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El atolladero europeo
En una época denominada “global”, el crecimiento económico ya no promueve la inclusión
social, el consenso político o la adhesión a los valores y principios de la democracia liberal.
En el cambio de milenio, las economías avanzadas noratlánticas se han comportado con una
notable eficacia desde el punto de vista de los negocios de las grandes empresas. Sin embargo,
no se ha detenido el crecimiento de la pobreza ni la desigualdad social, ni tampoco
se ha frenado la crisis de la democracia liberal y los derechos de ciudadanía. Semejante situación
difiere con crudeza de las “tres décadas gloriosas” de Europa tras la Segunda Guerra
Mundial, cuando el crecimiento económico sostenido estuvo asociado con el desarrollo
del Estado de bienestar y el reforzamiento de la ciudadanía social.
100 VANGUARDIA | DOSSIER
Carl-Ulrik Schierup
PROFESOR DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA VIDA LABORAL
Y DE LA UNIVERSIDAD DE LINKÖPING (SUECIA).
C/E.: CARL-ULRIK.SCHIERUP@ARBETSLIVSINSTITUTET.SE
U
NO DE LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS
de este atolladero es la prolongada
crisis y reestructuración
del Estado de bienestar
moderno, puesta de manifiesto
a mediados de la década
de 1970 e intensificada durante
las décadas de 1980 y
1990. Tales procesos conllevaron una creciente
exclusión permanente de grupos considerables
de población de los derechos sociales establecidos
en los estados liberales democráticos. Ello
implica, como expresó Ralf Darhendorf hace ya
20 años, que la ciudadanía nacional está convirtiéndose
de forma gradual en un estatuto más
exclusivo que inclusivo; los procesos de erosión
de los derechos civiles, políticos y sociales siguen
avanzando, muy a menudo de forma encubierta
e irregular, como ha argumentado Saskia
Sassen en su reciente libro Territory, Authority,
Rights (2006).
De hecho, la noción de “exclusión social” es
problemática y ambigua. Sin embargo, si se entiende
en su sentido original transnacional acuñado
en el Programa de la Pobreza de la Unión
Europea a principios de la década de 1990, denotaría
“la negación de la ciudadanía”, esto es,
la negación sustancial del derecho y la capacidad
normal de participar con plenitud en la so-
ciedad, tal como sancionó la edificación la ciudadanía
y el tipo de contrato social sobre el que
se han asentado típicamente los estados de bienestar
nacionales de las democracias liberales. Así
pues, la idea de exclusión social ha adoptado
una plétora de nuevas formas en respuesta a la
globalización, las nuevas tecnologías, la reestructuración
económica, así como al surgimiento
de nuevas demandas y regímenes de flexibilización
de la vida laboral.
Las crecientes dificultades para hacer frente
al sector de desempleados permanentes de la
población debido a la disminución de los planes
de subsidio de desempleo y la reducción de la
asistencia social, la categoría en aumento de los
sin techo, la feminización de la pobreza, la concentración
de los desempleados y los pobres
entre los jóvenes, la concentración de los desfavorecidos
en barrios segregados o la expansión
de trabajos con bajos salarios, es decir, de los llamados
trabajos atípicos propios de los sectores
liberalizados y no regulados del mercado laboral,
son sólo algunos de los múltiples problemas
de la denominada “nueva pobreza”, que no ha
dejado de crecer en lugar de retroceder en este
último cuarto de siglo en uno de los bloques económicos
más poderosos del mundo. Tal como se
describe mediante el término político oficial “exclusión
social”, esta multiforme misére du monde