informe tributario - AELE

APUNTES TRIBUTARIOS
• COSTOS MÍNIMOS:
Algunos temas pendientes
Conforme hemos señalado en ediciones
anteriores, la consideración del costo
mínimo como requisito de validez de las
guías de remisión adolece de deficiencias
técnicas que aun no han sido solucionadas,
como la forma de cálculo del costo en
el transporte de mercaderías entre provincias
distintas a Lima. Sin embargo, la principal
objeción efectuada el sistema de costos
mínimos está referida a la inconstitucionalidad
de la norma que estableció en
forma definitiva la obligación de su aplicación
para determinar el valor de los fletes:
el D. S. Nº 021-2003-MTC. En virtud
de esta norma se ha establecido en realidad
un sistema de fijación de «fletes» o
«tarifas» mínimas, puesto que se ha señalado
que los mismos sólo podrán ser pactados
a partir del importe que resulte de
reducir en 10 por ciento los costos mínimos
aprobados mediante D. S. Nº 049-
2002-MTC.
Al respecto, diversos gremios empresariales
como la Cámara de Comercio de
Lima ya estarían interponiendo Acciones
Populares ante la Corte Superior de Lima
con el fin de que se declare la inconstitucionalidad
de la referida norma reglamentaria
por contravenir derechos como la libre
competencia, libertad de contratar y
libertad de empresa, al haber intervenido
en la fijación de precios para los servicios
de transporte de bienes. Asimismo, han
manifestado que interpondrán Acciones de
Amparo en caso de que se presenten actuaciones
concretas de la Administración
Pública (SUNAT o Ministerio de Transportes
y Comunicaciones) por las que se impongan
sanciones referidas al cumplimiento
de las normas que regulan los costos y
fletes mínimos.
Por otro lado, en lo que se refiere al
monto que se debe consignar en las guías
de remisión como costo mínimo, se ha generado
confusión entre los contribuyentes
con la publicación de las últimas normas
del MTC que establecen el sistema de fletes
mínimo. En ese sentido algunos estarían
entendiendo que ahora el costo mínimo
a consignar en las guías es el que resulta
de reducir en 10 por ciento el costo
mínimo determinado según las tablas
anexas del D. S. Nº 049-2002-MTC. Otros
estarían considerando incluso que el costo
mínimo no es uniforme sino que puede tener
un rango de variación que va desde el
importe del costo mínimo calculado según
las tablas del D. S. Nº 049-2002-MTC hasta
el importe que resulte de restar en 10
por ciento dicho costo, dependiendo de lo
que se pacte entre transportista y remitente.
Por último, hay quienes consideran que
el costo mínimo que se debe consignar en
las guías de remisión no ha variado, es
decir que para su determinación sólo se
toman en cuenta las tablas anexas del D.
S. Nº 049-2002.MTC sin ninguna variación
porcentual.
Si bien consideramos que la primera
posición esbozada sería la más coherente,
pues no se puede hablar de «costo mínimo»
si conforme a las normas reglamentarias
se puede pactar por debajo del mismo,
la última posición habría encontrado
sustento en la opinión expresada por SU-
NAT en su Informe Nº 099-2003-SUNAT/
2B0000 emitido el 14 de marzo de 2003.
En dicho Informe se señala que las infracciones
tipificadas en los numerales 3 y 6
del artículo 174° del Código Tributario no
se configuran «siempre que se consigne,
en la guía de remisión del remitente y del
transportista, entre otros requisitos, el costo
mínimo que corresponda al tramo del
servicio prestado, calculado de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Supremo Nº
049-2002-MTC, por lo que el no consignarlo
o consignar uno distinto ocasionará
la comisión de las infracciones señaladas».
Como vemos, la Administración Tributaria
estaría considerando que la única norma
para determinar el costo mínimo a consignarse
en las guías es el D. S. Nº 049-2002-
MTC, sin embargo, no debemos obviar el
hecho de que dicho informe ha sido emitido
antes de las últimas modificaciones realizadas
por el MTC, por lo que creemos
que la Administración Tributaria debe aclarar
este tema a la brevedad posible dadas
las consecuencias negativas que se generarían
para los contribuyentes y para la
misma Administración por la falta de seguridad
jurídica.
• DEDUCCIÓN DEL IR
DE INTERESES Y
COMISIONES REGISTRADOS
EN LA CUENTA DE
INGRESOS EN SUSPENSO:
Reciente pronunciamiento del Tribunal
Fiscal
Como se recordará, en la Resolución
Nº 10240-4-2001 (4) el Tribunal Fiscal se
pronunció respecto de un tema de suma
importancia para las entidades de nuestro
sistema financiero: la deducibilidad de los
intereses correspondientes a créditos vencidos,
en suspenso y en cobranza judicial
que conforme a las normas de la SBS vigentes
hasta el ejercicio 2002 debían contabilizarse
en las cuentas de «Ingresos en
Suspenso» e «Intereses en Cobranza Judicial».
En este caso, la SUNAT reparó la deducción
de tales intereses considerando
inaplicables para efectos tributarios varias
de las normas emitidas por la SBS. Sin
embargo el Tribunal consideró que, en tanto
que los intereses debían seguir la misma
suerte que el principal constituido por
el capital, podían ser objeto de deducción
siempre que se acreditara su correspondencia
con créditos que no estuvieran dentro
de la categoría de «normal» conforme
a las normas de la SBS; por lo que se declaró
Nula e Insubsistente la resolución apelada
en este extremo y se ordenó a la SU-
NAT que efectuara la verificación correspondiente.
En atención a este mandato, la SUNAT
efectuó el análisis de la calificación de los
créditos a los que correspondían los intereses
y resolvió considerar como deducibles
los intereses asociados con tales créditos
pero sólo en el porcentaje de la provisión
autorizada según la categoría del
crédito del que provenían (potencial, deficiente,
dudoso, pérdida) conforme a la R.
de SBS Nº 572-97. En ese sentido, sólo
para el caso de los intereses que se hayan
devengado por créditos clasificados en la
categoría de «pérdida» se permitiría su
deducibilidad en un 100 por ciento que es
el porcentaje de provisión establecida para
los créditos de tal categoría y en los demás
casos sólo ha considerado como deducible
una parte de los intereses.
Ante la impugnación formulada por el
recurrente, quien señaló que el Tribunal no
había establecido límites para la deducción
de tales intereses, dicho órgano resolutor
se ha pronunciado recientemente
mediante RTF Nº 710-4-2003, confirmando
el proceder de la Administración Tributaria,
aspecto que habría causado gran
malestar y preocupación de las entidades
financieras que considerarían equivocada
tal posición; la misma que será objeto de
comentario en nuestras siguientes ediciones.
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(4) Publicada y comentada en la Revista Análisis Tributario
Nº 172, mayo de 2002, páginas 29 al
39.
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JUNIO 2003