Perspectivasglobalessobrelaproteccion

CEPAL – Colección Documentos de proyectos
Perspectivas globales sobre la protección de los derechos humanos…
En Guatemala, la ley igualmente estipula determinadas obligaciones para el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, las universidades, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otros organismos, aunque centra la responsabilidad
principal en el Comité Nacional de Protección a la Vejez (CONAPROV), adscrito en la Secretaría de
Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).
En Costa Rica, México y la República Dominicana, las instituciones que crea la ley —el
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE),
respectivamente—comparten el hecho de tener deberes específicos respecto del cumplimiento de la
normativa, pero no son exclusivos y, como se dijo en los párrafos anteriores, se extienden de manera
expresa a otros órganos del Estado.
En los demás países estudiados, las garantías políticas se concentran casi exclusivamente en la
institución creada por medio de una ley específica. De este modo, por ejemplo, en Honduras recaen en
la Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM), adscrita a la Secretaría de Gobernación y Justicia,
que tiene el propósito de garantizar la finalidad y objetivos de la norma. En Nicaragua, el Consejo
Nacional del Adulto Mayor (CONAM), perteneciente al Ministerio de la Familia, Adolescencia y
Niñez, es el que tiene que velar por el cumplimiento no solo de la ley 720, sino además por el de todas
las declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y demás disposiciones conexas relativas a los
derechos de las personas mayores.
Otra garantía que comparten algunas de las leyes nacionales es la de atención preferencial. En
el Brasil, la ley 10.741 otorga garantía de prioridad a las personas mayores, lo que abarca la atención
preferente ante los organismos públicos y privados prestadores de servicios, la preferencia en la
formulación y ejecución de las políticas sociales, la destinación privilegiada de recursos públicos en la
áreas relacionadas con la protección de este grupo social y la seguridad de acceso a los servicios y
atención de la salud, entre otros. Costa Rica cuenta igualmente con una amplia definición de atención
preferencial en la norma pertinente. En cumplimiento de ella, la Sala Constitucional de Costa Rica ha
acogido algunos recursos de amparo para hacerla efectiva 7 .
Por último, una de las garantías que con frecuencia es omitida u olvidada en las legislaciones
es la provisión y aseguramiento de partidas presupuestarias que permitan satisfacer los derechos de las
personas mayores. Ningún servicio destinado al cumplimiento de los derechos sociales —educación,
salud, vivienda y seguridad social, entre otros— puede funcionar sin asignaciones presupuestarias
adecuadas (Abramovich y Courtis, 2006). Es por ello que en algunas de las leyes analizadas se han
incorporado disposiciones para asegurar el financiamiento apropiado, mientras que en otras el tema
está completamente acotado.
b. Garantías jurisdiccionales
Estas garantías comportan la posibilidad de defenderse de la vulneración —por acción u
omisión— de las garantías políticas revisadas en el apartado anterior, incluso mediante la presentación
de impugnaciones ante un tribunal.
En las leyes analizadas, las sanciones son explícitas cuando se trata de violencia y
maltrato de las personas mayores. En Costa Rica se establecen sanciones penales, administrativas
y civiles para los abusos contra las personas de edad. En El Salvador, las medidas de protección
7
Es el caso de la sentencia 11.170 del 8 de octubre de 2004, fallada a favor del recurrente, entre otras razones
porque no respetar la atención preferencial de las personas mayores “tiene consecuencias constitucionales, es
decir se lesiona con tal omisión el Derecho de la Constitución, concretamente el régimen de derechos
fundamentales”.
El fallo impuso al demandado —que en este caso era un organismo de Estado—“que debe tomar las medidas
necesarias para garantizar a las personas mayores el acceso con preferencia, para atender sus gestiones y trámites”
(Costa Rica, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2004).
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