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Seguimiento a las plantas de sacrificio de ganado bovino y porcino en Colombia
La pertinencia e importancia de este trabajo de investigación se percibe al registrar una muestra
de plantas de sacrificio de ganado bovino y porcino correspondiente al 100% de plantas Clase I,
II y III y al 24% de plantas clase IV y mínimo, para un universo muestral de 335 municipios en 29
departamentos.
En la recolección de esta información participaron los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
con sede en las capitales de los departamentos del país, asistidos en esta labor por los funcionarios
de las Secretarías de Salud y de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Con los datos obtenidos a través de este estudio se lograron identificar factores de riesgo dentro del
proceso productivo que afectan la seguridad del producto (Inocuidad) y la protección del ambiente,
y que para efectos de este informe se han denominado “No Conformidades”, las cuales pueden ser
tanto de carácter ambiental que generan problemas de vertimientos, disposición inadecuada de
residuos sólidos y olores ofensivos, como de carácter sanitario que presentan contaminación del
producto en detrimento de la salud. A su vez estas “No Conformidades” pueden ser críticas, mayores
y menores, las cuales deben ser atendidas a la mayor prontitud.
Es así como se ha encontrado que la planta de sacrificio ubicada en el Municipio de Malambo en el
Departamento del Atlántico, clasificada como planta Clase I, cuenta con seis “No Conformidades”
críticas que hacen que la planta no cumpla con los requisitos exigidos para su funcionamiento.
También se observó que la planta de sacrificio ubicada en Aguachica, Departamento del Cesar,
catalogada como Clase II, cumple con todos los requisitos sanitarios pero no tiene permiso de vertimientos
por parte de la autoridad ambiental.
Igualmente, los mataderos de Clase III ubicados en los Municipios de La Dorada - Caldas, Tunja
– Boyacá y Sabanagrande – Atlántico, no cumplen con lo estipulado para usos del suelo dentro
del POT respectivo. Adicionalmente, para los mataderos Clase IV y mínimo se tiene que el 81% no
cumple con requisitos y lo que es peor, el 41% todavía sacrifica en el piso.
Del análisis y evaluación de la información se infiere que las plantas de sacrificio animal están
atomizadas a lo largo y ancho del país, de hecho existe un mayor porcentaje de mataderos clase
IV y Mínimo, lo que lleva a inferir que no hay una racionalización en su localización ni por factores
poblacionales, ni de mercado, ni de vías de comunicación y distancias; es decir, no hay planeación
en el desarrollo de la actividad.
Los mataderos de esta Clase son en un alto porcentaje de propiedad de los municipios, lo que
confirma la cultura de que cada municipio debe ser el dueño de su propio matadero sin consultar la
normativa vigente y los factores ambientales, sanitarios y de mercado que las haga viables.
A pesar de que entró en vigencia una nueva normativa sanitaria que derogó los Decretos 2278 de
1982 y 1036 de 1991, el estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación no pierde vigencia,
toda vez que la información contenida en este, se convierte en la línea base para la implementación,
seguimiento y aplicación de las normas que entrarán a regir esta materia y donde el concepto
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios