1. Título de la ponencia: Violencia sexual hacia las ... - Conexión

1. Título de la ponencia:
Violencia sexual hacia las mujeres y las niñas. Sistemas de justicia e interlegalidad en las
comunidades guaraníes de Tarija.
2. Nombre y datos de contacto de la postulante.
Mariel Paz Ramírez
Correo electrónico: marielpazra@hotmail.com
Dirección postal: Avaroa N° 549. Tarija – Bolivia
Telf: 66-43926
Cel: 71863645
3. Experiencia relevante de la postulante.
- Licenciada en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho en Tarija.
- Diplomado en “Género, Desarrollo y Planificación”, Universidad de Chile y
Diplomado en educación superior, Universidad Católica San Pablo-Tarija.
- Cursos internacionales en derechos humanos y derechos humanos de las mujeres.
- Docente de la materia de derechos humanos en la Universidad Católica San
Pablo-Tarija.
- Acaba de concluir la investigación denominada “Violencia sexual hacia las
mujeres y las niñas. sistemas de justicia e interlegalidad en las comunidades
guaraníes de Tarija” bajo auspicio de la Coordinadora de la Mujer y el Fondo de
Emancipación Conexión.
- Representante Departamental del Defensor del Pueblo en Tarija. Mayo de 2002 a
Mayo de 2010.
- Directora Ejecutiva del Equipo de comunicación Alternativa con Mujeres
(ECAM). Septiembre de 1997 a abril de 2002.
- Cofundadora de la Red contra la violencia sexual hacia niños, niñas y
adolescentes de Tarija. 2005
- Coordinadora de la Red contra la violencia sexual hacia niños, niñas y
adolescentes de Tarija. 2005 a 2007.
- Miembro del Tribunal Ético Nacional sobre Violencia Sexual hacia las mujeres
por invitación de la Coordinadora de la Mujer. La Paz, agosto de 2011.
4. Descriptores de la ponencia.
Pluralismo jurídico, acceso a la justicia, relaciones de poder, violencia de género, mujeres
indígenas.
5. Resumen o abstract de la ponencia.
La ponencia muestra el resultado de una investigación realizada en comunidades
guaraníes de Tarija y plantea el tema de la violencia sexual hacia las mujeres y niñas

guaraníes cuando ellas se confrontan con la justicia. El abordaje de esta problemática
toma tres puntos centrales:
El primero, se refiere al análisis de los mecanismos y las formas de poder que se ejerce
mediante la violencia sexual sobre las mujeres y las niñas guaraníes de Yacuiba (Tarija),
y el contenido material, cultural y político de ese poder en el específico contexto
chaqueño e indígena guaraní. El segundo, toca al análisis de las estrategias de las mujeres
guaraníes en la búsqueda de justicia frente a la violencia familiar y la violencia sexual y,
cómo estas estrategias generan procesos de interlegalidad y a la vez plantean desafíos en
el orden de las relaciones desiguales entre los géneros.
El tercero, se propone desentrañar las ideologías, valores y visiones que subyacen a las
acciones y decisiones de la justicia guaraní y la justicia del Estado en su intervención
respecto de la violencia contra las mujeres, y las maneras en que las situaciones de
interlegalidad se evidencian en este proceso.
Con todo ello, esta ponencia se propone contribuir a vislumbrar perspectivas de un
efectivo ejercicio de derechos de las mujeres indígenas y su acceso a la justicia en un
contexto de pluralismo jurídico, al desarrollo del conocimiento y comprensión de la
violencia sexual en contextos culturales indígenas y las formas de intervención de los
sistemas de justicia.
6. Índice.
Introducción Pag. 3
El Escenario Pag. 3
Las sujeciones de los cuerpos de las mujeres y las niñas al poder. Pag. 4
Las decisiones familiares y los arreglos en el aparejamiento. Pag. 4
El despojo del territorio guaraní, el apatronamiento y sus efectos
en las vidas de las mujeres. Pag. 4
La violencia sexual. Pag. 5
La violencia sexual en el escenario del trabajo doméstico. Pag. 6
La violación y la violencia estructural vinculada a la no tenencia de la tierra Pag. 7
Los itinerarios y estrategias de las mujeres en la búsqueda de justicia Pag. 8
frente a la violencia familiar y la violencia sexual.
La agencia social y la construcción del discurso jurídico de las mujeres Pag. 8
guaraníes de Yacuiba.
La justicia ordinaria frente a la violencia sexual. Pag. 9
La justicia de las comunidades guaraníes frente a la violencia hacia las mujeres. Pag. 12
Bibliografía. Pag. 14

7. Cuerpo del documento.
Introducción.
Esta ponencia muestra el resultado de una investigación realizada en comunidades guaraníes de
Tarija y plantea el tema de la violencia sexual hacia las mujeres y niñas cuando ellas se
confrontan con la justicia. El abordaje de esta problemática toma tres puntos centrales:
El primero, se refiere al análisis de los mecanismos y las formas de poder que se ejercen
mediante la violencia sexual sobre las mujeres y las niñas guaraníes de Yacuiba en el específico
contexto chaqueño e indígena guaraní. El segundo, toca al análisis de las estrategias de las
mujeres guaraníes en la búsqueda de justicia frente a la violencia familiar y la violencia sexual.
El tercero, se propone desentrañar las ideologías, valores y visiones que subyacen a las acciones
y decisiones de la justicia guaraní y la justicia del Estado en su intervención respecto de la
violencia contra las mujeres, y las maneras en que las situaciones de interlegalidad se evidencian
en este proceso.
Con todo ello, pretendemos contribuir a vislumbrar perspectivas de un efectivo ejercicio de
derechos de las mujeres indígenas y su acceso a la justicia en un contexto de pluralismo jurídico
y al desarrollo del conocimiento y comprensión de la violencia sexual en contextos culturales
indígenas.
El escenario:
La investigación fue realizada en las comunidades guaraníes ubicadas en la primera sección de la
provincia Gran Chaco del departamento de Tarija (Bolivia). Existen allí aproximadamente 350
unidades familiares agrupadas en 15 comunidades.
Presentaré una breve referencia al patrón de ocupación de la tierra en el Chaco ligado al proceso
de consolidación de la hacienda, como escenario en el que se desarrollan las relaciones
económicas, políticas y simbólicas de poder y sujeción sobre las mujeres guaraníes.
En la última década del siglo XVII, a través del Colegio Jesuita de Tarija primero y,
posteriormente el Colegio Franciscano se registran los primeros intentos serios de
penetraciones al territorio guaraní del Chaco tarijeño. Ya en la época de la República, misión,
fortín y hacienda son las tres estrategias más nítidas en el siglo XIX que propiciaron la
colonización del oriente boliviano en general y de la región chiriguana en particular. El peso de
la hacienda se fue acrecentando en la zona, dando más derechos a los recientemente llegados
hacendados y cada vez menos derechos a los pobladores originarios. (van der Valk, 2011). En
1892 se perpetró la masacre de Kuruyuki por parte del Ejército boliviano, donde la resistencia
centenaria de los guaraníes fue derrotada. Luego, gran parte las familias guaraníes
sobrevivientes, fueron dispersadas por el territorio y entregadas como mano de obra esclava a

hacendados, mientras el nuevo territorio se repartía paulatinamente entre criollos, militares,
soldados, curas y extranjeros. Posteriormente, la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia
(1932-1935) tuvo un impacto muy grande en la movilidad poblacional y la posesión de la tierra,
la presencia militar en la región estaba ligada al deseo de sentar presencia estatal, con una
extraña combinación entre defensa del territorio y apropiación privada (PNUD, 2008: 267).
Ante la guerra, la mayoría de los guaraníes optaron por la huida al norte argentino. En este
contexto, los pueblos indígenas una vez más perdieron sus derechos propietarios sobre la tierra.
Luego la Reforma Agraria de 1953 legalizó las tierras ocupadas por ganaderos y otros sin
cambiar el patrón de ocupación de la tierra, fortaleciendo más bien el sistema de poder e
influencia política para continuar con el proceso de usurpación de tierras a los indígenas (van
der Valk, 2011).
Las sujeciones de los cuerpos de las mujeres y las niñas al poder.
En primera instancia, centramos la mirada en las sujeciones de los cuerpos de las mujeres y las
niñas al poder, tomando para ello dos escenarios diferenciados: la familia guaraní y la hacienda,
que concurren, establecen conexiones sinérgicas y de manera simultánea sostienen al andamiaje
que subordina a las mujeres y las niñas. Este análisis se ubica en el periodo histórico que
comprende la época de la República hasta la época posterior a la Reforma Agraria de 1953, ya
que en la actualidad, las prácticas de entrega de las hijas para constituir familias prácticamente
han desaparecido.
La familia guaraní: Las decisiones familiares y los arreglos en el aparejamiento.
A lo largo de la historia, las familias guaraníes han entregado a sus hijas a varones también
guaraníes para constituir las parejas en la comunidad. Las hijas eran entregadas a edades que
oscilaban entre los 13 y 17 años. El varón guaraní que pretendía a la joven, hablaba con el padre
de familia y este tomaba la decisión de entregar a su hija. Con el aparejamiento arreglado, las
mujeres jóvenes obtuvieron a cambio la sobrevivencia tanto en la dimensión material como
subjetiva. Adquirieron un lugar, un reconocimiento en su familia y en su comunidad, adquirieron
derechos y deberes. El cuerpo de las mujeres fue su capital social y su capital simbólico para
cobrar presencia y existencia.
En los recuerdos transmitidos por las mujeres guaraníes destaca siempre la reiteración de la
mujer sin vos ni decisión propia, que se traspasa, se entrega al hombre. La política patriarcal
queda así sellada en las memorias que identifican en esta práctica a una autoridad masculina de
doble vía: por un lado la potestad de entregar a la hija y, del otro lado está el hombre que la
recibe como su pareja.
La antigua costumbre de la entrega de las hijas para conformar pareja fue una norma
generalizada para las mujeres y niñas de generaciones anteriores, sin embargo en la actualidad,
estos cánones no permanecen intactos, más al contrario se han debilitado hasta casi desaparecer,

salvo en situaciones excepcionales en las que la familia vive una situación de precariedad y
pobreza extremas.
La hacienda: El despojo del territorio guaraní, el apatronamiento y sus efectos en las vidas
de las mujeres.
Tanto hombres como mujeres guaraníes fueron sometidos al trabajo en las haciendas chaqueñas.
Las mujeres trabajaban en las actividades domésticas de la cocina, la limpieza, el cuidado de
niños y la atención de las familias de patrones, sin embargo las mujeres cumplían además otras
tareas diversas que en épocas de siembra y cosecha principalmente las involucraba en la
preparación de los alimentos para los peones guaraníes.
La problemática del despojo del territorio ancestral guaraní es uno de los elementos importantes
que condicionó las sujeciones de los cuerpos de las mujeres y las niñas. El problema de falta de
acceso a la tierra/territorio no fue para ellas un problema tan solo de índole territorial, fue un
problema político de falta de acceso al poder, a la autonomía sobre sus cuerpos y sus proyectos
de vida. Los testimonios evidencian que en muchas ocasiones, el trabajo apatronado separó a las
niñas de sus familias, los recuerdos traslucen el dolor y la soledad causada por el desarraigo, el
desamparo y la interrupción (temporal pero no definitiva) del vínculo con el idioma, la cultura, la
forma de vida guaraní.
En estas prácticas existe una relación histórica de dominación colonial, definida a partir de la
condición indígena de las mujeres. El dominio señorial de la tierra se extendió y enlazó con el
dominio sobre la sexualidad de las mujeres, se manifiestó en la violación y en la violencia
material y simbólica.
Las mujeres guaraníes, las diferentes -en contraste con las mujeres karai- fueron vistas y tratadas
como animales, consideradas resistentes para realizar esfuerzos físicos sobre-explotados,
podían realizar cualquier tipo de trabajo. A diferencia de las mujeres cristianas, no necesitaban
descanso ni reposo, aún estando enfermas. El señorío gamonal del patrón selló junto al dominio
de la tierra la marca que deshumanizó y expropió los cuerpos de las mujeres.
En síntesis, mediante las prácticas guaraníes de la entrega de las hijas y el trabajo apatronado de
las mujeres en la hacienda, las desigualdades normativas y culturales y, las desigualdades
materiales, económicas y estructurales vinculadas a la carencia del territorio propio, se hallaron
combinadas, articuladas y sinérgicas. Así, se materializa en una dimensión de historicidad la
sujeción de los cuerpos de las mujeres y niñas guaraníes a los mandatos de la política patriarcal,
a los mandatos del orden económico, y a los patrones coloniales y republicanos de ocupación y
despojo de la tierra. Las relaciones de poder sobre las mujeres guaraníes y sus cuerpos se
construyeron en una trama yuxtapuesta de contextos y situaciones que concurrieron de forma
simultánea.
La violencia sexual.

La violencia de género y la violencia sexual hacia las mujeres guaraníes de Yacuiba en el tiempo
presente, no puede ser explicada al margen del contexto antes descrito. La mirada “situada” de la
violencia sexual hacia las mujeres implica analizar las particulares relaciones de poder e
historizarlas a partir de la convergencia entre las categorías del género, la clase y la etnia.
En la actualidad, la violencia sexual hacia las mujeres guaraníes como expresión de dominación
se presenta desde diferentes tipos de relaciones y con distintos rostros: el agresor sexual puede
ser el padrastro, el tío, el primo, el patrón, el maestro, el vecino de la comunidad, el extraño y
desconocido. Presenta también una diversidad de escenarios y circunstancias, y se expresa en
contextos marcados por el dominio patriarcal, la violencia económica, la violencia de orden
étnico ligada a la colonialidad y también a la violencia expresada en la dominación de clase.
Las edades de las víctimas registradas en las denuncias ante la justicia ordinaria, oscilan entre los
7 y los 16 años. La violencia sexual hacia mujeres que superan estas edades permanece invisible
y no se denuncia, sin embargo los datos de la investigación evidencian que sí existe.
La investigación realizada abarca en su análisis a todos los escenarios en donde se produce la
violencia sexual hacia las mujeres y las niñas guaraníes de Yacuiba, sin embargo, por
limitaciones de tiempo y espacio se ha optado por privilegiar la observación de la violencia
sexual en el contexto del trabajo doméstico y en el contexto de la violencia estructural ligada a la
no tenencia de la tierra. Dejamos en esta oportunidad fuera del análisis a la violencia sexual que
se produce en el seno de las relaciones familiares, en el contexto de la comunidad y en el ámbito
de la escuela.
La violencia sexual en el escenario del trabajo doméstico:
Las prácticas hacendales como dispositivos coloniales de sujeción de los cuerpos de las mujeres
guaraníes, naturalizaron en las mujeres antes empatronadas, hoy trabajadoras del servicio
doméstico, en las patronas y patrones la “diferencia” que avala y autoriza la subordinación, la
deshumanización y cosificación de los cuerpos. Con la colonialidad encontramos una de las
raíces sobre las que se produce la violencia sexual hacia mujeres, niñas y jóvenes guaraníes en el
escenario del trabajo doméstico. Existe una relación entre el trabajo doméstico, la colonialidad,
el género y la violencia sexual. Pero también la pobreza está ligada a la violencia sexual, al
abuso y discriminación en este escenario.
El trabajo doméstico está sellado por el colonialismo cultural, y es un dispositivo productor de
una ciudadanía devaluada, subalterna y colonizada de las mujeres, que se expresa en códigos
subordinantes e inferiorizantes de la condición indígena. Tanto la explotación laboral de la
patrona como la violencia sexual del patrón, junto a la carga racista y clasista de su trato
cotidiano, se armonizan para hacer sentir a las niñas y jóvenes guaraníes su diferencia y su
condición de despreciadas.

Rivera destaca: “Es en los espacios intersticiales de las ciudades y nuevos asentamientos rurales,
donde se hace más evidente el racismo, la violencia y la comunicación intercultural fallida y
abortada” (Rivera, s/f: 3). El trabajo doméstico de las niñas y jóvenes guaraníes se ubica en los
intersticios, en los márgenes, en los espacios que marcan la difusa frontera física y simbólica
entre la familia y la casa de los patrones, entre la comunidad y la ciudad, entre el acercamiento al
mundo karai y el alejamiento del Ñande Reko 1 . El cinturón de protección y seguridad que
simboliza la vida al interior de la comunidad se quiebra cuando las niñas y jóvenes se van a
trabajar de empleadas domésticas. Al parecer, cuando el escenario de la violencia sexual se
traslada a un ámbito territorial (físico y simbólico) ajeno a la comunidad, esta misma comunidad
también se desentiende del problema y queda la niña o la joven violentada más sola y vulnerable
a la injusticia, la impunidad y la violencia.
La violación y la violencia estructural vinculada a la no tenencia de la tierra:
Pese a que en la actualidad la mayoría de las familias guaraníes de Yacuiba viven en un territorio
propio (que aún se encuentra en proceso de saneamiento), algunas de ellas carecen de tierra y,
trabajan bajo relaciones asalariadas para familias no guaraníes del campo, en estos casos no solo
los hombres de la familia guaraní trabajan para el patrón, muchas veces, también las niñas
trabajan en tareas domésticas en la casa de los patrones. En otros casos, la carencia de una tierra
propia ha obligado a las familias guaraníes a entregar a sus hijas pequeñas o jóvenes al trabajo
doméstico con patrones y patronas del campo, como una estrategia de sobrevivencia para
enfrentar las necesidades básicas de vida de la numerosa prole. De esta manera algunas niñas son
separadas de la vida en el seno familiar guaraní.
La investigación ha identificado casos de violencia sexual hacia las niñas en estos contextos.
Sobre las bases estructurales de la no tenencia de tierras, el patrón o sus hijos ejercen un poder
prácticamente incontestable sobre los cuerpos de las niñas y sobre las posibilidades de
sobrevivencia material de su familia. Estos casos muestran que para las familias guaraníes que
aún no han accedido a la titularidad de la tierra, los factores de explotación de tipo estructural
agudizan la intensidad de la subordinación de las mujeres y las niñas. Desde esta perspectiva, la
violación, la violencia sexual no es un hecho aislado, es parte de una violencia más amplia.
A través de la violencia sexual podemos vislumbrar en una intensidad aterradora el cuadro de las
imbricadas relaciones sociales en la sociedad boliviana.
Para explicarnos la articulación de las diferentes formas en las que se manifiesta el poder -para
nuestro caso expresado en la violencia sexual- Foucault registra que no conviene partir de un
hecho primero y masivo de dominación (una estructura binaria compuesta de “dominantes” y
“dominados”), sino más bien una producción multiforme de relaciones de dominación que son
parcialmente integrables en estrategias de conjunto (Foucault, 1979). Las reflexiones de Papí
Galvez contribuyen a esta explicación con la perspectiva simultánea de las diferencias de
1 El modo de ser guaraní.

género, clase y etnia, a la que añadimos para el presente caso la diferencia “generacional”. Desde
la perspectiva de la autora, ningún tipo de diferencia prima necesariamente sobre las demás. Un
aspecto fundamental es que, en la sociedad humana, estas formas de diferenciación son
estructuralmente simultáneas y de ello se desprende que la interacción entre varias formas de
diferencias siempre se define en un contexto histórico determinado (Papí, s/f).
Los itinerarios y estrategias de las mujeres en la búsqueda de justicia frente a la violencia
familiar y la violencia sexual.
En esta parte analizamos los itinerarios y estrategias de las mujeres guaraníes de Yacuiba en la
búsqueda de justicia frente a la violencia familiar y la violencia sexual. Seguir las pistas de estos
caminos implica identificar las opciones jurídicas que ellas utilizan en el ámbito comunal y en la
justicia ordinaria.
En el abordaje del tema analizamos la capacidad de agencia de las mujeres, concebida como una
capacidad de acción que se habilita y crea en relaciones de subordinación históricamente
específicas (Mahmood, 2008). Entonces, se trata de ver también a la búsqueda de justicia y la
lucha contra la violencia sexual como una reivindicación política enlazada a una perspectiva de
cambio en las relaciones de poder.
Otro punto central del análisis involucra a las nociones de interlegalidad y a la categoría de
género. Exploramos en los contenidos de los discursos de las mujeres, sus argumentaciones y
posturas e indagamos si en el contexto de la búsqueda de justicia se están produciendo espacios
de interlegalidad. De otra parte, el género como categoría de análisis nos permite leer las
relaciones de poder en el contexto de las estrategias y prácticas de búsqueda de acceso a la
justicia, y cómo los discursos legales pueden contribuir a perturbar y redelinear las relaciones
entre mujeres y hombres.
La agencia social y la construcción del discurso jurídico de las mujeres guaraníes de Yacuiba.
La violencia contra las mujeres es un punto sensible a las tensiones que se generan en la
comunidad cuando se producen agresiones físicas de los hombres hacia sus parejas. En varias
oportunidades las mujeres han acudido a la autoridad comunal para denunciar la violencia
conyugal recibiendo como respuesta la negativa de intervención aludiendo a que se trata de un
problema “interno de la familia”. Ante ello, las mujeres varias veces han optado por presentar su
denuncia ante la policía o ante los servicios municipales para mujeres.
Con las denuncias las mujeres se involucran en ‘lo privado’, cuestionan intuitivamente, -
desprovistas de un sustento discursivo y argumental- el pensamiento hegemónico y realizan un
esfuerzo por politizar los problemas ‘privados’, más no cuestionan al pensamiento hegemónico
desde una lógica política, sino desde los sentimientos de la solidaridad y la compasión hacia las
víctimas. Sin embargo, los testimonios de muchas mujeres reflejan que si bien, inicialmente
acudieron a autoridades de la justicia del Estado carentes de conocimientos previos sobre sus

derechos y los roles que deben cumplir las autoridades frente a las denuncias, luego fueron
desarrollando la percepción de sí mismas como ciudadanas con potestades de ejercer derechos y
en particular el derecho a una vida sin violencia.
Muchas mujeres acuden directamente a la institucionalidad estatal (llámese policía o servicio
municipal para mujeres) obviando a sus autoridades comunales, otras en cambio buscan en
primera instancia la intervención del capitán o capitana de la comunidad. Cuando las mujeres
acuden a la justicia del Estado, algunas esperan con ello la intervención de un “tercero” para
hacerle entender al marido que debe cambiar su comportamiento violento y entre las opciones de
acudir a las autoridades de la comunidad o al Estado, escoge a la institucionalidad estatal porque
según sus palabras tienen vergüenza de acudir al Capitán de la comunidad o porque están seguras
de que el marido no prestará oídos a su autoridad guaraní. En algunos casos las mujeres no exige
a la autoridad estatal una sanción, el castigo no constituye su prioridad, espera que cese la
violencia hacia ellas y hacia sus hijos, sin embargo en otros casos su interés está centrado en
obtener la asistencia familiar y también la sanción al agresor.
Lo que interesa destacar de estas experiencias es el contenido simbólico de la justicia del Estado
para las mujeres. El despliegue físico de la institucionalidad judicial estatal, patentizado en
edificaciones, oficinas y agentes, maquillado con toda su parafernalia, ritos y burocracia, ostenta
ante ellas una presencia visual y visible, objetivada y palpable de la justicia y la ley; de esta
forma los derechos adquieren significancia y evidencia. Las mujeres, entonces hacen un uso
estratégico de lo jurídico, del derecho del Estado con el propósito de resistir la violencia y
dominación masculina y disputar la vigencia de sus derechos.
La reflexión y los conocimientos sobre los “derechos de las mujeres” se genera en varias mujeres
desde un análisis que cuestiona las relaciones de poder a partir una perspectiva que trasciende la
visión binaria “varones agresores versus mujeres violentadas”. Ellas hacen el discurso de los
derechos desde su particular contexto histórico y cultural, cuestionan una realidad en la que
converge la discriminación étnica, social, de clase y de género, representan y significan sus
derechos sin aislar la dimensión de género de las múltiples estructuras de poder que confluyen en
sus realidades cotidianas.
Estos discursos, cuestionan simultáneamente a la discriminación ejercida por la sociedad karai y
la violencia y discriminación ejercida por los maridos guaraníes. Y vemos también a través de
estos discursos que, el pensamiento actual de muchas mujeres guaraníes respecto a la violencia
conyugal contrasta con las percepciones de antes que naturalizaban esta violencia. De esta
manera, el proceso de configuración del discurso jurídico de las mujeres guaraníes se encuentra
en permanente movimiento y no permanece estático, se crea y recrea al influjo de un conjunto de
elementos en interacción y se alimenta de los referentes de la legalidad e institucionalidad estatal
pero también de los referentes normativos de la propia cultura guaraní. Desde las experiencias de
vivir la violencia de género y la violencia sexual, emerge en las mujeres el discurso jurídico con
su textura interlegal y política que cuestiona y confronta a esta violencia.

La justicia ordinaria frente a la violencia sexual.
Focalizamos la mirada en las concepciones, las creencias y las bases ideológicas que subyacen a
las prácticas y decisiones de quienes desde la justicia ordinaria intervienen en el tratamiento de la
violencia sexual hacia las mujeres y las niñas guaraníes. Para realizar la exploración, se ha
tomado como unidad de análisis a los 15 casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes
guaraníes ante la justicia ordinaria comprendidos en los periodos 2006 al 2011.
De acuerdo a entrevistas realizadas y al análisis de cuadernos de investigación y expedientes
judiciales, para varias autoridades, la violencia sexual es equivalente a violación, penetración,
acceso carnal. En un acta de audiencia de consideración de medidas cautelares para el agresor
sexual de una niña guaraní se destacan las palabras del fiscal que expresa: “simplemente hubo
una frotación del pene del acusado cerca de la vagina de la víctima sin haber tenido el
acceso carnal (…) al parecer la única aspiración que tenía (el acusado) era el de convivir,
mientras tanto flotaba ese sentimiento de acceso, de mantener un acceso carnal”. Tenemos
entonces que, lo verdaderamente grave es la violación, la tentativa de violación en cambio es un
acto simple, y con ello se minimiza, se banaliza y se empequeñece el carácter humillante,
vejatorio y violento de los delitos sexuales en los que no se evidencia penetración. En estas
consideraciones el fiscal obvia la distinción de que entre el agresor y la víctima media una
significativa diferencia de edad (13 años la niña y 32 años el agresor). Posteriormente, el
Tribunal de Sentencia emite resolución absolutoria a favor del acusado. En esta fórmula la
política patriarcal muestra dos dimensiones de su estructura legitimadora de la violencia sobre
las mujeres y las niñas: la equiparación de la violencia sexual con el ritual del enamoramiento y
la seducción y; la equiparación de una niña acosada y ultrajada con una mujer adulta apta para
establecer una relación de convivencia en pareja.
En cuanto a las pruebas de la violencia sexual, en muchos casos los fiscales y jueces manifiestan
sus particulares demandas y expectativas respecto a la “actuación” de las víctimas. El hecho de
violencia y los actos de la niña o la joven agredida, deben calzar con coherencia y exactitud de
acuerdo al imaginario común y generalizado que entiende al escenario de la violencia sexual
como un campo de batalla.
Si hubiera habido violación, fácilmente la víctima si estaba a la fuerza, podía haber pedido
auxilio, podía haber abierto la puerta y darse a la fuga, etc. este hecho nunca ocurrió …
Entrevista con fiscal de materia de Yacuiba.
La incongruencia de la intervención de la justicia ordinaria en el esclarecimiento de los crímenes
sexuales es que la institucionalidad creada para hacer justicia a las víctimas de la violencia
sexual, reproduce la violencia (de otra manera y en otro escenario) en el proceso y procedimiento
fabricados para sancionarla. Se investiga, se averigua y se juzga la existencia o no de la violencia
sexual.

Otro aspecto a destacar respecto a la valoración de las pruebas es que, en la arena del proceso
jurisdiccional, el testimonio de la víctima mujer sea esta niña o adulta, está condenado de
antemano a la proscripción, sin embargo, es además la voz indígena de mujer la que se encuentra
en la periferia de la sociedad. En la perspectiva de fiscales y jueces el testimonio de la víctima es
relegado a un último plano de credibilidad. La palabra de mujer tienen menor reconocimiento
social, menor valía y menor jerarquía en el proceso legal. En contraste con ello, las declaraciones
y palabras de los acusados se imponen dentro del proceso con incuestionable autoridad y fuerza
probatoria.
Respecto al trato que reciben las víctimas, asociado a la condición de clase, género, edad y
origen étnico cultural de las mismas, más de una vez, en el tratamiento de la violencia sexual se
elude la aplicación del principio de no revictimización. Uno de los ejemplos de ello, es el caso de
una niña guaraní de 12 años que como consecuencia de las violaciones sufridas dio a luz un niño
y, fue convocada a requerimiento de la fiscal a prestar su declaración informativa en cuatro
oportunidades. El caso descrito exhibe un trato cruel y deshumanizado de connotaciones
extremas que puede revelar un trasfondo discriminatorio (no explicitado) asociado a la condición
de clase y origen étnico cultural. Para obtener la verdad, las autoridades despliegan una acción
abusiva sobre la víctima amparadas en el enorme poder legal que poseen. La consecuencia más
dramática es que, la niña no es considerada una criatura en proceso de desarrollo, en estado de
conmoción y en condiciones de alta vulnerabilidad, ella no es el centro y el sentido verdadero de
las actuaciones legales, es un testigo, un caso a esclarecer a costa de cualquier medio.
El análisis realizado de los diferentes documentos generados de la investigación y juzgamiento
de casos de violencia sexual ante la justicia ordinaria, no registran ningún tipo de consideración,
argumento, debate, análisis o norma que considere la condición y la identidad cultural guaraní de
las víctimas. El trasfondo de estas omisiones tiene un profundo anclaje en prejuicios de orden
colonial, condición social, económica y de identidad cultural. El desconocimiento respecto de la
diferencia y su consecuente invisivilización se constituyen en una forma de discriminación e
inferiorización de la diferencia cultural (Sierra, 2005). De esta manera, las prácticas jurídicas
imponen categorías hegemónicas en contextos culturalmente diferenciados (Chenaut, 2006).
El corolario del itinerario descrito es la impunidad de los agresores sexuales. De los 15 casos
denunciados, solamente uno obtuvo sentencia condenatoria.
Los relatos y testimonios de las víctimas son desgarradores, en varios casos las niñas fueron
abusadas más de una vez por diferentes personas, seis de ellas quedaron embarazadas a edades
de 10, 12, 13, 15 y 16 años.
Para las víctimas de delitos sexuales, la impunidad campea de manera desaprensiva y cínica.
La violencia sexual hacia mujeres y niñas indígenas colocada en el escenario de la justicia del
Estado, opera como elemento catalizador de las creencias, visiones, percepciones, juicios y
valores sobre la infancia, la diferencia cultural, la desigualdad genérica y las formas de entender

a la justicia y el derecho. Afloran en el itinerario de la persecución penal y el enjuiciamiento la
carencia del conocimiento sobre la esencia y el contexto de la violencia sexual, la vigencia e
imposición de la política patriarcal y el monismo jurídico liberal a ultranza. Y juntas todas ellas,
imponen prácticas jurídicas invisibilizadoras de la diferencia cultural, reproductoras de la
violencia y las desigualdades y en la mayoría de los casos cómplices de la impunidad y el
desamparo de las víctimas.
La justicia de las comunidades guaraníes frente a la violencia hacia las mujeres:
Observaremos aquí la intervención de las autoridades indígenas frente a la violencia contra las
mujeres. Dentro de estas prácticas y discursos jurídicos, visualizamos la producción de espacios
de interlegalidad en un contexto de pluralismo jurídico y las relaciones de género inmersas en
este proceso.
La violencia contra las mujeres dentro de la esfera familiar recibe un tratamiento diferente a la
violencia sexual. Se considera que la violencia en las relaciones conyugales es un problema
“pequeño” y no tiene la misma connotación de gravedad que los delitos de violencia sexual. Se
asume que el Capitán o Capitana comunal puede intervenir en los casos de delitos que no
revisten mayor conflicto o dificultad y son fáciles de “solucionar”. Observamos también que
existen diferentes maneras de encarar las sanciones o formas de resolución de este tipo de
conflictos, mientras en algunas comunidades se aplican sanciones de trabajo comunitario a los
agresores, en otras se realiza una “advertencia”, entendida esta como una reflexión y amenaza
con derivar el caso a instituciones de la justicia estatal en caso de reincidencia. Las instituciones
de la justicia estatal a las que se recurre desde las comunidades son diferentes, en la mayoría de
los casos se opta por la Defensoría Municipal de la Niñez, en otros, se busca a la Policía o al
Ministerio Público.
Sin embargo, como ya se observó antes, no todas las autoridades guaraníes asumen como
responsabilidad de la justicia comunal a la violencia familiar. Algunos capitanes guaraníes
(varones) asumen que la violencia contra las mujeres por parte de los cónyuges es un problema
interno de la familia.
Vemos entonces que, el tratamiento de la violencia familiar hacia las mujeres en cada comunidad
recibe tratamientos distintos, no es posible establecer un patrón homogéneo de intervención de la
justicia guaraní de Yacuiba respecto de la violencia familiar. Las prácticas, las ideologías, los
discursos jurídicos y subjetividades legales respecto de la violencia hacia las mujeres son
dinámicas, se configuran y reconfiguran de acuerdo a diversos factores. Esta realidad nos habla
de una justicia guaraní (contextualmente situada en Yacuiba) que –para el caso específico de la
violencia hacia las mujeres- se nutre de distintos referentes jurídicos, no se encuentra
definitivamente cerrada, sino que es lo suficientemente flexible para adaptarse de acuerdo al
contexto, la circunstancia histórica y social de la comunidad de que se trate, combina y alterna en

el tratamiento de la violencia familiar el uso de los mecanismos y dispositivos propios -como las
sanciones de trabajo comunal por ejemplo- con el recurso a la intervención de las instituciones
de la justicia estatal en casos de que los agresores reincidan en la falta cometida. Se observa con
nitidez en estas intervenciones las interacciones entre los campos jurídicos y los repertorios
legales y con ello, se producen las interacciones discursivas interlegales, que a decir de Orellana
“son las interacciones entre ordenes jurídicos en situaciones de pluralismo jurídico; situaciones
en las cuales los campos jurídicos de diferentes órdenes se contactan y transmutan,
construyéndose y de-construyéndose, usando diferentes repertorios legales” (Orellana, 2004: 27-
28).
Respecto a los delitos de violencia sexual, se asume que estos deben pasar a la competencia de la
justicia ordinaria. Las razones de este desplazamiento hacia la otra justicia radican en la
gravedad, se considera a la violencia sexual un delito no solamente más grave que la violencia
hacia las mujeres en el ámbito familiar, sino también mucho más complejo de abordar en el
escenario de la justicia de la comunidad, sus palabras expresan que ese es ‘un problema grande’,
‘eso no se lo puede arreglar internamente’, ‘es un poco difícil que asumamos nosotros’.
Los delitos de violencia sexual ponen en evidencia las tensiones que generan los casos concretos
dentro de las redes familiares y las redes de poder vigentes dentro de la comunidad, y reflejan
también el debilitamiento de las normas de convivencia propias. Los estatutos de las
comunidades guaraníes establecen que los agresores sexuales deben ser expulsados de la
comunidad, sin embargo, en la indagación realizada, pudimos identificar solamente un caso en el
que la comunidad aplicó esta sanción, en el año 2000. Las autoridades guaraníes expresan que la
justicia ordinaria y las leyes del derecho positivo imponen mayor temor y respeto que las normas
y los mecanismos de justicia propios de la comunidad. La cárcel y los dispositivos de coerción
propios de la justicia ordinaria, pueden ser desde sus perspectivas más efectivos que los
dispositivos y procedimientos de la justicia guaraní para resolver los delitos de violencia sexual.
Sin embargo, las autoridades guaraníes no se desentiendan totalmente de los casos de violencia
sexual ya que algunos capitanes y capitanas presentan la denuncia ante las autoridades de la
jurisdicción ordinaria y, en otros casos, acompañan a las víctimas en los pasos del procedimiento
ante las instituciones estatales. En la investigación se detectaron casos en los que el Capitán
comunal espera los resultados de la investigación a cargo del Ministerio Público para luego
aplicar la sanción de expulsión de la comunidad al agresor sexual. Con ello observamos que las
autoridades comunales, en su intervención, recurren a nociones y prescripciones de diferentes
sistemas normativos (el estatal y el estatuto de la comunidad), utiliza a ambos en una estrategia
dirigida a esclarecer el caso, a obtener certezas y respuestas necesarias para aplicar las normas (el
estatuto) propias de la comunidad.
La violencia sexual pone en evidencia las posiciones tanto del derecho indígena guaraní de
Yacuiba como del derecho positivo. El análisis de estas posiciones nos muestra una realidad en
la que, al menos para los delitos de violencia sexual, el derecho positivo se ubica en una posición

de “dominante” frente a otro subordinado. Sin embargo, esta diferencia de posiciones no los
presenta como espacios aislados y en confrontación ya que las autoridades de la justicia guaraní
remiten los casos, buscan la intervención y hacen gestiones frente a la justicia ordinaria 2 .
En la violencia sexual vemos que la interlegalidad se expresa de diferentes maneras, desde
diferentes posiciones y perspectivas, y también desde los diferentes sujetos: a través de las
acciones de las autoridades indígenas que desplazan los casos a la justicia ordinaria, pero que a la
vez pueden someterlos a los procedimientos y sanciones propias de la comunidad y, a través de
las acciones legales de las propias familias de las víctimas que acuden a uno y otro ámbito de
justicia.
A partir de esta realidad de pluralismo legal interesa centralmente explorar las posibilidades de
mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia de género. Lo deseable será
buscar el fortalecimiento de los puntos de conexión y potenciar esta relación interlegal y a la vez
obtener una efectiva intervención de la justicia ordinaria que supere los problemas de impunidad
y que se cualifique desde una perspectiva de pluralismo legal y respeto a la diversidad cultural,
tendiendo puentes que acerquen entre sí a los operadores de la justicia estatal y a las autoridades
guaraníes en una alianza y colaboración mutua entre ambos derechos, el indígena y el positivo.
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2 Este razonamiento aplica el análisis desarrollado por Aída Hernández Castillo en su trabajo intitulado “El derecho
positivo y la costumbre jurídica: Las mujeres indígenas de Chiapas y sus luchas por el acceso a la justicia”. En este
escrito Hernández expresa la idea de la existencia de dos “derechos” autónomos, el indígena y el positivo, uno
dominante y otro subordinado, y en el análisis de estas dos formas distintas de normatividad encuentra la
existencia de una mutua constitución entre el llamado derecho indígena y el derecho positivo. Esto lleva a la
autora a romper con las visiones dicotómicas de los presenta como espacios aislados y en permanente
confrontación.

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