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“El Consejo minimizó el grave
estado de agrietamiento múltiple por
corrosión que afecta a elementos
de la vasija del reactor y otros
elementos del circuito primario,
aspectos incomparables con
ninguna otra central del mismo tipo
en Estados Unidos u otros países,
problema que Greenpeace viene
denunciando desde hace años”.
Pocos días después, José Luis Rodríguez Zapatero anunció el
cierre de la central para 2011, sorprendiendo al lobby nuclear, que
inmediatamente intensificó su campaña. Entre las mentiras esgrimidas
en contra del cierre, afirmaron que España importa electricidad, cuando
la realidad es que nuestro país es un exportador neto; o que el cierre
de Garoña implicaría un aumento del 10% del precio de la electricidad;
que su aportación energética es imprescindible; que se acabaría con
centenares de empleos directos, etc. El anuncio de Zapatero también
sorprendió al Ministerio de Industria, sometido al lobby nuclear, que
comenzó a maniobrar para torpedear el anunciado cierre.
Finalmente, el presidente del Gobierno cedió parcialmente a estas
presiones y contradiciéndose a sí mismo y al compromiso de su
programa electoral, anunció la prórroga del cierre de Garoña
hasta 2013. Prórroga anunciada por el ministro Miguel Sebastián,
abiertamente pronuclear, en rueda de prensa el 2 de julio.
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ONG’s ecologistas piden en el Día Mundial
del Medio Ambiente un futuro sin centrales
nucleares. © Greenpeace / Santi Burgos
Entrega de llave simbólica en el Ministerio 02
de Industria y Comercio pidiendo el cierre
de las centrales nucleares en España.
© J.F. Carrasco / Greenpeace
memoria
greenpeace
2009
01
Tan solo un mes después de este anuncio, la realidad volvió a darnos la
razón. La central sufría el 10 de agosto el incendio de un transformador
ubicado dentro del recinto. Anteriormente, en abril, la central burgalesa
sufrió tres accidentes más que demostraban su falta de seguridad.
Dos paradas no programadas, por fallos en las válvulas de seguridad y en el generador principal,
y la explosión de un transformador eléctrico, constataron que prolongar su vida útil no era sino
un grave error que ponía de manifiesto como los intereses privados y particulares de Endesa e
Iberdrola se anteponían al interés general de los ciudadanos y de la protección de la salud pública
y del medio ambiente.