bolivia_invierno_2012

Observatorio de Bolivia, Número 27, Año VII, Invierno Sur 2012
para evitar la barbarie (según Hobbes) o como un producto superior de la sociedad (según la perspectiva de
Rousseau o Hegel).
Respecto a la segunda, Norberto Bobbio (1984) la divide en lo que denomina ‘el estado como mal necesario o
como mal no necesario’. La primera opción radica en la existencia de alguna mínima institución reguladora y
garante de determinados derechos (estado mínimo). Se trata de la clásica posición del liberalismo respecto al
Estado. Pese a las lecturas simplistas del liberalismo, que reclama sólo la preeminencia de los derechos
individuales y del mercado sin intervención del Estado, en realidad lo que se defiende es su utilidad para
proteger solamente la propiedad y la libre competencia. Nada más. En pocas palabras, el estado (cuanto
menos mejor) se convierte en árbitro de la sociedad liberal. Esta visión se impuso desde finales de los años
´70 en todo el mundo. Bolivia no escapó a esta situación.
Otra forma de ver al Estado como mal necesario es la visión que se desprende del pensamiento pluralista, en
donde la finalidad de la institución es la de garantizar además de los derechos individuales y de mercado, la
de coordinación de la sociedad e indeterminación entre intereses contrapuestos. Esta visión es paralela a las
posiciones socialdemócratas tradicionales que predominaran en Occidente hasta el final de la década del
´70, cercanas a la lectura positiva antes que a la negativa del estado. La enumeración de funciones del
Estado dadas más arriba suscribe a esta categoría. De esta forma el estado era (o es) depositario de la
soberanía. Así, esta institución gestiona de forma exclusiva una buena proporción de las dimensiones
políticas, económicas e ideológicas de una sociedad.
Sin embargo, en las últimas décadas los estados parece que han perdido poder. ¿Dónde radica, su actual
debilidad? La respuesta puede encontrarse respecto a la relación de éstos con la soberanía. Este concepto
político – jurídico sirve para indicar el poder de mando en última instancia en una sociedad política y, por
consiguiente, para diferenciar a ésta de las otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal
poder supremo, exclusivo y no derivado. O sea, soberanía está estrechamente vinculada al poder político: es
una racionalización jurídica del poder, en el sentido de convertir la fuerza en poder legítimo, el poder de hecho
en poder de derecho. En su significado moderno, el concepto soberanía surge, a finales del siglo XVI,
acompañado del de Estado, para indicar plenamente el poder estatal único y exclusivo sujeto de la política. El
concepto condujo a una síntesis entre poder y derecho, entre ser y deber ser, una síntesis que siempre es
problemática y posible, dirigida a destacar un poder supremo y absoluto, pero también legal, a tratar de
racionalizar, a través del derecho, el poder último, eliminando la fuerza de la sociedad política.
Sin embargo, como se apuntara antes, en los últimos decenios la plenitud del poder estatal, indicada
precisamente por la soberanía, se estaría debilitando, por lo que el estado casi se ha vaciado y han
desaparecido sus límites. Se volvió incapaz de ser un centro de poder único y autónomo, el sujeto exclusivo
de la política, el único protagonista en la arena internacional. Es necesario, no obstante, dejar en claro que no
desaparece el poder. Lo que se esfuma es una determinada forma de organización del poder, que tuvo su
punto de fuerza justamente en el concepto político – jurídico de soberanía pero ésta ha entrado en conflicto a
través justamente de la crisis del estado moderno.
La oleada neoliberal como coartada justificatoria se convirtió en discurso que argumenta que el estado
moderno es una institución en proceso de disolución debido al impulso homogeneizador de la globalización
que se convierte en culpable de su crisis. En ese sentido el mercado mundial permitió la formación de
empresas transnacionales que tienen un poder de decisión no sujeto a nadie y libres de cualquier control. Si
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