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Algunos elementos para
comprender a los ‘irregulares’
106 VANGUARDIA | DOSSIER
Giuseppe Sciortino
DOCTOR EN SOCIOLOGÍA. IMPARTE CLASES EN LA UNIVERSIDAD DE
TRENTO (ITALIA). SUS PRINCIPALES CAMPOS DE INVESTIGACIÓN SON LAS
MIGRACIONES INTERNACIONALES Y LA TEORÍA SOCIOLÓGICA
LOS PROCESOS MIGRATORIOS IRREGULARES SON
el producto de la interacción de dos procesos
sociales distintos: la movilidad humana
a través de los espacios sociales y
la aspiración al control de tales espacios
por parte de los estados. La irregularidad
migratoria es un estatus jurídico,
que describe la relación social del inmigrante
con uno o más estados: la relevancia empírica de
dicho estatus varía notablemente en los distintos períodos
y en referencia a distintos contextos. El hecho de
que un extranjero sea clandestino es sin duda alguna
importante para el policía del departamento de extranjería.
Es bastante importante para los empresarios
y propietarios de viviendas. Importa muy poco a los
propietarios de bares y potenciales amigos. Es meramente
una cuestión de procedimiento para los muchos
trabajadores sanitarios italianos o españoles, que sólo
tienen el problema de entender a quién imputar los costes.
Es del todo insignificante para las empleadas de supermercado
y los estancos.
Cada una de estas interacciones podría ser distinta.
En Alemania, la irregularidad jurídica del paciente
puede ser un terrible problema de conciencia para los
trabajadores sanitarios, que deben decidir si respetar o
no la obligación de notificar a la policía al extranjero
atendido. En Estados Unidos, el propietario de una vivienda
que insistiera en controlar la regularidad del permiso
de estancia del arrendatario lo hace por su cuenta
y riesgo. En la buena y vieja Unión Soviética, la empleada
del supermercado tenía el derecho, y en muchos
casos el deber, de verificar la identidad del comprador
de unos pepinos. En Italia, para dormir en un hotel es
necesario mostrar un documento. En el Reino Unido,
legiones de “señores y señoras Smith” duermen todas
las noches en los hoteles de la isla.
A esto se puede añadir una consideración dinámica.
Los estados son capaces de, con un solo trazo de bolígrafo,
transformar cientos de miles de inmigrantes
clandestinos en extranjeros residentes. Ha ocurrido en
casi todos los países europeos y es un fenómeno que tiene
lugar con particular frecuencia en la Europa meridional.
Del mismo modo, los cambios constitucionales
o legislativos pueden transformar de un día para otro
a individuos presentes de manera legal o semilegal en
extranjeros irregulares.
Compliquemos el panorama aún un poco más. La
diferencia entre sistemas migratorios legales e irregulares
no deriva del tipo de flujos en tanto que tales.
Deriva de la existencia de una tensión estructural entre
las precondiciones sociales y políticas de los flujos migratorios.
Las políticas migratorias muy liberales no producen
flujos migratorios relevantes en ausencia de
una demanda de entradas por parte de potenciales inmigrantes
y de una demanda de trabajo estructural en
el país de inserción. Las políticas fuertemente restrictivas
pueden, por el contrario, coexistir con flujos migratorios
relevantes si en las sociedades de llegada existe
una constelación de condiciones que permita el ingreso
y la permanencia aun a pesar de dichas políticas.
Respecto a la complejidad del fenómeno de la inmigración
irregular, el debate civil y político tiende a
simplificarse excesivamente. Se buscan soluciones simples
a problemas complejos, culpables únicos para
culpas múltiples. Quizá sea conveniente tomarse un poco
de tiempo para examinar brevemente las condiciones
estructurales de los flujos irregulares, su anatomía,
sus canales de entrada. Obtendremos un cuadro menos
pintoresco, pero puede que más útil, de todos los que
circulan actualmente entre la opinión pública y los políticos.
Por qué impedir la inmigración
irregular es difícil
Todos los estados contemporáneos reivindican el derecho
a decidir sobre la composición de su población.
Es más, el control de la movilidad espacial a través de
las propias fronteras es una de las prerrogativas –y de
las expectativas– más importantes que acompañan a la
reivindicación de una soberanía sobre un territorio.
Aun así, como se ha visto antes, eso no
quiere decir que los estados tengan efectivamente
un control absoluto sobre
las entradas y salidas. Aún menos, que
la vida social que tiene lugar en su territorio
sea transparente. Por contra,
los estados modernos varían mucho
en la capacidad de controlar y sancionar
las transacciones sociales que tienen
lugar en su territorio. En términos
migratorios esto quiere decir que el
significado social de la irregularidad depende
de dos cosas: 1) de la cantidad y
calidad de las transacciones sociales
que están jurídicamente vinculadas a la
disponibilidad de una identidad certificada;
2) del grado efectivo de implementación
de dichas normas en la vida
social concreta.
Una hipotética sociedad donde todas
las transacciones sociales estuvieran
vinculadas a la posesión de una identidad
legítima y donde la transparencia
fuera completa no sería una sociedad
particularmente agradable en la que vivir,
pero se puede estar razonablemente
seguro de que no poseería una inmigración
irregular notable.
Existen, además, dos dimensiones
específicas que no deben descuidarse,
en tanto que imponen límites a la capacidad
efectiva de los estados para
conseguir un control sobre la composición
de su población. La primera tiene
que ver con el hecho de que los estados
liberales contemporáneos respetan normas
que –dado que extienden a los extranjeros
protecciones importantes tanto
relativas a la investigación como a la
sanción– limitan en gran medida el
propio grado de control. Los estados
occidentales, por ejemplo, han renunciado
intencionadamente a los instrumentos
de control, ampliamente practicados
en otros países, como torturar al
sospechoso irregular hasta que éste entregue
su documento de identidad, empujar
a aquellos que intentan atravesar
la frontera hacia un campo minado, o
expulsar coercitivamente y de un día
para otro a decenas de miles de personas
basándose sólo en una simple decisión
administrativa. Además, los mismos
estados han suscrito libremente
acuerdos internacionales –el primero
de ellos la Convención de Ginebra– que
limitan aún más lo que un Estado puede
hacer con los extranjeros irregulares.
En este sentido, y por suerte, muchas de
las dificultades para impedir la inmigración
irregular no representan una
señal de la crisis de Occidente sino, más
bien al contrario, la prueba de que la
tradición liberal sigue vivita y coleando.
El segundo motivo es en cambio
de orden práctico. Reprimir un flujo
irregular –manteniendo los vínculos
jurídicos antes mencionados– es cosa
compleja. Requiere hombres preparados,
procedimientos racionales, tiempo
y recursos de investigación adecuados.
Requiere bases de datos operativas, instrumentos
dactiloscópicos con márgenes
de error aceptables, interconexiones
entre sistemas informáticos, intérpretes,
centros de detención fiables y
que funcionen, y una representación
diplomática que no se limite a una sinecura.
Se trata de recursos escasos en
todos los estados democráticos. Y requiere,
y no es cuestión baladí, un presupuesto
adecuado: controlar, identificar
y expulsar son todas operaciones
más bien costosas.
Por último, existe un problema de
consenso. Existen pocas dudas de que,
como demuestran los sondeos, la opinión
pública está regularmente cansada
de la inmigración irregular. En los
distintos países europeos se proporcionan
motivos diversos para temer la inmigración
irregular, pero se coincide en
el hecho de temerla. Con todo, esto no
significa asustarse de nuestra señora
de la limpieza o del muchacho que nos
trae la cerveza en el bar. Si la policía expulsase
a la primera, supondría un
buen problema para nuestra familia, y
si lo hiciese con el segundo, muchos de
los parroquianos insistirían en que la
policía “lo persigue”. Aún se apreciarían
menos los retrasos que la introducción
de controles aleatorios de documentos
comportaría en nuestra vida cotidiana
o la “demasiada” burocracia que un
programa de represión del trabajo irregular
impondría a los empresarios. Y los
operadores turísticos no entienden por
qué las embajadas irritan tanto antes de
conceder un visado. Las sociedades con-
temporáneas son sociedades complejas
donde a menudo lo que declaramos
que queremos –impedir la inmigración
irregular– se opone a lo que estamos
dispuestos a aceptar –la
ingerencia de la policía, la burocracia,
la violación de la intimidad.
Los inmigrantes irregulares
no son todos iguales
Una segunda consideración que
hay que desarrollar es que los inmigrantes
irregulares son todo menos
una categoría homogénea. El mundo
de la inmigración irregular está de hecho
compuesto por un mosaico de categorías
muy distintas. A nivel europeo
se prefiere no dar relevancia a la
existencia de un problema que no se
puede dejar de lado: no existe una definición
unívoca de inmigrante irregular
válida en todos los estados de la
Unión Europea. A decir verdad, los países
miembros ni siquiera consiguen
ponerse de acuerdo sobre la nomenclatura
mínima necesaria para publicar
tablas estadísticas sobre la inmigración
irregular basadas en datos de significado
homogéneo.
Dada esta situación, lo que podemos
hacer es identificar algunos segmentos
–caracterizados por relaciones
específicas de protección respecto a las
intenciones restrictivas de los estados de
Europa occidental– y analizar sus lógicas
de funcionamiento.
Partamos del segmento favorito:
los inmigrantes irregulares que resultan
protegidos de la acción represiva del
Estado gracias a las reglas, constitucionales
o de derecho internacional, reconocidas
por el propio Estado. Tomemos
el caso de los potenciales peticionarios
de asilo. Estos peticionarios no pueden
ser considerados culpables por un eventual
ingreso clandestino, y su entrada
no está sometida a cuotas o limitaciones.
La entidad de este segmento es despreciable
en muchos países mediterráneos,
donde una mezcla de negligencia
administrativa y discrecionalidad en
las decisiones convierte el canal del asilo
en poco utilizado. Pero es bastante relevante
en Alemania, y en menor medida
en Francia y el Reino Unido. Por lo
VANGUARDIA | DOSSIER 107