la plena comunion, mas cerca la plena comunion, mas cerca

Colaboración
Un feliz aniversario
Pablo Martín de Santa Olalla Saludes
Doctor en Historia Contemporánea
El 3 de enero se cumplían 28
años de la firma de los cuatro
Acuerdos (jurídico, económico,
educativo y cultural, y
castrense) que pusieron fin al
Concordato de 1953. Debemos
felicitarnos, ya que el hecho de
que estos Acuerdos sigan todavía
en vigor se debe no sólo a
que fueron bien redactados y
mejor negociados, sino a que vivimos
una era de estabilidad
política impensable en otros
tiempos. En efecto, tanto el
Acuerdo Básico de julio de 1976,
como los cuatro Acuerdos parciales
de enero de 1979, han sobrevivido
al paso del tiempo y,
firmados por Adolfo Suárez,
han sido respetados por hasta
cuatro presidentes más. Con ello
certificamos un hecho muy importante,
a pesar de que algunos se obstinan en
hacer creer lo contrario, y es que en España
ya no hay «cuestión religiosa»,
como sí la hubo durante la II República
y la Guerra Civil. Ni debe haberla.
No resulta fácil explicar qué es exactamente
el Estado «aconfesional», que es
el instituido por la Constitución de 1978.
Sabemos más bien lo que no es, que lo
que realmente es: no es ni la confesionalidad
católica del franquismo ni el laicismo
anticlerical de la II República. Se
basa en dos principios esenciales: por
un lado, la necesaria separación Iglesia-
Estado, y por otro, la fuerte tradición
cristiana de España. Nuestro país ya no
es aquel «martillo de herejes» del que
hablaba Marcelino Menéndez y Pelayo,
ya que la secularización de la sociedad
ha jugado un papel muy importante
a la hora de fomentar la indiferencia
ante el fenómeno religioso, pero aun así
la Iglesia sigue teniendo todavía una
presencia importante en la sociedad. La
mayor parte de las parejas españolas, si
deciden contraer matrimonio por un
Los entonces, año 1979, secretario de Estado de la Santa Sede,
cardenal Villot, y ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino
Oreja, firmando los Acuerdos Iglesia-Estado.
rito religioso, escogen el católico de manera
abrumadoramente mayoritaria con
respecto al resto de opciones, e igual
sucede con otros sacramentos, como el
bautismo o la comunión. La enseñanza,
ahora a partir del régimen de los colegios
concertados, sigue contando con
un gran protagonismo por parte de las
órdenes religiosas, que se apoyan en
mercados como el editorial para fortalecer
su presencia en el sector.
El hecho de que todo esto sea así, a
pesar de que el número de católicos
practicantes ha disminuido, es lo que
explica que esos Acuerdos firmados en
la Transición y que se basaban en la
honda tradición cristiana de nuestro
país, sigan todavía sin ser denunciados.
En ese sentido, los negociadores de
aquellos textos fueron previsores y optaron
por la fórmula de los Acuerdos
parciales frente al todo de un Concordato,
una estrategia diseñada por Pablo
VI que arrancaba desde que en la
primavera de 1968, tras solicitar a Franco
la renuncia al privilegio de presentación
de obispos, se percatara de que
36 Número 3.345 ■ 20 de enero de 2007
una parte no podía ser modificada
sin afectar al todo en su
conjunto. Por eso resulta increíble
que todavía algunos hablen
del «Concordato de 1979»: ni lo
hubo, ni se quiso que lo hubiera.
Debían parcelarse las diferentes
cuestiones y, si se producía la
revisión de alguna de ellas, dicha
revisión sólo podía tener un
efecto parcial. Porque lo esencial
no era lograr un texto solemne
de alto calado internacional,
como lo fue el Concordato de
1953 para la aislada España de
entonces, sino lograr un instrumento
lo suficientemente efectivo
a la hora de resolver los posibles
conflictos entre la Iglesia y
el Estado. Así, a pesar de que es
cierto que ha habido momentos
de tensión entre el Gobierno español y
la Santa Sede a lo largo de estos años,
el reciente canje de notas entre la Nunciatura
y el ministerio de Asuntos Exteriores,
y que tiene por objeto actualizar
la instrumentalización de la asignación
del Estado a la Iglesia vía contribución
de los fieles, no sólo no ha supuesto
una denuncia del Acuerdo sobre asuntos
económicos, sino que incluso no ha
sido necesario modificarlo.
Ello no quiere decir que nos encontremos
en un momento de total tranquilidad.
La Conferencia Episcopal sabe
que es el momento de concienciar a los
fieles de que deben hacerse cargo del
sostenimiento de la Iglesia, porque sólo
de esa manera se podrá avanzar en la
independencia afirmada por el Concilio
Vaticano II. El Estado debe colaborar, ha
de procurar, en su vocación natural de
servicio a la ciudadanía, los mecanismos
para que el catolicismo pueda desarrollar
sus fines, pero somos los fieles los
que hemos de asumir nuestro papel de
auténtico motor de una institución milenaria
como es la Iglesia católica. ■
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