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critica de la argentina
Miércoles 17 de junio de 2009
juicio oral por una protesta
Ambientalistas
criminalizados
Un fiscal salteño pidió que se juzgue a once
asambleístas por impedir en 2008 el paso de
cuatro camiones a la minera Bajo La Alumbrera.
Diego genouD
En una decisión inédita, un
fiscal salteño acaba de pedir
que se inicie un juicio
oral y público contra once asambleístas
acusados de impedir en
agosto de 2008 el paso de cuatro
camiones de la minera Bajo La
Alumbrera que pretendían circular
por un recorrido vedado
por una ordenanza municipal.
A fines de mayo, el fiscal correccional
Nº6 Facundo Ruiz de los
Llanos imputó a los miembros
de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados
del Valle Calchaquí-
Cafayate por el presunto “entorpecimiento
del normal funcionamiento
del transporte”.
Bajo La Alumbrera se instaló
en Catamarca en 1996 y es una de
los primeros emprendimientos
mineros de oro y cobre. Las de-
nuncias en su contra sostienen
que la explotación a cielo abierto
contamina no sólo en la provincia
en la que está afincada, sino también
en otras aledañas. Ruiz de
los Llanos hizo lugar a un pedido
de los encargados de la empresa
de transporte chilena Carmona,
que trasladaba en cuatro camiones
un tanque de grandes dimensiones
con destino a la mina. El 6
de agosto de 2008, los vehículos
intentaron atravesar un camino
municipal escoltados por Gendarmería
pero sin pedir permiso
a las autoridades locales.
El requerimiento judicial representa
una vuelta de tuerca en
la ofensiva de las mineras trasnacionales
por sofocar la oposición
ciudadana a la minería a
cielo abierto. Desde la Unión de
Asambleas Autoconvocadas, que
reúne a más de 70 organizacio-
el país
Piquete. La Unión de Asambleas reclama contra la explotación minera a cielo abierto.
nes vecinales en todo el país, aseguraron
a Crítica de la Argentina
que el pedido de juicio oral marca
un salto cualitativo en el proceso
de “criminalización de la protesta
ambientalista”. Si las mineras
replican este tipo de reacciones
estarían retomando el camino
de la judicialización frente a las
protestas sociales, tal como lo hicieron
en la década del 90 los gobiernos
nacionales y provinciales
para erradicar los cortes de ruta
de los desocupados.
Mariana Araujo integra la lista
de los once asambleístas imputa-
dos por el fiscal Ruiz de los Llanos
y está entre los vecinos que vienen
expresando su preocupación por
la disminución del caudal de agua
del río Santa María, que pasa por
Salta y se nutre de Campo Arenal,
el acuífero que utiliza la mina.
“Queremos saber cuánto mermó
el caudal. Hace treinta años que
no se hacen estudios de ese tipo”,
se quejó. Araujo vive en Cafayate
desde hace 13 años cuando, junto
a su marido, Claudio Gómez
–otro de los imputados– decidió
abandonar Buenos Aires en busca
de “un lugar más tranquilo”.
Araujo. Asambleísta imputada.
El pedido del fiscal contradice
una disposición que el Concejo
Deliberante sancionó por unanimidad
en octubre pasado. Se
trata de la ordenanza 13/08, que
prohibió el ingreso de camiones
en el ejido municipal y el transporte
de sustancias como cianuro,
mercurio o ácido sulfúrico. l