Como los diez mandamientos, decálogo de buenos propósitos

cuotas. Para nada. Ha llegado el momento
de pensar en las otras mujeres,
las que no tienen todavía ningún horizonte.
Las que esperan.
México: La periodista Carmen Santiago:
¿otro crimen impune?
México, septiembre (SEMlac).-
Carmen Santiago Hernández,
periodista de 35 años, padece un cuadro
post traumático agudo, borró de
su recuerdo la agresión y golpiza que
le propinó su ex pareja, Ramón Rubén
Mora Peralta, el 25 de julio pasado, y
fue declarada incapaz jurídicamente, lo
que le impide volver al trabajo, cobrar
sus salarios y tener algún futuro
A la violencia machista que le produjo
fracturas múltiples de cráneo,
un coma inducido de dos semanas
y amnesia, se suma la indiferencia
de las autoridades gubernamentales
del estado de Guerrero, que no sólo
consintieron en liberar al agresor, sino
que no han protegido las necesidades y
derechos, tanto sociales como jurídicos
de Carmen.
A más de seis semanas del hecho, su
padre Walberto Santiago, de 75 años y
parapléjico, del que ella se hacía cargo,
estaba en casa de una pariente lejana
en el puerto de Acapulco, a una hora de
la capital de Guerrero. Allí también fue
ido a parar el hijo de Carmen, de cinco
años, que hasta antes de la golpiza
vivía con ella.
En Guerrero existe la ley 553 que
«asegura una vida libre de violencia
para las mujeres», y ahí, hace 25 años,
se instaló la primera Secretaría de la
Mujer y la primera fiscalía que debiera
atender estos delitos.
Ese Estado registra la más alta tasa
de homicidios entre hombres, institucional
y militar, de los últimos 70
años. Además, ocupa el tercer lugar en
toda la nación por actos feminicidas y
homicidios contra las mujeres. Y, por
esas razones, también ahí tiene su sede
una de las doce regiones militares del
país.
De acuerdo con un diagnóstico de
la Cámara de Diputados, elaborado
en 2005, la procuración de justicia es
escasa y los juicios suelen durar entre
cinco y siete años.
No obstante, la Procuraduría General
de Justicia local, con capacidad
propia para aplicar o no la ley, resolvió
en 72 horas, que no constituían hechos
graves ni las agresiones contra Carmen,
que pudieron matarla; ni la privación
ilegal de su libertad -cuando el agresor
la sacó del hospital- ni tampoco la
negación de atención médica.
Para Laura González, integrante de
Mujeres Unidas por La Paz y promotora
del refugio para mujeres en el estado
de Sinaloa, esto pone en evidencia la
inoperancia de las leyes locales frente
a la general y la falta de armonía y modernización
de la justicia, lo que enreda
todos los casos, impide la justicia para
las mujeres y fomenta el cacicazgo local.
Tal es el caso del gobierno de Guerrero,
donde se incurrió en omisión, averiguación
tardía de los hechos y ahora
negativa a proteger la vida laboral de
la periodista Carmen Santiago, agregó
en entrevista con SEMlac.
Los hechos
El 25 de julio, Carmen Santiago
fue hallada en el arroyo de la calle, en
un charco de sangre, golpeada fuertemente
y traumatizada; prácticamente
inconsciente. Fue llevada a un hospital
local que pertenece al Instituto de Seguridad
Social para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), porque ella labora en
la dirección de Comunicación Social del
gobierno de Guerrero.
El presunto victimario, ex pareja de
Carmen, señalado como el ejecutor de
la golpiza y quien había sido abandonado
por la periodista, se presentó al
hospital y, con apoyo del director de
ese centro, Dorio Mora Tapia, obtuvo
el permiso para sacarla, lo que agravó
el cuadro de la periodista.
Mientras tanto, Teresa Larube, amiga
de Carmen, puso la denuncia policial;
el padre de Carmen quedó a cargo de
unos policías; el niño al cuidado de otra
amiga y Carmen estuvo privada de su
libertad varios días, en su propia casa,
Hop´ Ki´n • 15
donde el golpeador le suministraba
medicinas no identificadas.
Fue ahí donde la policía detuvo
a Ramón Rubén Mora Peralta, por
intervención directa de las amigas de
Carmen, las periodistas de Guerrero,
que se dieron cuenta de dónde estaba
y llamaron a la policía.
Según testimonios de las periodistas,
la Fiscal de Delitos Sexuales, Rigoberta
Román Orea, ni siquiera había investigado
los hechos.
Ella, que a pesar de ser la especialista
de la Secretaria de la Mujer, pertenece
al personal de la Procuraduría,
permitió que el golpeador saliera de la
cárcel 72 horas después, con una multa
de 80.000 pesos mexicanos (equivalentes
a 5.000 dólares), pese a que el
juez le había impuesto un monto tres
veces más alto.
Desde entonces, el individuo anda
libre. Se le ha visto en las oficinas
del gobierno; se le acusa, según la
periodista Luz María Orona, de tráfico
de influencias y de contar con apoyos
políticos. Es maestro de educación física
y pertenece al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SENTE),
el más fuerte del país.
Denuncia
A la denuncia de la agresión, hecha
por Teresa Larube, amiga de la víctima,
se sumaron denuncias y movilizaciones
locales, nacionales e internacionales del
gremio periodístico. Sin embargo el gobierno
local, del que Carmen Santiago
es empleada, permanece insensible y
mudo.
Hace tres semanas que hay gestiones
directas de la comisionada Laura Carrera,
que preside el órgano desconcentrado,
Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
cabeza de la política oficial.
Esa intervención, casi «humanitaria»,
sólo consiguió el despido del
médico Dorio Mora Tapia, director de la
institución de salud que, en complicidad
con el victimario de Carmen, permitió
que esta saliera del hospital cuando su
vida estaba en peligro.
Carrera, impedida por una burbuja
burocrática, no ha conseguido que