Género y democracia

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ocracia
Son muchos los cambios que han habido en México contra la dis­
criminación de género a partir de la entrada en vigor de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(cedaw, por sus siglas en inglés), en 1981. De entonces a la fecha, una
gran cantidad de movimientos sociales han contribuido, con imaginación
y perseverancia, a la defnición y aplicación de medidas legales, políticas
e institucionales contra la discriminación por razones de género. El texto
de María Angélica Luna Parra, experta en políticas sociales, hace un breve
recuento de ello.
Destaca en estos artículos el señalamiento de sentidas omisiones
en las normas legales que se han ido subsanando en los últimos años,
con la prohibición constitucional de toda forma de discriminación, con la
reciente reforma en materia de derechos humanos y con leyes específcas
para garantizar derechos de las mujeres para vivir una vida libre de violencia,
y para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.
En la vida institucional del Estado, se carecía de mecanismos para
la defensa de los derechos de las mujeres y de organismos especializados
contra la discriminación. Las instituciones no tenían la obligación,
ni sabían cómo transversalizar políticas, planes y programas con una
perspectiva de igualdad de género. No había instancias específcas en el
poder judicial, ni comisiones de género en todos los congresos del país, ni
políticas integrales en la materia. Sin estos avances, en las condiciones de
vida de la mitad de la población mexicana se prolongaba un estatus de
indefensión e invisibilidad, que la dejaba marginada de cualquier efecto o
impacto positivo de las políticas públicas.
La igualdad de género no era un tema en la agenda pública; los
medios de comunicación tuvieron que discernir la forma de mirar desde
esta óptica, para convertir a las mujeres en sujetos de información y
no en objetos del amarillismo y de prejuicios; tampoco el tema formaba