; mientras que la movilidad y seguridad
vial en el resto de las calles a cada municipio, o en
su caso a los estados (dependiendo de la regulación
local).
La ausencia de un marco constitucional claro sobre
movilidad y seguridad vial presenta además otros
retos. Generalmente, las secretarías federales tienen
más recursos, pero no tienen atribuciones sobre las
calles urbanas y suburbanas en donde ocurren más
del 90% de los hechos viales y 70% de las muertes
de tránsito 74 . Por otro lado, los estados y municipios
tienen las atribuciones para regular el tránsito y por
carecen de los recursos, capacidad técnica y las directrices
para cumplir con los crecientes retos sobre
el tema. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) representa
-
nanciera a los municipios y estados en materia de
movilidad y seguridad vial, a través de su atribución
constitucional de planear y regular el crecimiento de
los asentamientos humanos y sus planes de desarrollo
y movilidad. El STCONAPRA también brinda asistencia
técnica a municipios y estados en materia de
seguridad vial.
74
CONAPRA, Tercer Informe Sobre la Situación de Seguridad Vial (México, D.F.:
Secretaría de Salud, 2013).