2012-09-20 SENTENCIA AN- LAURA CANTERA Y OTRO - El Mundo

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN CUARTA
ROLLO Nº9/12
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº198/10
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
Dª ANGELA MURILLO BORDALLO
Dª CARMEN-PALOMA GONZALEZ PASTOR (PONENTE)
D. JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
S E N T E N C I A Nº40/2012
En Madrid, a diecinueve de septiembre de dos mil doce.
VISTAS por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional, en juicio oral y público, las
presentes actuaciones registradas en esta Sala con el
número de Rollo 9/12, tramitadas por el Juzgado Central de
Instrucción nº 5, por los trámites del Procedimiento
Abreviado 198/10 con respecto a los acusados:
1º.- Laura Cantera Vesga, con D.N.I. 78878699-S, nacida
el 09/08/1.977 en Baracaldo (Vizcaya), hija de Rafael y
Clara, sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en
situación de libertad provisional, representada por el
procurador D. Javier Cuevas Rivas y defendida por el
letrado D. Kepa José Mantzizidor Txirapozu.
2º.- Ibai Montealvaro Menéndez, con D.N.I. 45673151-G,
nacido el 30/04/1.982 en Bilbao, hijo de Andoni e Isabel,
sin antecedentes penales, de ignorada solvencia, en

situación de libertad provisional, representado por el
procurador D. Javier Cuevas Rivas y defendido por la
letrada Dª. Jone Goirizelaia Ordorika.
Han sido partes, además de los citados, el Ministerio
Fiscal representado por el Ilmo. Sr. Carlos Bautista
Samaniego y actuando como ponente la Ilma. Sra. Dª Carmen-
Paloma González Pastor, que expresa el parecer del
tribunal.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción nº 4 de
Baracaldo, se incoaron Diligencias Previas 1980/10 a raíz
del atestado instruido por la Comisaría de Muskiz el día 1
de julio de 2.010 por un presunto delito de enaltecimiento
terrorista, en las que se dictó auto de inhibición a favor
de los Juzgados Centrales de Instrucción el 3 de julio
2.010. Las referidas diligencias fueron repartidas al
Juzgado Central de Instrucción nº 5, siendo registradas con
el número 198/2010, en el que tras el oportuno traslado al
Ministerio Fiscal a los efectos de informar sobre la
competencia, se dictó auto admitiéndola el 04/08/2010.
Practicadas las diligencias de instrucción que se estimaron
pertinentes, se dictó el 22/12/2011 auto de transformación
en Procedimiento Abreviado frente al que se interpuso
recurso de apelación, resuelto por la Sección Tercera de la
Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional mediante auto de
1 de marzo de 2.012; una vez presentado escrito de
acusación por el Ministerio Fiscal se dictó auto de
apertura del juicio oral el 23/01/2012, tras el que se
presentaron los escritos de defensa de los acusados,

emitiéndose las actuaciones a esta Sección el 11 de mayo
de 2.012, donde se incoó el Rollo 9/12, en el que se
admitieron las pruebas en auto de 4 de junio de 2.012,
señalándose para su celebración el 10 de septiembre de
2.012, al que acudieron, además del Ministerio Fiscal, los
acusados y sus defensas, quedando las actuaciones
pendientes de dictar sentencia.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal calificó definitivamente
los hechos como constitutivos de un delito de
enaltecimiento del terrorismo del artículo 578 del Código
Penal y una falta de deslucimiento de bienes del artículo
626 del mismo cuerpo legal, del que son autores los
acusados Laura Cantera Vesga e Ibai Montealvaro Menéndez,
en quienes no concurren circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, por lo que solicitó para los
acusados la imposición de una pena de un año y seis meses
de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y pago de
las costas por mitad, por el delito y la pena de 3 días de
localización permanente, por la falta.
TERCERO.- La defensa de la acusada Laura Cantera Vesga,
en idéntico trámite, calificó los hechos en disconformidad
con la acusación pública, solicitando su libre absolución.
CUARTO.- La defensa del acusado Ibai Montealvaro
Menéndez, en idéntico trámite, calificó los hechos en
disconformidad con la acusación pública, solicitando su
libre absolución.
Y así expresamente se declara
HECHOS PROBADOS

Con motivo de la festividad de la Virgen de Guía el 1
de julio de 2.010, en la localidad vizcaína de Portugalete,
se montó un dispositivo policial destinado a garantizar la
seguridad ciudadana a través de patrullas de agentes de
paisano por el centro y casco antiguo de la localidad.
A partir de las 10 horas del citado día, cuando los
agentes de la policía autónoma vasca con número de
identificación personal interina 53.059 y 53.060,
realizaban la misión encomendada, observaron un grupo
compacto de unos 8 jóvenes, chicos y chicas, entre los que
se encontraban los acusados Laura Cantera Vesga e Ibai
Montealvaro Menéndez, mayores de edad y sin antecedentes
penales, que provistos de una serie de carteles enrollados,
dos cubos, dos escobas y una serie de sprays, deambulaban
por varias calles de la localidad, que con objeto de
aprovechar la afluencia de público asistente a las fiestas,
pegaban fotos de miembros de la organización terrorista
E.T.A., con inequívoca intención de elogio hacia sus
personas, así como pintadas con la frase “GORA ETA” y
“AMNISTIA”.
Una vez que los agentes se percataron del inicio de la
pega de carteles solicitaron el apoyo de sus compañeros,
mientras, a cierta distancia, seguían al grupo de jóvenes
que seguían pegando carteles.
En concreto, las acciones observadas por los agentes
tuvieron lugar en: 1º.- Cruce de la calle Salcedo con la
calle Coscojales, donde bordeadas por sendas pintadas de
“AMNISTIA”, en color negro en trazos gruesos, el grupo de
jóvenes pegaron 6 fotografías de miembros de E.T.A.
condenados por sentencia firme, cuya concreta identidad es
la siguiente: a) Juan Manuel Piriz Gómez; b) Jorge González
Endemaño; c) Asier Uribarri Benito; d) Ana López Barrio; e)
Aitor Fresnedo Gerrikabeitia y f) Unai Bilbao Solaeche.

2º.- Cruce de la Travesía Santa Clara con Coscojales,
donde, junto a la frase “Presoak kalera” en color negro, de
trazo grueso, pegaron un cartel en la que aparece la
palabra “ELKARTASUNA” y 7 fotografías de miembros de la
organización terrorista E.T.A., de los que 6, son los ya
identificados; 3º.- Calle Coscojales, donde pegaron
carteles con la inscripción siguiente “DEMOCRACIA, NO A LA
REPRESION” “REPRESION POLITICA ERTZAINTZA”; 4º.- Pared que
bordea la escalera situada en la parte trasera de la
iglesia de Santa María que conducen al Paseo “La Canilla”,
próximo a la estación de tren, donde los citados jóvenes
pintaron con spray rojo de trazo fino, la frase “GORA
E.T.A.”; 5º.- Pintada con la frase “AMNISTIA” escrita con
spray rojo, de trazo fino, en la calle Manuel Calvo.
Tras estas dos últimas pintadas, los miembros del grupo
observaron que un grupo de policías uniformados se
dirigían, a pie, hacia donde ellos se encontraban, por lo
que empezaron a dispersarse y a deshacerse de los cubos,
escobas y carteles. Los agentes encontraron los 2 cubos con
cola transparente y las 2 escobas junto a los coches
estacionados y los carteles enrollados ocultos detrás de
una valla.
El contenido de estos últimos carteles es del tenor
siguiente: “EUSKAL GAZTERIA EZ DAGO SALGA”, “ELKARTASUNA”
,“PRESOAK KALERA”, “KONDENA BETEA DUTEN”, “XXI, MENDEKO
ESTATU TERRORISOA”, “NO A LA REPRESION”, cuya traducción es
la siguiente: “LA JUVENTUD VASCA NO ESTÁ EN VENTA”,
“SOLIDARIDAD”, “PRESOS A LA CALLE”, “LOS QUE HAN CUMPLIDO
CONDENA”, “EL TERRORISMO DE ESTADO DEL SIGLO XXI”
En el momento de la dispersión del grupo de jóvenes,
los agentes citados se dirigieron hacia quienes más tarde
fueron identificados como Ibai Montealvaro Menéndez y Laura
Cantera Vesga, quien tras separarse del grupo, se dirigió

hacia una fuente a lavarse las manos, mientras su compañero
la esperaba en las inmediaciones.
Laura Cantera había llegado a Portugalete, procedente
de Bilbao, en tren con una amiga de su cuadrilla, Laura
Pachón Sierra, quien se quedó en la estación a la espera de
la llegada de otro componente de la misma, Igor Berzosa
Bárcenas, quienes se percataron de que la citada acusada
había sido detenida.
El importe de la limpieza de la cartelería y pintadas
costeada por el Ayuntamiento de Portugalete asciende a
759,97 euros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los citados hechos así relatados, constituyen
un delito de enaltecimiento del terrorismo, previsto y
penado en el artículo 578 del Código Penal y una falta de
deslucimiento de bienes inmuebles del artículo 626 del
citado cuerpo legal.
Las pruebas practicadas en el acto del plenario,
especialmente en lo que se refiere a la testifical de los
dos agentes presenciales, unidas a otras como la documental
que se indicará más adelante, ciertos extremos de la
declaración de los dos acusados y de las declaraciones de
los testigos por ellos propuesta, prueba toda ella
lícitamente obtenida y legalmente practicada de acuerdo con
los principios inspiradores del juicio oral, singularmente
el de contradicción, han permitido al tribunal acreditar la
realidad de lo ocurrido y plasmado en el epígrafe anterior.

En efecto, contamos en este caso con la declaración de
dos testigos presenciales y directos de las pintadas y
pegada de carteles realizados por el grupo de 8 jóvenes que
provistos con dos cubos y dos escobas, deambulaban por
algunas calles de Portugalete, quienes, además de
ratificarse en los datos que figuraban en el atestado
levantado, precisaron en el acto del juicio aquellos
extremos que recordaban, como el guardar cierta distancia
del grupo para no ser detectados mientras alguno de sus
componentes desplegaban los carteles, mientras otros,
escoba en mano, procedían a pegarlos en las paredes de
algunos tramos de las calles, o cómo a veces los perdían de
vista cuando el propio trazado de la calle impedía la
visión de lo que sucedía más adelante, pero sin que ninguno
de ellos tuviera la menor duda de quienes formaban el grupo
y de que los acusados pertenecían al mismo y desarrollaban
las mismas funciones que los demás componentes.
Así, el agente 53.059 declaró, en síntesis, que estaba
de servicio, no uniformado, junto con su compañero el
53.060 y, al pasar por el cruce de la calle Salcedo con
Coscojales, vio a unas 8 personas, chicos y chicas, que
hacían pintadas y pegaban carteles que, al llegar al lugar
concreto, vieron que eran de presos de E.T.A. por lo que
decidió, junto con su compañero, seguirlos y pedir
refuerzos, observando que en su recorrido pegaron un cartel
con el nombre de ASKATASUNA y, continuando por la calle
López García Salazar, junto a la escalera que se encuentra
detrás de la iglesia de Santa María, pudo ver, desde el
rellano situado en un plano superior, cómo los miembros del
referido grupo, que ya habían bajado las escaleras,
realizaban unas pintadas que, al descender, pudo comprobar
que, en letras rojas, ponía “GORA ETA”. Instantes después,
una vez que los miembros del citado grupo observaron que
agentes uniformados se acercaban al lugar, se fueron

disgregando dirigiéndose la acusada Laura a un pequeño
parque en el que hay una fuente donde se lavó las manos
mientras el otro acusado la esperaba. Igualmente, a
preguntas del Ministerio Fiscal, indicó que en ese momento
no les vieron tirar los carteles que llevaban porque iban
todos juntos y porque por la zona había coches, pero sabía
perfectamente que los acusados estaban en el grupo.
En similares términos, el agente 53.060 declaró que
detectaron la presencia de un grupo de personas que
portaban carteles, cubos y sprays por la calle Coscojales,
que empezaron a realizar pintadas y a pegar carteles justo
en la esquina del mercado, donde está la imagen de la
Virgen. Precisó que el grupo, que portaba camisetas
blancas, era bastante homogéneo, recordando que había fotos
de presos de E.T.A. aunque no el texto de los carteles.
Añadió que subió por la calle Coscojales hacia la calle
Santa Clara y desde allí, al Paseo de la Canilla, próximo a
la estación de tren y bajando por unas escaleras hicieron
una pintada en tinta roja que pudieron ver desde un plano
superior y que al descender instantes después pudieron leer
que ponía “GORA ETA”. Añadió que esa tinta era la misma que
la utilizada en pintadas anteriores y que a veces les
perdían de vista cuando doblaban las esquinas pero no tenía
ninguna duda acerca del grupo porque iban todos juntos.
Un tercer agente, con número 66.987, declaró que
elaboró el reportaje fotográfico de acuerdo con la
información que le dieron sus compañeros y realizó la
ampliación de las caras de las fotografías que aparecen en
los carteles.
Además de las declaraciones de los dos primeros testigos
presenciales, la ratificación del atestado elaborado por
aquéllos e introducido en el plenario como prueba
documental, permite al tribunal, de una parte, comprobar la

veracidad de los respectivos testimonios en la medida en
que éstos coincidan con lo que en su día hicieron constar
por escrito, y por otra parte, apoyarse en ciertos detalles
que los agentes observaron el día en que ocurrieron los
hechos y que, quizá por olvido, no relataron en el
plenario, permitiendo que la lectura de su contenido ayude
a formar el racional convencimiento de lo ocurrido en
aquella mañana.
Pues bien, los agentes actuantes hicieron constar en el
atestado dos detalles de interés. Uno de ellos es la
expresa constancia de que la tinta roja de la frase “GORA
E.T.A.” que figura en la pared que bordea la escalera
(folios 47 y 48 en bolígrafo azul, y 55 y 56 en rotulador
negro) estaba fresca, era recién hecha (folio 3 del
atestado, y 6 u 10 de las actuaciones). Y, el segundo dato
es que Ibai presentaba restos de pintura roja en sus uñas,
(folio 4 del atestado, y 7 u 11 de las actuaciones).
Además de lo anterior, las declaraciones de los dos
testigos presenciales han sido mínimamente corroboradas por
los dos acusados en el acto de la vista.
En efecto, a diferencia de lo acaecido en las tres
veces que tuvieron ocasión de declarar, -ya sea ante la
propia comisaría de policía o en las dos ocasiones en las
que fueron citados ante el juzgado, donde manifestaron o
bien no haber estado allí- es el caso de Ibai -( Tomo I,
folios 86, 174, y Tomo II, folio 92), o negarse a declarar-
es el caso de Laura- (Tomo I, folios 80 y 169, y tomo II,
folio 94), en el acto del plenario, los dos acusados, que
no respondieron a ninguna de las preguntas efectuadas por
el Ministerio Fiscal, al contestar a sus respectivas
defensas, Ibai declaró haber estado en el Paseo de Canilla
de Portugalete con Laura quien se fue a una fuente siendo

detenidos ambos junto a la misma, negando, por lo demás,
haber pegado carteles o realizar pintadas.
Por su parte, Laura, contestó a su letrado haberse
trasladado en tren desde Bilbao a Portugalete, llevar
puesto, como una gran mayoría de asistentes aquél día, una
camiseta blanca, un pantalón oscuro y un pañuelo en el
cuello, y acercarse a beber agua a una fuente siendo
detenida junto a Ibai, negando los episodios inculpatorios.
Además de los extremos citados, la referida acusada añadió
sobre los hechos que motivaron su detención que el trato
recibido fue malo, no sólo porque no le dieron
explicaciones del motivo de su detención, sino porque le
desnudaron en varias ocasiones, sin saber tampoco el
motivo, estando detenida más del tiempo necesario.
Los citados añadidos, carecen de dato alguno
corroborador, no han sido mantenidos ni esgrimidos por su
defensa, no han merecido la interposición de algún tipo de
queja o denuncia y, además rebasan su derecho de defensa,
toda vez que ese afán desprestigiador de la labor llevada a
cabo por los agentes bajo cuya custodia estuvo, podía dar
lugar a una responsabilidad legal en su contra.
De momento, baste decir que las afirmaciones de malos
tratos, de haber estado detenida en comisaría más del
tiempo necesario, de haber sido desnudada en varias
ocasiones y de no haber sido informada del motivo de su
detención, son conocidas, por vez primera, en el propio
acto del juicio, es decir, rebasados los dos años de los
hechos.
Pues bien, del examen de los datos que figuran en el
atestado se desprende lo siguiente: 1º.- En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 520 de la L.E.Crim. a las 12,30
horas del 1 de julio, se pone en conocimiento el hecho de
la detención de la acusada a su hermana, Joana Cantera
Vesga (folio 12 del atestado y 15 ó 19 de las actuaciones).

2º.- A las 12,42 del mismo día, es informada de los motivos
de su detención, advirtiéndose expresamente de que el
motivo de su detención obedece a un delito de
enaltecimiento; es informada de sus derechos y expresamente
del derecho a ser reconocida por el médico forense,
declinando el uso de su derecho a declarar y de los
otorgados por la ley (folios 24 del atestado y 27 y 31 de
las actuaciones). 3º.- A las 13 horas del mismo día, se
pone en conocimiento del Juzgado de guardia de Baracaldo la
detención de los dos acusados (folio 19 del atestado y 22 ó
26 de las actuaciones). 4º.- A las 13,04 del mismo día, la
detenida solicita ser asistida por el letrado D. Alfonso
Zenón (folio 18 del atestado y 21 ó 25 de las actuaciones)
quien comparece en comisaría a las 16,02 del mismo día
(folio 27 del atestado y 30 ó 34 de las actuaciones). 5º.-
A las 13,15 es objeto de un cacheo personal (folio 13 del
atestado y 16 ó 20 de las actuaciones). 6º.- A las 16,55,
con presencia del indicado letrado y leídos nuevamente sus
derechos, la detenida manifiesta que declarará ante la
autoridad judicial (folio 28 del atestado y 31 ó 35 de las
actuaciones). 7º.- El 2 de julio, ambos detenidos son
puestos a disposición judicial, donde tras ser nuevamente
instruidos de sus derechos, y por lo que se refiere a la
detenida, en presencia del letrado escogido y asistida de
intérprete de euskera, expresamente solicitado al efecto,
manifiesta no querer declarar, siendo puesta en libertad y
todo ello, sin denunciar ni los malos tratos, ni las
vejaciones sufridas, ni el no haber sido informada de los
motivos de su detención, ni lo excesivo de ésta (folios 79
u 87 de las actuaciones).
El detalle de todos y cada uno de los datos expuestos,
hace innecesario insistir en los extremos denunciados.

Además de los testimonios de los dos agentes
presenciales de los hechos, de los datos objetivos
observados y recogidos por ellos en el atestado ya
indicados, de las declaraciones de los acusados, en los
términos ya reflejados, comparecieron al acto del plenario,
los dos miembros de la cuadrilla de la acusada, es decir,
Laura Pachón Sierra e Igor Berzosa.
En síntesis, la primera declaró que coincidió con su
amiga Laura Cantera Vesga en Baracaldo, desde donde fueron,
en tren a Portugalete, permaneciendo en el interior de la
estación esperando a Igor, mientras Laura Cantera se fue a
una fuente. Por su parte, Igor confirmó haber llegado en
tren a Portugalete donde le esperaba Laura Pachón,
enterándose al llegar de la detención de Laura Cantera
Vesga.
Pues bien, del conjunto de la actividad probatoria
examinada, el tribunal no tiene la menor duda de que los
acusados formaban parte del grupo de jóvenes que pegaba
carteles y realizaban algunas pintadas y que, como el resto
de sus integrantes, colaboraba activamente en las pintadas
y pegada de carteles.
SEGUNDO.- Como se ha anticipado, la calificación
jurídica de los hechos declarados probados es la de un
delito de enaltecimiento del terrorismo del artículo 578
del Código Penal y además, la comisión de una falta de
deslucimiento de bienes inmuebles de dominio público o
privado prevista en el artículo 626 del Código Penal. La
citada conclusión exige, además de la realización de una
actividad objetiva que encaje con el tipo penal, que
concurra en los acusados el elemento subjetivo exigido en
el tipo.

No obstante, antes de abordar este extremo, debe darse
respuesta a ciertas cuestiones planteadas por las defensas
de los acusados que son de distinto carácter.
Una de ellas, plantea y discute la autoría de los
acusados habida cuenta de la multitud de gente existente en
el lugar, de no haberse encontrado los sprays en poder de
ninguno de ellos, de no haber estado en todo momento al
alcance de la visión de los agentes dado el trazado de las
calles, de la falta de prueba alguna acerca de si la
escritura de alguna de las pintadas coincide con su grafía,
de la posible existencia de huellas en los cubos o en las
escobas o, en definitiva de la falta de precisión de la
labor desempañada por los acusados dentro del grupo.
Una segunda, disiente del hecho de la ampliación del
escrito de acusación realizado por el Ministerio Fiscal al
imputar a los acusados, además del delito de
enaltecimiento, la comisión de una falta de deslucimiento
de bienes de carácter público del artículo 626 del Código
Penal, provocando la consiguiente sorpresa y desacuerdo
legal que, en cualquier caso, entienden prescrita.
Y, una tercera, se circunscribe a la petición de
nulidad argumentada por una de las defensas en el trámite
de informe por cuanto los agentes de la policía autónoma
vasca actuaron con un número de identificación temporal
distinto del propio antes de que judicialmente gozaran de
tal protección, lo que ha supuesto, de una parte,
desconocer la identidad real de los agentes que observaron
los hechos y consecuentemente, la vulneración del derecho
de defensa de los acusados y, de otra, la anticipación de
una previsión legal antes de que judicialmente sea
otorgada.
En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto, se
tratarán, en primer lugar, las cuestiones acerca de si los
acusados pertenecían o no al grupo en cuestión y si como

tales son responsables penales en concepto de autores. En
segundo lugar, si es o no factible la imputación de una
falta de deslucimiento de bienes públicos una vez
transcurridos más de dos años de los hechos. En tercer
término, la nulidad derivada de la anticipación de la
protección por parte de los agentes, testigos directos de
los hechos, para finalmente, tratar si concurre el elemento
subjetivo del tipo penal de enaltecimiento.
En relación a la primera cuestión, procede distinguir
entre la prueba acerca de si los acusados se encontraban o
no en el grupo y, en segundo lugar, la autoría legal,
propiamente dicha, por haber llevado a cabo, en su caso,
alguna de las acciones propias del tipo penal.
Con respecto a si los acusados formaban parte del
grupo, las declaraciones de los dos agentes presenciales
son categóricas, pues ambos declararon que pese a la gente
que en esos momentos se encontraba por las calles, pese a
reconocer estar a cierta distancia para no ser detectados,
pese a que el trayecto y los ángulos de las calles por las
que el grupo deambulaba impedía ver en ocasiones, a tiempo
real, qué realizaban exactamente los componentes del citado
grupo, los agentes manifestaron que los acusados
pertenecían al grupo que portaban dos cubos, dos escobas,
realizaban pintadas y pegaban carteles. De modo que, aunque
a larga distancia sólo pudieran ver la acción de desplegar
los carteles y pegarlos con las escobas mojadas en la cola
hallada en el interior de los cubos; aunque a la distancia
a que se encontraban no pudieran distinguir quién del grupo
mojaba la escoba en el cubo, cuál otro sostenía el cartel,
quién le ayudaba, o cuál otro lo fijaba materialmente a la
pared con la escoba, sí vieron los contenidos de los
carteles y de las pintadas y no sólo eso, sino que,
hicieron constar en el atestado los dos detalles ya citados

que permiten corroborar no sólo la presencia material de
los dos acusados en el grupo, sino su participación directa
en los hechos que el grupo realizaba. Nos referimos, como
ya ha quedado expuesto, a que observaron presencia de tinta
o spray rojo en las uñas de Ibai, lo cual se cohonesta con
que la última pintada que vieron hacer al grupo, esto es,
la de “GORA ETA” realizada con tinta o spray de color
rojo, aún estaba húmeda y fresca y que Laura Cantera fue
detenida tras ir a una fuente a lavarse las manos, lo que
denota claramente que llevó a cabo una de las labores
necesarias para la pegada de carteles o las pintadas.
La segunda cuestión a tratar, dentro de este primer
apartado, es la de la autoría legal de los acusados.
De lo dicho anteriormente se desprende no sólo que los
acusados pertenecían al grupo, sino si intervinieron
directamente en las acciones que el grupo realizaba.
Como puede observarse a través de una detenida lectura
de los Hechos Probados, el tribunal no ha mencionado que
los acusados realizaran, directamente, alguna de las
pintadas o que pegaran, materialmente, las fotografías de
los presos toda vez que ninguno de los dos testigos
presenciales lo advirtió. Pero, en rigor, la autoría del
artículo 28 del Código Penal, en su encaje con el delito de
enaltecimiento no exige que ellos hayan realizado
materialmente las pintadas o hayan pegado las fotos, basta
con que hayan colaborado en alguna de las funciones que el
grupo desempeñaba y para ello, basta tener en cuenta que
incluso aunque materialmente no hubieran desplegado ninguna
labor activa, estaban allí, dando protección y apoyo a sus
compañeros, comulgando con el elogio de los terroristas
cuyas fotos pegaban, dándoles seguridad, protegiéndoles,
pues no en vano, los agentes destacan que iban todos
juntos, era un grupo compacto, lo que necesariamente quiere
decir que mientras unos llevaban a cabo materialmente las

acciones de pintar las paredes o de pegar las fotos, los
demás, apoyaban sus actos, les daban seguridad, les
protegían de terceros; todo ello sin perjuicio de entender
que el hecho de que uno de los acusados tuviera pintura
roja en sus uñas y la otra estuviera lavándose las manos,
demuestra palpablemente que llevaron físicamente alguna de
las actividades de pintar o pegar carteles.
En definitiva, bien se aplique la autoría directa y
material de los acusados en los hechos narrados como
probados, al amparo del artículo 28 1º, bien se acuda a la
aplicación de la cooperación necesaria a través de la
aplicación del párrafo 2º b) del citado artículo, acudiendo
a la teoría del dominio funcional del hecho que, como es
sabido, en el caso de coautoría exige los tres requisitos
de: a) plan común, b) realización de una aportación
esencial y, c) intervención en la parte ejecutiva de los
hechos, puede concluirse sin dificultad que los acusados
son autores legales del delito por el que han sido
acusados.
La segunda cuestión planteada por las defensas de los
acusados es la prescripción de la falta de deslucimiento de
bienes inmuebles, habida cuenta del tiempo transcurrido
desde que ocurrieron los hechos -1 de julio de 2.010- y el
momento de la imputación específica contra los acusados,
que tuvo lugar al elevar las conclusiones a definitivas en
el acto del plenario, el 10 de septiembre de 2.012.
La citada alegación no es aceptada por el tribunal y
ello, no porque no haya transcurrido con creces el plazo de
6 meses de la posible prescripción de la falta desde que
los hechos tuvieron lugar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 131 del Código Penal, sino
porque el referido plazo no es de aplicación cuando la
comisión de la falta tiene lugar con ocasión de la comisión

de un delito que, como el de ensalzamiento no ha prescrito
desde que ocurrieron los hechos.
En estos casos, desde un punto de vista procesal, dice
el artículo 781.1 de la L.E.Crim. que el Ministerio Fiscal
calificará no solamente por el delito, sino también por las
faltas imputables al acusado cuando éstas estén relacionada
con el delito. La aplicación del referido precepto al caso
resulta paradigmático.
No cabe duda de que uno de los medios a través de los
que los acusados podían elogiar a quienes eran sus ídolos,
para conocimiento y mayor gloria de los homenajeados, a
cualquiera que visitara Portugalete el día de sus fiestas,
era pegando en las paredes de las calles por donde los
vecinos y los asistentes a las fiestas iban a pasear, las
fotografías de quienes fueron condenados como terroristas,
y para ello, era absolutamente imprescindible, ensuciar y
deslucir los inmuebles que fuera necesario, a su antojo.
Pues bien, una doctrina jurisprudencial consolidada,
acorde con los principios de nuestro derecho penal objeto
de estudio en los primeros cursos de derecho, pregona que
las faltas cometidas con ocasión de un delito no
prescriben, si el delito tampoco ha prescrito. Así lo viene
indicando el Tribunal Supremo, entre otras, en las SS.
29/07/1998; 12/05 y 21/12/1999; 14/02/2000; 03/07 y 31/10/
2002 y 28/04/2006.
En relación con esta misma cuestión, una de las
defensas alegó, además, la imposibilidad de condena por la
falta en cuestión toda vez que se ignoraba si el
propietario del bien inmueble podía haber dado el
consentimiento (se entiende para que fuera ensuciado). La
jurisprudencia menor recaída sobre este elemento negativo
del tipo es que el permiso del dueño del bien debe ser
expreso. No se presume una autorización tácita. Así lo ha
considerado la AP Vizcaya, en sentencia 07/04/1998 o la AP

de Valladolid, en sentencia 224/2004 y prueba de ello es
que, en el presente caso el Ayuntamiento ha presentado la
factura de la limpieza de las paredes deslucidas, pues
incluso siendo las fachadas de particulares, extremo no
acreditado, le corresponde a la citada entidad pública la
limpieza de las fachadas de las vías públicas.
De forma que incluso dando por acreditado que algunas
de las pintadas no las hubieran hecho los acusados y sus
compañeros, el hecho de haber aprovechado los espacios ya
pintados para pegar los carteles, obliga a la autoridad
pública a limpiar las fachadas propias y las de los
hipotéticos titulares particulares. De tal modo que
ascendiendo el importe de los gastos de la limpieza
realizada por el Ayuntamiento a la cantidad de 759,57
euros, procede incluir la citada cifra en concepto de
responsabilidad civil a cargo expreso de los acusados.
La tercera de las cuestiones aludidas, por primera vez,
en el trámite de informe de una de las defensas, era la
nulidad de los datos y atestado que figuran en las
actuaciones toda vez que los agentes actuantes utilizaron,
en su beneficio, las posibilidades de aplicación previstas
en la Ley Orgánica 1/1994, de 23 de diciembre, mediante la
ocultación de sus identidades personales, antes de que la
ocultación de su identidad fuera reconocida judicialmente.
La referida cuestión sigue la misma suerte
desestimatoria que las anteriores. Ciertamente, la solución
perfecta hubiera sido que a la petición de protección
realizada por la policía actuante e ínsita en el atestado
(folio 32 del mismo y 35 ó 39 y ss. de las actuaciones),
presentado el propio 2 de julio de 2.010, se hubiera dado
respuesta judicial en el auto de incoación de las
Diligencias Previas (folio 73 ú 81) dictado ese mismo día,

pero ocurre, que ello no acaeció así y que la respuesta
vino dada en auto de 03/11/2010 (folio 110 ó 118).
Ahora bien, como la respuesta del tardío auto fue
afirmativa a la petición formulada al inicio de las
actuaciones, no cabe duda que su actuación y la solicitud
que los agentes hicieron de utilizar otros números de
identidad específicos para su identificación en las
diligencias, resultaba respaldada y legalizada.
De modo que figurando la identidad de los agentes en
los términos establecidos en la ley, no cabe duda de que la
utilización de la identidad con que comparecieron al juicio
y con la que fueron identificados, desde el inicio de las
actuaciones, carece de motivo alguno de ilegalidad, por lo
cual resulta desatendida su petición de nulidad.
Finalmente se entra en el análisis de si la conducta
desplegada por los acusados reúne, no sólo el requisito
material de empapelar las calles con las fotografías de
presos condenados por su pertenencia a una organización que
proclama la lucha armada como medio de solucionar los
problemas, sino si mediante esa pega de sus carteles o de
proclamar, a los cuatro vientos, la ilegal organización a
los que aquéllos pertenecían, concurre el dolo de ensalzar
requerido por el tipo penal.
Antes de empezar con esta última parte de la
resolución, debe quedar constancia, no sólo de la identidad
de los homenajeados, -cuestión ya recogida en los Hechos
Probados- sino del porqué de su condena.
Los datos delictivos de cada uno de ellos, figuran
reflejados en el escrito de acusación provisional, elevado
a definitiva, por el Ministerio Fiscal, y, además,
detalladamente recogidos en sus fichas de antecedentes
penales aportados bien en fase de instrucción o en el Rollo
de Sala.

Circunscribiéndonos a los datos más relevantes sobre el
particular, se indica lo siguiente:
1º.- Juan Manuel Piriz Gómez, fue condenado en
sentencia firme por delito de atentado, a la pena de 22
años de prisión, por delito de tenencia y depósito de
explosivos, a la pena de 6 años de prisión y por delito de
asesinato terrorista, a la pena de 27 años de prisión
(folios 127 y ss.).
2º.- Jorge González Endemaño, fue condenado por
sentencia firme dictada por la Sección Tercera de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional a 30 años de prisión
por delito de atentado terrorista; a 20 años de prisión por
delito de asesinato frustrado; a 10 años de prisión por
colaboración con banda armada y a 7 años de prisión por
tenencia y depósito de explosivos (folio 131 y ss).
3º.- Asier Uribarri Benito, fue condenado por
sentencias firmes dictadas por la Secciones Tercera y
Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a
la pena de 7 años de prisión por delito de terrorismo; a
dos penas de 6 años de prisión por colaboración con
organización terrorista y a la pena de 16 años de prisión
por delito de asesinato terrorista (folios 80, 81 y 82 del
Rollo de Sala).
4º.-Ana López Barrio, fue condenada en sentencia
dictada el 27/12/2007 por la Sección Tercera de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional, a la pena de 5 años de
prisión por delito de colaboración con organización
terrorista (folio 135 y ss).

5º.- Aitor Fresnedo Gerrikabeitia, fue condenado en
sentencias firmes dictadas por la Sección Tercera de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a una pena de 30
años por delito de atentado; a otra pena de 10 años por
participación en organización terrorista; a una pena de 12
años por otro delito de atentado; a una pena de 20 años por
delito de asesinato terrorista y a una pena de 7 años por
delito de tenencia y depósito de explosivos (folio 137 y
ss).
6º.- Unai Bilbao Solaeche, fue condenado por sentencia
firme dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional, a 28 años de prisión por delito
de homicidio; a 13 años de prisión por delito de detención
ilegal; a 7 años de prisión por colaboración en
organización terrorista; a 4 años de prisión por robo de
uso de vehículos de motor y a 6 años de prisión por delito
de depósito de armas y municiones.
Partiendo de la citada premisa, en realidad, ninguna de
las defensas ha ahondado en si concurren o no los elementos
del tipo del enaltecimiento, pues ambas, se han quedado en
una fase anterior, bien en la nulidad indicada o, con más
encomio y ahínco, en la de la falta de pruebas acerca de su
autoría o participación.
Sin embargo, dando por acreditada su participación,
debe tratarse de si, además de llevar a cabo las pintadas o
la pega de las fotos de los personajes ya indicados,
concurría en ellos el dolo de ensalzarles.
No cabe la menor duda de que, dado lo dicho hasta
ahora, la pega de carteles, de fotos y las pintadas de
“GORA ETA” reúnen el elemento de ensalzamiento exigido por
el tipo.

En efecto, como la jurisprudencia del T.S. ha afirmado
reiteradamente con motivo de los recursos de casación
presentados con motivo de las condena dictadas por este
delito, entre otras, en ss. de 20/06/2007; 23/09/2008;
05/06/2009; 21/12/2009; 03/03/2010; 02/06/2010 o
25/04/2011, los elementos de este delito son, en síntesis,
los siguientes:
1º.- La existencia de unas acciones o palabras por las
que se enaltece o justifica.
2º.- El objeto de tal ensalzamiento puede ser:
a) Cualquiera de las conductas definidas como
delitos de terrorismo de los artículos 571 a 577 del
Código Penal.
b) Cualquiera de las personas que hayan
participado en la ejecución de tales comportamientos;
precisando a este respecto que no es necesario
identificar a una o varias personas, pues puede
ensalzarse a un colectivo de autores o copartícipes en
esta clase de actos delictivos.
3º.- Tal acción de enaltecer o justificar debe
realizarse por cualquier medio de expresión pública o
difusión.
Del primer elemento no hay duda, la pegada de carteles
de presos de la organización terrorista E.T.A. y el “GORA
E.T.A” que aparece en las paredes de la escalera de piedra
que dan acceso al Paseo de la Canilla (folios 47 ó 55 de
las actuaciones), ya mencionada, son, por sí mismos,
expresivos, al máximo, de que lo que pretendían era dar a
conocer las proezas delictivas de los ídolos a quienes,
mediante sus fotografías, honraban a mayor gloria.

Resulta útil recordar lo afirmado por el Tribunal
Supremo en la sentencia de 23/09/2008, donde con motivo de
ondear en una bandera de un equipo de fútbol, adulterado al
efecto con el anagrama de ETA, manifestó, en relación con
el primer elemento del delito que… “enarbolar una bandera
constituye la expresión simbólica de la aceptación y
exaltación de su significado y ello…. comporta enaltecer,
vitorear y aplaudir los valores que representa, colocando a
los mismos -ejercicio de la violencia terrorista y
subversión del orden constitucional- y a sus autores en
actitud de loa, reconocimiento y admiración universales”.
Con respecto al segundo requisito, dice: ”El segundo
elemento (ensalzar acciones terroristas y sus autores) se
cumple ondeando la bandera con el símbolo de ETA, pues
ensalzar a la organización terrorista no es otra cosa que
legitimar y justificar las conductas realizadas por sus
activistas que encuentran acomodo legal en los artículos
571 a 577 “ y, en cuanto al tercer requisito, el de la
publicidad del acto, dadas las circunstancias del caso, no
precisa más detalles.
Pues bien, la aplicación al caso de autos de esas
mismas palabras a la pintada de “GORA ETA”, parece
inevitable, resultando indiferente que el nombre de la
referida organización figure en una bandera que en una
pintada.
En relación a la pegada de los carteles de los presos
de la referida organización, el ensalzamiento que tal hecho
implica resulta innegable.
De hecho, no se ha argumentado por las defensas de los
acusados que éstos no conocieran a aquéllos de quienes
fijaban a la pared sus fotografías, o que tal acto fuera en
defensa de su libertad de expresión. No se ha argüido que
en realidad, lo que se pretendía era el acercamiento de los
presos, o la petición de Amnistía, aunque incluso, de

haberse hecho, no afectaría al dolo, pues éste no depende
del móvil, sino únicamente de que el autor, cualquiera que
sea su móvil, sepa que está realizando el tipo penal.
En relación al segundo requisito, es obvio que las
personas del grupo, mediante la pega de los carteles de
presos de E.T.A., eran conscientes de que estaban
ensalzando a quienes habían sido condenados por sus delitos
violentos, gratuitamente, por el hecho de serlo.
Y, con respecto al tercer elemento, el de la
publicidad, no cabe duda de que la acción llevada a cabo
por los acusados se escogió, precisamente, para que la
proclama de su idolatría fuera bien conocida, a los cuatro
vientos, por quienes deambulaban por el centro de la ciudad
el día de su fiesta patronal, como si de líderes se
tratara.
TERCERO.- No concurren en el caso circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, de modo que
de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 y
concordantes del Código Penal, procede imponer la pena
mínima en relación al delito de enaltecimiento, esto es, un
año de prisión e inhabilitación absoluta de 10 años
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 579.1º del Código
Penal y con respecto a la falta de deslucimiento ya
reseñada, la pena de 3 días de localización permanente.
CUARTO.- En materia de responsabilidad civil y de
conformidad con los gastos de limpieza acreditados, procede
condenar conjunta y solidariamente a los acusados al abono
de 759,87 euros al Ayuntamiento de Portugalete, con los
intereses legales correspondientes.

QUINTO.- En materia de costas, procede la imposición de
las mismas por mitad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 123 del código Penal.
VISTOS los citados preceptos y demás de general y
pertinente aplicación,
F A L L A M O S
QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Laura Cantera
Vesga e Ibai Monteaalvaro Menendez, como autores
responsables criminalmente de un delito de enaltecimiento
del terrorismo y de una falta de deslucimiento, ya
referenciados, a las penas de UN (1) AÑO DE PRISIÓN e
inhabilitación absoluta durante el plazo de 10, por el
delito y a 3 días de localización permanente por la falta,
con expresa imposición, a cada uno de la mitad de las
costas procesales generadas.
Igualmente, se les condena a que en concepto de
responsabilidad civil indemnicen, conjunta y
solidariamente, al Ayuntamiento de Portugalete en la
cantidad de 759,97 euros, más los intereses legales
correspondientes.
Será de abono a los acusados el tiempo que han estado
privados de libertad por esta causa.
Contra la presente resolución puede interponerse recurso
de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que
deberá prepararse en el plazo de cinco días a partir de la
última notificación.

Así, por esta nuestra sentencia definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior
Sentencia por la Magistrada Ponente Ilma. Sra. Dª Carmen-
Paloma González Pastor, estando celebrando audiencia
pública el día de su fecha. Doy fe.