reseña de jurisprudencia - Colegio de Abogados de Pergamino

Instituto de Derecho del Trabajo · Instituto de Derecho Previsional
incapacidad que padece Maldonado
como consecuencia de las labores desarrolladas
para su empleadora, o del episodio
ocurrido en marzo de 1998 (vered.
4ta. cuestión, a fs. 677/678).
Así, en primer lugar la falta de cumplimiento
de las prescripciones del decreto
717/1996 a la que se alude en demanda
y se recoge en la séptima cuestión
del veredicto, no permite sustentar
imputación de responsabilidad alguna
en tanto el referido cuerpo legal -
como lo señala el recurrente- sólo regula
el procedimiento administrativo ante
las comisiones médicas. Y la genérica
afirmación de incumplimientos de medidas
de higiene y seguridad sin aludir
a qué medida y en qué modo pudo incidir
en la incapacidad del actor, en modo
alguno puede fundamentar la responsabilidad
de la aseguradora.
Por consiguiente mal pudo merituarse
por parte del tribunal del trabajo una
eventual falta de control del cumplimiento
de los planes de mejoramiento, puesto
que no fue motivo de controversia.
Así cabe reiterar que frente a la ausencia
de una concreta impugnación, no
pudo el tribunal de grado condenar en
forma solidaria a la recurrente por no
cumplir con lo dispuesto por los arts. 4
aps. 1 y 4, y 31 ap. 1 inc. “a” de la ley
24.557 a partir de los incumplimientos de
la empleadora, puesto que en modo alguno
la aseguradora codemandada
pudo orientar su defensa en tal sentido.
Al respecto es oportuno recordar lo
dicho por este Tribunal en el sentido que
el principio de congruencia importa conducir
el juicio en términos de razonable
equilibrio dentro de la bilateralidad del
contradictorio e importa que la sentencia
se muestre atenta a la pretensión
jurídica que forma el contenido de la
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disputa y resulta violado cuando el fallo
valora y decide circunstancias ajenas
a la forma en que ha sido planteado el
reclamo (conf. arts. 18, Constitución
nacional y 163 inc. 6°, Código Procesal
Civil y Comercial; causas Ac. 65.396, sent.
del 5-IV-2000; Ac. 67.181, sent. del 21-
III-2001; L. 71.273, sent. del 4-IV-2001)
de manera que las partes hayan podido
ejercer su plena y oportuna defensa.
Razón por la cual el fallo de grado
debe revocarse.
d. Atento lo precedentemente expuesto,
no corresponde la consideración del
restante planteo.
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar
al recurso extraordinario traído y
revocar la sentencia en cuanto dispuso
condenar en forma solidaria a “Mapfre
A.R.T. S.A.” (arts. 47, ley 11.653 y 163
inc. 6°, C.P.C.C.).
FALLO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION: B. 915. XLII.
Recurso de Hecho. «Busto, Juan Alberto
c/ QBE Aseguradora de Riesgos
del Trabajo S.A.»
ANTECEDENTES: la Sala VII de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo
confirmó en lo principal la sentencia
de primera instancia que había hecho
lugar al reclamo por accidente fundado
en el derecho común y, en lo que
al caso concierne, condenó solidariamente
a QBE Aseguradora de Riesgos
del Trabajo S.A. Contra dicho pronunciamiento
la aseguradora vencida interpuso
el recurso extraordinario cuya denegación
motivó la queja en examen.
La Cámara había dicho que el recurrente
no había efectuado una crítica
idónea respecto del incumplimiento de
los deberes de control que le incumbían,
pues el peritaje técnico, que no fue objetado,
daba cuenta de la inobservan-