TEMA 7 Derecho Constitucional - Monovardigital

Mª Ángel
Morága García
Derecho Constitucional
Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de Elda
TEMA
7
Clases de Derechos
Fundamentales
1.‐ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PUBLICAS.
1.1.‐ DERECHO A LA VIDA
Es el más importante de todos los derechos, aparece consagrado en el
artículo 15 de la Constitución, donde se dispone que "todos tienen derecho a la
vida"
Pero, precisamente por ello plantea graves problemas en cuanto a su
ejercicio. En primer lugar, en cuanto a su titularidad y en segundo lugar en
cuanto a la legitimidad para poner fin a dicho derecho, bien como consecuencia
del ejercicio de la libertad ideologica y personal (huelga de hambre y
eutanasia), bien como consecuencia de una decisión de la sociedad (pena de
muerte). Se trata, sin duda, de cuestiones muy polémicas a las que no resulta
facil dar una respuesta jurídica.
En cuanto a la titularidad del derecho, el problema surge con el término
de "todos" utilizado en el articulo 15 C., ya que se suscita la cuestion de si el
"nasciturus" es o no sujeto de dicho derecho.
Lo cierto es que este ambiguo termino fue empleado de forma
deliberada a fin de conseguir el consenso durante la redacción de la
Constitución, para no excluir ninguna interpretación en relacion con el
"nasciturus". Ya que, el Codigo Civil considera "persona", sólo al nacido con
forma humana y que sobrevive al menos veinticuatro horas. Por tanto, al
emplear la Constitución el termino "todos", sin mencionar el de "persona",
dejaba la puerta abierta a que pudiera entenderse que el "nasciturus", era
sujeto titutar del derecho a la vida.
La actual regulación de esta materia se encuentra en la Ley Organica
2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, de 3 de marzo. (Estudiar el texto legal)
En el otro extremo de la protección de la vida se plante el tema de la
muerte, que presenta cuestiones delicadas y polemicas, como la eutanasia o el
derecho a una muerte digna. En principio, la proteccion constitucional a la vida
excluye la admisibilidad de la eutanasia propiamente dicha, esto es, del auxilio
activo para que el individuo que lo desee ponga fin a su vida, con
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independencia de las razones que muevan el individuo a dicha accion. Ahora
bien, habría que distinguir entre la posición del propio sujeto que desea poner
fin a su vida y la de quienes pueden prestarle auxilio:
‐ Desde la perspectiva del propio sujeto, es evidente que aunque
jurídicamente no se reconozca a los individuos el derecho a poner fin a su vida,
una conducta encaminada a ese objetivo no resulta sancionable.
‐ Sin embargo por lo que respecta a terceros, la obligación constitucional
de proteger la vida humana obliga al Estado a sancionar como delito la
cooperación al suicidio en cualquier de sus formas.
Por lo que respecta a la pena de muerte, entendida como la privación de
la vida efectuada por el Estado, como consecuencia de la sanción de ciertos
delitos, la Constitución, en el inciso final de su artículo 15 dispone que “queda
abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra.”
1.2 DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA
PROPIA IMAGEN.
El parrafo 1º del artículo 18 de la Constitucion garantiza el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Todos ellos son
derechos destinados a la protección de la vida privada.
Este precepto ha sido desarrollado por la Ley Organica 1/1.982, de 5 de
mayo, de proteccion civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.
El derecho al honor, consiste en el derecho a no tener que soportar
cualquier tipo de manifestación (sea acción o expresión) que suponga
menosprecio o descrédito de la opinión que una persona tiene en su entorno
social. O como dice el Tribunal Constitucional, "el derecho que toda persona
tiene a la propia estimación y a su buen nombre y reputación".
El derecho a la intimidad personal y familiar consiste en el derecho a no
tener que soportar intromisiones no queridas en el ámbito de la propia vida
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personal. Protege, por tanto, aquellos extremos más personales de la vida del
individuo y de su entorno familiar, cuyo conocimiento está restringido a los
integrantes de la unidad familiar.
Finalmente, el derecho a la propia imagen consiste en la facultad de la
persona de decidir respecto al empleo de su imagen, de tal forma que no
pueda emplearse ésta, con o sin finalidad de lucro, sin su propio
consentimiento.
La titularidad de estos derechos la ostenten todas las personas físicas,
sean o no ciudadanos españoles. Ello no obstante, por lo que atañe al honor
puede en ocasiones aplicarse a las personas jurídicas, ya que éstas pueden ver
dañada su reputación, debiendo quedar protegidas de la difamación o de
expresiones ofensivas e injuriosas.
Los derechos reconocidos en el artículo 18.1 C. poseen tres
procedimientos de protección: la protección civil, la protección penal y el
derecho de rectificación:
1. La protección civil se encuentra recogida en la referida L.O., ampara a los
tres derechos y tiene por objeto tanto el cese en la intromisión ilegitima como
la indemnización por los daños y perjuicios causados por dicha intromisión.
2. La protección penal se reserva para los atentados más graves al honor
(delitos de injurias y calumnias), y la la intimidad (diversos tipos delictivos que
sancionan hechos contrarios a este bien, como la revelación de secretos, el
allanamiento de morada y otros).
3.‐ El derecho de rectificación: este derecho se otorga a toda persona,
natural o jurídica, frente a aquellas informaciónes difundidas, por cualquier
medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere
inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Se trata, por tanto, de
rectificar informaciones equivocadas que les afecten personalmente y que le
puedan desmerecer en su fama.
Estas vias de protección son alternativas, pudiendo el ciudadano
afectado escoger la que considere más conveniente a sus intereses.
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1.3.‐ DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO.
El articulo 18.2 de la Constitución recoge el derecho a la inviolabilidad del
domicilio, afirmando que “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro
podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en
caso de flagrante delito”.
La garantia constitucional de la inviolabilidad del domicilio consiste en la
imposibilidad de entrada o registro en el mismo, salvo en los supuestos tasados
por la Constitución. Estos supuestos de entrada legitima en el domicilio son
tres: consentimiento del titular, delito flagrante y resolución judicial que la
autorice.
• El consentimiento del titular es el supuesto menos conflictivo, en este caso
el titular renuncia en una situación puntual a ejercer este derecho que el
ordenamiento juridico le reconoce. Unicamente cabe señalar que en el caso
de una pluralidad de titulares, basta la autorización de uno de ellos para
permitir la entrada en el domicilio comun.
• El supuesto de flagrante delito, está referido a aquellos supuestos en que se
sorprende al delincuente en el momento mismo en el que está cometiendo
el delito. A este respecto el Tribunal Constitucional ha establecido que sólo
ante una evidencia delictiva (no la mera sospecha) que requiera una
intervención policial urgente, es posible entrar en un domicilio sin
autorización ni del titular ni judicial.
• Fuera de los anteriores supuestos, la entrada en un domicilio sin
consentimiento del titular requiere, la autorización judicial. Esta
autorización se contempla para los supuestos de investigación criminal en
los que es preciso el registro del domicilio o la detención de personas que se
encuentran dentro del mismo.
Junto a estas excepciones habria que añadir el supuesto de fuerza mayor o
estado de necesidad. Asi, en caso de un auxilio inmediato, solicitado o no, de
riesgo para la vida o seguridad de las personas, la entrada tanto de agentes de
la autoridad como de particulares no puede considerarse una vulneración de la
inviolabilidad del domicilio.
Una de las principales manifestaciones de este derecho, es que se
consideran invalidas las pruebas obtenidas con vulneración del mismo.
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1.4.‐ LIBERTAD DE RESIDENCIA Y CIRCULACION
El parrafo primero del articulo 19 de la Constitución establece que “Los
españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el
territorio nacional”, reconociendo la llamada libertad de residencia.
Mientras que el parrafo segundo de ese mismo precepto establece que
“asimismo los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España
en los terminos que la ley establezca. Este derecho no puede ser limitado por
motivos politicos o ideologicos”, reconociendo el llamado derecho de libre
circulación.
1.5.‐ LIBERTAD IDEOLOGICA Y RELIGIOSA.
El artículo 16 C. garantiza simultaneamente la libertad ideologica y
religiosa, aunque se trata de dos libertades distintas.
En primer lugar, la libertad ideologica puede definirse como el derecho
del individuo a mantener las ideas y convicciones de cualquier tipo sobre la
sociedad y la comunidad política.
Y al respecto, el artículo 16 C afirma que se "garantiza la libertad
ideologica de los individuos y de las comunidades, sin más limitación, en sus
manifestaciónes, que la necesaria para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley". Asimismo, el parrafo segundo añade que "nadie podrá ser
obligado a declarar sobre su ideologia".
Mientras que la libertad religiosa podemos definirla como el derecho del
individuo a mantener las ideas y convicciones propias sobre el origen del
hombre, sobre la existencia de un ser superior al hombre y creador del
universo, o sobre concepciones análogas sobre el origen y sentido de todo el
universo.
El inciso final del articulo 16.3, como una consecuencia lógica del
reconocimiento de la libertad religiosa y de culto, proclama que "ninguna
confesión tendrá caracter estatal", sentando el principio de aconfesionalidad
del Estado. Pero ello no significa que el Estado permanezca de espaldas a la
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realidad socio‐religiosa ya que este artículo, inmediatamente después
establece que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española".
Por último este artículo 16 añade que el Estado "mantendrá las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Catolica y las demás
confesiones", estableciendo un deber de cooperación del Estado con la iglesia
Catolica y las demás confesiones.
1.6.‐ LIBERTAD DE EXPRESION Y DERECHO A LA INFORMACION
El artículo 20 de la Constitución reconoce y protege las diversas
manifestaciones que en nuestro tiempo presenta la libertad de expresión, que
son:
1. La libertad de expresión en sentido estricto, o derecho a manifestar
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito
o cualquier otro medio de reproducción (apartado 1 a).
2. La libertad de creación literaria, artística, cientifica y tecnica (apartado 1 b).
3. La libertad de cátedra o derecho a la libre expresión de los docentes
(apartado 1 c).
4. La libertad de información, o derecho a trasmitir y recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión (apartado 1 d)
1.7 EL DERECHO DE REUNION Y MANIFESTACION.
Para distinguir la reunión de cualquier otra aglomeración humana,
ha de atenderse a sus cuatro caracteristicas básicas:
a) Previa concertación: que la diferencia de las meras agregaciones
espontaneas y que requiere un conocimiento de la reunión a que se
asiste y la finalidad que ésta persigue.
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b) Temporalidad: que la distingue tanto de la coincidencia momentanea
como de la más prolongada, que está constituida por la asociación.
c) Concordancia de objetivos o finalidad perseguida por la reunión.
d) Caracter publico, que la diferencia de la reunión puramente privada.
La Constitución reconoce el derecho de reunion en su artículo 21,
distinguiendo entre dos clases de reuniones, atendiendo a que éstas se
celebren o no en lugares de tránsito público.
Respecto a las reuniones que no se celebren en lugares de tránsito
público, la Constitución reconoce el ejercicio del derecho de reunión, siempre
que la reunión sea pácifica y sin armas y además establece que este tipo de
reuniones no necesitará autorización previa.
El problema surge cuando las reuniones se celebran en lugares de
transito público, por medio de las conocidas manifestaciones, ya que en estos
casos el ejercicio de este derecho puede perturbar el ejercicio de las
actividades normales del resto de los ciudadanos. Para estos casos, se exige
comunicación previa a la autoridad competente. Pero una vez comunicada a la
autoridad competente, el proposito de celebrar la reunión en vía publica, ésta
sólo podrá prohibir la reunion cuando existan razones fundadas de alteración
del orden público, con peligro para personas o bienes.
Este derecho de reunión ha sido desarrollado por la Ley Organica 9/83,
de 15 de julio.
1.8. DERECHO DE ASOCIACION.
La asociación es una tendencia natural del hombre en tanto que ser
social. Los hombres, a lo largo de la historia, se han asociado para defender sus
ideas, sus profesiones o sus intereses; de este modo, la sociedad es un conjunto
de individuos, pero también de grupos o asociaciones que son los integrantes
del tejido social.
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El derecho de asociación puede ser definido como el derecho de los
ciudadanos a agruparse en asociaciones no lucrativas con vistas a la
consecución de fines poíticos, culturales, recreativos o de otro orden, de
carácter no lucrátivo.
La asociación se caracteriza por las siguientes notas:
a) Necesidad de una pluralidad de personas.
b) Estabilidad o permanencia, pues se trata de crear un vínculo que
permanezca en el tiempo
c) Carácter formal, ya que necesita de la creación de unas estructuras
mínimas y unos órganos de gobierno o dirección.
d) Carácter no lucrativo, ya que esta característica distingue a las
asociaciones de las sociedades mercantiles.
La Constitución reconoce el derecho de asociación en su artículo 22,
imponiendo a las asociaciones una única obligación: inscribirse en un Registro a
los solos efectos de publicidad.
La Constitución realiza un reconocimiento absoluto del derecho de
asociacion, exceptuando tan sólo de esa libertad de asociación a las llamadas
asociaciones prohibidas y a las asociaciones ilegales.
Las asociaciones prohibidas por la Constitución son las secretas y las de
caracter paramilitar.
Las asociaciones paramilitares son aquellas que adoptan las estructuras
organizativas y los comportamientos o signos externos que caracterizan a las
organizaciones militares y que tratan de utilizar, para la consecución de sus
fines, medios violentos, al margen del Estado.
Mientras que las asociaciones secretas son aquellas en las que sus
miembros acuerdan premeditadamente mantener en secreto la propia
existencia de la asociacion, sus fines y la identidad de sus miembros.
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Por otro lado, la Constitución declara ilegales a las asociaciones que
persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.
Este derecho se encuentra desarrollado por la Ley Organica 1/2002, de
27 de marzo, reguladora del derecho de asociación.
1.9.‐ LA LIBERTAD PERSONAL: LAS GARANTIAS DE LA DETENCION
PREVENTIVA.
La libertad es uno de los bienes más importantes de la persona, que se
nos presenta como un valor superior del ordenamiento jurídico.
Una de las manifestaciones más significativas que garantiza ese valor
superior es la libertad personal contemplada en el artículo 17 C, esto es, la
libertad frente a la detención, condena o internamientos arbitrarios. Este
precepto recoge una serie de mecanismos encaminados a proteger
juridicamente la libertad personal.
El parrafo primero del artículo 17 C. dispone expresamente que "toda
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de
su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los
casos y en la forma previstos en la ley". Lo que se trata de garantizar es que
nadie pueda ser privado de su libertad si no es por una circunstancia
legalmente establecida y con arreglo a un procedimiento también
preestablecido por la misma norma legal. Toda privación de libertad que no
cumpla estos requisitos supone una vulneración del derecho a la libertad
personal reconocido en el referido articulo 17.1 C.
La causa más habitual de privación de libertad es la detención y a ella se
refiere el parrafo segundo del artículo 17 C. donde se dispone que "la
detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario
para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos, y , en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido
deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial". Este
artículo contiene dos limites temporales frente a la detención: uno de ellos es
el plazo máximo de setenta y dos horas, trascurridas las cuales el detenido
deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Pero, el
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autentico limite, no son esas sententa y dos horas, sino que la detención "no
podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos". Por tanto, si las
averiguaciones concluyesen antes de las setenta y dos horas, resulta obligado
poner al detenido en libertad o a disposicion judicial, pues la prolongación en
este caso de la detención vulneraría el derecho a la libertad.
El artículo 17. 3 C. recoge las garantias de las condiciones de la
detención, afirmando que "toda persona detenida debe ser informada de
forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las
razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garatiza la
asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los
terminos que la ley establezca".
Al detenido ha de informarsele, por una parte, de las razones que han
provocado su detención y por otra parte, de los derechos que le asisten. Ambas
informaciones han de facilitarsele de forma inmediata y de modo tal que le sea
comprensible, lo que incluye la intervención de un interprete si el detenido no
comprende el castellano.
Los derechos que asisten al detenido son:
a) Derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar
alguna de las preguntas que se le formulen, o a manifestar que sólo
declarará ante el Juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a
las diligencias policiales y judiciales de declaración,
d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que
desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en
cada momento.
e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un interprete.
f) Derecho a ser reconocido por el medio forense.
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Por último la Constitución en su artículo 17. 4 establece un
procedimiento de salvaguarda de la libertad personal, el llamado n
procedimiento de "habeas corpus". Mediante este instituto se permite a
cualquier persona privada de libertad solicitar la intervención del juez para que
verifique la legalidad de su privación de libertad o las condiciones en que tiene
lugar dicha privación.
1.10.‐ DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
El artículo 24 C. reconoce a todas las personas el derecho a obtener la
tutela judicial efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legitimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión.
Se trata de un derecho complejo, integrado por una diversidad de
derechos que asisten a las personas ante los órganos judiciales, de los que
podemos señalar los siguientes:
a) El derecho de libre acceso al proceso:
El derecho a obtener la tutela judicial efectiva tiene como primer
contenido, el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte
en un proceso, pudiendo promover una actividad jurisdiccional que
desemboque en una decisisión judicial sobre las pretensiones planteadas.
b) El derecho de defensa sin que pueda producirse indefensión.
En el curso del proceso, el contenido de la tutela judicial se centra en el
derecho a no sufrir indefensión, lo que significa que en todo proceso judicial
debe respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes, mediante la
oportunidad de alegar y justificar los respectvos derechos e intereses.
Una importante consecuencia de la prohibición de la indefensión es el
derecho a utilizar los medios de prueba que se consideren pertinentes.
También para asegurar el derecho de defensa, se prevé el derecho a la
asistencia letrada, con el proposito de que todos tengan posibilidades de
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defender sus derechos en condiciones de igualdad. Estableciendo a este
respecto, el artículo 119 C. que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga
la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos
para litigar",
c) El derecho a la obtención de una resolución fundada en Derecho.
El derecho a la tutela judicial efectiva comprende tambien el derecho a
que se dicte una resolución fundada en Derecho, debidamente motivada, en la
que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto que le ha sido sometido.
d) Derecho a ejercitar los recursos legalmente establecidos:
El derecho a la tutela judicial efectiva incluye también el derecho a la
revisión de la resolución, siempre que ello esté legalmente previsto.
e) El derecho a la ejecución de la sentencia.
Por último señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva exige
también que el fallo judicial se cumpla. Lo contrario seria convertir las
decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan,
en meras declaraciones de intenciones, sin valor alguno.
1.11.‐ EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO.
A) EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO:
El artículo 23.1 C. consagra el derecho de participación en los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en
elecciones periodicas por sufragio universal".
Este artículo recoge dos modalidades de participación en los asuntos
públicos: la participación directa y la participación por medio de
representantes.
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La participación directa, se manifiesta en el derecho al voto de los
ciudadanos en las distintas modalidades de referendum que regula nuestra
Constitución, que son las siguientes:
a) El referendum consultivo previsto en el artículo 92, que permite que
las decisiones políticas de especial trascedencia puedan ser sometidas a
referendum consultivo de todos los ciudadanos.
b) Los referendums autonomicos, aquellos que la Constitución prevé en
relación con distintos momentos del procedimiento de acceso a la
autonomia, recogido en el artículo 151.1 y 151.2, 3º y 5º.
c) El referendum de ratificación de una reforma total de la Constitución
recogido en el articulo 168.3, que tiene caracter obligatorio y el
referendum de ratificación de una reforma parcial de la Constitució,
recogido en el articulo 167.3 que es meramente facultativo.
La participación indirecta, es decir, por medio de representantes, se
concreta, en el derecho a votar en las elecciones periodicas para elegir a los
representantes en todas las instituciones representativas: nacionales,
autonomicas, municipales y al Parlamento Europeo.
B) EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO
El artículo 23.2 de la Constitución reconoce que "los ciudadanos tienen
derecho a acceder, en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes".
Este derecho de sufragio pasivo tiene una doble vertiente:
1.‐ Derecho de acceso a los cargos públicos: Es el derecho a ser elegido
para un cargo representativo, asi como también el derecho a mantenerse en
dicho cargo sin poder ser privado del mismo por una voluntad ajena a la
manifestada por los electores.
2.‐ El derecho de acceso a funciones públicas: El derecho reconocido en
el artículo 23.2 C. tiene una segunda dimensión, el derecho de acceso a las
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funciones públicas en condiciones de igualdad. Lo que supone que la protección
de este artículo se extiende, no sólo a los cargos públicos electivos, sino
también a aquellos que se cubren por procedimientos distintos de la eleccion
(concursos, oposiciones, etc)
1.12.‐ DERECHO A LA ENSEÑANZA
El derecho a la enseñanza se encuentra regulado en nuestra Constitucion
en su articulo 27.
1.13.‐ DERECHO DE SINDICACION Y DE HUELGA.
El párrafo 1 del articulo 28 de nuestra Constitucion reconoce a los
ciudadanos el derecho a sindicarse libremente.
Mientras que el párrafo 2 de ese mismo articulo 28 reconoce el derecho
a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
1.14.‐ DERECHO DE PETICION.
El artículo 29 de la Constitucion, recoge este derecho de petición,
afirmando que:
"1.‐ Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y
colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
2.‐ Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos
sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente
y con arreglo a lo dispuesto en su legislacion especifica"
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