Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012

Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012
les impedía un mayor acceso a la propiedad de la
tierra y les imponía condiciones de trabajo poco
dignas. Estos movimientos forzaron al primer gobierno
de Belaunde (1963-1968) a promulgar una
ley de reforma agraria, y años más tarde desencadenaron
una de las reformas agrarias más radicales
de América Latina, que fue puesta en marcha por
el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-
1975).
En las dos décadas siguientes (setenta y ochenta)
el protagonismo de los movimientos sociales en
la región se trasladó a la ciudad. La crisis económica
iniciada en 1975, con sus secuelas de inflación,
deterioro de los salarios, desempleo creciente y la
presencia de un régimen autoritario que restringía
las libertades, crearon las condiciones para el inicio
de intensas luchas sociales. Entre las organizaciones
que protagonizaron estos movimientos se encontraban
el SUTEP, la Federación de Trabajadores
del Cusco (FDTC), la de los estudiantes universitarios
(FUC), los trabajadores estatales (CITE),
las organizaciones de pueblos jóvenes y los campesinos
(FDCC), entre otros. Las banderas que estos
actores enarbolaron en los años setenta se relacionaban
con la mejora de los salarios, el retorno a la
democracia y la ejecución de proyectos de inversión
para la región y la descentralización, entre
otros. Recuperada la democracia en 1980, la crisis
económica iniciada en los setenta se fue agravando
cada vez más con una inflación creciente, desempleo,
déficit en las cuentas fiscales y en la balanza
de pagos y despidos masivos en el sector público.
En esos años, los movimientos sociales concentraron
sus demandas en lograr mejoras económicas,
proyectos de inversión regionales y descentralización.
El Comité de Coordinación de Organizaciones
Populares del Cusco (COCOP), organizado sobre
la base de la FDTC y la Municipalidad Provincial
del Cusco -expresión del movimiento regional
entre fines de los setenta e inicios de los ochenta-,
promovió acciones de movilización social y empezó
a tomar medidas de fuerza sobre la base de una
plataforma reivindicativa regional: pavimentación
de la carretera Cusco-Nazca y construcción del
Hospital del Seguro Social, de una fábrica de cemento,
del coliseo cerrado y de un aeropuerto internacional,
entre otras demandas. Este comité tuvo
una participación activa en los paros nacionales organizados
entre 1977 y 1979 y sus luchas hicieron
posible la creación del ORDESO.
Entre 1982 y 1985, el movimiento regional
tomó la denominación de FUDIC (Frente Unico
de Defensa de los Intereses del Cusco). Bajo la conducción
de Daniel Estrada, el primer alcalde izquierdista
de Cusco, este frente abanderó la lucha por
el logro de mayores recursos fiscales, el cobro de
un derecho de uso del agua a la Compañía
Cervecera del Cusco y la explotación de los yacimientos
mineros de Tintaya en beneficio de la región.
En la segunda mitad de los ochenta, los hidrocarburos
de Camisea fue incluido con fuerza en
la agenda de lucha regional.
Los años noventa trajeron consigo múltiples
cambios económicos y políticos en las esferas nacional
y mundial. Con la finalidad de controlar la
hiperinflación, el caos económico y la recesión productiva
que afectaba la economía del país, se aplico
un shock ortodoxo de tipo liberal, seguido por
un conjunto de medidas de estabilización y reforma
estructural que, entre otras cosas, abrieron nuestra
economía al mercado internacional. En el plano
internacional, se produjo la caída del muro de
Berlin, lo que, junto a las políticas económicas liberales,
tuvo profundas repercusiones en los movimientos
sindicales y sociales. La crisis del movimiento
social, regional y nacional fue un rasgo característico
de esta década.
El debilitamiento del movimiento regional se
remonta a los años ochenta y está asociado con la
crisis de las organizaciones gremiales (FDTC,
FDCC, FARTAC, SUTEP), que fue el resultado
de las sucesivas divisiones producidas al interior de
los partidos políticos de izquierda a los cuales estaban
vinculadas. Entrampadas en la dinámica política
o partidaria, las dirigencias gremiales fueron
perdiendo su capacidad de convocatoria al distanciarse
de las demandas y necesidades de las bases.
Las medidas económicas de desregulación de
los mercados -particularmente del mercado laboral-
y la abierta campaña contra los denominados
“partidos políticos tradicionales” no hicieron sino
acelerar la crisis que ya venían enfrentando las organizaciones
gremiales de la ciudad y el movimiento
regional.
En los años noventa (especialmente entre
1995 y el 2000) el movimiento regional pasó casi
desapercibido. Las principales banderas de lucha
que intentó levantar la Asamblea Regional fueron
la oposición al proceso de privatización de las empresas
regionales, la defensa del patrimonio arqueológico
-amenazado por las inversiones turísticas- y
el proyecto Camisea. La Asamblea Regional tenía
como soporte principal una FDTC muy debilitada,
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