(8) días del mes de mayo de dos mil doce, estando constituido el ...

PI1 10150/4
Superior Tribunal de Justicia
Corrientes
En la ciudad de Corrientes, a los ocho (8) días del mes de mayo de dos mil doce,
estando constituido el Superior Tribunal de Justicia con sus miembros titulares
Doctores Guillermo Horacio Semhan, Alejandro Alberto Chain, Juan Carlos
Codello, Fernando Augusto Niz con la Presidencia del Doctor Carlos Rubín,
asistidos del Secretario Jurisdiccional Doctor Juan Ramón Alegre, tomaron en
consideración el Expediente Nº PI1 10.150/4 caratulado: “YACHECEN,
CLAUDIO FERNANDO POR SUP. HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES
CULPOSAS EN CONCURSO IDEAL - ITUZAINGO”. Los Doctores Alejandro
Alberto Chain, Guillermo Horacio Semhan y Juan Carlos Codello, dijeron:
AUTOS?
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
SE PLANTEA LA SIGUIENTE
C U E S T I O N:
¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR
ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice:
I.- Contra la sentencia Nº 13/11, de fs. 522/538 vta., dictada por la
Excma. Cámara en lo Criminal de Santo Tomé, que condenó a Claudio Fernando
Yachecen, D.N.I. Nº 28.313.428 a la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE
PRISION, de cumplimiento en suspenso, e INHABILITACION ESPECIAL PARA
CONDUCIR VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA, por
el término de SIETE AÑOS, como autor penalmente responsable de los delitos de
HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO Y LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS EN
CONCURSO IDEAL (arts. 84, primero y segundo párrafo; 94, primer y segundo
párrafo; 26; 40; 41; 45 y 54, Cód. Penal), con imposición de costas, se interpuso
recurso de casación por la defensa técnica a fs. 545/547.
II.- La defensa funda su impugnación en lo preceptuado en el art.
493 inc. 1º: “errónea aplicación de la ley sustantiva” e inc. 2º: “Inobservancia de las
normas que el código establece bajo pena de nulidad”, y art. 499 y concordantes
del C.P.P..
El agravio del defensor, se centra fundamentalmente en la valoración
de la prueba vertida en el debate, por el cual se condeno a su defendido sin tener
la certeza necesaria en cuanto a la culpabilidad del encartado, basando su
inaudito decisorio en dos testimoniales, sin tener en cuenta todos los demás
factores y sobre todo que el hecho obedeció exclusivamente una situación de caso
fortuito como quedó plasmado en todas las actuaciones vertidas en autos,

violentando de ésa manera expresas normas de la ley penal sustantiva y adjetiva,
resultando violatoria del principio constitucional in dubio pro reo, y carece de
motivación suficiente.
Los testigos y el informe accidentológico –señala la defensa- refieren
que Yachecen venía circulando entre 80 y 85 km por hora, es decir dentro del
límite de velocidad permitido y consecuentemente sin violar el deber de cuidado y
conduciendo de manera reglamentaria y prudente. El tribunal solo tuvo en cuenta
la declaración testimonial de Angel Pappalardo, conductor del vehículo embestido,
quien modifica su declaración pues en un primer momento declara en sede policial
que repentinamente se encontraron con un banco de neblina y humo y disminuyó
la velocidad a 40 y trató de tirarse a la banquina cuando siente el impacto, sin
embargo en sede instructoria modifica su declaración.
Que, ni en el peor de los casos correspondería la condena de mi
defendido y si su absolución – resalta el defensor- pues el resultado muerte y
lesiones, no fue consecuencia de su accionar, es decir, la conducta de Yachecen
no fue la causa determinante del accidente, sí lo fue la conducta del que circulaba
en el Peugeot a lo que se suma la nula visibilidad repentina.
Por ultimo, expresa como agravio la regulación de honorarios, pues
en la sentencia en crisis se le fija los honorarios profesionales en la suma
equivalente a 15 jus, es decir, por debajo del mínimo legal establecido para los
procesos penales, citando la normativa establecida en el art. 7 párrafo in fine de la
ley 5822.
III.- A la vista corrida se expide el Sr. Fiscal General a fs. 560/561
dictaminando, el rechazo de la casación interpuesta a fs. 545/547.
IV.- Siendo criterio sentado en reiterados fallos de éste STJ, se
impone revisar la causa a tenor de la doctrina emanada en el fallo de la CSJN,
“Casal”, criterio reiterado en “Martinez de Areco”: 328:3741; “Salto”:329:530;
“Tranamil”: 330: 518, correspondiendo analizar si el tribunal de juicio, merituó las
probanzas objetivas o subjetivas que se haya arrimado al Debate, y las evaluó
conforme al criterio de la crítica racional, cuya violación según la CSJN, se
produce cuando “[…] directamente el Juez no la aplica en la fundamentación de la
sentencia […] Cuando no puede reconocerse en la sentencia la aplicación del
método histórico en la forma en que lo condicionan la Constitución y la ley
procesal, […]” (Cf., Fallo “Casal”, punto 31 del voto mayoritario).
V.- Considero antes que nada oportuno expresar lo siguiente, que
éste Superior Tribunal ha sostenido reiteradamente su adhesión a la actual
concepción del recurso de casación en cuanto a que permite la revisión, en ésta
instancia, de cuestiones de hecho y prueba a fin de dar acabada respuesta al

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derecho a la doble instancia. Sin embargo ha sostenido también, que esa amplitud
no libera al recurrente del deber de plantear los agravios en condiciones
esenciales de admisibilidad; ello, porque los términos del escrito recursivo fijan los
límites dentro de los cuales el tribunal casatorio debe ejercer su competencia; éste
no puede ir más allá de las pretensiones del impugnante, pues hacerlo, expondría
su sentencia a la justificada tacha de nulidad. (“CASACION - CRITERIO AMPLIO
DE REVISION reiteradamente tiene dicho este Tribunal (Sentencias Nº 6/ 8/ 10/
11/ 13/ 21, todas del año 2007), que el control amplio en casación aplicado desde
el Fallo “Casal”, no suple un remedio recursivo ineficaz, pues la amplitud con que
debe atenderse en la actualidad al recurso de casación no implica sustituir al
defensor y examinar la sentencia en busca de vicios que la invaliden, STJ
26829/06 SENTENCIA 27 12/04/2007 Carátula: GONZALEZ, MIGUEL ESTEBAN
P/HOMICIDIO – BELLA VISTA. Obs. Sumario: (ver Sentencia Nº 219/05 de éste
STJ) (Ver http://www.juscorrientes.gov.ar/consInfojuris).
Por ello, es conveniente recalcar que no basta con decir que una
sentencia es arbitraria para que el reclamo reciba un acogimiento favorable, por el
contrario, el recurrente debe resaltar donde radica la arbitrariedad, sin embargo,
encontrándose facultado el tribunal de casación a revisar la sentencia en su
integridad, tanto formal como sustancial, no obstante ello, de dicho control no se
advierte que el tribunal de juicio no haya actuado dentro de las normas procesales,
de fondo y en consonancia con los pactos internacionales. “[…] porque la tacha de
arbitrariedad no fue demostrada por el impugnante, que se limita a endilgar “que
es arbitraria por falta de fundamentación” sin precisar, más que con expresiones
generales la referencia a la arbitrariedad de la resolución atacada. Lo que es
indicativo de una expresión de disconformidad que no habilita la vía recursiva.
Como indica Sagues: “[…] la tacha de arbitrariedad no cubre meras discrepancias
entre lo decidido por el juzgador y lo sostenido por las partes. […]” Y así también
lo tiene decido la CSJN, (Fallos 326: 613, 621, 1458). (CF. SAGUES, NESTOR P.
“DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL”, ASTREA, 1992, pág. 194).
Es preciso recordar que la expresión de agravios debe contener una
crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el recurrente considera
equivocadas (no es lo mismo criticar que disentir). De esta manera el contenido de
la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe al apelante de motivar y
fundar su queja, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se
ha incurrido y las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o
contrario a derecho. Por ello, y ampliando el concepto, criticar no es lo mismo que

disentir, la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la
fundamentación, tratando de demostrar los errores fácticos y jurídicos que éste
pudiera contener, en cambio, disentir es meramente exponer que no se está de
acuerdo con la sentencia, que es justamente lo que hizo el recurrente en éste
caso, con respecto a algunos agravios.
Por lo tanto, rechazo el agravio referido a la insuficiencia probatoria.
VI.- Por ultimo, respecto al argumento recursivo expuesto por la
recurrente que esta relacionado con el principio del “in dubio pro reo”, ante ello,
debo decir que todos los elementos de pruebas valorados han brindado el grado
de certeza necesaria en la decisión del juzgador, para dictar una sentencia
condenatoria, teniendo en cuenta que el hecho se encuentra acreditado y
demostrado sin ninguna duda la culpabilidad, todo lo cual se halla construido
mediante el razonamiento apoyado en reglas de la lógica, y de la experiencia
común en la especie. “[…] Respecto de la presunción de inocencia y la sentencia
condenatoria se ha dicho que: a) “El principio in dubio pro reo, que debe
observarse al aplicar la ley en los procesos penales, sirve para verificar si luego de
la ponderación objetiva de la prueba quedan dudas sobre su mérito y, por esa vía
protege al imputado de la arbitrariedad de una condena que sólo se asiente en la
mera seguridad subjetiva del sentenciante cuando desde la consideración objetiva
no exista certeza. […]” (Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires,
Sala II, 29/6/2004, “G.,N. s/ Recurso de casación”, c. 13578, jueces: CELESIA
(SD), Mancini, Hortel. www.scba.gov.ar - Citar: WebRubinzal ppenal14.5.r19) y b)
“El control casacional del cumplimiento del principio constitucional de la
presunción de inocencia permite la constatación de la concurrencia de una
suficiente prueba de cargo, constitucionalmente obtenida, lícitamente practicada y
racionalmente valorada, que fundamente cualquier sentencia condenatoria. Pero
en cuanto la Constitución no incluye un principio de presunción de inocencia
invertida, no se podrá extender dicho control a suplantar la falta de convicción
condenatoria del Tribunal de instancia que ha presenciado personalmente la
prueba, revisando la credibilidad de declaraciones que no ha contemplado e
introduciendo certeza condenatoria donde el Tribunal sentenciador sólo apreció
dudas absolutorias.”(Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires,
Sala II, 14/2/2006, “G.,E. s/ Recurso de casación interpuesto por el Ministerio
Público Fiscal en causa 1799/299”, c. 9544, jueces: MAHIQUES (OP), Mancini,
Celesia. www.scba.gov.arCitar: WebRubinzal ppenal14.5.r34).
No se verifica en el plexo probatorio incertidumbre que puedan
razonablemente indicarme la necesidad de ingresar al análisis, si en el caso se
podría aplicar el principio del “in dubio pro reo”, mas bien todo lo contrario, a poco

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de ver sin lugar a dudas las pruebas producidas en el proceso llevaron certeza al a
quo al momento de dictar sentencia. “[...] tampoco el principio aplicado resulta
intocable jurídicamente, pues según la CSJN, el “in dubio pro reo”, implica: “En el
principio "in dubio pro reo" el estado de incertidumbre no puede reposar en la pura
subjetividad sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las
constancias del proceso, en el caso, se había absuelto al acusado del delito de
tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por considerar que las
intervenciones telefónicas de sus conversaciones, aunque debidamente
registradas, no resultaban suficientes para acreditar su responsabilidad […]“(Corte
Suprema de Justicia de la Nación, 29/02/2000, Croci, Rubén A. y otros. LA LEY
2000-D, 676, Fallos 323:212). STJ 27.657/07 SENTENCIA 108 07/08/2008
Carátula: A. I. – C. M. E. P/ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL COMETIDO
CONTRA UNA MENOR DE TRECE AÑOS – ABUSO SEXUAL SIN ACCESO
CARNAL COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE DIECIOCHO AÑOS MEDIANTE
EL APROVECHAMIENTO DE LA CONVIVENCIA. SAN ROQUE. Magistrados
Votantes: - FARIZANO, EDUARDO ANTONIO - RUBIN, CARLOS - SEMHAN,
GUILLERMO HORACIO Primer Votante: SEMHAN, GUILLERMO HORACIO-
(http://www.juscorrientes.gov.ar/consInfojuris).
En efecto, para que proceda favorablemente en Casación éste
principio debe verificarse un estado de alto grado de incertidumbre, como lo indica
la CSJN, que: “[…] No corresponde hacer lugar al beneficio de la duda si tanto el
recurso de casación como en la posterior presentación directa, la defensa no
expuso una real situación de incertidumbre, de entidad tal que habilite cuestionar
la certeza subjetiva en que los jueces basaron el fallo condenatorio, o que autorice
a sostener que ninguna evaluación razonable de la totalidad de la prueba pudo
haber brindado sustento a esa decisión […]”. (Mayoría: Lorenzetti, Fayt, Petracchi,
Maqueda, Zaffaroni Disidencia: Highton de Nolasco, Argibay, P. 894 XXXIX; RHE
Palmiciano, Pablo Marcelo s/causa Nº 4551. 28/08/2007 http:
//www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/BuscadorSumarios) Ninguno de éstos extremos
asentados por la CSJN, se verifica en autos, todo lo cual me llevan a afirmar en el
presente caso, el rechazo categórico del pedido de absolución por no verificarse
ningún tipo de dudas.
En éste orden de cosas, debo decir que se encuentra acreditado
debidamente que el condenado Claudio Fernando Yachecen es responsable como
autor del delito de homicidio culposo agravado y lesiones culposas en concurso
ideal, en razón de las pruebas producidas en el proceso. Por lo que el

convencimiento que se evidencia en la sentencia, aparece como resultado de una
valoración probatoria que responde a las reglas de la sana crítica racional no
advirtiéndose vicios que la invaliden.
VII.- En el segundo grupo de agravios la defensa esgrime un
argumento con el que pretende convencer que la sentencia en cuestión no respetó
las reglas de la sana crítica racional, de la que una vez revisada puedo decir que
la misma reúne todos los requisitos de una sentencia válida, una enunciación
completa de la descripción del hecho realizada por la acusación fiscal, luego
contiene en forma clara, precisa y circunstanciada, con expresa mención de todas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el hecho que es objeto de decisión y
que por lo tanto se tiene por acreditado o no. Al fundar el a quo explica de modo
comprensivo las razones de cómo y por qué se decide cada cuestión de la forma
en que se lo hace. Ello hace a que más allá del contenido técnico jurídico, la
misma resulta accesible a la comprensión de cualquier hombre de conocimiento
medio como estándar a fin de que sea sencilla para las partes y a todo ciudadano.
Para ello, éste tribunal ha expresado que: “[…] la sentencia es
considerada como una unidad jurídica que debe reposar en una motivación lógica.
Al respecto se ha dicho: “Se entiende por coherencia de los pensamientos la
concordancia o conveniencia entre sus elementos y por derivación, el que cada
pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, […]. De la ley
fundamental de coherencia se deducen los principios formales del pensamiento a
saber, a) de identidad: cuando en un juicio el concepto –sujeto es idéntico […] al
concepto - predicado, el juicio es necesariamente verdadero; b) de contradicción:
dos juicios opuestos entre sí, contradictoriamente, no pueden ser ambos
verdaderos y c) del tercero excluido: dos juicios opuestos entre sí
contradictoriamente no pueden ser ambos falsos, es decir uno de ellos es
verdadero y ninguno otro es posible. […] de la ley de derivación se extrae el
principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio para ser realmente
verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se
afirma o niega con la pretensión de que sea verdad. A estas reglas lógicas está
sometido el juicio del tribunal de mérito, si ellas resultan violadas el razonamiento
no existe STJ PC1 12181/7 SENTENCIA 68 30/07/2009 Carátula: QUERELLA
CRIMINAL P/CALUMNIAS E INJURIAS PROMOVIDA P/DR. RUBEN E. VERON
C/SERGIO TOMAS LOPEZ Y C/EMISORA 101.7 ACTIVA F.M. Y/O
RESPONSABLE DE LA MISMA – PASO DE LOS LIBRES Magistrados Votantes: -
FARIZANO, EDUARDO ANTONIO - RUBIN, CARLOS - SEMHAN, GUILLERMO
HORACIO Primer Votante: SEMHAN, GUILLERMO HORACIO –
(http://www.juscorrientes.gov.ar/consInfojuris).

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Por lo tanto, en cuanto a la valoración de las pruebas realizadas por
el tribunal de juicio, lo encuentro ajustado a las normas de valoración probatorias,
esto es, la sana crítica, la lógica, la experiencia y la razón suficiente.
VIII.- Respecto de la admisibilidad de la decisión sobre regulación
de honorarios como materia del recurso de casación existen dos posturas.
Una que no la admite, sin excepción alguna, que es la adoptada por
el STJ de San Luis “[…] la cuestión planteada se refiere a la regulación de
honorarios que es una cuestión procesal, excluida de la casación por imperio del
art. 288 del C.P.C.C, y así lo tiene resuelto en forma invariable este Tribunal
interpretando el dispositivo legal citado, siguiendo la tesitura expuesta en autos:
"Salinas Laureano - Rec. de Casación" del 28-6-84, L.S., t. 71, p. 141 Publicado
en La Ley Online).
Mientras que otros Tribunales, como el Superior Tribunal de Justicia
de Santiago del Estero, (sala civil y comercial • 01/06/2006 • Cresmaschi, Juan C.
• LLNOA 2007 (marzo), 174), ha dicho que: “Si bien las cuestiones de costas y
regulación de honorarios, en principio, no es materia del recurso de Casación,
corresponde hacer lugar al mismo cuando versa sobre cuestiones vinculadas a las
reposiciones fiscales y a las costas, puesto que la doctrina legal le es extensible, a
fin de examinar si en la decisión de la Alzada se ha verificado alguna de las
violaciones legales denunciadas por el recurrente o si en su defecto se ha
incurrido en el vicio de arbitrariedad o absurdo”.
Incluso la CSJN, ha sido categórica al rechazar: “El recurso
extraordinario contra la sentencia que declaró inatendible en casación el agravio
dirigido a cuestionar la base de cálculo tenida en cuenta para la regulación de
honorarios es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación)” (F. 420. XXXVII.; Fox, Héctor Raúl c/ Siderca S.A.C.I. 28/07/2005 T. 328,
P. 2725).
Este Cuerpo, ha adoptado que el criterio para decidir sobre la
admisibilidad, entendiendo que si bien conforme a nuestro ordenamiento procesal,
(Art. 494 del CPP), lo atinente a la regulación de honorarios en instancias
ordinarias, constituye en principio materia ajena al recurso de Casación, sólo
procede hacer excepción, cuando la resolución impugnada se apartó de la
reglamentación normativa prevista para el caso, con el consiguiente menoscabo
de los derechos constitucionales en juego.
Es decir, que, salvo casos de arbitrariedad manifiesta y demostrada,
la regulación de honorarios profesionales, no alcanza a ser materia de casación,

por los fundamentos expuestos “supra”.
En el presente supuesto, revisada la resolución puesta en crisis, se
aprecia que el primer razonamiento del a quo, del cual se agravia el recurrente, es
decir que se fijo los honorarios profesionales en la suma equivalente a 15 jus, es
decir, por debajo del mínimo legal establecido para los procesos penales, citando
la normativa establecida en el art. 7 párrafo in fine de la ley 5822.
En primer lugar, debo recordar que el letrado actuante en esta etapa
recursiva asume la defensa del encartado ya en la etapa del debate, en fecha 2 de
julio de 2010, según constancias de fs. 421. Por lo que la regulación de honorarios
del citado profesional lo fue por su actuación en la última etapa del proceso penal
(art. 49 de la ley 5822). En razón de ello, la aplicación del art. 7 párrafo in fine de
la ley 5822, se encuentra ajustada a derecho, pues porque la citada norma
establece: “[…] En ningún caso los honorarios de la dirección letrada serán
regulados por todo el proceso en sumas inferiores […]”, (el resaltado me
pertenece) recordemos que el citado profesional, comenzó su actuación a poco de
llevarse a cabo el debate.
IX.- Por todo lo expuesto, la medida recursiva intentada resulta
inconducente en definitiva, conforme la doctrina de la sentencia arbitraria
elaborada por la Corte Suprema, “[…] Es importante recordar los límites de esta
doctrina: “a) no se aplica para subsanar meras discrepancias de las partes con los
jueces; b) los jueces no están obligados a ponderar una por una y
exhaustivamente todas las pruebas de autos; y c) la arbitrariedad, cuando versa
sobre un elemento de prueba, tiene que aludir a un extremo conducente o decisivo
para la solución del caso” (Sagües, Néstor Pedro: Derecho procesal constitucional,
Astrea, t. 2, “Recurso extraordinario”, pág. 320 y ss. Y los numerosos casos que
dicho autor cita) Como se puede ver, en un marco amplio ambos conceptos vienen
a coincidir. Una sentencia, para ser válida desde el punto de vista procesal y
desde el punto de vista constitucional, debe respetar el principio de congruencia.
La decisión, además, tiene que ser motivada, lo cual significa que ha de tener
fundamentos. Estos fundamentos deben ser completos: referirse tanto al hecho
como al derecho y contemplar todos los hechos esenciales; deben ser legítimos, o
sea, basarse en pruebas válidas, y no apoyarse en pruebas inválidas o pasibles
de invalidez absoluta, y además no puede prescindir de pruebas válidas y
esenciales incorporadas al proceso, y aun el juez debe producir la prueba esencial
que esté a su alcance cuando de ello dependa el descubrimiento de la verdad del
caso; finalmente, los fundamentos deben ser lógicos, es decir, adecuados a los
principios que presiden el recto entendimiento humano, y basarse en la psicología
y en la experiencia común como pautas de las cuales un juez no se puede apartar

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en su decisiones […]” (CF: DE LA RUA, FERNANDO “LA CASACION PENAL”, El
recurso de casación penal en el nuevo código procesal penal de la nación,
Depalma, l994, pág. 184), y lógicamente ha inferido de las pruebas legalmente
incorporadas al debate, el acontecimiento de hechos delictivos imputables al
accionar del encartado, brindando los fundamentos que en la sentencia “[…]
permiten extraer de ella, nos guste o no, las razones lógico-argumentativas que lo
llevaron a tomar la decisión […]”, (CF. REVISTA DE DERECHO PENAL,
GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y NULIDADES PROCESALES, 200l-l,
RUBINZAL CULZONI, pág. 279) por lo que, arribo a la conclusión que la sentencia
se encuentra debidamente fundada, reuniendo la sentencia los requisitos mínimos
de validez, por tanto, propongo que se confirme la condena. ASI VOTO.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR
GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:
sus fundamentos.
Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por compartir
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR
JUAN CARLOS CODELLO, dice:
sus fundamentos.
dicta la siguiente:
Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chaín, por compartir
En mérito al precedente Acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia
SENTENCIA: N° 41
1º) Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 545/547,
confirmándose la condena dictada a fs. 522/538 vta.. 2º) Insértese y notifíquese.
Fdo: Dres. Chain-Semhan-Codello-Rubin.