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TEMA 8: EL CONTRATO EN GENERAL
1.- Concepto y clases de contratos. 2.- Elementos esenciales
del contrato. 2.1.- Consentimiento. 2.2.- Objeto. 2.3.- Causa.
3.- Elementos accidentales del contrato. 4.-La forma en el
contrato. 5.- La ineficacia del contrato.
1.- CONCEPTO Y CLASES DE CONTRATOS.
Comúnmente se entiende por contrato el acuerdo de voluntades entre dos o mas
personas, creador de derechos y obligaciones entre ellas. En esta materia rige el
principio de autonomía de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier
materia no prohibida.
De acuerdo con el art. 1.254 del Código Civil, existe contrato desde que una o
varias personas consienten en obligarse, perfeccionándose el contrato –según el art.
1.258 CC, por el mero consentimiento. Por su parte, el art. 1.091 CC, añade que las
obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes
contratantes. Es decir, el contrato obliga por la sola coincidencia de voluntades, sin
necesidad de un reconocimiento específico de cada contenido o de cada tipo contractual.
En función de los criterios a los que apuntemos, se pueden clasificar los
contratos de muy distinta forma. Nos detendremos en dos clasificaciones: la que
distingue entre contratos onerosos y contratos gratuitos, de un lado; y entre contratos
bilaterales y contratos unilaterales, de otro.
CONTRATOS GRATUITOS Y CONTRATOS ONEROSOS:
Se entiende por contrato GRATUITO o “lucrativo”, aquel por el que una de las
partes contratantes se enriquece u obtiene algún beneficio a consecuencia del contrato,
sin asumir carga o contraprestación alguna.
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El ejemplo paradigmático sería la donación (art. 618). Para el Código Civil son
igualmente gratuitos los contratos de mandato, préstamo y depósito (no así para el
Código de Comercio). Estos contratos, de acuerdo con el Código Civil, se encuentran
transidos por la idea del altruismo: beneficiar a alguien sin exigir nada a cambio.
Por el contrario, en los contratos ONEROSOS, la prestación de una parte
encuentra su razón de ser en la contraprestación de la otra: arriendo para que el
arrendatario me pague mensualmente y él me paga para tener un local o vivienda; se
intercambia una cosa por un precio en la compraventa, etc…
El término oneroso viene del latín “onus-oneris”, que significa “carga”, y
expresa bien a las claras que se trata de conseguir algo mediante la transferencia a la
otra parte de un valor equivalente.
CONTRATOS BILATERALES Y CONTRATOS UNILATERALES
Es evidente que, en todo caso, el contrato se caracteriza porque ha de haber, al
menos, dos partes. Por tanto, la presente contraposición no puede estar referida al
número de contratantes.
En efecto, la razón distintiva entre contratos bilaterales y unilaterales se
fundamenta en el nacimiento de obligaciones a cargo de una o de ambas partes.
Se califican como bilaterales o “sinalagmáticos” aquellos contratos que generan
obligaciones para ambas partes, de forma recíproca y correspondiente: el comprador
debe pagar el precio mientras que el vendedor debe entregar la cosa vendida.
Serán contratos unilaterales los que generan obligaciones para una sola de las
partes. Por ejemplo, cuando presto a un amigo seis mil euros, es evidente que solo él
queda obligado por virtud del contrato de préstamo.
La razón fundamental de contraponer ambos tipos contractuales viene dada
porque en los contratos unilaterales no es de aplicación la facultad resolutoria por
incumplimiento contemplada en el art. 1.124 CC, como causa de ineficacia del contrato.
2.- ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO:
El mínimo de elementos que acredita la existencia de un contrato válido viene
representado por el consentimiento de las partes, el objeto y la causa. Pero dado el
reconocimiento de la autonomía privada, las partes pueden introducir en el contrato
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previsiones complementarias, no requeridas legalmente, de las que puede depender la
eficacia del contrato celebrado. Esto obliga a distinguir entre elementos esenciales y
elementos accidentales del contrato. Los primeros –los esenciales- deben estar presentes
en todo contrato para que sea válido. De ahí que el art. 1.261 Cc sea tajante al exigir la
presencia de los tres elementos: “No hay contrato sino cuando concurren …….”. Al
contrario, los elementos accidentales reciben tal denominación para resaltar que pueden
estar presentes por voluntad de las partes en un determinado contrato, pese a que su
presencia no es “esencial”, para que pueda hablarse de contrato válido. Tales elementos
accidentales son “la condición”, “el término” y “el modo”, y una vez integrados en un
contrato, asumen una extraordinaria importancia respecto de la vida del contrato.
2.1. El consentimiento.
Sabemos que el contrato es definido, sintéticamente, como un acuerdo de
voluntades. Esto es, como decisión de dos o mas personas de realizar un determinado
negocio, una vez están de acuerdo en las circunstancias del mismo.
La manifestación del consentimiento de cada una de las partes puede darse de
muy diferente manera (firmando un documento extenso redactado por escrito, o
levantando la mano para detener un taxi), pero requiere en todo caso que el
consentimiento se haya formado libre y conscientemente por persona que tenga
capacidad de obrar.
La exteriorización de la voluntad puede ser:
- Expresa: Cuando el sujeto utilizando los signos adecuados la da a conocer de forma
directa y sin lugar a dudas.
- Tácita: Consiste en la realización de actos que si bien no tienen como fin revelar la
voluntad del sujeto, suponen necesariamente dicha voluntad.
El ordenamiento jurídico vela por que el consentimiento contractual se preste por los
contratantes de forma libre y consciente. El artículo 1.265 CC dispone, en este sentido, que será
nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.
El ERROR consiste en el conocimiento equivocado de la realidad, afectante a
circunstancias que principalmente hubieren motivado la celebración del negocio jurídico. Ahora
bien, se comprenderá que la validez de los contratos no puede quedar sometida a las alegaciones
de las partes de haberse equivocado sin mas ni mas. Por ello, el art. 1.266 exige, para que el
error invalide el consentimiento, que recaiga sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del
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contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado motivo a
celebrarlo. Es decir, debe tratarse de un error esencial o sustancial, relativo al objeto del
contrato. De donde se deduce que, aun habiéndose equivocado, la parte que haya sufrido el error
no podrá invalidar el contrato en los siguientes supuestos:
a).- Error en los motivos.
La falsa representación mental no recae sobre el contenido sustancial del contrato o
sobre elementos esenciales del contrato, sino sobre los móviles subjetivos que llevan a una de
las partes a contratar: alquilo un apartamento para determinados días, y mi empresario me fija
las vacaciones para el mes siguiente; o me compro un traje para la boda de mi sobrina, que
después no llega a celebrarse.
b).- Error de cuenta o error de cálculo.
Que solo da lugar a su corrección. Esto es, a la corrección de la operación matemática
errónea. (artas. 1.266.3; 1.469 y 1.470 CC.
La VIOLENCIA: Hay violencia, cuando para conseguir la declaración de voluntad se
emplea la fuerza física. El art. 1.267.1 dice “fuerza irresistible”, que se dará en todos aquellos
casos de violencia física absoluta en que la voluntad del contratante es sustituida por la del
agente violentador.
La INTIMIDACION: Hay intimidación, cuando para conseguir la declaración de
voluntad se inspira al declarante el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave
en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. El
temor reverencial, sin embargo, no anulará el contrato. O lo que es lo mismo, las personas a
quienes se debe sumisión y respeto pueden dar origen a intimidación; pero mientras no lo
hagan, el contrato celebrado bajo temor reverencial será válido y eficaz. Así por ejemplo,
cuando un dependiente acceda a venderle la moto a su patrón, ante la insistencia del mismo; sin
embargo, si el patrón le ha amenazado con despedirle si no le vende la moto, existirá
intimidación, y el contrato será nulo.
El DOLO: Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas, es inducido el
declarante a celebrar un negocio jurídico que sin ellas no lo hubiera hecho. Actuar dolosamente
(con dolo) significa tanto como actual malévola o maliciosamente, ya sea para captar la
voluntad de otro, ya incumpliendo la obligación que se tiene contraída. En el caso, consistirá en
inducir a otro a celebrar un contrato mediante engaño o malas artes. Ni que decir tiene que el
contratante engañado incurrirá en una falsa valoración o representación del contrato que
finalmente celebra, y que, por tanto, incurre en error. Lo que ocurre es que, como dicho error ha
sido causado por la otra parte, el ordenamiento jurídico considera al dolo como un supuesto
específico de vicio de consentimiento. El art. 1.270 completa la regulación del dolo disponiendo
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que para que el dolo produzca la nulidad del contrato, deberá ser grave y no haber sido
empleado por las dos partes contratantes.
2.2 El objeto.
Es la realidad sobre la que versa el negocio jurídico, es decir, los bienes, utilidades o
servicios sobre los que recae la voluntad negocial.
El objeto ha de ser:
- Posible: No podrán ser objeto del negocio jurídico bienes, utilidades o servicios
imposibles.
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- Licito: El objeto ha de estar conforme con el ordenamiento jurídico.
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- Determinado o determinable. La indeterminación provoca la nulidad del negocio
jurídico.
2.3 La causa
Es el fin que se persigue con el negocio jurídico.
La causa debe ser:
- Existente: Un negocio jurídico no tiene causa cuando la declaración de voluntad no
se corresponde con la razón que justifica la validez del negocio. Los negocios
jurídicos sin causa no producen efecto alguno.
- Verdadera: La causa que aparece en el negocio ha de ser cierta, si bien la expresión
de una causa falsa en los negocios jurídicos, no producirá su nulidad si se probase
que estaban fundados en otra verdadera.
- Lícita: Los negocios jurídicos con causa ilícita tampoco producen efecto alguno. Es
ilícita la causa cuando no es conforme con el ordenamiento jurídico.
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3.- ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL CONTRATO
Los llamados elementos accidentales del negocio jurídico son disposiciones accesorias,
establecidas por las partes, que afectan a su eficacia. En otras palabras, son requisitos
voluntarios de eficacia del negocio jurídico. Como tales tenemos:
1) La condición.
2) El término.
3) El modo.
LA CONDICION:
Es el hecho futuro e incierto del que depende la eficacia del negocio jurídico. La
condición puede ser:
a) Suspensiva: A partir de que se cumpla la condición, si se cumple, el negocio
jurídico despliega su eficacia.
b) Resolutoria: Cuando se cumple la condición, si se cumple, deja de tener efectos el
negocio jurídico.
EL TERMINO:
Es el hecho futuro y cierto del que depende la eficacia del negocio jurídico. El término
puede ser:
a) Inicial: La llegada del término marca el momento a partir del cual comienzan a
producirse los efectos del negocio (aunque nunca con carácter retroactivo).
b) Final: El negocio jurídico despliega su eficacia desde su perfección, pero tan sólo
hasta la llegada del término.
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EL MODO:
Es una obligación accesoria que puede imponerse al beneficiario en los negocios a título
gratuito ya sea inter vivos o mortis causa. El donante, por ejemplo, impone al donatario la
obligación de pagar sus deudas; o también la de vivir en su compañía; o grava al donatario con
la obligación de mandar celebrar unas misas, o conservar la casa familiar, o aprender a tocar el
piano. En cuanto la obligación modal subsista, puede exigirse su cumplimiento por parte del
beneficiario del modo; y sobre todo, por el donante y sus herederos. Asimismo, es posible instar
la revocación de la liberalidad en el caso de que se incumpla voluntariamente la obligación
modal (vid. 647 CC).
4.- LA FORMA EN LOS CONTRATOS:
La forma es la manera externa de manifestarse el negocio jurídico. En el Derecho
Español, rige el principio de libertad de forma (art. 1.278 C.C.), y, en algunos casos de cierta
trascendencia económica, lo sujetos pueden exigir que el negocio jurídico se celebre por escrito
e incluso en escritura pública (art. 1.279 y 1.280 C.C.).
En nuestro Derecho rige la regla general de libertad de forma (art. 1.258 y 1.279), de
modo que, siendo ésta la exteriorización de la voluntad, podrá ser verbal o escrita, expresa o
tácita. De modo que cualquier contrato o negocio jurídico, siempre tendrá una forma. Así, las
palabras, el documento, las señas, o los mismos actos concluyentes. No es posible, en
consecuencia, que existan los contratos “amorfos”.
Hay, no obstante, ocasiones, en las que la forma es un elemento esencial del negocio
jurídico (forma "ad solemnitatem"). Se da en aquellos casos en que la ley exige una forma
determinada como elemento esencial del negocio jurídico. Así ocurre en la donación de bienes
inmuebles en que se exige escritura pública (art. 633 C.C.), y en el testamento, en que se exige
una de las formas que el C.C. impone para cada una de las distintas clases de testamento (arts.
676 y ss. C.C.), en la hipoteca que se exige escritura pública e inscripción en el Registro de la
Propiedad (art. 1.875 C.C.), etc. En estos casos estamos ante los negocios formales o solemnes.
Por el contrario, en aquellos casos en los que no se exige determinada forma
para la validez del contrato (forma “ad probationem”), este será válido con
independencia de la forma que se haya observado.
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5.- LA INEFICACIA DEL CONTRATO.
Con la expresión “ineficacia del contrato” se hace referencia a todos aquellos
supuestos en que el contrato no llega a producir los efecto a los que estaba
tendencialmente dirigido o deja de producirlos en un momento dado. Así, serán
ineficaces, respectivamente, un contrato sometido a condición suspensiva que nunca
llega a producirse (el eventual donatario muere sin terminar el Grado en Relaciones
Laborales y RRHH); o la venta celebrada por el empresario a su primo hermano para
evitar que caiga en poder de sus acreedores. Los supuestos de ineficacia representan
para el Derecho los que, en términos figurados, podríamos llamar “supuestos
patológicos”.
Pueden distinguirse dos grandes grupos de ineficacia contractual:
a).- La invalidez; que puede producirse por:
i).- Nulidad.
ii).- Anulabilidad.
b).- Ineficacia en sentido estricto; que puede producirse por:
i).- Mutuo disenso.
ii).- Desistimiento unilateral.
iii).- Resolución por incumplimiento.
iv).- Rescisión.
v).- Revocación.
vi).- Acaecimiento de condición resolutoria.
vii).-Falta de acaecimiento de condición suspensiva.
Por razones metodológicas, sin perjuicio de conocer todos los anteriores
supuestos, nos ceñiremos al estudio de la nulidad y de la anulabilidad.
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NULIDAD DEL CONTRATO.
Se trata del supuesto más grave de ineficacia. Por ello suele ser adjetivada como
“nulidad absoluta” o “nulidad de pleno derecho”, expresiones suficientemente plásticas.
Los contratos nulos no merecen para el Derecho más que rechazo; no puede el
ordenamiento jurídico reconocer ningún efecto del contrato nulo, ni siquiera su
admisibilidad como tal contrato.
De ahí que las causas de nulidad sean de extrema gravedad, y que se den solo
cuando el acto es contrario a las normas imperativas o prohibitivas, o cuando no tiene
existencia por carecer de alguno de sus elementos esenciales (consentimiento, objeto y
causa). Así, son causas de nulidad:
I).- La carencia absoluta o inexistencia de cualquiera de los elementos esenciales
del contrato.
II).- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos del objeto del contrato
(licitud, posibilidad y determinación).
III).- La ilicitud de la causa.
IV).- El incumplimiento de la forma sustancial.
V).- La contrariedad a las normas imperativas a la moral y al orden público (arts.
6.3 y 1.255).
La vía para obtener la declaración de nulidad de un contrato es el ejercicio de la
denominada “acción de nulidad”, que tiene como requisitos: (a) el ser imprescriptible; y
(b) el que la pueda ejercitar cualquier persona interesada en deshacer el contrato nulo.
No está, sin embargo, legitimado para ejercitar la acción de nulidad, quien la ha
generado.
El efecto típico de la nulidad es la “restitución”. Dado que el contrato nulo no
produce efectos, las consecuencias de la declaración de nulidad tienen a dejar las cosas
en el “statu quo” inmediatamente anterior a la celebración del presunto contrato nulo
(art. 1.303 CC)
LA ANULABILIDAD DEL CONTRATO:
La pura lógica gramatical indica que un contrato “anulable” será aquel que
pueda ser anulado o, por el contrario, seguirá produciendo efectos en caso de que su
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efectiva anulación no tenga lugar. La anulabilidad es un supuesto de invalidez de mucha
menor gravedad que la nulidad.
Las razones o causas de anulabilidad pueden identificarse con:
I).- Todos los vicios del consentimiento: error, violencia, intimidación o dolo.
II).- Inexistencia de plena capacidad de obrar de alguno de los contratantes
(menores no emancipados, personas sometidas a tutela o a curatela, o los emancipados
respecto de los contratos referidos en el art. 323 CC).
La acción de anulabilidad, a través de la cual se denuncia ésta, tiene un alcance
más limitado que el de la acción de nulidad. Así, prescribe a los 4 años (es un plazo de
caducidad). Y solo puede ser ejercitado por las personas que hayan sufrido el vicio del
consentimiento o que resulten afectados por el contrato anulable.
En cuanto a los efectos de la anulabilidad, son sustancialmente los mismos que
los de la nulidad. A saber, la “restitución”
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