José Ignacio Fortea Pérez, Las Cortes de Castilla y León bajo los ...

Hacienda y sin contar, pues, con la anuencia de las Cortes (o sólo en muy pequeña medida
con su autorizada voz). Las Cortes habían sido la primera figura política del régimen tributario
castellano-leonés hasta ese instante concreto. Ya no lo eran por motivos prácticos. Las
nuevas vías de riqueza nacen, al menos en una primera fase del reinado, de la voluntad del
rey, quien va a decretar por su solo criterio, debidamente aconsejado o formado, la venta de
vasallos, villas, jurisdicciones y oficios, la aparición de nuevos estancos (solimán, azogue,
naipes) y de nuevos derechos, así como la incorporación de ciertas rentas a la Corona declarada
de modo unilateral. Esto lleva a la airada respuesta del reino en Cortes en los años
1566-1567, un reino que acaba por dar la razón al rey, tras cruce de memoriales, representaciones,
quejas y compensaciones, y que ve cómo ese Consejo de Hacienda asciende como
un monstruo que fagocita todas las cuestiones jurisdiccionales referidas al erario público,
aunque se le trate de controlar con un recurso final ante el Consejo de Castilla. Se abren
grietas en la solidez que las Cortes presentaban como única instancia negociadora. Las ciudades
reclaman y actúan como entidades propias directamente frente a la Corona, lo que
supone confirmar un claro triunfo regio en sede fiscal y un menosprecio del reino como
unidad acreditada en las Cortes que pierden ese aura de transacción que había dirigido la
vida del reino en tiempos de Carlos I [III. Crisis y nuevo comienzo. Las primeras Cortes del
reinado de Felipe II (1558-1571), pp. 123-159]. El dilema seguía planteado y la Economía
no respetaba tiempos, ni plazos. Había que actuar de inmediato. Las bancarrotas se suceden.
Felipe II debía afrontar una renovación del aparato fiscal, incluido el organizativo lo
que llevaría a choques con las ciudades por la presencia de administradores regios en contra
de sus privilegios seculares. Tres etapas se suceden en su reinado que ensayan tres modelos
económicos diferentes. Una primera, ya vista, entre 1556-1573, dominada por dos medidas,
como eran el incremento del encabezamiento y la creación de nuevos impuestos al margen
de las Cortes, es decir, una etapa de decisiones personales guiadas por el Consejo de Hacienda.
Una segunda fase se centra en las alcabalas y en los nuevos encabezamientos, abriendo
la posibilidad de recuperación del espíritu pacticio previo, aunque sin renunciar a la
capacidad directiva suprema del rey. Finalmente, un tercer momento, desde 1588 en
adelante, se singulariza por la aparición de los millones en el año 1590 y la consolidación
de la vertiente negociadora de antaño (con algún fracaso como el servicio de 1596), lo que
supone volver a concebir a las Cortes como sujeto preeminente en sede financiera, sin cuyo
asentimiento nada se podía hacer. En la órbita de los millones, el reino, las ciudades y las
Cortes se encontraban perfectamente instalados al ser un tributo que perfeccionaba la
dinámica pactista o negociadora de los tiempos pasados: eran socorros temporales para
fines específicos y bajo determinadas condiciones, lo que suponía limitar la capacidad del
rey y bloquear cualquier deriva absolutista, aspecto éste en el que se debería haber insistido
como consecuencia lógica de lo hasta ahora expuesto. Porque, hay que decirlo, se echa en
falta un seguimiento de esta deriva política, que arranca de las discusiones económicas, una
proyección de la misma a otros campos, a modo de corolario. No estaba debatiéndose solamente,
como el A. acierta a explicar, un modelo financiero, más o menos efectivo, centralizado
y operativo; había mucho más en juego. Estaba debatiéndose el modelo político en
su conjunto. El absolutismo de los Austrias no es lineal, ni uniforme, ni abarca todos los