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Ello por cierto trae ventajas. Más allá de sus particularidades, la experiencia internacional evidencia que los regímenes de mecenazgo presentan dos grandes beneficios. En primer lugar, generan importantes flujos económicos para la cultura. En Brasil, en el 2008, debido a la Ley Rouanet, se captaron US$270 millones (US$ 2.000 millones en los últimos diez años). En Chile, en el 2011 a través de la Ley Valdés, se alcanzaron los US$ 20 millones, cifra solo un poco menor al monto invertido ese año por el Estado en el financiamiento de los cinco fondos concursables de dicho país. En segundo lugar, permiten formalizar y profesionalizar los procedimientos para la obtención de fondos. El amparo legal contribuye a limar la relación jerárquica que muchas veces se establece entre los patrocinados y los patrocinadores, e incita la aparición de gestores culturales capaces de diseñar proyectos atractivos. Pero la existencia de normas en los distintos países de América Latina que estipulan modalidades de estímulo a la contribución privada en el financiamiento cultural, es evidencia patente del consenso que parece existir en la región en que, en las tareas del desarrollo cultural, es necesaria la participación de todos los sectores sociales. Las empresas por cierto, pero también las personas cuentan. La experiencia muestra que las políticas culturales más eficientes suelen ser las del ámbito tributario, especialmente cuando están planteadas dentro de un marco que contempla una intención manifiesta de promover un intercambio más eficiente entre el sector público y el privado y, donde además se promueve un tratamiento más adulto del contribuyente, dándole la ocasión de poder decidir, al menos parcialmente, a donde redireccionar una parte de sus impuestos. Hoy por hoy, y especialmente allí donde la crisis económica ha hecho más urgente asumir que el sector privado –empresas y personas-deben participar más activamente en el financiamiento de las iniciativas culturales y artísticas, el mecenazgo privado a la cultura se vuelve más acuciante. En efecto, tras varios años de “letargo” legislativo para el sector y con una legislación que bordea los cuarenta años de antigüedad, países como Francia y España se han visto en la obligación de tratar de introducirles reformas para hacer aún más atractiva la posibilidad de que las personas y las empresas hagan contribuciones a la cultura. Y está dando resultados. Se debe insistir en que hay que educar a las personas para que comprendan la enorme satisfacción de disfrutar de una cultura que además han tenido el enorme placer de contribuir a hacerla posible con su dinero y con su ventaja fiscal. Ello obliga en primer lugar a una reivindicación de los individuos como sujetos capaces de un protagonismo cada vez mayor en la cultura, que además está asociado a la idea más original del mecenazgo – vg. la RAE lo define como aportación personal. En este terreno las posibilidades son infinitas y podría llegar a cubrir un espectro de la cultura muy desatendido por los discursos empresariales o políticos. El mecenazgo individual puede impulsar una actividad cultural sin medir retorno porque no quiera otra cosa que la satisfacción personal, lo que es pura filantropía. Como en Estados Unidos, donde las donaciones de particulares están liberadas de impuestos hasta el cincuenta por ciento del ingreso de los contribuyentes y son realizadas a entidades sin fines de lucro que sólo requieren un certificado de
existencia y declaración de finalidades. De ese modo, es el contribuyente de a píe quien sostiene la gran calidad y cantidad de orquestas, teatros, museos y festivales que ese país mantiene y produce, repartidos en todo el territorio. Empresas, familias y fundaciones encuentran en estas contribuciones una excelente manera de devolver a la comunidad en cultura lo que han recibido en dinero y poder. Laserna, R. (2011). Filantropía y Desarrollo. Propuesta. Análisis. Revista Fundación Milenio(13), 71 - 86. Machado Pinheiro, F., & Gil Ureta, M. (2010). Donación empresarial: de la filantropía a la inversión social. Perspectivas CEES-UC(pp. 29). Santiago: Universidad Católica de Chile.
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