Informe Final

siguen gozando de impunidad respecto al castigo 178 . A pesar de que abusos tales
como las esterilizaciones forzadas han sido documentados, las autoridades han
desestimado las violaciones como incidentes aislados, y los profesionales de la
salud defienden de manera paternalista sus acciones como beneficiosas para sus
pacientes, “con la intención de evitar daños mayores” 179 . A la luz de estas
protecciones legales, las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas podrían
hacer reclamos a nivel nacional para remediar las injusticias cometidas contra
ellas.
Sin embargo, la mayor parte de la protección legal nacional no puede
hacerse respetar o es inaccesible a las mujeres de bajos ingresos víctimas del
Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria 180 . Por lo tanto, las denuncias
ante los organismos regionales o internacionales de derechos humanos también
son reclamos válidos y aplicables 181 . La Convención Americana, por ejemplo,
protege los derechos individuales a la vida; la integridad personal; la salud; al
consentimiento libre e informado; a la privacidad, la igualdad y la no
discriminación 182 . Los profesionales de la salud pública violaron estos derechos al
realizar cirugías innecesarias en las víctimas sin obtener consentimiento
informado, y cuando en determinadas circunstancias no realizaron exámenes
178 Ver CLADEM y CRLP, nota 55 supra, 42–43.
179 CLADEM y CRLP, nota 55 supra, 43.
180 Ídem, 41–48; para información general, ver Center for Reproductive Rights y Estudio para la defensa de
los Derechos de la Mujer (DEMUS), Women of the World: Laws and Politics that affect their reproductive
lives, Latin America and the Caribbean, 170–192 (1997); Center for Reproductive Rights y Estudio para la
defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Women of the World: Latin America and the Caribbean
Progress Report 2000, 83–102 (2001) (sobre las leyes concernientes a la salud y vida reproductiva de las
mujeres en el Perú).
181 Para que un reclamo sea admisible, la solicitante deberá probar antes que ha agotado todas las instancias
locales, o que existen circunstancias especiales que hacen imposible agotar dichas instancias. Para una
explicación más completa, ver Thomas Buergenthal, The U.N. Human Rights Committee, 5, Max Planck
Yearbook of United Nations Law, 341, 364–381 (2001). Ver también el caso Velásquez Rodríguez (29 de
julio de 1988), Corte Interamericana de Derechos Humanos (Serie C, Nº 4).
182 Ver Convención Americana, nota 172 supra, artículos 4, 5, 7, 11 y 24.