árbol genealógico monofiletigo del reino vegetal. - Ateneo de Madrid

102 REVISTA EUROPEA.—36 DE ENERO DE 1879. NÚM. 257
debilidad ó del crimen, que por cuanto sin culpa
de ellas las abandonaron sus padres, tienen
derecho á la tutela de la sociedad.» Complemento
á los artículos ya enunciados anteriormente
fue la Real orden de 26 de Marzo de
1834, que confió á los Subdelegados las funciones
de visitar y vigilar establecimientos benéficos,
corregir sus abusos y examinar sus
cuentas, confiriéndoles la presidencia de la
Junta de los establecimientos provinciales, y
á los alcaldes de las locales, aboliendo la antigua
costumbre de elegir solo entre la nobleza
y el clero los individuos de las citadas Juntas,
mandando que en lo sucesivo formasen
parte de ellas sujetos que cualquiera que fuese
la clase á que pertenecieran, poseyesen conocimientos
de la ciencia económica, y estuviesen
animados del deseo del bien general.
Restablecido en 8 de Setiembre de 1834 el
reglamento de beneficencia de 1822, aparecieron
de relieve los inconvenientes de no haber
Juntas provinciales cuando existían establecimientos
benéficos con dicho carácter. La falta
de armonía entre el citado reglamento y la
ley de Ayuntamientos de 1822, vigente entonces,
inspiró sin dúdala Real orden de 1836, por
la que se manda á los jefes políticos que propusiesen
el que más conviniese á sus respectivas
provincias, y al efecto se les fijaban reglas
en consonancia con las que entonces regían
para los demás ramos. Al ponerse nuevamente
en vigor la ya precitada ley de 1822,
se nombró una Comisión con encargo de proponer
á la mayor brevedad un plan de beneficencia
pública, y de reunir todos los fondos
é intereses que debieran servir á tan piadoso
establecimiento.
Presentado por el Gobierno en 1838 al Congreso
el proyecto de ley de beneficencia, no
llegó á ser discutido; fue reproducido en la legislatura
de 1840, en la cual fue retirado definitivamente.
La necesidad de una perfecta ley de beneficencia,
que armonizase esta con la municipal
y la provincial, inspiró al Gobierno del
Duque de la Victoria el nombramiento de una
Comisión compuesta de D. Martin de los Heros,
presidente, y D. Eus?bio del Valle, Don
Ramón de la Sagra, D. Vicente María Chavarri
y D. Braulio Rodrigo de la Dehesa, como
vocales, mandándoles proponer un proyecto
de ley que estableciese la oportuna subdivisión,
administración y dependencia de los establecimientos
piadosos, bajo la base de centralización
de todos los fondos aplicados á la
beneficencia, aunque respetando en cuanto
fuese posible la voluntad de los fundadores,
cuya Comisión, á causa de las vicisitudes políticas,
no llegó á formular dictamen.
En ninguna Nación como en España tomó
un impulso tan grande la beneficencia particular;
en ninguna parte tampoco fueron tan
escandalosos los abusos en la administración
de las obras pías; faltos de la piedad que animaba
á los fundadores, los patronos (incluidos
en la desamortización general decretada en
tiempos deGodoy los bienes de la beneficencia)
disminuyeron grandemente estos caudales
de la caridad; el abandono del poder civil y
la rapacidad de los administradores de los bienes
benéficos, unido á lo complejo de las-fundaciones,
convirtieron en innumerables ocasiones
en peculio particular el riquísimo tesoro
de la caridad. Secularizada la beneficencia
•y convertida en uno de los principales ramos
del derecho administrativo, surgieron desavenencias
entre las autoridades civiles y los patronos
y los Cabildos eclesiásticos que rechazaban
la inspección del protectorado del Estado,
cuya vigilancia les privaba del disfrute de.
pingües riquezas, propiedad de los necesitados.
En Andalucía, donde la caridad cristiana
fue más pródiga que en ninguna otra región
de España, fueron también mayores las dificultades
opuestas por los Cabildos catedrales
y los patronos á los Jefes políticos, hoy Gobernadores
civiles (1). Libre el Gobierno de los
asuntos de la guerra, y dedicando sus cuidados
á la organización administrativa, ampliando
la comunicación dirigida al Jefe político
de Sevilla, para que hiciese entender al Cabildo
catedral de dicha población que es de las
atribuciones del Gobierno supremo, como protector
nato de todos los establecimientos de beneficenca,
inspecciorarios y adoptar cuantas
providencias crea convenientes para corregir
los abusos que se noten en el cumplimiento de
la voluntad de los fundadores, se comunicó á
todas las autoridades provinciales la siguiente
Real orden de 25 de Marzo de 184G, y en la
que se fijan las funciones del protectorado.
«Cuando los poderes legislativo y ejecutivo residian
en el Trono, disposiciones reales confirieron
á diversas autoridades el protectorado
de las fundaciones sin distinción alguna, y
crearon además Juzgados especiales para fallar
los negocios contenciosos relativos á las
(1) La hiüitoria de estas competencias, que por no alargar
esta reseña omitimos, se encuentra amplia y concienzudamente
hecha por ü. Fermín Hernández Iglesias en
su importantísima obra La Beneficencia en, España, título
I, capítulos 5.°, 6.° y 1."