Economía para todos

Economía para todos
B. ¿Cómo regular el gasto público?
El gasto público se decide de manera centralizada, de acuerdo con procedimientos establecidos en la Constitución
y las leyes. Sin embargo, hay una presión política permanente para aumentarlo, ya que las necesidades del país son
infinitas, sin reconocer que la escasez de los recursos no permite hacerlo todo.
En particular, cuando en circunstancias favorables el producto efectivo crece y llega a estar por encima del potencial,
hay un efecto positivo sobre los ingresos públicos. Crecen los ingresos de las personas y también las utilidades de
las empresas, con lo que el fisco recibe mayores impuestos. Esto contribuye a estimular el gasto fiscal, lo que puede
acelerar el crecimiento del producto efectivo y acentuar las presiones inflacionarias. Cuando las circunstancias
favorables desaparecen, el fisco encuentra que han caído sus ingresos, pero desea continuar con los gastos altos
para estimular la economía, sin tener los recursos para ello. La salida tradicional fue la de pedir préstamos al Banco
Central o a instituciones internacionales, con la idea de pagarlos cuando volviesen las circunstancias favorables.
Cuando estas volvían, en vez de pagar los préstamos se aumentaba nuevamente el gasto, lo que contribuía
a mayores fluctuaciones de la economía y, a la vez, a un creciente endeudamiento interno y externo que
eventualmente llevaba a nuevas crisis.
La salida a este tipo de disyuntivas fiscales está en ahorrar en los tiempos de bonanza para poder gastar en los
tiempos de escasez. En otros términos, se trata de manejar con cautela y austeridad los tiempos buenos en cuanto
a ingresos fiscales, para tener un margen al cual recurrir cuando los ingresos se debilitan, sin tener que aumentar
el endeudamiento y sin tener que introducir mayores fluctuaciones en el producto efectivo y en el gasto global.
Una manera de poner estas conclusiones en práctica es la de definir el gasto público en relación con variables
más estables de menor volatilidad, como por ejemplo el producto potencial. Cuando los ingresos exceden a los
gastos, se acumula un superávit. En cambio, cuando los ingresos son menores que los gastos, se echa mano al
superávit acumulado para financiar la diferencia, manteniendo el gasto de acuerdo con el crecimiento del producto
potencial. De esta manera, es posible calcular el crecimiento de los ingresos y los gastos públicos de manera que,
en el promedio de varios años, se dé un equilibrio, o un superávit, en las cuentas fiscales. Un superávit de este tipo
se llama superávit estructural.
En Chile, se cuenta con una política fiscal de este tipo. El fisco se ha fijado como meta, desde comienzos del año
2001, obtener un superávit estructural equivalente a 1% del PIB, con la finalidad de acumular, en promedio,
recursos que le permitan enfrentar problemas futuros o reducir sus deudas. Durante la última década del siglo
XX, el fisco de Chile obtuvo sistemáticamente superávit en sus cuentas; sin embargo, debido a una crisis en Asia
que se transmitió a todo el mundo, en los ultimos dos o tres años se registraron déficit fiscales, que se financiaron
recurriendo a los superávit acumulados en los años anteriores.
Esta política fiscal, generalmente prudente, ha sido una importante contribución a regular el crecimiento del gasto
global y a detener la inflación.
Un aspecto singular de la política fiscal chilena es el manejo de los ingresos provenientes de las exportaciones de
cobre. Para propósitos del presupuesto, se hace primero una estimación del precio del cobre que prevalecerá, en
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