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59. En 1993 y 1994, estos abogados estadounidenses de los demandantes
interpusieron dos demandas contra Texaco ante el Tribunal Federal de distrito de Nueva York,
supuestamente en representación de clases de “30.000 residentes” del Oriente y “25.000
residentes” del Perú. Véase Aguinda contra Texaco, Inc., N.° 93 Civ. 7527 (D.S.N.Y 3 de
noviembre de 1993) (“Aguinda”) y Jota contra Texaco, Inc., N°. 94 Civ. 9266 (D.S.N.Y. 28 de
diciembre de 1994) (“Jota”). Estas acciones se desestimaron por diversos fundamentos que
incluían jurisdicción inadecuada (forum non conveniens), respecto internacional mutuo y la
ausencia de partes indispensables para la acción, Petroecuador y la República del Ecuador.
60. Debido a que Ecuador y Petroecuador habían liberado a TexPet de
responsabilidad civil luego de las tareas de reparación efectuadas por la empresa, y debido a que
las leyes ecuatorianas no permiten acciones de clase, los abogados estadounidenses de los
demandantes requirieron la colaboración del gobierno para iniciar un juicio potencialmente
lucrativo en el Ecuador. Los abogados estadounidenses de los demandantes no tenían ningún
deseo de enjuiciar a Petroecuador o Ecuador por los daños que habían ocurrido, a pesar de su
culpabilidad real, porque, como explicó el Demandado Donziger, “[E]l gobierno aquí
probablemente nunca va a pagar cualquier sentencia. En contraste, Texaco puede pagar”. Para
obtener el “cheque[] jugoso[]” que era, como lo expresó Fajardo, el objetivo final, los abogados
estadounidenses de los demandantes llegaron a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano para
permitir que dichos abogados entablaran una acción contra un objetivo conveniente de los
Estados Unidos.
61. Los abogados estadounidenses de los demandantes acordaron no demandar a
Petroecuador y aseguraron a la República del Ecuador que se beneficiaría de toda sentencia que
se emitiera contra Chevron a cambio de apoyo gubernamental público y privado al caso de los
abogados estadounidenses de los demandantes.
62. Los abogados estadounidenses de los demandantes presentaron al Procurador
General del Ecuador promesas escritas de que no iban a interponer demandas contra la República
del Ecuador o Petroecuador ni cobrar ninguna sentencia contra Ecuador en caso de que se les
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