DERECHO PRIVADO (*) DAÑOS POR PRODUCTOS ...

Tercero. El segundo motivo (art. 1.692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada) considera que no se
han observado las normas esenciales el juicio, y que se ha violado el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil precedente. Empero el recurrente confunde en su argumentación el ámbito propio de la incongruencia que
exige incoherencia de la respuesta judicial en función de las pretensiones de las partes, con el ámbito de la
valoración de la prueba sobre el que insiste con una referencia a las presunciones que, desde luego, no se
concreta en la imposibilidad de combatir los hechos probados, esto es, en la alegación de una regla de prueba
legal concreta que se haya violado sin que sea admisible razonar diciendo que, en el caso no se tuvieron en
cuenta pruebas evidentes y palpables incorporadas a los autos que demostraban lo contrario de aquello otro
deducido por el Juzgado sobre testifícales partidistas y, por tanto, con una razonable duda respecto a su
imparcialidad. Por tanto, el motivo se rechaza.
Cuarto. El tercero de los motivos acusa, por cauce incorrecto, la violación del artículo 24 de la
Constitución Española que se trae a causa de casación sin explicación posible, reiterando argumentos ya
examinados y estimados inviables respecto del fin pretendido. En consecuencia, decae.
Quinto. El cuarto motivo que se aduce, ahora ya sin expresión de cauce procesal alguno, denuncia la
vulneración de los artículos 25 y 27 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, de consumidores y usuarios, también ha
de ser desestimado, pues aparte las razones que se establecen al respecto en la sentencia recurrida, es lo
cierto que la pretensión el recurrente acerca de la necesidad de la prueba de la manipulación incorrecta de los
productos, se solapa con la prueba practicada reveladora de la exactitud de las normas aplicadas en función de
los hechos descritos en el fundamento jurídico primero de esta sentencia.
Sexto. En cambio debe prosperar el motivo quinto que invoca la infracción del artículo 523 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (art. 1.692.4) acerca de la imposición de costas al recurrente en la sentencia de primera
instancia, conformada por la recurrida ya que, en efecto, la demanda fue estimada parcialmente y, no en la
totalidad cuantitativa de su petitum. La acogida del motivo, exime, por tanto, de la referida condena.
Séptimo. La estimación del último motivo determina la casación parcial de la sentencia que debe ser
modificada exclusivamente en cuando al particular señalado. Las costas de primera instancia, así como las del
presente recurso, deberán satisfacerse, por tanto, por cada parte las suyas. Se mantiene el pronunciamiento
sobre las costas de la segunda instancia.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.
FALLO
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