Actualidad Societaria Abril a Junio 2012 - ESTUDIO YMAZ Abogados

ANTECEDENTES
I.- Resoluciones generales y otras normas
- Resolución General IGJ N° 9/2012 del 11 de mayo de 2012, publicada
en la primera sección del Boletín Oficial de la República Argentina
del 14 de mayo de 2012, págs. 41 a 42.
- Dictamen de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
N° 007/2012 del 16 de marzo de 2012, dictado en el expediente
CUDAP EXP S04:0012000/2012, publicado en la página web de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
II.- Resoluciones particulares
- Resolución Particular IGJ N° 10/2011 del 5 de enero de 2011 dictada
en el expediente N° 1.783.872/2.704.421, siendo el caso “G. S.A.”,
publicada en el Diario El Accionista del 4 de mayo de 2012.
- Resolución Particular IGJ N° 472/2011 del 8 de abril de 2012 dictada
en el expediente N° 1.838.344/2.738.517, siendo el caso “Medesa
S.A.”, publicada en el Diario El Accionista del 11 de mayo de 2012
y en el newsletter N° 251 del 7 de junio de 2012 de Sociertario.com.
- Resolución Particular IGJ N° 351/2011 del 28 de marzo de 2011 dictada
en el expediente N° 996.420, siendo el caso “Barkal S.A.”, publicada
en el Diario El Accionista del 21 de mayo de 2012 y en el
newsletter N° 252 del 14 de junio de 2012 de Societario.com.
- Resolución Particular IGJ N° 682/2011 del 26 de mayo de 2011 dictada
en el expediente N° 1.626.095/770.025, siendo el caso “Azular

S.A.”, publicada en el Diario El Accionista del 30 de mayo de 2012
y en el newsletter N° 253 del 21 de junio de 2012 de Societario.com.
- Resolución Particular IGJ N° 582/2011 del 6 de mayo de 2011 dictada
en el expediente N° 1.592.360/520.265, siendo el caso “Mediación
y Arbitraje Para La Resolución De Conflictos S.A.”, publicada
en el Diario El Accionista del 6 de junio de 2012 y en el newsletter
N° 254 del 27 de junio de 2012 de Societario.com.
- Resolución Particular IGJ N° 389/2011 del 31 de mayo de 2011 dictada
en el expediente N° 1.742.540/2.647.084, siendo el caso “Salto
Cargas S.A.”, publicada en el Diario El Accionista del 7 de junio de
2012 y en el newsletter N° 251 del 7 de junio de 2012 de Societario.com.
- Resolución Particular IGJ N° 736/2011 del 7 de junio de 2011 dictada
en el expediente N° 1.834.761/433.096, siendo el caso “Prototipo
Public S.R.L.”, publicada en el Diario El Accionista del 3 de mayo
de 2012 y en el newsletter N° 253 del 21 de junio de 2012 de Societario.com.
- Resolución Particular IGJ N° 470/2011 del 8 de abril de 2011 dictada
en el expediente N° 1.710.327/435.751, siendo el caso “Saia Gastronomía
S.R.L.”, publicada en el Diario El Accionista del 16 de mayo
de 2012 y en el newsletter N° 252 del 14 de junio de 2012 de Societario.com.
- Resolución Particular IGJ N° 633/2011 del 17 de mayo de 2011 dictada
en el expediente N° 1.687.630/2.704.788, siendo el caso “Ged
Med International LLC”, publicada en el Diario El Accionista del 29
de mayo de 2012 y en el newsletter N° 253 del 21 de junio de 2012
de Societario.com.
- Resolución Particular IGJ N° 508/2011 del 19 de abril de 2011 dictada
en el expediente N° 1.694/973/2.723.950, 2.735.416 y
2.736.677, siendo el caso “Star Shipping Argentina S.A.”, publicada
en el Diario El Accionista del 4 de junio de 2012 y en el newsletter
N° 253 del 21 de junio de 2012 de Societario.com.
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- Resolución Particular IGJ N° 611/2011 del 11 de mayo de 2011 dictada
en el expediente N° 4.002.204/358.858/5, siendo el caso “Asociación
Cristiana de Jóvenes”, publicada en el Diario El Accionista
del 31 de mayo de 2012 y en el newsletter N° 253 del 21 de junio de
2012 de Societario.com.
- Resolución Particular IGJ N° 523/2011 del 27 de abril de 2011 dictada
en el expediente N° 1.707.291/2.685.011, siendo el caso “Antigua
Munich S.A.”, publicada en el Diario El Accionista del 1 de junio
de 2012 y en el newsletter N° 253 del 21 de junio de 2012 de Societario.com.
III.- Precedentes judiciales
- Sentencia del 24 de agosto de 2011, dictada en los autos caratulados
“Inspección General de Justicia c/Securitas A.B. s/Organismos externos”,
Sala C, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
inédita.
- Sentencia del 6 de diciembre de 2011, dictada en los autos caratulados
“Inspección General de Justicia c/Bridger Conway y Asociados
S.C. s/Organismos externos”, Sala F, Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial, publicada en el newsletter N° 247 de Societario.com
del 9 de mayo de 2012.
- Sentencia del 12 de diciembre de 2011, dictada en los autos caratulados
“Inspección General de Justicia c/Per-Ros S.R.L. s/Organismos
externos”, Sala F, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
publicada en el newsletter N° 249 de Societario.com del 28 de mayo
de 2012.
- Sentencia del 27 de diciembre de 2011, dictada en los autos caratulados
“Inspección General de Justicia c/Sercam S.R.L. s/Organismos
externos”, Sala F, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
publicada en el newsletter N° 250 de Societario.com del 1 de junio
de 2012.
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- Sentencia del 24 de mayo de 2012, dictada en los autos caratulados
“Inspección General de Justicia c/Cinemagroup S.R.L. s/Organismos
externos”, Sala E, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
publicada en el boletín de novedades de Infojus del 12 de junio de
2012.
- Sentencia del 18 de abril de 2012, dictada en los autos caratulados
“Inspección General de Justicia c/Asociación Civil Ex Alumnos de la
Ex Compañía de Jesús s/Organismos Externos”, Sala A, Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial, publicada en el newsletter N°
254 de Societario.com del 26 de junio de 2012.
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ACTUALIDAD SOCIETARIA Y DE OTROS ENTES
Por Martín Rafael Ymaz Videla
A.- Resoluciones generales y otras normas
I.- Declaración jurada la condición de persona expuesta políticamente
y sobre el origen y licitud de los fondos de asociaciones civiles y fundaciones.
Modificación.
1.- La Inspección General de Justicia señaló que
mediante la Resolución General IGJ N° 2/2012 se estableció la obligatoriedad
de la presentación de una declaración jurada sobre la condición de persona
expuesta políticamente y otra en relación con el origen y licitud de los
fondos por parte de asociaciones civiles y fundaciones. 1
2.- Agregó, que mediante la Resolución General
IGJ N° 7/2012 se modificó el anexo II de la Resolución General IGJ N°
2/2012 en relación con la nómina de funciones de personas expuestas políticamente.
2
3.- La Inspección General de Justicia recibió observaciones
formuladas por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires, evaluándose diversas alternativas para simplificar la presentación
establecida por la Resolución General IGJ N° 2/2012.
4.- El organismo destacó, que del análisis efectuado,
correspondía modificar dicha resolución general en el sentido que los
sujetos obligados por la norma puedan optar por el procedimiento oportunamente
establecido suscribiendo las correspondientes declaraciones juradas
o bien manifestarse en relación con el origen y licitud de los fondos o
1 Con relación a la Resolución General IGJ N° 2/2012 puede verse Martín Rafael Ymaz
Videla, “Actualidad societaria y de otros entes”, publicado en LA LEY del 16 de abril
de 2012, págs. 9 a 12, en especial, el apartado II.
2 Con relación a la Resolución General IGJ N° 7/2012 puede verse Martín Rafael Ymaz
Videla, “Actualidad societaria y de otros entes”, publicado en LA LEY del 23 de mayo
de 2012, págs. 7 a 11, en especial, el apartado III.
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especto de su condición de persona expuesta políticamente en la correspondiente
escritura pública que instrumente el acto que se pretenda inscribir.
5.- Aclaró, que esta modalidad no eximirá de la
obligación de remitir digitalmente el aplicativo, conforme a los modelos
que se establecen en esa resolución general, como así tampoco de adjuntar
el comprobante de transacción del aplicativo al momento de presentar el
trámite respectivo, debiendo suscribirlo el mismo profesional que intervino
en la escritura pública.
6.- Por todo ello, la Inspección General de Justicia,
a través de la Resolución General IGJ N° 9/2012, dispuso modificar el
artículo 6 de la Resolución General IGJ N° 2/2012 por el siguiente texto:
“Previa presentación de las declaraciones juradas, en los supuestos y bajo
los requisitos previstos en los artículos 1°, 2° y 4°, deberá completarse el
correspondiente aplicativo que estará disponible en la página web del organismo.
Una vez completada la información solicitada en los aplicativos correspondientes
a los Anexos I y/o II y enviada digitalmente deberá realizarse
la presentación en soporte papel, con firma certificada de los suscriptores
en el comprobante de transacción del aplicativo. Las obligaciones dispuestas
por la presente resolución son susceptibles de ser incluidas en el
texto de la escritura pública. En esos casos, debe remitirse digitalmente
mediante aplicativo, la información detallada en los Anexos III y/o IV -
según corresponda- y adjuntar el comprobante de transacción, el cual deberá
estar suscripto por el mismo profesional que intervino en la escritura
pública”. 3
7.- Así mismo, a través de la Resolución General
IGJ N° 9/2012, el organismo aprobó el modelo de declaración jurada de
origen y licitud de fondos denominado “Declaración Notarial - Origen Lícito
de los Fondos”, que integrará la Resolución General IGJ N° 2/2012 como
anexo III. Y, también aprobó el modelo de declaración jurada sobre la
condición de persona expuesta políticamente denominado “Declaración
Notarial - Condición de Persona Expuesta Políticamente”, que integrará la
Resolución General IGJ N° 2/2012 como anexo IV.
3 Publicada en la primera sección del Boletín Oficial de la República Argentina del 14
de mayo de 2012, págs. 41 a 42.
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8.- Por último, se dispuso que la Resolución General
IGJ N° 9/2012 entrará a regir el 15 de junio de 2012.
II.- Solicitud de información, desarchivo o vista de trámites en la Inspección
General de Justicia. Requisitos.
1.- A través de dos circulares internas del 8 y 13
de junio de 2012, la Inspección General de Justicia dispuso que en los casos
de trámites en general, solo se dará ingreso cuando se acredite ser parte
interesada, su apoderado, letrado patrocinante o autorizado previamente. Y
para el caso de actos inscriptos, cuando se demuestre tener interés legítimo.
2.- En efecto, en la primera de las circulares se
expresa que el organismo debe controlar que la información a suministrar
sea exacta y actualizada para la finalidad a la que se destinará, debiendo
demostrar el solicitante un interés legítimo que sea acorde a la finalidad del
tratamiento.
3.- Y, en la segunda, se aclara que la documentación
del Registro Público de Comercio forma parte de un banco de datos
personales, encontrándose alcanzada por la Ley de Protección de Datos
Personales.
4.- Para el organismo, los recaudos establecidos
en ambas circulares internas encuadran en el marco de las Leyes de Procedimiento
Administrativo y de Protección de Datos Personales, sus decretos
reglamentarios y sus normativas concordantes.
5.- Ambas circulares remiten al Dictamen N°
007/2012 del 16 de marzo de 2012 de la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales, emitido a raíz de la consulta efectuada por el organismo
ante el pedido de informes efectuado por un diputado nacional.
tiones, las siguientes:
6.- En ese dictamen se establece, entre otras cues-
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(i) El pedido de informes realizado por un diputado nacional a la Inspección
General de Justicia implica una cesión de datos personales que se encuentra
regulada por el Decreto N° 1172/2003 como también por la Ley N°
25.326 de Protección de Datos Personales.
(ii) El Decreto 1172/2003 aprobó, entre otros temas, el Reglamento General
de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional,
con el objeto de constituir una instancia de participación ciudadana por la
cual una persona pueda ejercitar su derecho a requerir, consultar y recibir
información de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias
y todo otro ente que actúe en jurisdicción de dicho poder. Por lo
tanto, el solicitante de la información no requiere acreditar un interés legítimo
a fin de requerir, consultar y recibir la información, bastando la sola
petición del solicitante para acceder a la información requerida.
(iii) No obstante lo dicho en el apartado anterior, el Decreto 1172/2003 señala
que los obligados a informar pueden exceptuarse de proveer la información
requerida cuando una ley o decreto así lo establezca o cuando se
trate de información referida a datos personales de carácter sensible cuya
publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al
honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a
que se refiere la información solicitada.
(iv) La Ley de Protección de Datos Personales es de orden público y establece
las condiciones a la cesión de información personal a terceros.
(v) Por lo expuesto precedentemente, la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales entiende que la libre cesión de información del Poder
Ejecutivo Nacional a terceros dispuesta por el Decreto 1172/2003, en lo
que respecta a la información de las personas, se encuentra condicionada
por las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales, por lo
que es indispensable analizar los recaudos exigidos por esta ley.
(vi) El artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales dispone que
los datos personales sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los
fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del
cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se
le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o
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los elementos que permitan hacerlo. Es decir, que uno de los requisitos
básicos para la licitud de la cesión es la necesidad de contar con el consentimiento
del titular del dato, salvo que los datos se recaben para el ejercicio
de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación
legal. Y, esta facultad del Estado para ceder datos personales sin necesidad
del consentimiento del titular debe ejercerse dentro del marco de la
competencia del organismo cedente, ya que ello es condición para la licitud
del actuar de la administración pública y debe ser considerado de manera
especial antes de la cesión a terceros.
(vii) El otro requisito necesario para formalizar una cesión de datos es la
existencia de interés legítimo, entendiéndose por tal al interés personal y
directo que tiene un individuo para peticionar ante las autoridades. Y, la
aplicación de este instituto del interés legítimo a la protección de datos personales
debe realizarse de manera restrictiva, configurándose el interés
legítimo válido cuando exista un interés personal y directo que acredite la
necesidad de acceder a dichos datos para ejercer un derecho por parte del
solicitante de la información; y siempre y cuando: (a) el acceso a dicha información
por terceros no implique para el titular del dato un daño injustificable
o desproporcionado en relación al derecho que el solicitante pretende
ejercer y (b) existan garantías adecuadas de cumplimiento de la ley, de
manera que el titular del dato vea garantizados sus derechos e intereses
legítimos.
(viii) Como consecuencia de lo precedente, previo a ceder los datos personales
en su poder, el organismo público deberá verificar el cumplimiento
por parte del peticionante del requisito de interés legítimo y que el mismo
sea suficiente para acceder a la información pretendida, de manera restrictiva
si los datos revelan información íntima de las personas.
(ix) La información que posee la Inspección General de Justicia es de acceso
público, ya que está en poder de la Administración Pública, no se encuentra
sujeta a confidencialidad ni tampoco está destinada a ser difundida
irrestrictamente al público y porque el acceso a terceros resulta condicionado
al cumplimiento de ciertos requisitos.
(x) Se debe tener en consideración que no toda la información de carácter
personal asentada en un registro público puede ser difundida o cedida por
9

el mero hecho de su pertenencia a una base de datos del ámbito público,
por lo que corresponderá al organismo requerido verificar la procedencia de
brindar a través de los mecanismos previstos en la Inspección General de
Justicia la información correspondiente a las sociedades solicitadas y verificar
la existencia de un interés legítimo para proceder a dar mayor información
al respecto. Y, además, el organismo cedente debe controlar que la
información a ceder sea exacta y actualizada para la finalidad a la que se
destinará, y que por tales motivos no es susceptible de ocasionar perjuicio
alguno al titular del dato.
B.- Resoluciones particulares
III.- Sociedad anónima. Objeto social. Modificación. Consecuencias.
1.- A través de una asamblea general extraordinario,
los accionistas de una sociedad anónima aprobaron la reforma del objeto
social de la entidad.
2.- A causa de dicha reforma, se agregó al objeto
las actividades referentes a la explotación agropecuaria, la industrialización
de productos agropecuarios y el rubro importación y exportación.
3.- El objeto social originario sólo enunciaba los
rubros inmobiliario y financiero.
4.- La inspectora calificadora del organismo que
intervino en el trámite de inscripción de la modificación del objeto social,
observó la inclusión de las actividades de explotación e industrialización
agropecuaria, por considerar que no guardaba conexidad con el objeto originario,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 66 del Anexo “A” de la
Resolución General IGJ N° 7/2005.
5.- Agregó, que dicho artículo requiere que el objeto
sea único, y su mención precisa y determinada, pudiendo incluirse
otras actividades si las mismas resultan conexas, accesorias o complementarias
de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto social.
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6.- El profesional dictaminante justificó la inclusión
en el texto estatutario de la actividad de explotación agropecuaria, argumentando
que era conexa con la actividad inmobiliaria, por cuanto ésta
se realizaba sobre un inmueble de propiedad de la sociedad.
7.- Para la Inspección General de Justicia consideró
que la conexidad mencionada no estaba dada por el carácter de los
predios involucrados, sino por la índole de los emprendimientos que se realizaran
con relación a aquellos.
8.- Para el organismo, las actividades inmobiliaria
y agropecuaria no constituían actividades conexas, sino que configuraban
dos objetos sociales diferentes.
9.- Agregó, que la exigencia de un objeto social
preciso, determinado y único, encuadraba en el concepto de que el objeto
social no era un conjunto de categorías de actos sino que su función era determinar
las operaciones que la sociedad necesita realizar para el funcionamiento
de la empresa de que era titular y ello conllevaba no a una restricción
en la legitimación para actuar sino la exigencia impuesta a los órganos
societarios de respetar tal elemento esencial y actuar encuadrándose en el
mismo.
10.- Señaló también el organismo que el objeto
debía referirse a una actividad principal que constituya un núcleo, y razonablemente
podrán incluirse todas aquellas otras actividades conexas, accesorias
o complementarias de aquella. De lo contrario, se estaría asociando
actividades que no se encontraban dirigidas a un mismo objetivo.
11.- Por todo ello, la Inspección General de Justicia
denegó la inscripción de la reforma del objeto social. 4
IV.- Sociedad anónima. Objeto social. Modificación. Consecuencias.
4 Resolución Particular IGJ N° 10/2011 del 5 de enero de 2011 dictada en el expediente
N° 1.783.872/2.794.421, siendo el caso “G. S.A.”.
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1.- En el trámite de inscripción de una sociedad
anónima, el inspector calificador del organismo observó el artículo tercero
del estatuto social por resultar múltiple el objeto allí enunciado.
2.- El apoderado de la sociedad manifestó su disconformidad
con las observaciones formuladas, sosteniendo que las actividades
mencionadas en el objeto social estaban relacionadas con la actividad
principal.
3.- La Inspección General de Justicia destacó que
la actividad principal de la sociedad era la explotación de comercios del
ramo gastronómico, y que las demás actividades enunciadas no eran conexas
con ella, tales como la compraventa de artículos regionales, artesanías,
productos de cuero, madera, textiles, indumentaria y decoración.
4.- Agregó, que resultaba evidente que la sociedad
pretendía desarrollar la actividad gastronómica con independencia de las
otras, y en modo alguno se las describía como conexas, complementarias o
accesorias entre sí, ni se advertía que conduzcan al desarrollo del objeto
social, conforme lo prescripto por el artículo 66 del Anexo “A” de la Resolución
General IGJ N° 7/2005.
5.- Destacó que dicha norma requiere que el objeto
sea único, y su mención precisa y determinada, pudiendo incluirse otras
actividades si las mismas resultaban conexas, accesorias o complementarias
de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto social.
6.- Remarcó que la exigencia de un objeto social
preciso, determinado y único, encuadraba en el concepto de que el objeto
social no era un conjunto de categorías de actos sino que su función era determinar
las operaciones que la sociedad necesita realizar para el funcionamiento
de la empresa de que es titular y ello conlleva a una exigencia impuesta
a los órganos societarios de respetar ese elemento esencial y actuar
encuadrándose en el mismo.
7.- Para el organismo, el objeto social debe referirse
a una actividad principal que constituye su núcleo, y razonablemente
12

podrán incluirse todas aquellas otras actividades conexas, accesorias o
complementarias para el logro de dicho objetivo.
8.- Y, en ese marco, se desprendía que la principal
actividad de la sociedad anónima en cuestión era la explotación de comercios
del ramo gastronómico, no resultando las demás actividades descriptas
en el objeto, ni conexas, ni accesorias ni complementarias de aquella.
9.- De admitirse un criterio contrario, se estaría
permitiendo asociar actividades que no se encuentran dirigidas a un mismo
objeto social.
10.- Por todo lo expuesto, la Inspección General
de Justicia denegó la inscripción de la sociedad hasta tanto se modifique su
objeto social. 5
V.- Sociedad anónima. Inactividad societaria. Consecuencias.
1.- El organismo indicó que la falta de presentación
de los estados contables de una sociedad anónima y fundamentalmente
la inexistencia de actividad en su domicilio inscripto, constituyen antecedentes
relevantes a los fines de acreditar el estado de disolución en que se
encuentra el ente social.
2.- Agregó, además, que la sociedad anónima en
cuestión no registró en el organismo ningún movimiento desde seis años
atrás, siendo el último acto inscripto la designación y la renuncia del directorio,
y que había incumplido con su obligación de presentar los ejercicios
contables y con el pago de las tasas anuales desde su constitución.
3.- Destacó que el artículo 10 del Anexo “A” de la
Resolución General IGJ N° 7/2005 lo faculta a promover la acción de disolución
de la sociedad en los términos del artículo 303 de la Ley de Sociedades
Comerciales, si entendiere que la falta de funcionamiento efectivo de
la administración social en la sede comunicada o inscripta, juntamente con
5 Resolución Particular IGJ N° 472/2011 del 8 de abril de 2011 dictada en el expediente
N° 1.838.344/2.738.517, siendo el caso “Medesa S.A.”.
13

otros extremos resultantes de otras constancias existentes, autoriza a considerar
suficientemente configurada la inactividad de la sociedad.
4.- Recordó que si bien la causal de inactividad
societaria no se encuentra incluida expresamente en el artículo 94 de la Ley
de Sociedades Comerciales, como un supuesto de disolución de la sociedad,
lo cierto es que la enumeración prevista en dicho artículo no debe considerarse
taxativa, siendo además que se ha entendido que la inactividad se
encuentra comprendida en el supuesto previsto en el inciso 4° de la norma
citada, en tanto prevé como suficiente causal de disolución la imposibilidad
sobreviviente de cumplir el objeto social.
5.- Remarcó, también, que la Inspección General
de Justicia ha sostenido reiteradamente la necesidad de promover acciones
judiciales frente a la certeza de la inactividad social de una compañía mercantil,
concluyendo que su objeto social ha perdido virtualidad y siendo en
consecuencia inoperante mantener vivo un sujeto jurídico que no ha de
cumplir con su finalidad social, ya que es evidente que si una sociedad no
realiza ninguna actividad, no cumple con el desarrollo de su objeto, requisito
esencial del contrato social. Ello, porque el ente sin actividad carece de
justificación, pudiendo inferirse en consecuencia que no existe empresa ni
empresario quedando la sociedad reducida a un mero ropaje formal.
6.- Destacando, finalmente, que el Estado no está
interesado en mantener sociedades vacías, toda vez que la existencia de sociedades
de papel, meras cáscaras societarias, no satisfacen la finalidad
económica y social que justifica su existencia.
7.- Por todo ello, la Inspección General de Justicia
decidió promover la acción de disolución y liquidación de la sociedad en
los términos del artículo 303, inciso 3°, de la Ley de Sociedad Comerciales.
6
VI.- Sociedad anónima. Inactividad societaria. Consecuencias.
6 Resolución Particular IGJ N° 351/2011 del 28 de marzo de 2011 dictada en el expediente
N° 996.420, siendo el caso “Barkal S.A.”. En similar sentido, puede verse Martín
Rafael Ymaz Videla, “Actualidad societaria y de otros entes”, publicado en LA LEY del
23 de mayo de 2012, págs. 7 a 11, en especial, los apartados V y VIII.
14

1.- El organismo indicó que la falta de presentación
de los estados contables de una sociedad anónima y fundamentalmente
la inexistencia de actividad en su domicilio inscripto, constituyen antecedentes
relevantes a los fines de acreditar el estado de disolución en que se
encuentra el ente social.
2.- Agregó, además, que la sociedad anónima en
cuestión no registró en el organismo ningún movimiento desde su constitución,
incumpliendo con su obligación de presentar los ejercicios contables
y con el pago de las tasas anuales desde aquél entonces.
3.- Destacó que el artículo 10 del Anexo “A” de la
Resolución General IGJ N° 7/2005 lo faculta a promover la acción de disolución
de la sociedad en los términos del artículo 303 de la Ley de Sociedades
Comerciales, si entendiere que la falta de funcionamiento efectivo de
la administración social en la sede comunicada o inscripta, juntamente con
otros extremos resultantes de otras constancias existentes, autoriza a considerar
suficientemente configurada la inactividad de la sociedad.
4.- Recordó que si bien la causal de inactividad
societaria no se encuentra incluida expresamente en el artículo 94 de la Ley
de Sociedades Comerciales, como un supuesto de disolución de la sociedad,
lo cierto es que la enumeración prevista en dicho artículo no debe considerarse
taxativa, siendo además que se ha entendido que la inactividad se
encuentra comprendida en el supuesto previsto en el inciso 4° de la norma
citada, en tanto prevé como suficiente causal de disolución la imposibilidad
sobreviviente de cumplir el objeto social.
5.- Remarcó, también, que la Inspección General
de Justicia ha sostenido reiteradamente la necesidad de promover acciones
judiciales frente a la certeza de la inactividad social de una compañía mercantil,
concluyendo que su objeto social ha perdido virtualidad y siendo en
consecuencia inoperante mantener vivo un sujeto jurídico que no ha de
cumplir con su finalidad social, ya que es evidente que si una sociedad no
realiza ninguna actividad, no cumple con el desarrollo de su objeto, requisito
esencial del contrato social. Ello, porque el ente sin actividad carece de
15

justificación, pudiendo inferirse en consecuencia que no existe empresa ni
empresario quedando la sociedad reducida a un mero ropaje formal.
6.- Destacando, finalmente, que el Estado no está
interesado en mantener sociedades vacías, toda vez que la existencia de sociedades
de papel, meras cáscaras societarias, no satisfacen la finalidad
económica y social que justifica su existencia.
7.- Por todo ello, la Inspección General de Justicia
decidió promover la acción de disolución y liquidación de la sociedad en
los términos del artículo 303, inciso 3°, de la Ley de Sociedad Comerciales.
7
VII.- Sociedad anónima. Inactividad societaria. Consecuencias.
1.- El organismo indicó que la falta de presentación
de los estados contables de una sociedad anónima y fundamentalmente
la inexistencia de actividad en su domicilio inscripto, constituyen antecedentes
relevantes a los fines de acreditar el estado de disolución en que se
encuentra el ente social.
2.- Agregó, además, que la sociedad anónima en
cuestión no registró en el organismo ningún movimiento desde seis años
atrás, y que ha incumplido con su obligación de presentar los ejercicios
contables y con el pago de las tasas anuales desde el año 2004.
3.- Destacó que el artículo 10 del Anexo “A” de la
Resolución General IGJ N° 7/2005 lo faculta a promover la acción de disolución
de la sociedad en los términos del artículo 303 de la Ley de Sociedades
Comerciales, si entendiere que la falta de funcionamiento efectivo de
la administración social en la sede comunicada o inscripta, juntamente con
otros extremos resultantes de otras constancias existentes, autoriza a considerar
suficientemente configurada la inactividad de la sociedad.
7 Resolución Particular IGJ N° 682/2011 del 26 de mayo de 2011 dictada en el expediente
N° 1.626.095/770.025, siendo el caso “Azular S.A.”. En similar sentido, puede
verse Martín Rafael Ymaz Videla, “Actualidad societaria y de otros entes”, publicado
en LA LEY del 23 de mayo de 2012, págs. 7 a 11, en especial, los apartados V y VIII.
16

4.- Recordó que si bien la causal de inactividad
societaria no se encuentra incluida expresamente en el artículo 94 de la Ley
de Sociedades Comerciales, como un supuesto de disolución de la sociedad,
lo cierto es que la enumeración prevista en dicho artículo no debe considerarse
taxativa, siendo además que se ha entendido que la inactividad se
encuentra comprendida en el supuesto previsto en el inciso 4° de la norma
citada, en tanto prevé como suficiente causal de disolución la imposibilidad
sobreviviente de cumplir el objeto social.
5.- Remarcó, también, que la Inspección General
de Justicia ha sostenido reiteradamente la necesidad de promover acciones
judiciales frente a la certeza de la inactividad social de una compañía mercantil,
concluyendo que su objeto social ha perdido virtualidad y siendo en
consecuencia inoperante mantener vivo un sujeto jurídico que no ha de
cumplir con su finalidad social, ya que es evidente que si una sociedad no
realiza ninguna actividad, no cumple con el desarrollo de su objeto, requisito
esencial del contrato social. Ello, porque el ente sin actividad carece de
justificación, pudiendo inferirse en consecuencia que no existe empresa ni
empresario quedando la sociedad reducida a un mero ropaje formal.
6.- Destacando, finalmente, que el Estado no está
interesado en mantener sociedades vacías, toda vez que la existencia de sociedades
de papel, meras cáscaras societarias, no satisfacen la finalidad
económica y social que justifica su existencia.
7.- Por todo ello, la Inspección General de Justicia
decidió promover la acción de disolución y liquidación de la sociedad en
los términos del artículo 303, inciso 3°, de la Ley de Sociedad Comerciales
e intimar a la sociedad a la presentación de los estados contables adeudados
bajo apercibimiento de aplicar una sanción de multa pecuniaria al presidente
de la entidad. 8
VIII.- Sociedad anónima. Directores. Renuncia. Inscripción. Recaudos.
8 Resolución Particular IGJ N° 582/2011 del 6 de mayo de 2011 dictada en el expediente
N° 1.592.360/520.265, siendo el caso “Mediación y Arbitraje Para La Resolución De
Conflictos S.A.”. En similar sentido, puede verse Martín Rafael Ymaz Videla, “Actualidad
societaria y de otros entes”, publicado en LA LEY del 23 de mayo de 2012, págs. 7
a 11, en especial, los apartados V y VIII.
17

1.- La Inspección General de Justicia desestimó la
solicitud de inscripción de las renuncias requerida por dos directores renunciantes
a sus cargos de una sociedad anónima por no cumplir con los
recaudos establecidos en la Resolución General IGJ N° 7/2005.
2.- Destacó el organismo que uno de ellos había
sido designado como presidente y el otro como director suplente.
3.- Indicó que el artículo 118 del Anexo “A” de la
resolución general mencionada regula la inscripción de la renuncia no tratada
en los supuestos de directorio unipersonal, en tanto el artículo 120 de
la misma norma se refiere a la renuncia del único director, estableciendo
los recaudos a cumplirse para su registración.
4.- Expresó que la situación planteada se refería
claramente al supuesto de directorio unipersonal, ello en virtud de que en el
acto de constitución se designó presidente y director suplente, no revistiendo
este último el carácter de director titular salvo en los supuestos de ausencia
temporal o permanente del titular, no constando inscriptos actos posteriores
a la constitución de la sociedad.
5.- Ello, a pesar de que los directores renunciantes
manifestaron que no tenían ninguna vinculación con la sociedad, que a causa
de ello no podían cumplir con lo dispuesto en el artículo 120 mencionado,
que carecían de los estatutos originales y de los libros sociales, que habían
transcurrido más de cinco años desde que se desvincularon de la sociedad,
que la habían intimado por carta documento para que inscribiera sus
renuncias en el Organismo de Contralor y que habían peticionado la aplicación
del inciso b) del artículo 118 de la Anexo “A” de la Resolución General
IGJ N° 7/2005. 9
IX.- Sociedad de responsabilidad limitada. Objeto social. Recaudos.
Actividades conexas.
9 Resolución Particular IGJ N° 389/2011 del 31 de mayo de 2011 dictada en el expediente
N° 1.742.540/2.647.084, siendo el caso “Salto Cargas S.A.”.
18

1.- En el trámite de inscripción de una sociedad de
responsabilidad limitada, el inspector calificador interviniente observó el
artículo 3° del estatuto social por resultar el objeto inconexo.
2.- El profesional dictaminante manifestó su disconformidad
con las observaciones formuladas, sosteniendo que existía conexidad
entre las actividades de publicidad y de marketing con las de compraventa,
locación, importación, exportación, depósito, logística, transporte,
distribución, consignación, comisión y representación al por mayor y
menor de materias primas, productos, subproductos, insumos, accesorios y
componentes relacionados con dichas actividades.
3.- El organismo indicó que del texto estatutario
surgía dos actividades diferenciadas, una era la de publicidad y marketing y
la otra era la actividad importadora, exportadora y comercializadora de
productos.
4.- Agregó, que como se encontraba redactado el
objeto, resultaba evidente que la sociedad pretendía desarrollar una actividad
con independencia de la otra, y en modo alguno se las describía como
conexas, complementarias o accesorias entre sí, ni se advertía que conduzcan
al desarrollo del objeto social, conforme lo prescripto por el artículo 66
del Anexo “A” de la Resolución General IGJ n° 7/2005.
5.- Destacó también, que tampoco se enunciaban
la publicidad y el marketing como actos propios de la capacidad de una
persona jurídica cuyo único objeto hubiera sido la importación, exportación
y comercialización de productos.
6.- En efecto, el artículo 66 mencionado requiere
que el objeto sea único, y su mención precisa y determinada, pudiendo incluirse
otras actividades si las mismas resultan conexas, accesorias o complementarias
de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto social.
7.- Agregó, que la exigencia de un objeto social
preciso, determinado y único, encuadra en el concepto de que el objeto social
no es un conjunto de categorías de actos sino que su función es deter-
19

minar las operaciones que la sociedad necesita realizar para el funcionamiento
de la empresa de que es titular y ello conlleva no a una restricción
en la legitimación para actuar sino la exigencia impuesta a los órganos societarios
de respetar tal elemento esencial y actuar encuadrándose en el
mismo.
8.- Señaló también el organismo que el objeto debe
referir a una actividad principal que constituya un núcleo, y razonablemente
podrán incluirse todas aquellas otras actividades conexas, accesorias
o complementarias para el logro de dicho objetivo.
9.- A causa de ello, se desprendía para la Inspección
General de Justicia que la principal actividad de la sociedad era la de
publicidad y marketing, no resultando las demás actividades descriptas en
el objeto, ni conexas, ni accesorias ni complementarias de aquella, ya que
en caso contrario se estaría asociando actividades que no se encontraban
dirigidas a un mismo objetivo. 10
X.- Sociedad de responsabilidad limitada. Fallecimiento de un socio.
Administrador de la sucesión. Participación en reunión de socios.
1.- Una sociedad de responsabilidad limitada solicitó
ante el organismo la inscripción de la renuncia y designación de un gerente,
que se tuvo por aprobada en una reunión de socios.
2.- En dicha reunión, se cuestionó la participación
del administrador provisorio de la sucesión de un socio fallecido, debido a
que el contrato social no prevé una cláusula expresa de incorporación de
herederos.
3.- Para la sociedad, los intereses que representa
el administrador provisorio de la sucesión corresponden a los derechos
económicos y no a los derechos políticos, y, que en consecuencia, la resolución
social se adoptó por la mayoría del capital presente en la reunión de
socios conforme lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Sociedades
Comerciales.
10 Resolución Particular IGJ N° 736/2011 del 7 de junio de 2011 dictada en el expediente
N° 1.834.761/433.96, siendo el caso “Prototipo Public S.R.L.”.
20

4.- La Inspección General de Justicia destacó que
la reunión de socios sesionó con un quórum del 50% del capital social y se
aprobó la moción con el voto positivo del socio sobreviniente con dicho
50% de votos, a pesar que el administrador sucesorio concurrió a la reunión
y votó con el 50% del capital social en forma negativa a los dos puntos del
orden día sometidos a consideración en la reunión.
5.- Agregó que si bien es cierto que el artículo 155
de la Ley de Sociedades Comerciales nada dice para el supuesto de falta de
previsión específica en el contrato social sobre la incorporación de los
herederos del socio fallecido, ello no implica que se deba interpretar la
norma a contrario sensu, cuando dicha interpretación es restrictiva y limitativa
de los derechos de los herederos del socio fallecido.
6.- Destacó que no puede desconocerse la legitimación
para actuar del administrador provisorio de la sucesión y reiteró el
criterio del organismo de tener por legítima la participación de los sucesores
del socio fallecido en las asambleas, aún cuando no se haya inscripto la
declaratoria de herederos en el libro de Registro de Acciones, como así
también la del administrador del sucesorio.
7.- Ante todo ello, la Inspección General de Justicia
consideró que el resultado de la votación realizada en la reunión de socios
había derivado en un empate y en virtud de la inexistencia de una cláusula
contractual que regule el procedimiento de desempate, correspondía
rechazar el punto del orden del día y denegar la inscripción de la renuncia y
designación de gerente decididas en esa reunión de socios. 11
XI.- Sociedad extranjera. Rúbrica de libros. Irregularidad.
su libro Diario n° 3.
1.- Una sociedad extranjera solicitó la rúbrica de
2.- El organismo observó el trámite dado que no
surgía de su sistema informático la rúbrica del libro Diario n° 2.
11 Resolución Particular IGJ N° 470/2011 del 8 de abril de 2011 dictada en el expediente
N° 1.710.327/435.751, siendo el caso “Saia Gastronomía S.R.L.”.
21

3.- Ante ello, la sociedad adjuntó al organismo
una fotocopia de la oblea emitida con la rúbrica del libro Diario n° 2 y ante
lo cual la Inspección General de Justicia solicitó a la sociedad todos los libros
sociales y contables de la empresa para su verificación.
3.- Del análisis de dichos libros, surgió que la
rúbrica y la oblea de seguridad que correspondían al libro Diario n° 2, sin
bien no figuraban en el sistema informático del área de ingreso de la foja
notarial mediante la cual se solicitó la rúbrica de dicho libro, lo cierto era
que la oblea de seguridad se encontraba debidamente intervenida por un
escribano público.
4.- No obstante ello, a través del sistema informático
del organismo, se pudo comprobar que el número de rúbrica del libro
Diario n° 2 mencionado correspondía al libro de Depósito de Acciones y
Registros de Asistencia a Asambleas n° 1 de otra sociedad y que el número
de oblea de ese libro Diario n° 2 pertenecía al libro Diario n° 2 de una tercera
sociedad distinta a las dos anteriores.
5.- Ante las irregularidades detectadas, la Inspección
General de Justicia dispuso declarar irregular e ineficaz a los efectos
administrativos la rúbrica del libro Diario n° 2 de la sociedad extranjera
interviniente. 12
XII.- Sociedad anónima. Sociedad extrajera como socio. Incumplimiento
del régimen informativo anual. Consecuencias.
1.- Una sociedad anónima solicitó la inscripción
de una reforma estatutaria relacionada con la garantía que deben prestar los
administradores sociales conforme el artículo 75 del Anexo “A” de la Resolución
General IGJ N° 7/2005, como así también la renuncia y designación
de los miembros del directorio.
2.- Ante ello, el organismo señaló que uno de los
accionistas era una sociedad extranjera y por lo tanto debía acreditarse el
12 Resolución Particular IGJ N° 633/2011 del 17 de mayo de 2011 dictada en el expediente
N° 1.687.630/2.704.788, siendo el caso “Ged Med International LLC”.
22

cumplimiento del régimen informativo previsto en el artículo 220 del
Anexo “A” de la Resolución General IGJ N° 7/2005.
3.- La sociedad solicitante insistió en que se le diera
curso a la registración sin perjuicio de no haber cumplido la sociedad
extranjera con las exigencias previstas para las sociedades extranjeras participantes
en sociedades locales.
4.- La Inspección General de Justicia indicó que,
analizada la normativa legal aplicable y teniendo en consideración que en
la asamblea de accionistas que se aprobó las decisiones asamblearias que se
pretendían inscribir, participó una sociedad extranjera, cuyas tenencias accionarias
representaban el 50% del capital social, sin haber cumplido con
las exigencias establecidas en la normativa citada, correspondía denegar la
registración peticionada. 13
XIII.- Asociación civil. Dictamen complementario del Organismo.
1.- La Inspección General de Justicia reiteró que
los dictámenes emitidos por el organismo son actos administrativos no recurribles
y por lo tanto no son impugnables como sus resoluciones administrativas.
14
XIV.- Concurso preventivo. Apertura. Falta de información al Organismo.
1.- El organismo indicó que el inciso b) del artículo
23 del Decreto 1493/82 establece que las entidades sujetas a fiscalización
de la Inspección General de Justicia deben informar los autos declarativos
de quiebra o de apertura de concurso preventivo, dentro de los cinco
días de producida dicha circunstancia.
13 Resolución Particular IGJ N° 508/2011 del 19 de abril de 2011 dictada en el expediente
N° 1.694/973/2.723.950, 2.735.416 y 2.736.677, siendo el caso “Star Shipping
Argentina S.A.”.
14 Resolución Particular IGJ N° 611/2011 del 11 de mayo de 2011 dictada en el expediente
N° 4.002.204/358.858/5, siendo el caso “Asociación Cristiana de Jóvenes”.
23

2.- Agregó que al tratarse de una sociedad por acciones,
sujeta a la fiscalización del organismo, que se presentó en concurso
preventivo hace casi dos años y encontrándose largamente vencido el plazo
indicado, ameritaba la aplicación de una sanción a la sociedad y a sus directores,
y teniendo en cuenta el palmario desinterés en informar al organismo,
debía serlo en grado de multa, la que de acuerdo a la gravedad de la
falta correspondía ser fijada en la suma de $5000, tanto para la sociedad
como para sus directores. 15
3.- Como vimos en otra oportunidad, esta decisión
fue recurrida ante nuestros tribunales y dejada sin efecto. 16
C.- Precedentes judiciales
XV.- Sociedad extranjera. Resolución General IGJ N° 1/2010. Declaración
jurada. Domicilio social. Error. Consecuencias.
1.- La Inspección General de Justicia aplicó una
multa por la suma de $3000.- a una sociedad extranjera, ya que al presentar
la declaración jurada prevista en la Resolución General IGJ N° 1/2010,
manifestó que su sede social efectiva se situaba en un domicilio de la ciudad
de Buenos Aires distinto al que surgía de los registros del organismo.
2.- Dicha multa se dispuso en base al artículo 6°
de la resolución general mencionada, en virtud del cual la sanción es procedente
en caso de detectarse algún tipo de falsedad en la información suministrada,
lo que para el organismo ocurrió al advertir los diferentes domicilios.
3.- La sociedad apeló esa decisión ante nuestros
tribunales, sosteniendo que dicha diferencia de domicilio se debió a un
error excusable, que no causó perjuicio alguno a la Inspección General de
Justicia o a terceros, que no obtuvo ningún beneficio y que la actividad de
la Administración Pública debía ser razonable.
15 Resolución Particular IGJ N° 523/2011 del 27 de abril de 2011 dictada en el expediente
N° 1.707.291/2.685.011, siendo el caso “Antigua Munich S.A.”.
16 Martín Rafael Ymaz Videla, “Actualidad societaria y de otros entes”, publicado en La
Ley del 23 de mayo de 2012, págs. 7 a 11, en especial, el apartado XVI.
24

4.- Para nuestros tribunales no había dudas que
efectivamente existió la diferencia entre el domicilio denunciado en la declaración
jurada y el registrado ante el organismo, pero de allí a sostener
que dicha diferencia era una falsedad no encontraba sustento en una explicación
que vaya más allá de la simple constatación de la discrepancia material
de la información suministrada por la sociedad.
5.- En efecto, dicha diferencia era un hecho indiscutido
como tal, y ella exterioriza la infracción incurrida, ya que se conculcó
el reglamento de reempadronamiento, pero la mera inexactitud no
pude sin más ser catalogada de falsedad como para dejar justificada la
cuantía de la multa.
6.- Desde esta perspectiva, agregaron nuestros tribunales,
que en la faz concerniente a la cuantía de la sanción pecuniaria, el
acto administrativo impugnado no satisface los recaudos de motivación. Y,
ello, además, porque no se probó ni invocó por el organismo que haya mediado
dolo o malicia de parte de la sociedad extranjera, o una intención
fraudulenta, ni que se haya de algún modo afectado a terceros, o que se
haya perjudicado en forma concreta la actividad de fiscalización y que el
organismo no aludió a sanciones anteriores de la sociedad.
7.- No obstante todo ello, nuestros tribunales destacaron
que no debía soslayarse que la sociedad, alcanzada por la regla de
mayor exigencia de responsabilidad en su proceder, en orden a la previsión
de los hechos, debió confeccionar la declaración jurada de acuerdo con la
realidad de los hechos, o sea, en el caso, denunciando el domicilio social
correcto.
8.- Por ello, nuestros tribunales consideraron que
correspondía reducir el importe de la multa a la suma de $500.-, sin dejar
de destacar que esa reducción no importaba descalificar las facultades de
fiscalización y sanción de la Inspección General de Justicia, sino tan solo
condicionar ellas al principio de razonabilidad.
9.- Nuestros tribunales reiteraron que toda la actividad
de la Administración Pública debe ser razonable, es decir justa, sien-
25

do la razonabilidad un principio general del derecho que exige que el acto
guarde proporción con la infracción sancionada.
10.- En ese marco, se debe tener presente que la
Resolución General IGJ N° 1/2010 sólo prevé la aplicación de la “sanción
correspondiente” en su artículo 6°, pero no se puede interpretar esa previsión
sin relacionarla con las normas a las que remite la propia resolución en
sus considerados, es decir, los artículos 12 y 14 de la Ley 22.315 y 302 de
la Ley de Sociedades Comerciales. Y, además, dichas disposiciones deben
ser correlacionadas con el artículo 15 de la Ley 22.315 que dispone que el
monto de la multa debe graduarse de acuerdo con la gravedad del hecho y
con la comisión de otras infracciones. 17
XVI.- Sociedad anónima. Resolución General IGJ N° 1/2010. Declaración
jurada. Domicilio social. Error. Consecuencias.
1.- La Inspección General de Justicia aplicó a una
sociedad anónima una multa pecuniaria por haber consignado en la declaración
jurada prevista en la Resolución General IGJ N° 1/2010 un domicilio
que no coincidía con el domicilio social inscripto en el organismo.
2.- La sociedad apeló dicha decisión ante nuestros
tribunales indicando que la discordancia respecto del domicilio se debió a
un error material involuntario incurrido al completarse la declaración jurada.
3.- Nuestros tribunales señalaron que el fin perseguido
por el organismo de contralor es el de acentuar la certeza y efectividad
en la publicidad de la sede social para la transparencia del tráfico mercantil
y el cumplimiento de sus funciones propias de la fiscalización. Ello,
porque la efectiva administración y dirección de los negocios societarios ha
de realizarse en la sede social, debiendo coincidir la efectivamente utilizada
con aquella inscripta.
17 Sentencia del 24 de agosto de 2011, dictada en los autos caratulados “Inspección General
de Justicia c/Securitas A.B. s/Organismos externos”, Sala C, Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial. En sentido similar, puede verse Martín Rafael Ymaz Videla,
“Actualidad societaria y de otros entes”, publicado en LA LEY del 23 de mayo de
2012, págs. 7 a 11, en especial, el apartado IX.
26

4.- Expresaron, que la dinámica que predomina en
el ejercicio del comercio impone la actualización y revisión permanente de
las disposiciones vigentes. Y, en ese orden de ideas, es que el dictado de las
distintas reglamentaciones por parte de todo organismo de contralor exige
por parte de los usuarios, el estricto acatamiento de sus disposiciones.
5.- Para nuestros tribunales, no existía controversia
respecto a que la sociedad multada presentó la respectiva declaración
jurada en legal tiempo y que el dato informado respecto al domicilio no se
correspondía con los antecedentes legales frente a la inscripción realizada.
6.- Agregaron, que no podía dejar de señalarse
que la postura sancionadora asumida era ciertamente la correcta, dada la
relevancia del objetivo que se propuso la Inspección General de Justicia
mediante el dictado de la Resolución General IGJ N° 1/2010 sobre el reempadronamiento
obligatorio, lo cual tornaba justificable la imposición de
una multa.
7.- Y, si bien era cierto que las Leyes Ns° 19.550
y 22.315 establecían un régimen de gradual de penalidad, sin embargo, dada
la implicancia que conlleva la declaración jurada, es que se debía mantener
el temperamento seguido por el organismo, es decir, el de imponer
una multa.
8.- Finalmente, indicaron en cuanto al quantum de
la sanción, que ponderando que no se ha informado de otro incumplimiento
o defecto en la vida societaria de la empresa sancionada, se consideraba
más adecuado a la falta incurrida reducir la multa a la mitad de su valor. 18
XVII.- Sociedad de responsabilidad limitada. Resolución General IGJ
N° 1/2010. Declaración jurada. Domicilio social. Error. Consecuencias.
18 Sentencia del 6 de diciembre de 2011, dictada en los autos caratulados “Inspección
General de Justicia c/Bridger Conway y Asociados S.C. s/Organismos externos”, Sala
F, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. En sentido similar, puede verse
Martín Rafael Ymaz Videla, “Actualidad societaria y de otros entes”, publicado en LA
LEY 2012-A, págs. 816 a 832, en especial, el apartado XXIII.
27

1.- La Inspección General de Justicia aplicó a una
sociedad de responsabilidad limitada una multa pecuniaria por haber consignado
en la declaración jurada prevista en la Resolución General IGJ N°
1/2010 un domicilio que no coincidía con el domicilio social inscripto en el
organismo.
2.- La sociedad apeló dicha decisión ante nuestros
tribunales indicando que la declaración jurada fue presentada en tiempo y
forma y en la cual se actualizaron los datos que se habían modificado del
contrato social oportunamente inscripto, concretamente el cambio del domicilio
social.
3.- Destacó, además, que no existía intención de
engañar o falsear información al organismo, sino dar a conocer el nuevo
contexto del ente societario.
4.- Finalmente, expresó que si bien el domicilio
social resultaba un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad,
en la actualidad existían otros medios para la verificación del mismo,
acompañando una nueva declaración jurada, certificada por escribano
público, subsanando el error del domicilio, solicitando que se anule la multa
aplicada.
5.- Nuestros tribunales señalaron que el fin perseguido
por el organismo de contralor es el de acentuar la certeza y efectividad
en la publicidad de la sede social para la transparencia del tráfico mercantil
y el cumplimiento de sus funciones propias de la fiscalización. Ello,
porque la efectiva administración y dirección de los negocios societarios ha
de realizarse en la sede social, debiendo coincidir la efectivamente utilizada
con aquella inscripta.
6.- Expresaron, que la dinámica que predomina en
el ejercicio del comercio impone la actualización y revisión permanente de
las disposiciones vigentes. Y, en ese orden de ideas, es que el dictado de las
distintas reglamentaciones por parte de todo organismo de contralor exige
por parte de los usuarios, el estricto acatamiento de sus disposiciones.
28

7.- Para nuestros tribunales, no existía controversia
respecto a que la sociedad multada presentó la respectiva declaración
jurada en legal tiempo y forma.
8.- Destacaron que no fue negado por el organismo
la circunstancia de que la sociedad incurrió en un error al denunciar su
domicilio social.
9.- Agregaron, que no podía dejar de señalarse
que la postura sancionadora asumida era ciertamente la correcta, dada la
relevancia del objetivo que se propuso la Inspección General de Justicia
mediante el dictado de la Resolución General IGJ N° 1/2010 sobre el reempadronamiento
obligatorio, lo cual tornaba justificable la imposición de
una multa. Y, si bien era cierto que las Leyes Ns° 19.550 y 22.315 establecían
un régimen de gradual de penalidad, sin embargo, dada la implicancia
que conlleva la declaración jurada, es que se debía mantener el temperamento
seguido por el organismo, es decir, el de imponer una multa.
10.- Finalmente, indicaron en cuanto al quantum
de la sanción, que ponderando que no se había informado de otro incumplimiento
o defecto en la vida societaria de la empresa sancionada, se consideraba
más adecuado a la falta incurrida reducir la multa a la mitad de su
valor. 19
XVIII.- Sociedad de responsabilidad limitada. Resolución General IGJ
N° 1/2010. Declaración jurada. Domicilio social. Error. Consecuencias.
1.- La Inspección General de Justicia aplicó a una
sociedad de responsabilidad limitada una multa pecuniaria por haber consignado
en la declaración jurada prevista en la Resolución General IGJ N°
1/2010 un domicilio que no coincidía con el domicilio social inscripto en el
organismo.
19 Sentencia del 12 de diciembre de 2011, dictada en los autos caratulados “Inspección
General de Justicia c/Per-Ros S.R.L. s/Organismos externos”, Sala F, Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial. En similar sentido, puede verse Martín Rafael Ymaz
Videla, “Actualidad societaria y de otros entes”, publicado en LA LEY del 16 de abril
de 2012, págs. 9 a 12, en especial, el apartado IX.
29

2.- La sociedad apeló dicha decisión ante nuestros
tribunales indicando que incurrió en un error excusable sin posibilidad de
ser rectificado o corregido.
3.- Agregó que no medió falsedad que pudiera
afectar la transparencia y seguridad del tráfico mercantil, que el domicilio
de los socios gerentes y el de la sociedad estaban expresados en el contrato
social y que en la declaración jurada por error se tergiversaron los datos
consignándose en el rubro de la sede social el domicilio de los socios.
4.- Finalmente, cuestionó el importe de la multa
por considerarlo exorbitante con relación a la entidad de la infracción imputada,
la cual, sólo se trató de un error que pudo subsanarse con una simple
intimación, máxime cuando todavía no había vencido el término para la
actualización de datos que refiere el plexo normativo.
5.- Nuestros tribunales señalaron que el fin perseguido
por el organismo de contralor es el de acentuar la certeza y efectividad
en la publicidad de la sede social para la transparencia del tráfico mercantil
y el cumplimiento de sus funciones propias de la fiscalización. Ello,
porque la efectiva administración y dirección de los negocios societarios ha
de realizarse en la sede social, debiendo coincidir la efectivamente utilizada
con aquella inscripta.
6.- Expresaron, que la dinámica que predomina en
el ejercicio del comercio impone la actualización y revisión permanente de
las disposiciones vigentes. Y, en ese orden de ideas, es que el dictado de las
distintas reglamentaciones por parte de todo organismo de contralor exige
por parte de los usuarios, el estricto acatamiento de sus disposiciones.
7.- Para nuestros tribunales, no existía controversia
respecto a que la sociedad multada presentó la respectiva declaración
jurada en legal tiempo y forma.
8.- Destacaron que no fue negado por el organismo
la circunstancia de que la sociedad incurrió en un error al denunciar su
domicilio social.
30

9.- Agregaron, que no podía dejar de señalarse
que la postura sancionadora asumida era ciertamente la correcta, dada la
relevancia del objetivo que se propuso la Inspección General de Justicia
mediante el dictado de la Resolución General IGJ N° 1/2010 sobre el reempadronamiento
obligatorio, lo cual tornaba justificable la imposición de
una multa. Y, si bien era cierto que las Leyes Ns° 19.550 y 22.315 establecían
un régimen de gradual de penalidad, sin embargo, dada la implicancia
que conlleva la declaración jurada, es que se debía mantener el temperamento
seguido por el organismo, es decir, el de imponer una multa.
10.- Finalmente, indicaron en cuanto al quantum
de la sanción, que ponderando que no se ha informado de otro incumplimiento
o defecto en la vida societaria de la empresa sancionada, se consideraba
más adecuado a la falta incurrida, reducir la multa a la mitad de su valor.
20
XIX.- Sociedad de responsabilidad limitada. Resolución General IGJ
N° 1/2010. Declaración jurada. Domicilio social. Error. Consecuencias.
1.- La Inspección General de Justicia aplicó a una
sociedad de responsabilidad limitada una multa pecuniaria por haber consignado
en la declaración jurada prevista en la Resolución General IGJ N°
1/2010 un domicilio que no coincidía con el domicilio social inscripto en el
organismo.
2.- La sociedad apeló dicha decisión.
3.- Nuestros tribunales señalaron que la objetiva
comprobación de la falta hace inconducente cualquier justificación invocada
por la sociedad, pues ello importaría desconocer la relevante función
que cumple la dirección de la sede social inscripta a partir de los efectos
vinculantes que la Ley de Sociedades Comerciales expresamente le asigna.
20 Sentencia del 27 de diciembre de 2011, dictada en los autos caratulados “Inspección
General de Justicia c/Sercam S.R.L. s/Organismos externos”, Sala F, Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial. En similar sentido, puede verse Martín Rafael Ymaz
Videla, “Actualidad societaria y de otros entes”, publicado en LA LEY del 16 de abril
de 2012, págs. 9 a 12, en especial, el apartado IX.
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4.- Agregaron, que el interés en esta cuestión exorbita
la contienda puntual suscitada en las actuaciones administrativas, y
se traduce en una afectación a la transparencia y seguridad del tráfico mercantil
que merece ser sancionada.
5.- Finalmente, indicaron que teniendo en cuenta
la entidad de la entidad de la falta cometida, la graduación de la sanción
aplicada era razonable y proporcionada. 21
XX.- Asociación civil. Resolución General IGJ N° 1/2010. Declaración
jurada. Nómina de autoridades. Incompetencia.
1.- La Inspección General de Justicia aplicó al
presidente de una asociación civil una multa pecuniaria por haber incurrido
en irregularidades en la nómina de las autoridades vigentes de la entidad
consignada en la declaración jurada prevista en la Resolución General IGJ
N° 1/2010, toda vez que fue incluido como vocal una persona fallecida.
2.- El presidente de la entidad civil apeló dicha
decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal.
3.- Nuestros tribunales indicaron que el artículo
16 de la Ley N° 22.315 dispone claramente que las resoluciones de la Inspección
General de Justicia son apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal, cuando involucren a comerciantes
o sociedades comerciales. Y, cuando dichas resoluciones se refieran
a asociaciones civiles y fundaciones, son apelables ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
4.- Ante ello, y dado que se sancionó al presidente
de una asociación civil con motivo de la información denunciada por dicha
entidad, se estimó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
21 Sentencia del 24 de mayo de 2012, dictada en los autos caratulados “Inspección General
de Justicia c/Cinemagroup S.R.L. s/Organismos externos”, Sala E, Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial. En similar sentido, puede verse Martín Rafael
Ymaz Videla, “Actualidad societaria y de otros entes”, publicado en LA LEY del 16 de
abril de 2012, págs. 9 a 12, en especial, el apartado VIII.
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de la Capital Federal no resultaba competente para entender en el recurso,
debiendo intervenir la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal. 22
22 Sentencia del 18 de abril de 2012, dictada en los autos caratulados “Inspección General
de Justicia c/Asociación Civil Ex Alumnos de la Ex Compañía de Jesús
s/Organismos Externos”, Sala A, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
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