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con principios acordados. Los países han enfrentado de manera distinta la cuestión de concederle derechos electorales a los convictos. En algunos casos se impone una prohibición total para registrar como elector a cualquier persona que haya sido condenada por cualquier delito; en otros se restringen esos derechos cuando la sentencia es por determinados delitos y/o cuando la sentencia excede determinado periodo; en unos más no se impone restricción alguna a los convictos. Es principio de justicia natural que cualquier ciudadano inhabilitado para votar lo sepa por anticipado. Esas inhabilitaciones deben estar claramente indicadas en el marco legal y no estar sujetas a la discrecionalidad de alguna institución o persona. Se requiere una vigilancia y un cuidado especial toda vez que el derecho al voto constituye un derecho humano fundamental. Lista de control • ¿Se garantiza a todos los ciudadanos que han alcanzado la mayoría de edad el derecho al sufragio universal y equitativo? • ¿Asegura el marco legal que los derechos electorales sean ejercidos de manera no discriminatoria y sobre la base del principio de igualdad ante la ley? • ¿Existen algunas limitaciones o restricciones al derecho al sufragio y, de ser así, están claramente justificadas por circunstancias excepcionales o basadas en normas reconocidas?
6. Organismos electorales Es conveniente que el marco legal disponga que el organismo depositario de la autoridad electoral (OAE) se integre y opere de una manera que asegure la independencia e imparcialidad en la administración de las elecciones. Panorama general El manejo de la administración electoral en algunas democracias establecidas suele estar a cargo de oficiales gubernamentales a nivel nacional o local, cuya neutralidad e imparcialidad son generalmente aceptadas por el electorado. Los tribunales ordinarios se encargan de resolver las disputas, toda vez que cuentan con una tradición de neutralidad e imparcialidad y disfrutan de la confianza del electorado. En las democracias emergentes se advierte una creciente tendencia a establecer organismos de administración electoral (OAE) independientes. Esto suele considerarse como un paso importante para forjar una tradición de independencia e imparcialidad, así como para generar confianza del electorado y los partidos políticos en los procesos electorales. Sin embargo, como no existe una norma internacionalmente reconocida en esta materia, en esta sección el término “organismo electoral independiente” implica un organismo electoral autónomo e imparcial. Para que un OAE sea creíble y efectivo, debe contar con fondos suficientes y oportunos, así como con recursos humanos (oficiales electorales) imparciales e independientes. Administrar elecciones democráticas requiere que el organismo electoral sea, y parezca, imparcial e independiente del gobierno y de cualquier otro interés. Éste es un tema crítico, toda vez que la maquinaria de administración electoral toma y ejecuta importantes decisiones que pueden influir en el resultado de las elecciones. Las circunstancias políticas específicas de cada país deben ser tomadas en cuenta cuando se evalúe el marco legal que rige a los organismos electorales. Integración de los organismos electorales Es conveniente que el marco legal determine el tamaño, composición y requisitos para formar parte del organismo electoral, así como los procedimientos para la designación y remoción de sus integrantes. Todos estos factores afectan la independencia e imparcialidad del organismo electoral. Entre los elementos que se pueden tomar en cuenta para la integración del organismo electoral, se encuentran los siguientes. Estructura de los organismos electorales Es conveniente que la estructura administrativa establecida por el marco legal incluya un organismo a nivel central o nacional con autoridad y responsabilidad exclusiva sobre cualquier organismo electoral subordinado. Puede haber organismos electorales subordinados de menor jerarquía, a nivel provincial o estatal en una federación, o de distritos o demarcaciones electorales, dependiendo de la magnitud de la jurisdicción electoral y del nivel de comunicaciones existente. El que se requieran organismos electorales adicionales de carácter intermedio dependerá del sistema electoral y de los factores geográficos y demográficos del país. En todo caso, es conveniente evitar la creación de organismos electorales superfluos o innecesarios. El núcleo básico de la estructura electoral lo constituyen las mesas de votación. Es clave que el marco legal defina con precisión y claridad la relación entre el organismo central y los organismos de menor jerarquía, así como entre todos ellos y la autoridades gubernamentales competentes, de ser el caso.
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