Informe de alegaciones (pdf, 455 kb)

extrema, por lo que el régimen de incentivos y los mecanismos contractuales, y no sólo los
compromisos, deberán ser revisados. En previsión de ello, se ha presupuestado una cuantía por
hectárea superior a la actualmente establecida por el PDR.
Por tanto las partidas presupuestadas para convenios con particulares se han calculado sobre la base
de las hectáreas comprometidas para cada medida y sobre los costes de la misma, y no sobre las
hectáreas totales del lugar, lo que no tendría sentido. Como costes, siguiendo las directrices de la
Comisión Europea y los reglamentos reguladores de las ayudas comunitarias, se ha computado el
lucro cesante, el sobrecoste de actuación y un valor de incentivo inferior al 20% de la ayuda; pero
no el lucro expectante o coste de oportunidad.
Mantener el estado de conservación favorable de los hábitats de interés comunitario es la obligación
que establece el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats. Según el
documento de la Comisión “Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats”,
esto significa adoptar de forma permanente en las zonas especiales de conservación (ZEC) las
medidas preventivas en actividades o acontecimientos pasados, presentes o futuros que puedan ser
causa de deterioro de hábitats naturales o de alteración de las especies que motivaron la
declaración del espacio, y aplicar a las actividades ya existentes las medidas de conservación
necesarias previstas en el apartado 1 del artículo 6, deteniendo el impacto negativo de la actividad
bien suprimiéndola, o bien tomando medidas correctoras, como puede ser una indemnización
económica.
En todo caso, se es plenamente consciente de la importancia que tiene el mantenimiento de ciertas
actividades, como es el caso de la ganadera, para el mantenimiento de los hábitats seminaturales; y
es por ello que el documento propone inversiones en mejoras de pastos e infraestructuras ganaderas
para mejorar la viabilidad de la actividad ganadera, y medidas que persiguen el reconocimiento de
las externalidades ambientales que genera la actividad ganadera y la firma de contratos que las
recompensen.
Todas las medidas beneficiosas para la biodiversidad que se establecen y pueden afectar derechos
de propiedad o requerir de la adopción de compromisos ambientales tienen carácter voluntario y
precisarán, tal y como se indica explícitamente en el documento, de acuerdos con los propietarios
que podrán incluir compensaciones económicas, u otros incentivos, como la prestación de servicios.
Y todo ello teniendo en cuenta que la Comisión y el Tribunal Europeo de Cuentas recomiendan
explícitamente evitar lo que se denomina “peso muerto” en el pago de ayudas, entendiendo como
tal el pago por actividades que se realizarían igualmente en ausencia de la ayuda. Este riesgo ha
sido identificado igualmente como uno de los mayores problemas de los sistemas de pagos por
servicios ambientales. Las ayudas deben plantearse a cambio de compromisos y el pago por servicios
ambientales promoverse en el caso de actividades que generen bienes públicos y que
desaparecerían, junto a los bienes públicos derivados, de no producirse un apoyo económico,
público o privado, mediante subsidios o mecanismos innovadores de mercado.
El artículo 8 de la Directiva establece la necesidad de cofinanciación comunitaria de la Red Natura
2000, y la COM 2004 sobre financiación de la Red Natura 2000 estableció, con el apoyo de la
mayoría de los Estados miembros, que era más efectivo para el desarrollo de la Red Natura 2000
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