José Ignacio Fortea Pérez, Las Cortes de Castilla y León bajo los ...

quién es el sujeto principal del reino y da respuesta al interrogante anterior: Cortes o ciudades
(sus oligarquías), según se ponga el acento en un reino institucionalizado y formalmente
incorporado a la asamblea, o bien en un reino desmembrado y solamente presente en
ese parlamento a modo de receptor de información, pero sin capacidad decisoria; las formas
de ejercicio del poder por medio de las Cortes en el campo fiscal a través de toda una cadena
de pactos y acuerdos, que proporcionaban autonomía y descentralización en la gestión
tributaria, sin menoscabo excesivo del poder regio central, al menos en el siglo XVI; la
naturaleza de los procuradores, en su doble papel de mandatarios de las ciudades, pero
también como ministros del reino, enfrentando la defensa del interés particular de cada localidad
con el interés general o común que les correspondía como partícipes en la vida
colectiva de ese reino; las figuras fiscales derivadas del acuerdo entre rey y reino en Cortes,
cuando éste fue posible, o bien las impulsadas por el rey con su Corte en singular, cuando
lo primero no fue factible, no se logró, no interesó o fue insuficiente para contener sangría
de los gastos, en donde aflora asimismo toda la retahíla de las cuestiones anteriores (qué
reino, qué Cortes, qué fiscalidad prevalece, la general o la local); la gestión de todo este
aparato financiero con las vicisitudes de la Comisión de Millones y su tránsito desde las
Cortes y su Diputación hasta el Consejo de Hacienda en 1658; la división provincial y la
paulatina centralización de esa gestión, en principio, abierta a las especialidades locales; en
fin, el choque entre una concepción judicialista de la forma y modo de gobernación del
reino (defendida por las Cortes, las ciudades y el Consejo de Castilla) y otra de tipo comisarial,
defendida por el rey y los suyos, impuesta por las urgencias de la guerra y orientada a
evitar conflictos internos, fraudes masivos y acelerar pagos e ingresos por medios expeditivos.
La vía fiscal es, en suma, una forma clara de acercarse a los alrededores de la maquinaria
política y también a los círculos más íntimos del poder, y de exponer qué era, en el
fondo (o qué idea se tenía acerca de lo que debía ser) la Monarquía en su conjunto, qué
significa la adición de territorios y de ciudades y bajo qué presupuestos se producía tal
unión agregativa, qué papel se daba a ese sustantivo milagroso que era representación que
no implicaba, ni presuponía la existencia de las Cortes como se vio a finales del siglo XVII,
sino que mostraba otras vía de implementarla, y cómo se combinaba todo bajo la presidencia
y dirección efectivas del rey. Recapitulación que pone punto final a la obra y que la
culmina, cómo no podía ser de otra forma, manteniendo la línea argumental de partida.
El A. ha sabido trazar con pulso firme esta Historia de las Cortes castellano-leonesas en la
Modernidad, una Historia menos conocida que la de otros períodos para la misma institución,
acaso por entender los historiadores, a modo de prejuicio científico, que el absolutismo
triunfante supuso la erradicación y laminación de plano de aquellas asambleas, pero Historia
igualmente interesante y apasionante por el papel trascendental que, contra todo tipo de
imagen previa y distorsionadota (en buena medida, procedente de la historiografía decimonónica,
desde Martínez Marina en adelante), jugaron para enderezar el rumbo errático
que la Monarquía parecía seguir, esto es, para regir, dirigir y corregir de conformidad con
la voluntad de reyes, validos y Consejos, o en contra de sus criterios, pensando siempre
desde perspectivas locales que no impedían que aflorase en ocasiones un precario e incipi-
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