Daños colectivos. Convergencia Procesal y Sustancial - UCES

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Esta problemática fue receptada por
otros tribunales. “Es admisible la acción
entablada por vecinos de la ciudad
de Rosario con la finalidad de obtener
de la Municipalidad local, la realización
de gestiones tendientes a lograr
la cesación del uso por una empresa
de maquinarias utilizadas para
la explotación industrial que —aparte
de su potencialidad intrínseca para
producir molestias y perjuicios— perjudican
la calidad de vida de los actores”
99 . También se ha aceptado, en
base a una norma específica la ley Nº
10.000 que legisla los intereses difusos
en la Provincia de Santa Fe, la legitimación
de la Federación de Cooperadoras
para formular un reclamo vinculado
a “los edificios escolares”, que
por ser medios “ïndispensables para el
goce de un servicio esencial, son bienes
públicos y como tales, forman parte
del ambiente, cuya protección deriva
implícitamente de diversas normas
constitucionales locales”. Añadiéndose
en ese precedente que “si no se mantienen
y, eventualmente, no se amplían
las escuelas, tal comportamiento daña
la salubridad del ambiente de vida,
porque la presencia de tales establecimientos
en buenas condiciones, al
igual que las zonas verdes, los centros
culturales, los monumentos, etc., representa
la condición ineludible de un me-
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R e v i s t a
JURIDICA
DOCTRINA
jor nivel de vida de la sociedad. Tal
daño es daño público, al alterar la posibilidad
de su utilización en buenas
condiciones por los componentes y
puede configurárselo como daño ambiental
porque, en definitiva, disminuye
el goce del ambiente íntegro” 100 .
En tal sentido se ha reconocido en el
marco de la acción de amparo, aún
ante la falta de norma expresa que admita
la defensa jurisdiccional de los intereses
difusos, la intervención de un
particular para que se disponga la
prohibición de la fabricación de ácido
bórico, ante la evasiva de los órganos
administrativos municipales de ejercer
el control de la puesta en marcha y
funcionamiento de la empresa autorizada
y hasta tanto dichos órganos municipales
y provinciales competentes
extiendan un certificado de inocuidad
de los residuos 101 .
Cabe recordar que la Corte Nacional
ha reafirmado, en materia de “habeas
data” (art. 43 Const. Nac.) su doctrina
anterior que predica que “la ausencia
de normas regulatorias de los aspectos
instrumentales no es óbice para el ejercicio
de esa acción (o la de amparo,
agregamos) pues incumbe a los órganos
jurisdiccionales determinar provisoriamente
—hasta tanto el Congreso
99 Cám. Civ. y Com. Rosario, sala 4º, 3/9/97 ”D’ Paul, Jorge y otros c/ Municipalidad de Rosario”,
voto Dr. Jorge W. Peyrano, JA 1998-I-482 y LL Litoral 1998-387.
100 C.S.Justicia Santa Fe, 19/9/91, voto Dr. Ulla, “Federación de Cooperadoras Escolares (Dpto.
Rosario) c/ Pcia. de Santa Fe”, con nota de Morello, Augusto M. y Stiglitz, Gabriel A., “Concientización
de criterios definitivos en torno de la tutela de los intereses difusos” J.A. 1991-IV-325 y ss;
ver también Venini, Juan Carlos, “Responsabilidad por daños contractual y extracontractual”, Tº. 3
pág. 41.
101 Corte Just. Salta, Sala 1ra. 5/6/90 “Barrancos, Horacio y otros c/ Hoyos, Simón A.”, con nota
aprobatoria de Morello, Augusto Mario, “Los intereses difusos y el derecho procesal (Del amparo individual
al colectivo)”, en J.A. 1990-IV-46.